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Ecuador: represión de manifestaciones contra la austeridad

Ecuador: represión de manifestaciones contra la austeridad
Protestas en 16 Abril 2019 en Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

Reunión pacífica

El 16 de abril de 2019 cientos de ecuatorianos se manifestaron en Quito contra la retirada del asilo político a Julian Assange y contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno del presidente Lenin Moreno. En marzo de 2019, el gobierno firmó un acuerdo por un total de 4 200 millones de USD con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anunció la aplicación de un paquete de medidas de austeridad, entre las que se incluye, el aumento del precio del combustible, la privatización de empresas públicas, despidos masivos de empleados públicos y la supresión de servicios públicos en la sanidad y en la educación. En la sección Expresión de esta actualización encontrará los detalles del caso de Julian Assange.

La marcha fue convocada por grupos vinculados al expresidente Rafael Correa así como por diversas organizaciones sociales. Los manifestantes denunciaron las recientes decisiones gubernamentales y llevaban pancartas con mensajes como "El país no se vende", "No al FMI", "Julian Assange es ecuatoriano" y "Assange será tu pesadilla". Según los informes, los manifestantes fueron reprimidos por la policía cuando se acercaron al palacio presidencial. Los agentes de policía utilizaron gases lacrimógenos, porras y caballos, y dejaron varios heridos.

El 15 de julio de 2019, la coalición Asamblea Nacional Ciudadana convocó una huelga nacional de cinco días impulsada por trabajadores, sindicatos y otras organizaciones sociales. Las protestas se centraron en lo que los movimientos denominaron "las medidas económicas neoliberales de Moreno". El dirigente de un sindicato de trabajadores del transporte, Omar Delgado, habría sido presuntamente detenido de forma arbitraria junto con su hijo el primer día de la huelga. Fue puesto en libertad al día siguiente.

Expresión

Retirada del asilo a Julian Assange

El 11 de abril de 2019, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue detenido por la policía en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se le había concedido asilo desde 2012. En Estados Unidos se le acusa de conspiración por la filtración de secretos de dicho gobierno. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno afirmó que Assange había violado las reglas de su asilo al haber continuado con su trabajo desde el edificio de la embajada. La detención se produjo un día después de que WikiLeaks acusara al gobierno ecuatoriano de una "vasta operación de espionaje" contra Assange. La decisión fue condenada internacionalmente por varias organizaciones, periodistas y activistas que consideran que su detención y la naturaleza de los delitos que se le imputan a Assange constituyen una amenaza para la libertad de prensa.

El 13 de abril de 2019, el desarrollador y activista sueco por la privacidad y la seguridad en Internet, Ola Bini, fue detenido en el aeropuerto internacional de Quito cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo hacia Japón. Permaneció detenido durante más de dos meses sin juicio y sin una acusación clara en su contra. Su detención estaba relacionada con delitos informátcos, pero una investigación de Amnistía Internacional determinó que el proceso penal violaba las garantías procesales y consideró su detención como arbitraria. Más de noventa organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y de los derechos digitales denunciaron su detención. El 20 de junio de 2019, Bini fue excarcelado gracias a una solicitud de habeas corpus.

Ecuador establece un comité para la protección de los profesionales de la comunicación

El 31 de mayo de 2019, el gobierno ecuatoriano estableció de forma oficial el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación con el objetivo de implementar mecanismos de protección para periodistas y trabajadores de la comunicación cuyas vidas, integridad física y libertad estén en peligro debido a su trabajo.

Este comité está compuesto por diversos organismos gubernamentales y su coordinación corre a cargo del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y de la Comunicación (Cordicom). Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil que habían solicitado la creación de un comité, como la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios de Ecuador (Fundamedios) y la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), no fueron invitadas a la reunión inicial dicho comité.

Según el director de Fundamedios, César Ricaurte, en un principio el gobierno había acordado que la Secretaría Técnica estaría dirigida por la sociedad civil para garantizar así la independencia del comité. "Ya no tenemos certeza de cuál va a ser el rol de la sociedad civil y de los periodistas. Sinceramente, mi impresión es que no hay mucha intención del gobierno de incluir a las organizaciones civiles", lamentó Ricaurte. También cuestionó la decisión de centrarse en las situaciones de riesgo de los periodistas centrándose en cuatro temas específicos: corrupción, trata de personas, contrabando de bienes y drogas. "Para nosotros es un desacierto total. Reducir el riesgo para periodistas a cuatro riesgos penales es no reconocer que los principales riesgos y agresiones han provenido del Estado en los últimos doce años".

Sentencia desfavorable y exclusión de periodistas de una manifestación

El 27 de junio de 2019, el Tribunal de Apelaciones de la Corte Provincial de Pichincha impuso al defensor de la libertad de expresión, César Ricaurte, una pena de quince días de prisión por su altercado público con el exembajador Jorge Jurado. Ricaurte trabaja con Fundamedios y es una de las personas defensoras de la libertad de expresión más reconocidos de Ecuador. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa denunció en varias ocasiones ataques contra este derecho. IFEX, una red global de organizaciones dedicadas a la promoción y a la defensa de la libertad de expresión e información, afirmó que Ricaurte ha recibido varias amenazas tras su sentencia e instó al gobierno a investigar y a proporcionarle medidas de protección.

El 15 de agosto de 2019, el movimiento indígena YasUnidos denunció que se prohibió a los medios de comunicación cubrir una manifestación pacífica que el grupo estaba llevando a cabo en el Consejo Nacional Electoral. La movilización de YasUnidos exigió la convocatoria de un referéndum sobre la explotación petrolera dentro de su territorio. El Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que afirmaba que su personal solo siguió el protocolo de seguridad al solicitar la identificación de los periodistas y no les impidió acceder al edificio.