Pandemia de covid-19: líderes sociales y periodistas en creciente peligro

En respuesta a la pandemia de COVID-19 el gobierno colombiano declaró la emergencia sanitaria y prohibió las reuniones públicas el 12 de marzo de 2020. El 22 de marzo de 2020 un nuevo decreto estableció una cuarentena nacional obligatoria que luego se prolongó hasta mayo de 2020. A pesar de las medidas obligatorias de aislamiento se han producido varias protestas desde el comienzo de esta crisis, a menudo promovidas por personas que denuncian la falta de alimentos, de ayuda financiera y de acceso a la atención médica. En la sección "Reunión pacífica" de esta actualización encontrará información más detallada sobre estas manifestaciones.

Las organizaciones de derechos humanos señalan que la violencia contra las personas defensoras de derechos, líderes sociales y comunidades indígenas y étnicas ha aumentado durante la cuarentena. El 19 de marzo de 2020 la Unidad Nacional de Protección suspendió varias reuniones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). Este organismo es la entidad encargada de otorgar medidas de protección a las personas amenazadas, incluidos líderes sindicales, activistas de derechos humanos, políticos y periodistas. Más de cien organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta en la que expusieron la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales e instaron al gobierno a que revisara las medidas de protección durante la crisis de COVID-19. En la sección "Asociación" de esta actualización encontrará más información sobre este tema.

Asociación

Continúa la masacre de líderes sociales

En los primeros cuatro meses de 2020 el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos en Colombia no ha cesado. El número total de personas asesinadas varía según la institución denunciante ya que las organizaciones que hacen un seguimiento de los asesinatos utilizan diferentes definiciones y métodos de verificación para identificar a los líderes sociales como tales.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que recopila información a partir de organizaciones locales, registró 95 asesinatos de líderes sociales y de personas defensoras en los primeros cuatro meses de 2020. Además, Indepaz anunció que 24 exguerrilleros fueron asesinados mientras intentaban reincorporarse a la vida civil. Mientras tanto, la organización de la sociedad civil Pacifista! documentó el asesinato de 27 líderes sociales en el mismo período gracias a la información proporcionada por medios de comunicación locales, organizaciones socias y comunidades. Pacifista! ha elaborado un mapa interactivo para rastrear los casos y proporcionar información sobre los líderes sociales asesinados, así como sobre las circunstancias de los crímenes.

El 24 de abril de 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia comunicó que al menos trece defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los primeros cuatro meses de 2020 en el departamento del Cauca. También afirmó que "un número creciente de grupos armados y de bandas de delincuentes que se disputan el control de actividades económicas ilícitas en este territorio está detrás de la mayoría de los ataques que han ido en aumento en los últimos meses".

La pandemia de COVID-19 agrava la situación de los líderes sociales

Las restricciones impuestas por el gobierno y por las propias comunidades durante la pandemia han aumentado los riesgos para los líderes sociales. Las personas defensoras de derechos colombianos insisten en que "la violencia no se fue de cuarentena". El 23 de marzo de 2020 dos miembros de la comunidad indígena Buenavista Embera del departamento Valle del Cauca fueron asesinados a tiros cerca de sus viviendas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas durante el ataque.

En el departamento de Putumayo, la violencia contra líderes sociales, exguerrilleros y pueblos indígenas también ha aumentado mientras que los grupos armados se siguen disputando el control social de varios territorios durante la pandemia. Ocho organizaciones de derechos humanos —CODHES, Wola, CEJIL, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Amazon Frontline— difundieron una denuncia pública en la que detallaron varios sucesos violentos desde finales de marzo de 2020. En dicho documento estas organizaciones solicitaron la intervención del Estado para garantizar la vida y la integridad de los residentes de Putumayo, así como la protección de los migrantes y de activistas de los derechos humanos.

Además del aumento de los conflictos territoriales, las personas defensoras de derechos y periodistas que dependen de los mecanismos de protección se han vuelto más vulnerables a medida que los protocolos de seguridad se han sumido en el caos. Por ejemplo, la capacidad de variar los desplazamientos constituye una medida de seguridad importante para quienes corren grandes riesgos en su día a día. Durante la cuarentena obligatoria las personas defensoras no cuentan con los medios para hacerlo y sus agresores saben que estarán en sus casas la mayor parte del tiempo, incrementando así su vulnerabilidad frente los ataques selectivos.

El 4 de mayo de 2020 más de cien organizaciones y grupos de la sociedad civil firmaron una carta en la que identificaron 36 casos que requerían la atención urgente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) e instaron al gobierno a que protegiera a los activistas y a las comunidades amenazadas por grupos armados durante la crisis de COVID-19. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde el 19 de marzo de 2020 algunas de las sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) —la entidad encargada de evaluar las solicitudes y los riesgos de la Unidad Nacional de Protección— han sido suspendidas.

Reunión pacífica

Continua el paro nacional

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, desde el 21 de noviembre de 2019 miles de personas en Colombia se han movilizado para protestar contra las reformas económicas, el aumento de la violencia contra los líderes sociales y otros problemas de índole social. "Ese día se produjeron actos de vandalismo que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social y para adoptar medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente", afirmó Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y miembro de la campaña Defender la Libertad.

Las paros masivos continuaron durante el mes diciembre de 2019 al tiempo que los líderes de la protesta solicitaban dialogar con el gobierno. En un principio, el Comité Nacional de Paro (CNP) presentó 13 exigencias el 26 de noviembre de 2019, entre ellas la retirada de las reformas fiscales y de pensiones, medidas para implementar el Acuerdo de Paz de La Habana y la disolución de la ESMAD (la policía antidisturbios). Esta lista finalmente dio lugar a una solicitud de 114 puntos que incluía cuestiones relacionadas con reivindicaciones fiscales, económicas, comerciales y medioambientales. Sin embargo, el CNP convocó nuevas protestas en 2020, ya que las conversaciones con el gobierno de Iván Duque no produjeron un acuerdo.

El 21 de enero de 2020 se desarrollaron alrededor de veinte manifestaciones en Bogotá y en otras ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. En tres zonas de Bogotá se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejaron un saldo de ocho heridos y tres detenidos según la alcaldía.

Una huelga nacional programada para el 25 de marzo de 2020 tuvo que ser suspendida debido a las restricciones impuestas para combatir la pandemia de COVID-19.

Human Rights Watch denuncia abusos durante las manifestaciones

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, Human Rights Watch (HRW) realizó una investigación sobre los abusos cometidos durante las manifestaciones multitudinarias en Colombia. Para ello entrevistaron a 26 víctimas de abusos, a sus familiares, a abogados de los derechos humanos y a autoridades gubernamentales, y revisaron videos, informes médicos y denuncias penales.

La investigación concluyó que en varios casos la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, incurriendo en palizas y en el uso indebido de armas. Los datos de la investigación también mostraron que 213 personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 1662 fueron "trasladadas" a centros de detención administrativa en relación con los paros nacionales que comenzaron en noviembre de 2019. Según HRW, la Fiscalía General ha investigado 72 casos de posibles abusos perpetrados por agentes de policía durante las protestas. El Ministerio de Defensa también indicó que la justicia militar estaba investigando 32 presuntos casos de abusos relacionados con las manifestaciones.

Según HRW, aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron de manera pacífica, algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluidas pedradas a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados. Según la policía, 271 agentes resultaron heridos durante las labores de vigilancia de las manifestaciones entre el 21 y el 23 de noviembre de 2020. Además, los manifestantes destrozaron 76 estaciones y 69 autobuses del sistema de transporte público de Bogotá y de Cali, así como algunos cajeros automáticos, bancos,  instalaciones públicas y estaciones de policía.

El hambre y el desempleo lanzan a las personas a las calles durante la pandemia

Durante la cuarentena nacional para combatir la pandemia de COVID-19 cientos de personas salieron a las calles para reclamar ayuda y alimentos. El hambre, dicen, no se fue de cuarentena. Las primeras protestas a finales de marzo de 2020 fueron convocadas por trabajadores informales y por otros trabajadores mal remunerados que se han visto gravemente afectados por las medidas de emergencia. En la localidad de Suba, Bogotá, decenas de manifestantes protestaron por la falta de ayuda y alimentos. Según los medios de comunicación, la manifestación fue convocada por el sindicato de trabajadores de la construcción, cuyos miembros afirman haber perdido su fuente de ingresos y no haber recibido la ayuda prometida por las autoridades locales.

El 15 de abril de 2020 se desarrollaron varias protestas en cinco de las localidades más afectadas de Bogotá: una vez más los manifestantes reclamaron la ayuda del gobierno y denunciaron la falta de alimentos durante la crisis sanitaria. Algunos manifestantes bloquearon carreteras y en muchos barrios los residentes participaron en cacerolazos. En Medellín, donde también hubo protestas, algunas manifestaciones se volvieron violentas y algunos camiones que transportaban alimentos fueron saqueados.

Otras protestas y cacerolazos similares se sucedieron durante los meses de abril y mayo de 2020. La población colombiana también ha expresado su apoyo e indignación en las redes sociales usando la etiqueta #ElHambreNoTieneCuarentena. Miles de personas en todo el país habrían colgado un trapo rojo en sus ventanas para indicar su necesidad de ayuda alimentaria.

Expresión

Amenazan y obligan periodistas a huir

El 13 de abril de 2020 el periodista Eder Narváez Sierra recibió amenazas de muerte tras informar de dos asesinatos en Caucasia, Antioquia. Narváez es reportero regional del canal medellinense Teleantioquia TV y fundador y editor del portal local NP Noticias. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el reportero recibió mensajes de WhatsApp advirtiéndole de "no hablara tanto" o sería asesinado. Los mensajes amenazantes le fueron enviados por alguien que afirmaba ser el comandante de Los Caparrapos, un grupo armado involucrado en el tráfico de cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro. Según el CPJ, Narváez sospecha que su reportaje podría haber enfurecido al grupo criminal porque en él se incluían los nombres y fotos de las víctimas de los asesinatos. Tras recibir más amenazas el periodista tuvo que abandonar la ciudad el 19 de abril de 2020 por su seguridad.

El 20 de marzo de 2020 Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicitaron la intervención del Estado colombiano para proteger a cuatro periodistas que habían recibido amenazas de muerte por sus investigaciones sobre un caso corrupción en las últimas elecciones generales. Según la FLIP, la Unidad de Protección Nacional no evaluó el caso de los periodistas ni aplicó medidas de protección a pesar de haber sido informada de que los grupos criminales habían planeado sus asesinatos.

La FLIP señaló que cuatro periodistas habían recibido amenazas en febrero de 2020. Julieth Cano, reportera de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió un mensaje de texto amenazante el 4 de febrero de 2020. La reportera habría sido objeto de prácticas intimidatorias durante varios meses debido a su cobertura de la situación en la frontera con Venezuela. El 5 de febrero de 2020 Jairo Tarazona de RCN Radio recibió un paquete que contenía un documento supuestamente firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras. Dicho paquete le fue enviado a su oficina y contenía un volante con su nombre junto con el de Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y el de José Luis Mayorga de la Agencia de Reporteros Sin Fronteras. Según la FLIP, estos tres periodistas también habían recibido mensajes en los que los declaraban como "objetivos militares".

Wilfer Moreno se vio obligado a huir del departamento de Arauca después de recibir una llamada amenazante de un hombre que se identificó como el comandante del grupo armado ELN el 13 de febrero de 2020. Moreno trabaja como periodista para el canal de televisión local CNC Arauca. La persona que lo llamó le dijo que debería dejar de informar durante 72 horas a partir del 14 de febrero de 2020, fecha en la que el grupo había previsto llevar a cabo un "paro armado". El periodista grabó la llamada en la que el acosador lo declaró objetivo militar y le dio una hora para abandonar la ciudad.

El 24 de enero de 2020 María Eugenia Durango, reportera de la emisora de radio Ituango, recibió un mensaje de WhatsApp advirtiéndole que disponía de 24 horas para abandonar la ciudad. La periodista había trabajado en temas relacionados con la seguridad en el municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquia.

Periodistas nacionales e internacionales bajo vigilancia

El 1 de mayo de 2020 el semanario colombiano de noticias Semana publicó un reportaje alegando que agentes de inteligencia del ejército colombiano llevaron a cabo una vasta operación de espionaje contra más de 130 personas, incluidos más de 30 periodistas nacionales e internacionales. Según la FLIP, los perfiles de los reporteros incluirían información personal sobre sus familiares, amigos, fuentes, posibles tendencias políticas y lugares visitados, entre otros. Ese mismo día el Ministerio de Defensa anunció que 11 oficiales habían sido despedidos debido a las denuncias de empleo irregular de la inteligencia militar. La Fiscalía General ha abierto una investigación por las denuncias de espionaje.

Protección para periodistas en peligro

La FLIP publicó un comunicado en el que solicitó a la Unidad Nacional de Protección que reanude las sesiones del CERREM y que busque formas alternativas para organizar las reuniones y para garantizar la protección de las vidas y de la integridad de los periodistas. Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas, también expresó su preocupación y afirmó que:

"En un momento en el que aumenta la violencia mortal contra los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos en toda Colombia, el Estado no puede utilizar el coronavirus como pretexto para abandonar su responsabilidad de proteger a los ciudadanos en situación de mayor riesgo".