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OSC acusan al gobierno boliviano de crear un entorno hostil para los DDHH

OSC acusan al gobierno boliviano de crear un entorno hostil para los DDHH

Asociación

El 13 de junio de 2019, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la hostilidad a la que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Bolivia. El documento fue redactado antes del Examen Periódico Universal de Bolivia (EPU) que tendrá lugar durante el período de sesiones de noviembre de 2019 del Consejo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional destacó que las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a diversas amenazas y acusaciones realizadas por autoridades de alto nivel, entre ellas, el presidente Evo Morales y sus ministros. Un ejemplo de esta situación fue denunciado en el CIVICUS Monitor y tuvo lugar en octubre de 2018, cuando el ministro de gobierno, Carlos Romero, acusó a la OSC Asamblea Permanente de Derechos Humanos y a su presidenta, Amparo Carvajal, de apoyar a organizaciones criminales. Las continuas declaraciones de esta naturaleza ponen en tela de juicio el compromiso del gobierno boliviano con una sociedad civil robusta e independiente. Según el análisis de Amnistía Internacional, lo más alarmante de todo es que la única recomendación realizada por los defensores relativa a las personas defensoras de los derechos humanos en el último EPU de Bolivia (2014) no haya sido aceptada por el país.

Reunión Pacífica

En la región boliviana de Los Yungas, donde el cultivo de coca es legal, los cocaleros organizaron manifestaciones y bloquearon el paso en las principales carreteras en junio y julio de 2019. Desde el 26 de junio de 2019, miembros de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de coca (ADEPCOCA) comenzaron a organizar bloqueos en una carretera que conduce a la región de Los Yungas. La policía intervino para dispersar estas manifestaciones, pero continuaron durante los días posteriores. Aunque inicialmente las manifestaciones se organizaron tras el asesinato de un líder local de ADEPCOCA, posteriormente también se han formulado exigencias más generales en cuanto a la política gubernamental hacia otros sindicatos de productores de coca y se han denunciado los intentos gubernamentales destinados a intervenir en la gestión de la organización.

Según noticias en la prensa, las autoridades han reprimido duramente dichas manifestaciones. El comandante de la policía, Yuri Calderón, declaró que algunos manifestantes utilizaron dinamita y otros explosivos contra las fuerzas policiales, lo que condujo a su arresto y detención. Sin embargo, ADEPCOCA y varios simpatizantes –incluido el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)– argumentaron que la policía boliviana colocó dichos explosivos en un intento para deslegitimar las manifestaciones.

Expresión

Como hecho positivo, cabe señalar que el 30 de abril de 2019 la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y el gobierno boliviano llegaron a un acuerdo para la derogación de las leyes que obligan a los medios de comunicación del país a publicar campañas gubernamentales de forma gratuita. A principios de este año, en marzo de 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un informe que puso de relieve este tema. Destacó que las trece leyes que regulaban la cuestión debilitaban la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación debido a su carácter "político e ideológico". Estas leyes afectaban a periódicos privados e independientes y, según la SIP, causaron una "asfixia financiera" generando pérdidas financieras de hasta el 30 % en ingresos publicitarios para dichas publicaciones. Estas pérdidas económicas podrían tener efectos a largo plazo, lo que llevaría a la reducción del personal e incluso al cierre de algunos medios de comunicación.

Estos acontecimientos positivos se producen en un momento en que la libertad de prensa en Bolivia está siendo el centro de atención. Recientemente, Bolivia ocupó el 113º puesto en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras haber perdido tres posiciones con respecto a 2018. RSF destacó el clima de censura que vive la prensa en Bolivia en un momento en el que el gobierno de Evo Morales busca controlar la información y acallar las voces más críticas del país. Según RSF, aquellos periodistas considerados como excesivamente problemáticos son a menudo objeto de acoso judicial. Esta situación "combinada con detenciones arbitrarias y un alto nivel de impunidad por la violencia contra periodistas" también ha fomentado la autocensura en los medios de comunicación.

Aunque el gobierno ha criticado este informe, los recientes casos denunciados por la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia corroboran el análisis de RSF. El primer caso ocurrió el 7 de mayo de 2019 cuando el periodista Edwin Valda anunció la suspensión de su programa de radio Pares opuestos después de tres años de transmisión debido a la presión del gobierno municipal de la ciudad de Potosí. Según Valda, su programa fue suspendido debido a su crítica contra la administración del alcalde William Cervantes del Movimiento al Socialismo (MAS). En otro incidente no relacionado, el 1º de mayo de 2019, el periodista Juan Pablo Guzmán de la red Bolivisión informó que el ministerio de comunicación se encarga de la preparación de entrevistas para algunos de los canales de televisión locales. Guzmán denunció que las preguntas a menudo se acuerdan de antemano con el ministerio, asegurando así la exclusión de cualquier línea de investigación que pudiera incomodar a los funcionarios entrevistados:

"Hoy, muchos entrevistados del oficialismo van a una entrevista con las preguntas que quieren que se les haga, acordadas previamente con el medio. La consigna es 'dejar hablar' al oficialismo y no 'incomodarlo'."

El 20 de junio de 2019, la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz emitieron un comunicado conjunto condenando las amenazas realizadas por María Aregene Simone Cuéllar, senadora del MAS, contra Radio San Miguel. Cuéllar interpuso una querella contra el jefe de prensa de Radio San Miguel por "acoso político". Ubicada en Riberalta, Radio San Miguel afirma que esta acusación es una acción de represalia debida a que la radio denunció recientemente irregularidades en el registro electoral en la ciudad.