English

República Dominicana: reforma constitucional suscita preocupación por las instituciones democráticas

Reunión pacífica

Manifestaciones contra la reforma constitucional que posibilita la reelección presidencial

Una proposición de enmienda constitucional que permitiría al presidente Danilo Medina postularse a un tercer mandato desencadenó varias manifestaciones en República Dominicana durante junio y julio de 2019. La reelección de Medina en 2016 fue posible gracias a otra enmienda impulsada por sus partidarios, ya que antes de dicha modificación la Constitución del país no autorizaba el ejercicio de varios mandatos presidenciales sucesivos.

El 24 de junio de 2019, la policía se enfrentó a manifestantes y legisladores que instalaban una carpa frente al edificio del Congreso Nacional, en Santo Domingo, con el objetivo de organizar una vigilia para protestar contra la enmienda. La policía antimotines utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y al menos ocho personas resultaron heridas. Los efectos del gas provocaron que el diputado Henry Merán se desmayara y tuviera que ser trasladado una clínica para que recibiera atención médica.

El 25 de junio de 2019, los medios de comunicación informaron de una fuerte presencia de agentes de la policía antimotines y de militares en el barrio del Congreso tras el anuncio de nuevas manifestaciones. El 26 de junio de 2019, cientos de personas tomaron las calles de Santo Domingo. La manifestación contó con el apoyo de un sector del partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se había opuesto a la enmienda propuesta. Pese a la fuerte vigilancia policial, la manifestación se desarrolló de forma pacífica.

Las manifestaciones se sucedieron en las semanas posteriores. El 12 de julio de 2019, partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil organizaron nuevas manifestaciones bajo el lema "No al continuismo". Finalmente, el 23 de julio de 2019, el presidente Danilo Medina anunció que no proseguiría su proyecto de reforma constitucional.

Huelga en la provincia de El Seibo acaba en violencia

El 18 de septiembre de 2019, una manifestación en la provincia de El Seibo se saldó con doce personas heridas, actos violentos y represión policial. La manifestación formaba parte de una huelga de dos días convocada por el Movimiento Unidos por un Seibo Mejor, una iniciativa local coordinada por el sacerdote Miguel Ángel Gullón, que lleva a cabo reivindicaciones relacionadas con la salud, la educación y las labores de construcción y reparación inacabadas. Según informaciones publicadas en la prensa, la manifestación comenzó pacíficamente, pero se volvió violenta cuando un grupo de manifestantes bloqueó una carretera. La policía utilizó gases lacrimógenos para acabar con el bloqueo y al menos cuatro personas resultaron heridas por perdigones. Una ambulancia que transportaba a manifestantes heridos fue apedreada por personas no identificadas cuando se dirigía al hospital. Cinco jóvenes manifestantes fueron detenidos, pero fueron puestos en libertad el mismo día tras la suspensión de la huelga.

Libertad de expresión

El 30 de julio de 2019, el Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró inconstitucional el artículo 284 de la nueva Ley del Régimen Electoral 15-19 que establece penas de tres a diez años de prisión para quienes difundan campañas falsas o denigrantes, o propaganda difamatoria contra candidatos y candidatas. Este recurso judicial fue interpuesto en marzo de 2019 por la Fundación Prensa y Derecho, cuyos expertos consideraron que lo dispuesto en dicha norma equivalía a una draconiana ley sobre honor que crearía un contexto intimidatorio que inhibiría la publicación de cualquier material que denunciara actos de corrupción u otros escándalos relacionados con políticos y partidos políticos. Según la fundación, esa disposición limitaría irracional y desproporcionadamente la libertad de expresión y de difusión de información.

Es la segunda vez en 2019 que la acción directa de la Fundación Prensa y Derecho ha conducido a la anulación de una disposición legislativa que viola la libertad de expresión. En mayo de 2019, el Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (Ley núm. 33-18) que penaliza la difusión de "mensajes negativos" contra candidatos y candidatas en las redes sociales.