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El Congreso crea un grupo para investigar el acoso a la prensa financiado con fondos estatales

El Congreso crea un grupo para investigar el acoso a la prensa financiado con fondos estatales
Manifestantes sostienen bidones de agua en signo de protesta por la escasez. 20 de agosto de 2020. Foto: Guillermo Martinez.

Expresión

El 12 de agosto de 2020, el Congreso de El Salvador autorizó la creación de un grupo especial para investigar el supuesto acoso a la prensa y el uso de fondos públicos para financiar ataques informaticos contra la oposición. El grupo ha comenzado a investigar si las estructuras de gobierno con poder político han intervenido con el fin de impedir el ejercicio libre e independiente del periodismo. Además, esta iniciativa busca determinar si se han utilizado fondos públicos para pagar a troles de las redes sociales para que acosen a opositores y en qué medida han participado funcionarios públicos en acciones para obstaculizar la labor de los periodistas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó un comunicado en el que valoró de forma positiva la decisión e instó al Congreso a garantizar una discusión incluyente. La APES también solicitó una revisión de los proyectos de ley propuestos anteriormente con el fin de fortalecer la protección de los profesionales de la comunicación.

El 6 de agosto de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que condenó las amenazas del presidente Nayib Bukele y de otros funcionarios públicos salvadoreños contra periodistas y medios de comunicación. La asociación destacó que periodistas y medios de comunicación locales han denunciado un aumento de los ataques del gobierno, del bloqueo selectivo de la información y del uso de troles para denigrar a la prensa independiente. Estos ataques habrían aumentado durante la pandemia de COVID-19. La SIP también resaltó que el Colegio de Periodistas de El Salvador había denunciado que durante el primer año de gobierno de Bukele se habían registrado 61 casos de agresiones contra periodistas por parte de miembros del gobierno, de fuerzas de seguridad y de funcionarios públicos.

El 2 de julio de 2020, personas no identificadas irrumpieron en el domicilio de la periodista Julia Gavarrete en San Salvador y sustrajeron su computadora portátil. Gavarrete trabaja para la web de noticias independiente Gato Encerrado y hace poco había investigado varias acusaciones de mala gestión y de corrupción en la respuesta del gobierno a la crisis del coronavirus. La periodista dijo al Comité para la Protección de los Periodistas que creía que este robo buscaba intimidarla. "Estaban buscando la computadora, porque no se llevaron más nada de valor. Hasta dejaron mi billetera con todas mis tarjetas y dinero en la misma mesa", aseguró Gavarrete.

Según la red de la sociedad civil IM-Defensoras, otra periodista de Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, se ha enfrentado a actos de acoso en Internet en los últimos meses. Escobar también había investigado presuntos casos de corrupción que la convirtieron en blanco de los partidarios de Bukele y de un candidato a diputado afin al gobierno. La periodista también ha recibido amenazas y ha padecido una campaña de desprestigio contra ella y contra su trabajo.

Asociación

El 7 de agosto de 2020, el líder sindical Weder Arturo Meléndez fue asesinado a tiros en San Salvador. Meléndez trabajaba para la alcaldía y era líder de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM). Según información publicada en la prensa, el sindicalista y otra víctima —un adolescente—, fueron encontrados gravemente heridos en una tienda después de que los vecinos señalaran haber oído disparos. Meléndez falleció de camino al hospital. La ASTRAM y otros sindicatos organizaron vigilias y manifestaciones para exigir justicia para Weder y alegan que el crimen tenía motivaciones políticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó a un llamamiento para que se abriera una investigación y para que se indagara sobre la posible relación de este asesinato con las acusaciones de corrupción que había formulado el líder sindical antes de su muerte.

El 29 de julio de 2020, personas no identificadas irrumpieron en las oficinas de San Salvador de la organización de la sociedad civil Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec. Los ladrones sustrajeron dinero en efectivo y todo el equipo informático de la organización, incluidas tres computadoras de sobremesa, cuatro computadoras portátiles y una cámara. El centro, que trabaja con las comunidades locales para preservar la memoria de las víctimas del conflicto armado de El Salvador, expresó su preocupación por la pérdida de documentos y del trabajo de varios años. Varias organizaciones de la sociedad civil en El Salvador publicaron un comunicado en solidaridad con el centro e instaron a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva.

El 16 de junio de 2020, un grupo de más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil denunciaron públicamente el alarmante aumento de agresiones contra organizaciones y mujeres defensoras de los derechos humanos desde la aplicación de las medidas sanitarias gubernamentales para combatir la epidemia de COVID-19. El grupo destacó su preocupación por las agresiones en el ámbito digital, la cuales han fomentado un entorno violento y hostil para las personas defensoras de los derechos humanos. En dicho comunicado estas organizaciones manifestaron que el presidente Nayib Bukele también ha utilizado las redes sociales para deslegitimar a quienes critican sus políticas, incluso mediante el uso de un lenguaje misógino y de la publicación de mensajes que desacreditan a las organizaciones de los derechos humanos.