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Desaparición forzada durante una manifestación en Guadalajara; dos periodistas en grave peligro

Desaparición forzada durante una manifestación en Guadalajara; dos periodistas en grave peligro
Manifestación contra la brutalidad policial en Ciudad de México, 8 de junio de 2020. (Foto: Héctor Alfaro/ Agencia Press...)

Reunión pacífica

Abusos durante las manifestaciones contra la brutalidad policial en Guadalajara, Jalisco

A principios de junio de 2020 cientos de personas se sumaron a las manifestaciones contra la brutalidad policial y exigieron justicia para Giovanni López, quien murió un día después de su detención debido a una herida en la cabeza. Este suceso se produjo a principios de mayo de 2020 en la localidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, cerca de Guadalajara, pero la indignación por las circunstancias de su muerte estalló después de que apareciera un video de su detención el 3 de junio de 2020. En dicho video se oye a varios transeúntes afirmar que la única infracción que López había cometido era no llevar un tapabocas. Además de un traumatismo craneoencefálico, López también presentaba una herida de bala en la pierna. Ambas heridas se produjeron mientras se hallaba bajo custodia policial.

El 4 de junio de 2020 cientos de personas se congregaron en Guadalajara para exigir que las autoridades rindieran cuentas por la muerte de López. Grupos de manifestantes vandalizaron edificios y destrozaron vehículos policiales, mientras que la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los periodistas que cubrían estas manifestaciones también denunciaron haber sido agredidos por la policía. Durante la manifestación un agente de policía se vio envuelto en llamas después de que lo rociaran con un líquido inflamable. Al menos veintiséis personas fueron detenidas por actos de vandalismo y violencia.

Al día siguiente los manifestantes de Guadalajara se volvieron a reunir frente a la sede de la Fiscalía del Estado para exigir justicia para Giovanni López y fueron reprimidos por la policía. Organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias e ilegales. Algunas personas relataron que fueron secuestradas por agentes vestidos de civil en automóviles sin placas. También contaron haber sufrido golpes y malos tratos, así como el robo de sus efectos personales, detenciones de varias horas y haber sido abandonados a las afueras de la ciudad sin ningún medio para poder regresar a sus domicilios. Un policía habría dicho a un joven manifestante: "Nadie sabe dónde estás, te vamos a hacer desaparecer".

El 6 de junio de 2020 grupos locales afirmaron que aún se desconocía el paradero de más de veinte personas. Organizaciones y activistas de los derechos humanos exigieron información sobre las personas detenidas y el gobernador del estado de Jalisco publicó un mensaje de video en el que admitía el comportamiento abusivo de la policía y aseguraba que el gobierno aún estaba intentando localizar a todos los jóvenes señalados como desaparecidos. El 9 de junio de 2020, gracias a la presión en las redes sociales, seis jóvenes manifestantes que permanecían en detención fueron puestos en libertad sin que se les acusara de delito alguno.

Varias organizaciones de los derechos humanos han pedido una investigación para determinar lo sucedido durante estas manifestaciones y en el caso de Giovanni López. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco publicó un informe especial en el que afirma que hasta ochenta personas podrían haber sido víctimas de desaparición forzada. A finales de junio de 2020 los medios de comunicación informaron que catorce policías habían sido suspendidos por abusos durante las manifestaciones. Aunque se ha abierto una investigación sobre la muerte de Giovanni López, a principios de julio la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció haber recibido amenazas de muerte debido al trabajo de su organización sobre el caso.

Más manifestaciones contra la violencia policial

El 4 de junio de 2020 unas trescientas personas manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México en solidaridad con las protestas estadounidenses por la muerte de George Floyd —un hombre negro desarmado— y contra la violencia policial. "Es importante manifestarnos y pedir que terminemos con este horrible estado de racismo. Es importante que hagamos las conexiones entre la violencia del Estado en Estados Unidos y en México", expresó una manifestante. Los manifestantes llevaban carteles con mensajes como "El racismo mata", "No puedo respirar" y "Justicia para George Floyd".

El 5 de junio de 2020 se organizó otra manifestación en la Ciudad de México contra la violencia policial tanto en México como en Estados Unidos. Algunos manifestantes destrozaron tiendas y bancos, y los medios de comunicación informaron sobre el despliegue de alrededor de cuatrocientos agentes para dispersar los actos de protestas. En las redes sociales las personas denunciaron el uso excesivo de la fuerza y agentes antidisturbios fueron grabados en video mientras golpeaban a una adolescente. Posteriormente dos agentes fueron detenidos por la agresión a la joven manifestante. El 7 de junio de 2020 las autoridades locales anunciaron la creación de un protocolo para operaciones policiales durante las manifestaciones que se celebren en Ciudad de México para así evitar que se cometan abusos contra manifestantes y periodistas.

El 7 de junio de 2020 unas cien personas participaron en una manifestación contra la violencia policial en Tijuana; entre ellas varios grupos que bloquearon de manera temporal las vías fronterizas hacia el sur del Puerto de Entrada de San Ysidro antes de marchar hacia el Ayuntamiento. El 13 de junio de 2020 familiares y amigos de Alexander Martínez Gómez se manifestaron en Ciudad de México después de que la policía local disparara contra este ciudadano mexicano-estadounidense de dieciséis años en el sur de México.

Abogada laboralista acusada de incitar a la violencia durante manifestación

La abogada laboralista Susana Prieto Terrazas fue detenida el 8 de junio de 2020 en Matamoros, estado de Tamaulipas, acusada de disturbios, amenazas y coacción. Prieto asesoró a los trabajadores de las fábricas durante las huelgas multitudinarias por mejores salarios en febrero de 2019 y recientemente había participado en una campaña contra unas políticas que, según ella, exponen a los trabajadores al riesgo de contraer el virus de la COVID-19. Las acusaciones que condujeron a su detención están relacionadas con una manifestación frente a la junta laboral local en marzo de 2020. Prieto negó estas acusaciones y denunció que los agentes la habían señalado como objetivo por su trabajo en nombre de los trabajadores de las maquiladoras y por la defensa de los mismos. Sus partidarios convocaron varias manifestaciones en junio para exigir que se retiren las acusaciones en su contra. La abogada fue puesta en libertad el 1 de julio de 2020 tras llegar a un acuerdo de conciliación con los fiscales del estado en el que incluye varias condiciones, como una multa y una prohibición de viajes al extranjero de más de dos años.

Otras manifestaciones

El 20 de mayo de 2020 trabajadores sanitarios bloquearon de forma temporal las carreteras de Ciudad de México con el fin de exigir equipos de protección adecuados para responder a la creciente emergencia causada por la COVID-19. Algunos sanitarios dijeron que ha habido escasez de equipos y que el personal médico ha tenido que reutilizar tapabocas, incluso después de que varios compañeros de trabajo enfermaran o murieran. Tal y como ya informamos en el CIVICUS Monitor, los trabajadores sanitarios de varios estados han convocado múltiples manifestaciones desde marzo de 2020 para exigir un mayor apoyo gubernamental para los centros de salud durante la pandemia.

El 27 de mayo de 2020 decenas de familiares de niños con cáncer protestaron en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Salud Pública en Ciudad de México para denunciar desabastecimiento de medicamentos. Los manifestantes amenazaron con iniciar una huelga de hambre y afirmaron que el gobierno está descuidando otras enfermedades en su lucha contra el brote de coronavirus. En Sinaloa se produjeron manifestaciones similares durante el mes de junio.

El 30 de mayo de 2020 manifestantes se movilizaron en más de sesenta ciudades contra las políticas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ciudades como Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, los manifestantes organizaron caravanas de automóviles en las enarbolaban pancartas con mensajes exigiendo la renuncia del presidente. Se produjeron manifestaciones similares durante el mes de junio.

En julio de 2020 los vecinos de Sonoyta protestaron contra los viajes no esenciales durante la pandemia ante el temor de que turistas procedentes de los Estados Unidos pudieran contribuir al surgimiento de brotes locales de COVID-19. El acto de protesta fue organizado por un grupo llamado "Sonoyta unido, jamás será vencido". Los manifestantes usaron sus autos para bloquear el cruce fronterizo con el estado de Arizona durante el fin de semana festivo estadounidense del 4 de julio.

Ese mismo fin de semana unos doscientos vendedores ambulantes bloquearon de forma temporal varias carreteras principales de Ciudad de México en signo de protesta contra las restricciones impuestas para combatir la COVID-19 y que limitan los lugares en donde pueden vender sus productos. Sin seguro ni otras ayudas, los vendedores reconocieron estar luchado para sobrevivir tras varios meses de cuarentena.

Expresión

Violencia en Ciudad Obregón, Sonora: un periodista asesinado y otro amenazado de muerte

El 16 de mayo de 2020, el periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos y su escolta policial fueron abatidos a tiros por sujetos armados cuando salían de un restaurante en Ciudad Obregón. Otro agente de policía también resultó herido durante el atentado. Armenta Ávalos era el dueño y director de Medios Obson, cuyo diario El Tiempo y el semanario Última Palabra cubren temas relacionados con la seguridad, la política y las noticias de Sonora. Desde 2016 el reportero se hallaba inscrito en el programa federal para la protección de periodistas después de recibir múltiples amenazas relacionadas con su labor. "Las amenazas vinieron de bandas criminales de Ciudad Obregón a las que no les gusta el hecho de que constantemente publiquemos información sobre asesinatos en la zona", reveló uno de los reporteros del periódico al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). "El hecho de que un periodista que se encontraba bajo la protección del Estado sea asesinado a plena luz del día muestra la magnitud de la violencia contra la prensa. El gobierno federal debe demostrar una verdadera voluntad política para poner fin a la hecatombe y luchar contra la impunidad, un lastre para el país", enfatizó un portavoz de RSF.

El 27 de mayo de 2020 atacantes utilizaron explosivos para destruir el automóvil de Marco Antonio Duarte Vargas, director de Ciudad Obregón Sin Censura. El periodista y su familia se hallaban en su domicilio cuando oyeron un fuerte golpe y cuando salieron al exterior de la vivienda descubrieron el auto en llamas en la entrada. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en 2019 Duarte Vargas denunció haber recibido amenazas en múltiples ocasiones de parte de personas vinculadas con el ayuntamiento. Este reciente atentado se produjo menos de dos semanas después del asesinato del periodista Jorge Armenta Ávalos.

Según Article 19, Duarte ha intentado inscribirse en el programa federal de protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, pero sus solicitudes aún no han sido procesadas. Además, el servicio de seguridad que le habían proporcionado las autoridades locales para proteger su domicilio cesó a principios de junio de 2020. Por otro lado, Ariel Amparán Figueroa, otro periodista regional, declaró haber recibido una llamada telefónica amenazante en la que le dijeron que dejara de apoyar a Duarte y de informar sobre el asesinato de Armenta.

Otros atentados y amenazas contra periodistas

El 24 de mayo de 2020 la periodista Fernanda de Luna Ferral fue agredida por varios hombres armados en la localidad de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Esta agresión se produjo apenas dos meses después del asesinato de su madre, la periodista María Elena Ferral Hernández. Según el CPJ, un número indeterminado de sujetos armados dispararon varias veces al automóvil de de Luna desde otro vehículo. La periodista iba acompañada de varios escoltas policiales que el gobierno estatal de Veracruz le había asignado como guardaespaldas tras el asesinato de su madre. Los agentes respondieron al fuego provocando así la huida de los atacantes. De Luna Ferral es la editora del portal de noticias local El Quinto Poder, que fue cofundado por su madre y que cubre asuntos relacionados con la política local, la delincuencia y otras noticias en Papantla. De Luna estaba inscrita en el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Seis personas fueron detenidas en relación con el asesinato de su madre.

El 29 de mayo de 2020 un automóvil propiedad de Antonio Abundiz, periodista del medio digital Ecos de Cuevano, fue incendiado frente a su domicilio en Guanajuato. El reportero se hallaba en su casa cuando se produjo el ataque, a pesar de esto salió ileso. Según Article 19, Abundiz indicó que el atentado podría estar relacionado con su investigación sobre la corrupción dentro de la policía local.

El 4 de junio de 2020 agresores desconocidos efectuaron dos disparos contra las oficinas del periódico Momento en San Luis Potosí. Si bien se está investigando el motivo del ataque, el director general del periódico ya había recibido amenazas anteriormente debido a los reportajes del medio sobre la delincuencia local y los conflictos por tierras.

El 20 de junio de 2020 el periodista Raúl Fernández León de Descontento Ciudadano fue detenido en Benito Juárez, Quintana Roo. Según Article 19, el periodista había cubierto presuntos abusos de poder dentro de la policía municipal. Fernández León también afirmó haber sido golpeado y amenazado durante el suceso. Fue puesto en libertad horas después. La policía publicó un comunicado en el que afirmaba que Fernández León fue detenido por proferir insultos contra una institución pública y sus representantes, un delito administrativo sancionado con una multa. En respuesta, Article 19 publicó una carta abierta en la que enfatiza que estas actuaciones deben seguir el debido proceso, independientemente del comportamiento de un individuo, y también destaca las denuncias presentadas por Fernández León por los malos tratos que recibió de los agentes.