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Bolivia: la pandemia de COVID-19 pone en peligro la libertad de expresión

Bolivia: la pandemia de COVID-19 pone en peligro la libertad de expresión
Un militar pide la cédula de identidad a una mujer en un puesto de control. 30 de marzo de 2020, La Paz. Javier Mamani/Getty

Las elecciones presidenciales bolivianas programadas para mayo de 2020 fueron suspendidas indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19. A mediados de marzo de 2020 el gobierno interino del país declaró una cuarentena obligatoria a nivel nacional. Algunas de las medidas establecidas han sido criticadas por emplear un lenguaje excesivamente ambiguo que podrían usarse para restringir la libertad de expresión, tal y como detallamos en la sección "Expresión" de esta actualización. Según han revelado algunos cargos políticos, al menos 67 personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública por "desinformar" o incitar a movilizaciones públicas.

Las organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la utilización de los poderes extraordinarios para la restricción indebida de la libertad de expresión, una situación que se ha convertido en una tendencia preocupante en todo el mundo. En este sentido, las organizaciones han solicitado una aclaración al ministro de Gobierno sobre las restricciones y las detenciones.

Expresión

Las medidas de emergencia pueden restringir excesivamente la libertad de expresión durante la pandemia de COVID-19

El 25 de marzo de 2020 la presidente interina Jeanine Áñez promulgó el Decreto Supremo 4200 con el fin de ampliar las medidas de cuarentena para combatir la pandemia de COVID-19. Su artículo 13.II estipula que "las personas que inciten al incumplimiento del presente Decreto Supremo, desinformen o generen incertidumbre entre la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública". Las personas condenadas podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión.

Human Rights Watch alertó de que esta disposición es demasiado amplia y vaga, y que habilita a las autoridades a procesar a quienes critiquen las políticas públicas. En ausencia de una definición precisa de los actos constitutivos de "desinformación" o de "incertidumbre", esta formulación podría emplearse para silenciar opiniones y comentarios protegidos por el derecho a la libertad de expresión. Otras organizaciones internacionales de la sociedad civil también alertaron de que las medidas gubernamentales pueden poner en peligro la libertad de expresión durante la pandemia y recomendaron que el gobierno boliviano modificara o suprimiera esta disposición.

El 15 de abril de 2020 el ministro de Gobierno Arturo Murillo afirmó en una rueda de prensa que 67 "actores políticos" habían sido detenidos por desinformar y por participar en movimientos de desestabilización que atentan contra la salud pública. De estos 67, 37 ya han sido condenados, precisó el ministro. Murillo evocó casos de detenidos que fueron sorprendidos vendiendo permisos de circulación falsos, así como de personas que participan en una "guerra virtual" o que reciben pagos por la organización de movilizaciones públicas. A principios de abril los medios de comunicación publicaron comentarios hechos por Murillo en los que acusaba a grupos políticos, en especial al partido MAS del expresidente Evo Morales, de organizar actividades para desestabilizar el país durante la pandemia. Amnistía Internacional solicitó al gobierno boliviano que aclarara estas acusaciones y los procesos penales mencionados durante la conferencia de prensa de Murillo. Asimismo, Amnistía Internacional afirmó que las restricciones indebidas a la libertad de expresión podrían dar lugar a la censura de periodistas, líderes políticos, personas defensoras de derechos y trabajadores de la salud. En la sección "Reunión pacífica" de esta actualización hallará más información sobre las manifestaciones y la detención de líderes sociales en este contexto.

Informes sobre Bolivia

El 28 de marzo de 2020 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe sobre el estado de la libertad de expresión en Bolivia. Dicho informe considera que el actual gobierno interino ha mostrado interés en el restablecimiento de la independencia periodística y de los medios de comunicación, en contraste con el gobierno del expresidente Evo Morales que adoptó varias políticas para asfixiar y silenciar a los medios independientes del país. Sin embargo, el informe también destaca que las agresiones físicas y verbales contra periodistas no han cesado. El documento destaca que los periodistas que cubren conflictos sociales y manifestaciones a menudo son objeto de agresiones y de estigmatización.

Entre los 180 países analizados en la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicada el 21 de abril de 2020, Bolivia se situó el puesto 114. Esta posición supone la pérdida de un puesto en comparación con la clasificación de 2019, cuando el país ocupaba el puesto 113. Este ligero descenso se atribuye en parte a los ataques contra periodistas durante las protestas y huelgas cuando el país entró en un período de inestabilidad tras las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre de 2019.

Según RSF, durante los tres mandatos presidenciales consecutivos de Morales (2006-2019) la prensa boliviana a menudo se encontró en el centro de las tensiones entre partidarios y adversarios del gobierno. Asimismo, los medios de comunicación se enfrentaron a una fuerte presión para abstenerse de cualquier comentario negativo contra el gobierno y los periodistas considerados como demasiado problemáticos fueron objeto de acoso judicial. El gobierno también utilizó la presión financiera y las detenciones arbitrarias. Estas medidas junto con un alto nivel de impunidad contribuyeron a que se fomentara un clima de autocensura.

Reunión pacífica

Al menos cuatro personas fueron detenidas en Riberalta, departamento de Beni, por la organización de una manifestación el 31 de marzo de 2020 por la escasez de alimentos durante la cuarentena por la COVID-19. El 1 de abril de 2020 la Fiscalía del departamento de Beni anunció que había ordenado la aprehensión de algunos de los líderes de la manifestación por incitación al incumplimiento de las medidas de cuarentena. A las personas acusadas se les atribuyen delitos contra la salud pública de conformidad con el decreto de emergencia 4200. Dos días después, la Defensoría del Pueblo de Bolivia indicó que cuatro líderes sociales que habían sido detenidos fueron separados de sus abogados por la policía y permanecieron en paradero desconocido durante varias horas.

Según informaciones publicadas en la prensa, se desarrollaron protestas similares en cuatro regiones de Bolivia. En muchas de estas acciones las personas en la manifestación exigían ayuda y atención médica. En algunos casos, comerciantes, transportistas y otros colectivos solicitaron flexibilidad en la aplicación de las estrictas medidas de cuarentena.