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Covid-19: restricción excesiva de la libertad de expresión y abuso de los poderes de emergencia

El 10 de marzo de 2020 el presidente Juan Orlando Hernández declaró el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. El 16 de marzo de 2020 la aprobación del decreto PCM-021-2020 restringió varias garantías constitucionales, incluidas las libertades de expresión, asociación, reunión y movimiento. Las medidas adoptadas en el país incluyen la prohibición de reuniones públicas o privadas de cualquier tamaño, así como un toque de queda. Debido a la presión nacional e internacional, el gobierno reformó el decreto PCM 022-2020 el 21 de marzo de 2020 y restableció las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.

Las organizaciones de los derechos humanos han expresado su preocupación por el hecho de que "la emergencia sanitaria, aunada a un precario sistema de salud, a una débil institucionalidad, al desabastecimiento y privatización del agua, y a graves problemáticas de corrupción, militarización y explotación de recursos naturales está profundizando los riesgos a los que se enfrenta la población hondureña". Desde la implementación de las medidas relacionadas con la COVID-19 se han señalado varios casos de detención arbitraria y acoso de defensores de los derechos humanos en el país, tal y como detallamos a continuación.

Asociación

Defensora de los DD. HH. asesinada durante un desalojo violento

El 2 de abril de 2020 la defensora de los derechos humanos Iris Argentina Álvarez fue asesinada durante un desalojo violento y supuestamente ilegal en Marcovia, Choluteca. Tres personas también resultaron heridas durante la agresión. Iris Álvarez y las familias desalojadas pertenecen a la cooperativa campesina Cerro Escondido, la cual se halla inmersa en un proceso de recuperación de tierras en la zona. Miembros de la comunidad identificaron a los autores de la agresión: se trataría de miembros del personal de seguridad privada contratado por La Grecia Sugar Mill, una empresa envuelta en un litigio legal con la cooperativa por las tierras.

Según IM-Defensoras, las personas de Cerro Escondido relataron que el ataque comenzó durante la madrugada, cuando varios sujetos identificados como miembros del personal de la azucarera, machete en mano, amenazaron a los lugareños y prendieron fuego a varias casas. Los agresores habrían disparado de forma indiscriminada contra personas que se defendían con palos y piedras. Dos hombres han sido acusados formalmente y serán juzgados por este delito.

Agreden y acosas a periodistas y personas defensoras de los DD. HH. durante la pandemia

La organización de derechos humanos Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) documentó 45 casos en los que personas defensorass de los derechos humanos fueron objeto de agresiones, acoso o represalias por su labor desde el comienzo de la crisis de COVID-19. También señalaron que a siete periodistas les quitaron su equipo, les borraron las imágenes de las cámaras, los agredieron o los hirieron.

Ante las denuncias de abusos y violaciones de derechos, el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, una plataforma compuesta por 35 organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, afirmó que supervisará las medidas puestas en marcha por el Estado hondureño en respuesta a la emergencia de salud pública, así como sus repercusiones en los sectores más vulnerables de la población.

Detienen a dos mujeres defensoras de los DD. HH.

El 17 de marzo de 2020 agentes de la policía detuvieron ala defensora de los derechos humanos Aleyda Huete cuando se encontraba en su casa y la trasladaron a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones de Choluteca. Horas más tarde fue puesta en libertad bajo fianza, pero tendrá que responder de las acusaciones de "tenencia ilegal de arma de fabricación casera" y de "almacenamiento de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras". Huete es una de las líderes de Bastión del Sur, un colectivo conocido por sus novedosas protestas callejeras. Según IM-Defensoras, se trata de una detención arbitraria en el marco de la suspensión de varias garantías constitucionales con el pretexto de combatir la epidemia de COVID-19. El 31 de marzo de 2020 un tribunal local absolvió a Huete de todas las acusaciones.

El 24 de marzo de 2020, la policía registró y detuvo a la defensora de los derechos humanos Evelyn Johana Castillo, coordinadora de la Red de Mujeres de Ojojona y miembro de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras. Castillo regresaba a casa de comprar comida en compañía de su esposo y de su hija cuando un agente de policía la interceptó, registró lo que había comprado y le reprochó que estuviera en la calle. Según la defensora de los DD. HH., los agentes la detuvieron por no cumplir con el toque de queda obligatorio a pesar no estar en vigor a esas horas. En un video del suceso se puede ver a dos agentes empujando a Castillo mientras la detienen.

Reunión pacífica

El 17 de abril de 2020, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) publicó un informe sobre las protestas contra el hambre durante la pandemia de COVID-19. Según este informe, entre el 23 de marzo y el 2 de abril de 2020 se registraron al menos 85 protestas en el país. Muchas de estas manifestaciones fueron disueltas por las fuerzas de seguridad del Estado mediante el uso de gases lacrimógenos y, en algunos casos, de armas de fuego.

Expresión

La legislación contra la COVID-19 suspende la libertad de expresión

El 16 de marzo de 2020 el presidente Juan Orlando Hernández promulgó el decreto PCM-005-2020 que establece el estado de emergencia durante siete días debido a la pandemia de COVID-19. Este decreto restringió varias garantías dispuestas en la constitución hondureña, incluido el artículo 72 que protege el derecho a la libertad de expresión sin censura. La Asociación de Medios de Comunicación y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) declararon que la labor periodística es fundamental en los momentos de crisis y exhortaron al gobierno a revocar esta restricción. Veintiún organizaciones de la sociedad civil condenaron el decreto y consideraron esta medida como desproporcionada.

Debido a la presión nacional e internacional, el gobierno reformó el decreto PCM 022-2020 el 21 de marzo de 2020 y restableció las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión. El 5 de abril de 2020 el gobierno anunció que los periodistas con carné de prensa podrán circular durante las horas del toque de queda.

El 17 de abril de 2020 C-Libre afirmó haber registrado al menos once violaciones contra periodistas que cubrían la pandemia de COVID-19. Según C-Libre, en todos estos casos los funcionarios públicos fueron los responsables de las restricciones a la labor de los periodistas.

El 3 de mayo de 2020, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente de la asociación de periodistas CPH, Dagoberto Rodríguez, afirmó en una entrevista que el gobierno hondureño había intentado controlar la difusión de la información sobre la pandemia a través de la radio y la televisión nacionales y limitando la capacidad de los periodistas para investigar o criticar las medidas de emergencia. Rodríguez también dijo que alrededor de cinco comunicadores hondureños habían sido infectados por el virus de la COVID-19 y que la pandemia ha profundizado la crisis de los medios de comunicación del país. Tanto es así que varios periodistas han sido despedidos y algunos medios han sido obligados a cerrar.

Prolongan la revisión del nuevo Código Penal 

A principios de mayo de 2020 las organizaciones de libertad de prensa, incluida la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Article 19, Reporteros Sin Fronteras y PEN Internacional, publicaron un comunicado en el que urgían al país a posponer la implementación del nuevo Código Penal que debía entrar en vigor el 10 de mayo de 2020. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, las organizaciones de la sociedad civil de Honduras han advertido en reiteradas ocasiones que algunos aspectos de esta nueva legislación amenazan el espacio cívico. El 9 de mayo de 2020 el Congreso Nacional de Honduras prolongó de 45 días el período de revisión del Código Penal. ASJ, la sección hondureña de Transparencia Internacional señaló que se trata de una decisión positiva siempre y cuando brinde a los legisladores la oportunidad de escuchar a la sociedad civil e instó al Estado a organizar una consulta pública virtual con las organizaciones interesadas.

Informe de la CIDH

El 24 de febrero de 2020 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región. El informe destacó la persistencia de altos niveles de violencia contra los periodistas en Honduras, así como la impunidad por estos delitos. En 2019 la CIDH tuvo noticias de al menos seis asesinatos de comunicadores que podrían estar relacionados con su labor periodística. El informe también subraya la continua utilización del derecho penal para castigar a los comunicadores y destaca el caso particularmente significativo de David Romero, un periodista que recibió una condena de diez años por difamación y calumnias tras haber denunciado presuntos casos de corrupción. Además, según la CIDH, las fuerzas de seguridad hondureñas hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes en 2019, en especial durante la represión de las manifestaciones generalizadas organizadas por los sectores de la educación y de la sanidad. Esta situación dejo muertos, heridos y detenidos.