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Ley para el control de ONG limita y restringe la libertad de asociación

Asociación

El 11 de febrero de 2020 el Congreso guatemalteco aprobó el decreto N.º 4-2020, el cual impondrá amplios controles sobre la sociedad civil y restringirá la libertad de asociación en el país. Los legisladores que apoyaron este decreto afirman que la reforma de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo favorece "la transparencia y el control" , pero sus críticos argumentan que establece duras sanciones que autorizan el cierre arbitrario de organizaciones. La sociedad civil nacional e internacional consideró preocupantes varias disposiciones del decreto, entre ellas:

  • La criminalización de la financiación extranjera para "actividades que alteran el orden público en el territorio nacional" (Art. 13). Una organización que viole esta disposición perderá de inmediato su personalidad jurídica y sus miembros no podrán unirse a ninguna otra ONG durante al menos dos años. Sin embargo, no se ha definido qué constituye una "alteración del orden público" haciendo que sea posible utilizar esta ley para limitar el trabajo de las organizaciones que expresen críticas y que se opongan o denuncien las acciones y la política del gobierno.
  • Cancelación automática de la personalidad jurídica y disolución de cualquier ONG que no actualice su información de registro en diversas agencias y que no cumpla con todos los requisitos de la nueva ley en un plazo de seis meses.
  • Cierre forzoso de cualquier ONG por incumplimiento de la ley si así lo solicita el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria o la Contraloría General de Cuentas. La legislación tampoco establece las garantías necesarias para un juicio justo y deja a las organizaciones vulnerables frente a la posibilidad de un cierre arbitrario.

La sociedad civil guatemalteca también criticó el apresurado proceso de aprobación y denunció la falta de transparencia y de debate. Según información publicada en la prensa, el proyecto de ley fue presentado en el último minuto para su discusión en el Congreso; un hecho que sorprendió a los miembros de la oposición, así como a la sociedad civil.

El relator especial de la ONU para la libertad de reunión y de asociación, Clement Voule, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron que la adopción de esta ley es incompatible con el derecho a la libertad de asociación y la calificaron como una medida drástica. Varias organizaciones guatemaltecas presentaron recursos jurídicos y lanzaron una campaña en la que solicitaban al recién investido presidente Alejandro Giammattei que vetara el decreto. Según el periódico Prensa Libre, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que no permitiría "ninguna injerencia de ningún tipo" y que no toleraría "recomendaciones o presiones" contra el decreto.

A pesar de las controversias, el 27 de febrero de 2020, el presidente Alejandro Giammattei ratificó el decreto. Sin embargo, el 2 de marzo de 2020, el Tribunal Constitucional del país suspendió provisionalmente dicho decreto.

Expresión

El 10 de febrero de 2020, los medios de comunicación informaron que más de quince mujeres periodistas guatemaltecas recibieron llamadas acosadoras en las que una mujer desconocida pretendía ser una vieja amiga de ellas con el fin de llevar a cabo un ataque de phishing. Como denunció la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Comisión de Libertad de Prensa, la persona que les llamó intentó obtener información personal de las periodistas, incluida su ubicación. Las organizaciones de la prensa denunciaron que se trata de una "nueva modalidad de vandalismo para crear terror, miedo, zozobra e incertidumbre en el gremio periodístico y en la población en general". La Fiscalía ha abierto una investigación sobre estos casos.

Absuelven a un defensor de los DD. HH. acusado de difamación

El defensor indígena de los derechos humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador maya quiché de la organización de base Comité de Unidad Campesina (CUC), fue absuelto en un juicio penal por calumnias, injurias y difamación. El juicio contra Pascual Hernández inició en 2013, cuando se movilizó contra la construcción de una planta de fabricación de cemento junto a floricultores de la comunidad de San Juan Sacatepéquez. En ese entonces Pascual Hernández apoyó públicamente a los líderes de la comunidad que habían recibido amenazas de muerte por defender sus derechos a la tierra. El 25 de enero de 2013, en una conferencia de prensa, Hernández mencionó la conexión entre estos ataques y las campañas para desacreditar el trabajo en materia de derechos humanos llevadas a cabo por organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, presentó una denuncia contra el defensor de los derechos humanos.