#CostaRica: Acción Urgente - Intentos de usurpación de tierras restituidas, amenazas e intimidación en contra de defensores de derechos humanos indígenas https://t.co/KOxFI4xGgs pic.twitter.com/Q0wUZAy9Tf
— FLD Américas (@FLDAmericas) July 30, 2020
Asociación
Los ataques violentos contra las comunidades indígenas bribri, maleku y brörán siguieron aumentando durante el mes de julio de 2020. El 24 de julio de 2020, el líder indígena José Enrique Ortíz fue agredido por invasores de tierras en Salitre. Según Frontline Defenders, tres días antes uno de los agresores había amenazado e insultado a Ortíz, tratando de iniciar una pelea. En la mañana del 24 de julio, la misma persona y otro agresor se introdujeron en el terreno del activista con machetes y otras armas, y arrancaron vallas y cultivos. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, Mainor Ortíz Delgado, hermano de José Enrique, ha sido objeto de varios ataques similares perpetrados por los mismos agresores. Según la organización de la sociedad civil Forest Peoples Programme, los agresores y sus familias son conocidos por amenazar y agredir a los pueblos bribri de Salitre y han gozado de total impunidad a pesar de las numerosas denuncias y procesos judiciales.
El 26 de julio de 2020, un grupo de unas sesenta personas invadió territorio maleku en Guatuso, provincia de Alajuela. El grupo amenazó a las familias indígenas y cortó las vallas de su terrenos. Según informaciones publicadas en la prensa, la tensión en la región había ido en aumento desde principios de julio de 2020, cuando las familias indígenas comenzaron a instalarse de nuevo en el marco de un proceso destinado a restaurar su tierra ancestral. Los medios locales señalaron otras agresiones los días 9 y 10 de agosto, cuando grupos de agresores penetraron en la comunidad con el fin de intimidar y amenazar al pueblo maleku, y destruyeron las estructuras que habían levantado.
El 27 de julio de 2020, un grupo entró en el territorio brörán de Térraba, amenazó a los militantes indígenas y destruyó un área considerada sagrada por los pueblos brörán. Según el Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI), un agresor dijo a los militantes indígenas Pablo Sibar y Roberth Morales que recibiría una compensación por matarlos. Delante de testigos, otro agresor intentó atropellar a Sibas con un tractor. Llamaron a los agentes de policía para que expulsaran a los invasores, pero al parecer no se dio a los pueblos indígenas la oportunidad de revisar el acta policial ni de identificar a los agresores.
#CostaRica: @CIDH admite petición de comunidad indígena Terraba → https://t.co/ROJRJRPOqe
La CIDH admitió la demanda de la comunidad indígena Terraba y examinará los temas de fondo referidos al irrespeto de derechos, la indefensión de líderes y el despojo de recursos. pic.twitter.com/cZKM1iZ5oS— Servindi (@Servindi) July 26, 2020
Días antes, el 15 de julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había admitido una petición contra el Estado costarricense en la que se acusa al país de violar los derechos de los pueblos indígenas de Térraba. La petición data de 2012 y en ella se afirma que Costa Rica ignoró a las autoridades indígenas y que limitó su participación en la gobernanza de su territorio al desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el río Grande de Térraba. Los pueblos indígenas se opusieron al proyecto por las consecuencias medioambientales negativas que acarrearía y por la inundación de varias comunidades y lugares sagrados. La CIDH ordenó que se prosiguiera con la investigación del caso.
Expresión
El 29 de junio de 2020, trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) denunciaron que la presidenta ejecutiva del organismo, Yamileth Astorga, había disuadido a los líderes sindicales de hablar con los medios de comunicación. Según información publicada en la prensa, en una reunión con los sindicatos Astorga distribuyó un documento en el que pedía a los líderes que "no alimentaran los periódicos Diario Extra y CRHoy". Esta situación se produjo en un momento en el que los periodistas pusieron en duda presuntas tarifas excesivas de agua. El suceso fue interpretado como un intento de restricción de la libertad de expresión mediante el silenciamiento de las críticas.
Astorga dijo que la prensa la había malinterpretado y que solo había solicitado que los sindicatos presentaran denuncias ante la institución antes de acudir a los medios de comunicación. El 30 de julio de 2020, los legisladores aprobaron una petición para solicitar la comparecencia de Astorga ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para que rindiera cuentas.