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OSC: la respuesta de El Salvador contra la COVID-19 restringe en exceso los derechos fundamentales

El 22 de marzo de 2020 las fuerzas de seguridad de El Salvador hicieron cumplir la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno debido a la pandemia de COVID-19. Durante la primera noche de su aplicación se detuvo a 269 personas en todo el país por incumplimiento de la cuarentena. Desde que se empezaron a aplicar las medidas de emergencia las organizaciones locales de la sociedad civil han instado a las autoridades a que ejerzan los poderes excepcionales de manera responsable, por ejemplo mediante el desarrollo de protocolos para la prevención de detenciones ilegales. Los defensores de la libertad de prensa también han denunciado que algunas de las restricciones aplicadas en El Salvador durante la pandemia podrían estar limitando en exceso la labor periodística.

Asociación

La abogada defensora de los derechos humanos Bertha María Deleón denunció haber sido acosada en internet tras la publicación de acusaciones falsas en su contra en Twitter por Walter Araujo, portavoz de partido político Nuevas Ideas. Araujo, cuyo partido apoya al presidente Nayib Bukele, publicó un tuit el 20 de febrero de 2020 en el que asociaba a Deleón y a otro abogado con partidos políticos vinculados a grupos criminales (a juicio del propio Araujo). Según la defensora de los derechos humanos, tras la publicación de ese tuit comenzó a recibir repetidos ataques de los seguidores de Araujo a través de mensajes que contenían insultos misóginos, expresiones de odio y acusaciones falsas que buscaban intimidarla y desacreditar su trabajo. En el pasado Bertha ha sido víctima de acoso en al menos dos ocasiones debido a su trabajo a favor de los derechos humanos.

Por otro lado, el 29 de marzo de 2020 el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter: "A veces parece que hay algunas organizaciones de “derechos humanos” que solo trabajan para lograr que mueran más humanos". El comentario fue una reacción a la movilización de la sociedad civil local para denunciar que algunas de las medidas de emergencia aplicadas por el gobierno durante la pandemia de COVID-19 pueden no estar justificadas y restringen en exceso los derechos fundamentales. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado la estigmatización de la sociedad civil y del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos. En una columna del periódico digital El Faro la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió:

"El presidente Bukele y su gabinete deben tener claro que la grave situación derivada de la pandemia no puede resolverse con medidas gubernamentales que excluyan el respeto y garantía de los derechos humanos. Combatir la pandemia es un asunto de derechos humanos y las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan mejorar la respuesta estatal, no deben ser castigadas con la estigmatización pública. Son inaceptables los mensajes que buscan amedrentar o silenciar a quienes solo ejercen su derecho a defender derechos humanos".

Expresión

El 13 de marzo de 2020 la defensora de los derechos humanos Montserrat Arévalo Alvarado fue víctima de ciberacoso después de denunciar las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene de las personas en cuarentena en El Salvador durante la pandemia de COVID-19. Alvarado, directora del colectivo feminista Mujeres Transformando, señaló que recibió varios comentarios insultantes que la desacreditaban a ella y a su trabajo después de que su publicación en Facebook se volviera viral. Alvarado también habría recibido mensajes privados amenazantes. Según la red de derechos humanos IM-Defensoras, la mayoría de dichos comentarios incluían referencias al presidente Nayib Bukele, sugiriendo o exigiendo que Alvarado permaneciera en silencio y que se abstuviera de cuestionar las medidas puestas en marcha por el gobierno.

Restricciones a la prensa durante la pandemia de COVID-19

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se señalaron frecuentes casos de obstrucción de la labor periodística en El Salvador durante el mes de marzo de 2020. El 22 de marzo de 2020 la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) denunció que miembros del ejército obligaron a un periodista de Radio Segundo Montes a borrar el material que había grabado durante una operación de respuesta contra la COVID-19 en el departamento de Morazán. Según la ARPAS, el periodista se identificó de forma apropiada presentando sus credenciales y explicó que estaba realizando un encargo para su red.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también denunció las reiteradas restricciones impuestas durante las conferencias de prensa dirigidas por el gobierno a lo largo de la crisis. Según la APES, los medios de comunicación afirmaron que en tres ocasiones distintas sus periodistas no pudieron hacer preguntas durante las conferencias de prensa relacionadas con la salud pública y las medidas de emergencia. La APES condenó esta práctica, argumentando que afecta a la labor de la prensa y exhortó a todos los funcionarios a ser accesibles y a abstenerse de obstruir el derecho de la población a la información de interés público. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, calificó el enfoque de restrictivo y afirmó: "No veo que la emergencia pueda justificar el impedimento a preguntar sobre la situación de salud de la población y las medidas del gobierno".