Honduras: amenazas y ataques contra las mujeres defensoras de los DD. HH.

Asociación

Asesinan a una defensora de los DD. HH garífuna

El 12 de octubre de 2019 la defensora de los derechos a la tierra María Digna Montero fue asesinada en su domicilio en la comunidad indígena y afrodescendiente garífuna de Cuzuna, departamento de Colón. Según informaciones publicadas en los medios, agresores no identificados le dispararon varias veces cuando se hallaba en el patio trasero de su casa y posteriormente huyeron en una motocicleta. Montero era maestra en un jardín de niños y miembro del grupo de trabajo de Educación Intercultural Bilingüe de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Este asesinato se produjo el Día de la Resistencia Indígena; las organizaciones de derechos humanos lo tomaron como una advertencia para quienes se atrevan a cuestionar el sistema.

En el 2019 fueron asesinadas dieciséis personas de la etnia garífuna: seis de ellas eran mujeres, asesinadas entre septiembre y octubre. La OFRANEH ha denunciado que las autoridades todavía no han abierto una investigación por esos delitos. Las organizaciones de derechos humanos IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras condenaron esta inacción y la forma en la que los medios de comunicación trataron este caso, ya que publicaron fotos del cuerpo de la activista de manera irrespetuosa, racista y victimizante. El 5 de noviembre de 2019, la OFRANEH organizó una manifestación contra la continua violencia que sufre el pueblo garífuna.

Asesinan a un líder sindical

El 16 de noviembre de 2019, el líder sindical Jorge Alberto Acosta fue asesinado a tiros en una sala de billar de La Lima, departamento de Cortés. Acosta era uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de La Tela Railroad Company (SITRATERCO). Esta organización representa a los trabajadores bananeros de Chiquita y es el sindicato más antiguo de Honduras. Acosta, al igual que otros sindicalistas, había recibido amenazas de muerte y había sido objeto de ataques por su defensa de los derechos de los trabajadores. La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras solicitó que se investigara este asesinato y declaró que el mecanismo nacional de protección había otorgado medidas cautelares a Acosta. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también instó al Estado hondureño a abrir una investigación independiente cuanto antes con el fin de encontrar, procesar y castigar a los responsables de este delito violento.

Activistas víctimas de ataques y de intimidación

El 9 de noviembre de 2019, la activista LGBTQ Alejandra Vega fue agredida física y verbalmente en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Alejandra es coordinadora de proyectos de la Asociación Feminista Trans (AFET) y miembro de la Coalición contra la Impunidad. Tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos tras esta agresión. Según señaló IM-Defensoras, durante el ataque, el agresor hizo referencias explícitas al activismo de la defensora de los derechos humanos y a su género.

El 12 de noviembre de 2019, los defensores de los derechos humanos Mirtha Gutiérrez, Angélica Álvarez, José Herrera y el abogado Allan Alvárenga fueron objeto de acoso policial. Los defensores de los derechos humanos se hallaban en el domicilio de Mirtha y Angélica cuando percibieron a un grupo de cinco policías militares fuera de la casa. Según IM-Defensoras, los agentes permanecieron en los exteriores de la vivienda durante aproximadamente treinta minutos, agitando las esposas con la clara intención de hacer ruido. Cuando uno de los defensores salió a preguntarles qué estaban haciendo, dijeron que estaban "patrullando". La semana anterior, Mirtha y Angélica habían participado en una conferencia de prensa para denunciar la corrupción y las políticas represivas del gobierno.

Condenados los asesinos de Berta Cáceres

El 2 de diciembre de 2019, los siete hombres condenados por el asesinato de la activista indígena y defensora del medioambiente Berta Cáceres fueron condenados a penas de entre treinta y cincuenta años de cárcel. Durante el juicio, el tribunal determinó que ejecutivos de la empresa DESA, entidad encargada de la presa Agua Zarca, ordenaron el asesinato debido a las acciones de protesta lideradas por Berta, la cuales habían causado varios retrasos y pérdidas financieras. Aunque sus familiares y partidarios acogieron la decisión con satisfacción, también destacaron que los autores intelectuales y los financiadores del asesinato siguen en libertad. Bertita Zúñiga, la hija de Berta, dijo a The Guardian:

"Desde el principio, el proceso para obtener justicia ha sido doloroso; ya que no se han respetado nuestros derechos como víctimas. Estas condenas son un primer paso para acabar con la impunidad y vamos a hacer todo lo posible para garantizar que todos los responsables, los ejecutivos de la empresa y los funcionarios estatales identificados durante el juicio sean procesados."

Reunión pacífica

En octubre de 2019, manifestantes antigubernamentales organizaron varias acciones de protesta para exigir la dimisión del presidente hondureño Juan Orlando Hernández; mientras que sus partidarios salieron a las calles para mostrarle su apoyo. Las manifestaciones se produjeron después de que el hermano menor de Hernández fuera condenado por tráfico de drogas por un tribunal de Nueva York. Durante dicho proceso, varios testigos implicaron al presidente en actividades ilegales.

El 10 de octubre de 2019, una manifestación antigubernamental en un parque de Tegucigalpa fue reprimida con gases lacrimógenos. El 24 de octubre de 2019, la policía reprimió otra manifestación con gases lacrimógenos y cañones de agua. Según informaciones publicadas por la prensa, después de que la policía hubiera utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, algunos de ellos comenzaron a bloquear las calles con la quema de neumáticos y a romper las ventanas de algunos establecimientos comerciales del centro de la ciudad. La oposición anunció una campaña de desobediencia civil hasta que Hernández abandone el poder.

Miles de manifestantes progubernamentales participaron en diversas marchas para mostrar su apoyo a la actual gobierno. Según informaciones publicadas por la prensa, personas procedentes de distintas partes de Honduras viajaron hasta Tegucigalpa para participar en una marcha que reunió a alrededor de 7000 personas el 20 de octubre de 2019.

Expresión

Asesinato de periodistas

El 1 de noviembre de 2019, dos individuos no identificados asesinaron a tiros al periodista Buenaventura Calderón y a su esposa, Maribel Bolian. Periódicos locales informaron que la pareja estaba llegando a su casa en Puerto Lempira cuando agresores no identificados les dispararon desde una motocicleta. Calderón presentaba el programa diario de noticias Ecos de Mosquitia en la radio Kupia Kumi, en el que habría criticado a menudo a las autoridades locales y denunciado la corrupción y la impunidad de los casos relacionados con el narcotráfico. Calderón también era empresario y pertenecía al partido de oposición Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el departamento de Gracias a Dios. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades hondureñas a que investigaran a fondo este asesinato y a que averiguaran si estaba relacionado con la labor periodística de Calderón.

El 25 de noviembre de 2019, dos individuos no identificados asesinaron a tiros al periodista José Arita en la ciudad de Puerto Cortés. El asesinato se produjo poco después de que el periodista abandonara las oficinas de la canal de televisión Puerto Visión de Canal 12, donde había estado grabando su programa. Según informaciones publicadas por la prensa, Arita se detuvo brevemente en una tienda de veinticuatro horas y caminaba hacia su automóvil cuando cuatro hombres no identificados le dispararon y huyeron. Arita presentaba el programa nocturno La Hora de la Verdad: un programa nocturno de opinión donde abordaba la política local de Puerto Cortés. Sin embargo, una fuente anónima dijo al CPJ que Arita nunca había mencionado haber recibido amenazas; además, era bien conocido en la ciudad por su participación en proyectos de beneficencia. El CPJ también informó que la policía no ha descartado la posibilidad de que su asesinato esté relacionado con su labor periodística.

Otros acontecimientos relacionados con la libertad de expresión

La Asociación Interamericana de Prensa (SIP, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el que afirma que la Ley Nacional de Ciberseguridad de Honduras vulnera la libertad de prensa y la libertad de expresión. La SIP instó al Congreso Nacional de Honduras a derogar esta ley argumentando que dicho proyecto viola las normas y principios internacionales de la libertad de expresión en la era digital. Los expertos señalaron que la ley es ambigua en cuanto a la difamación, introduce medidas de censura e impone obligaciones a los administradores de páginas web. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC) y otras organizaciones de la sociedad civil del país también rechazaron dicha ley.

El 2 de noviembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (ACNUDH) expresó su profunda preocupación por la criminalización, persecución e impunidad que afectan a periodistas y medios de comunicación del país. En 2019, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión documentaron más de un centenar de alertas por ataques contra la prensa y contra personas que ejercen una labor periodística. Entre los sucesos documentados se incluyen: la persecución judicial mediante querellas, las agresiones con gases lacrimógenos, la persecución física, la destrucción de equipo periodístico y las detenciones arbitrarias durante la cobertura de manifestaciones. En su comunicado, la ACNUDH recordó que los ataques contra los comunicadores sociales, los periodistas y los medios de comunicación constituyen atentados contra la libertad de expresión y una limitación del derecho a la información de toda la sociedad, así como una vulneración de los derechos humanos.