English

Diez periodistas asesinados en México este año mientras aumenta la violencia contra los medios

Diez periodistas asesinados en México este año mientras aumenta la violencia contra los medios

Expresión

La escalada de violencia contra los profesionales de los medios de comunicación ha puesto a México en el punto de mira como uno de los países más mortíferos del mundo para los trabajadores de los medios de comunicación. Al menos diez periodistas han sido asesinados en lo que va de 2019, cinco de los cuales, entre principios de junio y finales de agosto. El 5 de agosto de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación e instó al gobierno a llevar a cabo investigaciones exhaustivas y a poner fin al ciclo de impunidad. Según la OSC Article 19, México tiene una tasa de impunidad del 99.1 % en los casos de crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. A principios de junio, más de 400 defensores de la libertad de prensa participaron en la Cumbre de Libertad de Prensa de México y expresaron su preocupación por la retórica hostil hacia la prensa en el país. También pidieron al Gobierno que fortaleciera los mecanismos federales de protección y las instituciones para garantizar la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación.

En las siguientes secciones se detallan varios ataques graves contra periodistas y medios de comunicación que se produjeron desde principios de junio hasta principios de agosto.

Cinco periodistas asesinados en menos de tres meses

El 11 de junio de 2019, la reportera Norma Sarabia fue asesinada a tiros en la puerta principal de su casa en el municipio de Huimanguillo, estado de Tabasco. La periodista había informado sobre la delincuencia y la violencia en el pequeño pueblo cercano a la región fronteriza con Guatemala, y había trabajado como corresponsal para los diarios Tabasco HOY y Diario Presente. Según Committee to Protect Journalists (CPJ), en marzo y en abril de 2019 había denunciado una serie de crímenes violentos en Huimanguillo, incluidos varios asesinatos y un secuestro. El 12 de junio de 2019, la Fiscalía General del Estado de Tabasco declaró en un comunicado publicado en Twitter que había abierto una investigación sobre este asesinato.

Tres periodistas fueron asesinados en la última semana de julio de 2019. El 30 de julio de 2019, Rogelio Barragán fue hallado muerto en el maletero de un coche con signos de golpes en la cabeza. Según los informes, el periodista había sido secuestrado el día anterior. Encontraron su cuerpo en Morelos, un estado vecino de Guerrero, donde trabajaba Barragán. El periodista fue el fundador de Guerrero Al Instante, una página web de noticias que cubría temas políticos y deportivos, entre otros. Los compañeros del periodista indicaron a Reporteros sin Fronteras que Barragán había dejado de firmar con su nombre los artículos sobre la delincuencia local por cuestiones relacionadas con su seguridad.

El 2 de agosto de 2019, el periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez recibió disparo en una tienda en Actopán, estado de Veracruz. Ruiz Vázquez trabajaba como reportero para el diario El Gráfico y escribía sobre política y corrupción. Según Centro de San Miguel, la antena local de la asociación de escritores PEN International, la casa del periodista había sido atacada en tres ocasiones y había recibido varias amenazas de muerte. El 3 de agosto 2019, el procurador general del Estado de Veracruz publicó una nota sobre la investigación, afirmando que el reportero debería haber contado con medidas de protección. Según información publicada en la prensa, Ruiz Vázquez debía testificar esa semana por las amenazas de muerte que supuestamente había recibido del alcalde de Actopán y de otros funcionarios municipales. El 6 de agosto de 2019, la página de noticias local La Silla Rota afirmó tener acceso a la investigación policial según la cual el alcalde de Actopán supuestamente habría intentado sobornar al reportero días antes de su asesinato. Las investigaciones siguen en curso.

Asimismo, el 2 de agosto de 2019, Edgar Alberto Nava fue asesinado a tiros en el estado de Guerrero. Nava trabajó como periodista independiente y creó la página de Facebook La Verdad de Zihuatanejo, desde la cual informa sobre el gobierno local y la delincuencia. También fue director del departamento de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Zihuatanejo. Un compañero del reportero comunicó a Committee to Protect Journalists (CPJ) que Nava les había comentado que había recibido amenazas de muerte por los artículos que había escrito sobre la delincuencia local.

El 27 de agosto de 2019, fue hallado el cuerpo sin vida del reportero Nevith Condés Jaramillo con múltiples puñaladas en Tejupilco, Estado de México. El periodista fue fundador y editor de la página web de noticias El Observatorio del Sur, y publicó artículos de noticias en sus páginas en las redes sociales. Condés Jaramillo informaba sobre cuestiones locales, como la delincuencia, la violencia y los abusos cometidos por las autoridades locales. Según Reporteros sin Fronteras, Condés Jaramillo había informado a su compañeros y familiares de las amenazas de muerte que recibió en noviembre de 2018 y junio de 2019. Committee to Protect Journalists confirmó este extremo ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según informes, Condés Jaramillo consideró inscribirse en el plan federal de protección, pero finalmente renunció a la idea debido al proceso burocrático para su admisión en el plan.

Intimidación, acoso y delitos violentos contra periodistas

Prenden fuego al coche de un periodista en Hermosillo, Sonora

El 17 de junio de 2019, un automóvil perteneciente al periodista Alejandro Matty Ortega fue incendiado frente a su domicilio en Hermosillo, estado de Sonora. Según información publicada en la prensa, Matty Ortega comentó el episodio en su página personal de Facebook afirmando que existen "ataques sistemáticos contra la libertad de expresión" en México. Article 19 publicó una nota de prensa indicando que Matty Ortega sigue a la espera de ser inscrito en el programa de protección del gobierno a pesar de que existen ataques similares contra otros periodistas en la región.

Intimidación de periodistas en Sabinas, Coahuila

El 26 de junio de 2019, la OSC Article 19 informó que un agente de policía de alto rango en Sabinas, Coahuila, disparó un arma con el objetivo de intimidar a los periodistas que habían acudido a cubrir la escena de un crimen. Según informa Article 19, el oficial Rolando Noe Fernández Martínez soltó una carcajada junto con otros oficiales presentes en el lugar tras disparar con el arma al aire para asustar a varios periodistas se hallaban de pie en una calle adyacente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una nota en la que pedía que se investigaran los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública local publicó un comunicado en el que afirmaba que lamenta lo sucedido, pero destacaba que el agente de policía en cuestión había disparado un rifle deportivo y que "no apuntó ni dirigió en ningún momento el disparo" hacia los periodistas, por lo que nunca se puso en riesgo la integridad física de ninguno de ellos.

El 12 de julio de 2019, Article 19 publicó en Twitter que dos periodistas que habían denunciado el incidente antes mencionado fueron detenidos por la Agencia de Investigación Criminal en Sabinas, Coahuila. El Colectivo de Periodistas de Monclova y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Atacados también informaron de las detenciones. Según los informes, al menos uno de los periodistas fue acusado de homicidio en grado de tentativa por presuntamente compartir información policial con delincuentes.

Atacan el domicilio de una periodista en Puerto Morelos, estado de Quintana Roo

El 21 de julio de 2019, dos personas irrumpieron en la casa de una de las periodistas de investigación más conocidas del país, mataron a sus dos perros y robaron material de trabajo así como efectos personales. En el momento de los hechos Lydia Cacho Ribeiro no estaba en su casa de Puerto Morelos, estado de Quintana Roo. Según informa Article 19, los dos atacantes rompieron las cámaras de seguridad de la casa y desactivaron la alarma para poder entrar. Entre los objetos robados figuran una grabadora de audio, tres cámaras, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil y diez discos duros externos que contienen información confidencial relacionada con casos de abusos sexuales que investigaba la periodista. También destrozaron objetos personales, como fotografías y ropa.

Como se ve en el mensaje de Twitter de aquí arriba, Cacho afirmó que este suceso no le impedirá seguir hablando en nombre de las mujeres y de los niños que han sido maltratados. La periodista y defensora de los derechos humanos ha sufrido varios ataques debido a su trabajo y está inscrita en el programa gubernamental para la protección de periodistas. En 2005, Cacho fue detenida arbitrariamente y torturada, sin embargo la justicia aún sigue a la búsqueda de los tres sospechosos de este delito. La OSC Committee to Protect Journalists (CPJ) exhortó a las autoridades mexicanas a hacer más para detener la violencia contra los periodistas. «Al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se le está acabando el tiempo para presentarles a los periodistas un plan integral para su protección y combatir la impunidad en los crímenes cometidos contra la prensa», sostuvo Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ en México.

Atacan a tres periodistas en la misma noche en Tehuacán

El 23 de julio de 2019, tres periodistas fueron atacados y acosados en tres sucesos distintos en Tehuacán. Según Article 19, hombres no identificados realizaron múltiples disparos contra el domicilio de Nidya Hernández, directora del medio digital Domingo7, mientras ella y su familia se encontraban en el interior de la vivienda. Hernández había estado informando sobre la corrupción gubernamental y dijo a los medios de comunicación que ella cree que el ataque está relacionado con su trabajo como periodista. En otro suceso, dos reporteros no identificados que trataban de cubrir una noticia sobre una presunta agresión perpetrada por un taxista fueron acosados por otros taxistas. Un vídeo muestra a los taxistas acercándose a los periodistas, amenazándolos y tratando de intimidarlos para que dejen de grabar.

Prenden fuego a las oficinas de un periódico en Hidalgo del Parral, Chihuahua

El 30 de julio de 2019, dos personas no identificadas prendieron fuego a las oficinas del periódico local El Monitor de Parral en Hidalgo del Parral, estado de Chihuahua. Los dos atacantes rompieron las cámaras de seguridad del edificio y lanzaron bombas molotov a través de las ventanas del primer piso, incendiando la recepción. El incidente se produjo alrededor de las once de la noche, cuando algunos periodistas estaban trabajando para cerrar la edición del día siguiente. Ninguno de los empleados del periódico resultó herido, pero el ataque causó daños sustanciales en el edificio de oficinas. El diario anunció la suspensión temporal de su edición impresa hasta que "se encuentren mejores condiciones para el trabajo periodístico" y que ya no informará sobre noticias de carácter policíaco ni publicará noticias que puedan "representar un sesgo político".

En declaraciones a El País, el director de El Monitor, Jorge Salayandía, aseguró que el periódico no presentará una denuncia formal. Salayandía dijo: "Yo quiero darle un mensaje a quienes hicieron esto de que no queremos enfrentarnos. Quiero que estas personas lo lean. No vamos a exigir nada". Continuó: "Yo tengo fotos muy fuertes del ataque que serían portada, pero nada. No nos conviene meternos con estas gentes. Ya recibí el mensaje, está bien y ya". Este caso forma parte de una tendencia creciente entre los medios de comunicación, incluido el periódico Norte, con sede en Chihuahua, que consiste en autocensurarse tras sufrir ataques violentos.

Se aprueban cambios legislativos positivos en el estado de Hidalgo

El 30 de julio de 2019, el Congreso del Estado de Hidalgo suprimió los delitos contra el honor de su Código Penal. Según el Article 19, se trata de un hecho positivo que crea mejores condiciones para la libertad de expresión, ya que en el pasado esta legislación se había utilizado arbitrariamente para silenciar las voces críticas. En 2018, la coalición de la sociedad civil Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social instó al Congreso Estatal a eliminar dichos "delitos contra el honor" de la legislación penal local.

Reunión pacífica

Aprueban ley para restringir las manifestaciones en el estado de Tabasco

El 29 de julio de 2019, los legisladores de Tabasco aprobaron una ley que criminaliza determinadas actividades de protesta y actos de desobediencia civil con penas de hasta veinte años de prisión. Según Associated Press, dicha ley se dirige a toda persona que "bloquee total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos u otra maquinaria especializada utilizada en obras públicas o privadas". Sus detractores ven en esta ley la respuesta a las recientes manifestaciones de profesores y agricultores que han bloqueado las calles como parte de sus manifestaciones por unas mejores condiciones de trabajo. The Guardian también informó que se aprobó la ley justo cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador "anunció el inicio de la construcción de una refinería de 8 000 millones de USD en Tabasco, proyecto que desea se complete en cuatro años y para el cual aún está pendiente un estudio de impacto ambiental".

Amnistía Internacional criticó la ley y citó otros precedentes de la utilización de este tipo de legislación en México para restringir indebidamente las manifestaciones y criminalizar a los defensores de los derechos humanos. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, declaró:

"La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica".

Los detractores usaron la etiqueta #LeyGarrote para denunciar la legislación en las redes sociales. La coalición de OSC Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social emitió una comunicado condenando la ley e instando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a impugnarla.

Protestas en Jalisco contra el aumento de las tarifas del transporte público

A finales de julio, la policía intervino en las protestas contra el aumento de las tarifas del transporte en Guadalajara, estado de Jalisco. El 24 de julio de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco anunció su decisión de aumentar las tarifas de transporte público para la zona metropolitana de Guadalajara. Dos días después, el 26 de julio de 2019, varios grupos se organizaron para manifestarse. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, un grupo de jóvenes manifestantes se apoderó de los torniquetes de una estación de metro, lo que permitió que los usuarios pudieran acceder sin boletos durante unos minutos. La policía intervino para detener a los manifestantes, llegando a sacarlos por la fuerza del interior de los vagones de tren. Cinco personas fueron detenidas, acusadas de "faltas administrativas" y puestas en libertad al día siguiente tras pagar una multa.

Mientras que la Secretaría de Seguridad de Jalisco declaró que los detenidos causaron daños a edificios públicos y que tenían una "actitud violenta", los detractores respondieron con vídeos en los que mostraban el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía. Un detenido resultó herido en la cara y fue atendido por la Cruz Roja. En las redes sociales, la etiqueta #AlfaroRepresor se volvió viral y varias personas acusaron al gobernador del Estado de actuar de forma represiva. Los días 27 y 28 de julio de 2019, las manifestaciones congregaron a cientos de personas que protestaban contra el aumento de las tarifas y contra la represión policial. El 2 de agosto de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció a través de un mensaje de Twitter que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco había abierto una investigación para determinar si las detenciones se ajustaron a los estándares legales.

Manifestaciones contra la violencia de género

En agosto, dos casos de abusos sexuales perpetrados por agentes de policía contra dos chicas adolescentes provocaron una ola de manifestaciones contra la violencia de género. Organizaciones feministas afirman que uno de los casos, el de una adolescente de 17 años presuntamente violada por cuatro agentes de policía en Azcapotzalco el 3 de agosto de 2019, ha estado plagado de irregularidades procesales. El 12 de agosto de 2019, cientos de personas acudieron a una manifestación en Ciudad de México para expresar su indignación por las agresiones y los errores en las investigaciones, y unas 300 mujeres marcharon hacia la Procuraduría General de Justicia del Estado. Durante la manifestación, los manifestantes rompieron la puerta de cristal del edificio de la procuraduría y rociaron con purpurina rosa al secretario de Seguridad Pública Jesús Orta Martínez. En un video en Twitter, la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los manifestantes, afirmando que "lo que esperaban era que nosotros respondiéramos con más violencia. […] no vamos a caer en provocaciones".

El 16 de agosto de 2019, cientos de manifestantes se unieron a nuevas manifestaciones en todo México bajo el lema "¡No me cuidan, me violan!". Durante la movilización algunos grupos participaron en actos de vandalismo, llegando a cubrir con pintura en aerosol el monumento histórico conocido como el Ángel de la Independencia. Un hombre no identificado atacó a un periodista mientras transmitía la manifestación en directo. Aunque estos sucesos generaron críticas y una amplia cobertura mediática, las organizaciones feministas han señalado que la indignación pública es resultado de la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades mexicanas y de la impunidad por los delitos violentos contra las mujeres. El 19 de agosto de 2019, representantes de los movimientos de mujeres se reunieron con el Gobierno de Ciudad de México para presentarle sus reivindicaciones.

Manifestaciones por las políticas de inmigración y seguridad

  • El 3 de julio de 2019, cientos de policías se manifestaron y bloquearon calles en Ciudad de México como parte de una manifestación contra la decisión del Gobierno de fusionar varios sectores de la policía federal con la Guardia Nacional. Los medios de comunicación locales informaron que dicho plan podría afectar a alrededor de 20 000 agentes y muchos funcionarios expresaron su preocupación debido a una posible reducción de sus salarios y beneficios, o a la pérdida de sus puestos de trabajo si se niegan a colaborar. Este cambio forma parte del plan de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de este año con el objetivo de crear una Guardia Nacional integrada por miembros de la policía, el ejército y la policía naval.
  • El 9 de julio de 2019, más de cien solicitantes de asilo cameruneses bloquearon el paso de las camionetas del servicio de inmigración en Tijuana para protestar por la negativa de las autoridades locales a transportar inmigrantes africanos hasta la frontera estadounidense. Muchos de los migrantes africanos creen que los están ignorando y que los migrantes centroamericanos son atendidos primero porque han pagado sobornos.
  • El 12 de julio de 2019, varias personas se reunieron cerca de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para protestar por la política migratoria estadounidense y por el trato inhumano que recibe a los migrantes detenidos cerca de la frontera. El evento, conocido como Lights for Liberty, incluyo varias manifestaciones en distintas ciudades de los Estados Unidos. En México, la OSC organizadora Democrats Abroad invitó a participar a personas que hayan "sido detenidas, deportadas o devueltas" de los Estados Unidos. Muchas personas llevaron velas como parte de la vigilia, cantaron "Fuera Trump" y escucharon los relatos de personas que se habían visto afectadas por las políticas migratorias de Trump. En un suceso relacionado, el 28 de julio de 2019, un obispo católico radicado en El Paso se asoció con clérigos de Ciudad Juárez para organizar una manifestación en un cruce fronterizo muy conocido para protestar contra las políticas fronterizas inhumanas.

Asociación

El 29 de abril de 2019, el Senado mexicano aprobó una ley para la reforma laboral que, entre otras cosas, busca ofrecer más control a los trabajadores sobre los convenios de negociación colectiva. La ley se promulgó el 1 de mayo de 2019 y concede a los sindicatos un plazo de ocho meses para adaptarse a las nuevas directrices sobre los procedimientos electorales. En virtud de la nueva legislación, los trabajadores tienen derecho a votar de forma "personal, libre, directa y secreta" en las elecciones de representantes sindicales. Los sindicatos deberán obtener el apoyo de al menos el 30 % de los trabajadores para ser reconocidos formalmente y las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán reemplazadas por un registro nacional y tribunales especializados. Tal y como habíamos informado anteriormente en el CIVICUS Monitor, estos cambios garantizan el cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otra parte, el 19 de julio de 2019, personas no identificadas prendieron fuego a un automóvil familiar perteneciente a Juan Manuel Ramos, defensor de los derechos humanos y portavoz de la OSC Redes Quinto Poder, en Monterrey, Nuevo León. El procurador general del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, confirmó al diario El Universal que se está llevando a cabo una investigación. Sin embargo, también afirmó que el análisis fue difícil debido a que la denuncia se realizó una vez transcurrido cierto tiempo. En conversaciones con el mismo diario, el activista expresó su preocupación por el hecho de que este suceso pudiera ser una represalia por su trabajo ya que su organización había denunciado recientemente un caso de corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante la Fiscalía Anticorrupción.