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Aumentan las amenazas y el acoso contra activistas indígenas

Para combatir la pandemia de COVID-19 el gobierno de Costa Rica prohibió las reuniones multitudinarias el 9 de marzo de 2020 y declaró el estado de emergencia el 16 del mismo mes. Las medidas adoptadas incluyeron el cierre de escuelas y de todos los comercios no esenciales, pruebas de detección a gran escala y el cierre de las fronteras del país. El gobierno anunció que comenzaría a levantar las restricciones a partir del 1 de mayo de 2020, ya que la tasa de incidencia del país ha disminuido de forma constante.

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Alarmante situación de los líderes y las lideresas indígenas 

El 3 de marzo de 2020 personas no identificadas incendiaron la finca del defensor indígena del derecho a la tierra Pablo Sibar, ubicada en el territorio indígena brörán de Térraba, provincia de Puntarenas. Al día siguiente, otros dos lugares de la granja de Sibar fueron blanco de ataques incendiarios que destruyeron tres casas familiares y numerosas hectáreas de cultivos y pastos. Sibar obtuvo protección policial tras estos últimos ataques. Sin embargo, según Frontline Defenders, los agentes solo lo acompañan cuando se desplaza fuera del territorio indígena o cuando realiza viajes considerados como peligrosos. Al parecer, Sibar considera que esta medida no es apropiada, ya que la comunidad ha sufrido los actos intimidatorios de la policía en el pasado y hoy sus miembros no se sienten seguros en su presencia.

El 18 de marzo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las amenazas, el acoso y la violencia a los que se enfrentan los líderes y las lideresas indígenas y las personas defensoras de los derechos humanos en Costa Rica, en especial en la provincia de Puntarenas. La CIDH señaló que en las semanas previas a esta declaración les habían informado de varias amenazas de muerte contra los activistas locales Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffrey López Castro, ambos miembros de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. La CIDH destacó que estas amenazas se han intensificado tras el asesinato del líder indígena Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero de 2020 en el contexto de conflictos por tierras. Según información publicada en la prensa, después del asesinato de Rivera un hombre se entregó a la policía alegando que había disparado al líder indígena en defensa propia. Fue puesto en libertad tras una breve detención.

La Comisión Interamericana reiteró que los actos violentos y otros ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos no solo repercuten en sus propios derechos fundamentales, sino que también socavan el rol fundamental que esas personas desempeñan dentro de la sociedad. La violencia perjudica además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándolas en un estado de mayor vulnerabilidad que puede incluso llegar hasta la indefensión. La CIDH también subrayó la importancia de los procesos de demarcación de tierras para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

Por otro lado, el 30 de marzo de 2020 un individuo prendió fuego a la finca del activista Mainor Ortiz Delgado. El incendio destruyó parte de sus cultivos y áreas de conservación medioambiental de la comunidad Río Azul en el territorio bribri de Salitre, provincia de Puntarenas. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, invasores de tierras dispararon a Ortiz en la pierna el 9 de febrero de 2020. Según Frontline Defenders, se sospecha que el autor del incendio es el mismo acaparador de tierras que habría amenazado al activista y a su familia en múltiples ocasiones en el pasado.