Un polémico decreto presidencial restringe la labor de la sociedad civil; personas manifestantes por el derecho a la tierra son víctimas de amenazas

Contexto

Crisis institucional: corrupción y consecuencias de los mensajes filtrados

Paraguay se enfrenta a su peor crisis institucional desde la transición democrática de 1989, a raíz de la revelación de actos de corrupción endémicos y de la connivencia entre funcionarios y redes del crimen organizado.

En febrero de 2025 salieron a la luz nuevas pruebas procedentes de mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono del exdiputado Eulalio Gomes, asesinado durante una operación conjunta entre la policía y la fiscalía en agosto de 2024, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Las comunicaciones presuntamente desvelarían la existencia de una red de sobornos y tráfico de influencias en la que estarían implicados altos cargos de la Fiscalía y del Poder Legislativo y Judicial. Entre estos figuraría el juez Osmar Legal, quien reconoció contactos con Gomes en enero de 2020 para coordinar una respuesta interinstitucional a la fuga de 76 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) de una cárcel de Pedro Juan Caballero.

El escándalo provocó una serie de dimisiones y dio lugar a medidas disciplinarias. Por ejemplo, el diputado Orlando Arévalo renunció tanto a su escaño como a su puesto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el órgano encargado de supervisar la labor de la judicatura. Actualmente las fiscales Stella Mary Cano y Katia Uemura están siendo sometidas a procedimientos disciplinarios que aún siguen en curso.

Frente a esta situación, el 7 de febrero de 2025, 48 organizaciones de la sociedad civil pidieron una respuesta institucional urgente que incluyera el establecimiento de mecanismos de auditoría independientes que garanticen que los procesos judiciales no estén sujetos a influencias políticas. También exigieron reformas estructurales y un mayor compromiso cívico para restablecer la confianza en el Estado de derecho.

El 6 de marzo de 2025, el fiscal Francisco Cabrera confirmó que la investigación sobre los chats recuperados del teléfono de Gomes se extendería a todas las personas que pudieran estar implicadas en conductas delictivas y no solo a las señaladas inicialmente por el juez Legal.

Naciones Unidas considera a Paraguay responsable de la ejecución arbitraria de dos niñas durante una operación militar

El 17 de enero de 2025, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN) publicó una decisión histórica en la que responsabilizó internacionalmente a Paraguay de privar arbitrariamente de la vida a las menores Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de once años, durante una operación conjunta entre el ejército y la policía en 2020, en Yby Yaú (departamento de Concepción). El organismo determinó que el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) constituía una violación grave del artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También concluyó que el Estado paraguayo había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, al no garantizar una investigación eficaz, rápida e imparcial de las circunstancias de dichas muertes.

La investigación del CDN reveló que se habían cometido graves irregularidades procesales. Por ejemplo, el Estado afirmó erróneamente que las niñas eran combatientes adultas y se destruyó la ropa de las víctimas por motivos sanitarios, según se dijo en un principio, lo que dificultó el análisis forense. Sin embargo, las exhumaciones y los análisis forenses confirmaron que los cuerpos pertenecían a dos menores y revelaron que ambos presentaban heridas de bala en la frente y la espalda. El CDN concluyó que la ausencia de una investigación creíble y la obstrucción del Estado sugerían que se habían cometido negligencias graves o que se habían ocultado hechos de forma deliberada.

El CDN recomendó al Estado paraguayo que completara la investigación con la diligencia debida, solicitara asistencia forense internacional y llevara a cabo reformas institucionales para garantizar que los operativos de seguridad son sometidos a una supervisión independiente. También pidió que las fuerzas de seguridad reciban una formación en materia de derechos humanos que haga hincapié en la protección de la infancia y las cuestiones de género. Además, el CDN instó al Estado paraguayo a que adoptara una política de seguridad que tenga en cuenta la cuestiones de género y los derechos de la niñez, con el fin de solventar los riesgos estructurales a los que se enfrentan las mujeres, las niñas y otros grupos marginados.

Este caso es un ejemplo de las preocupaciones que la militarización de las regiones del norte de Paraguay ha suscitado entre la sociedad civil desde la creación de la FTC en 2013. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y otras organizaciones han documentado violaciones recurrentes de los derechos humanos en zonas rurales, así como la existencia de una cultura de impunidad.

Libertad de asociación

El presidente Santiago Peña promulga la ley “anti-ONG”

El 15 de noviembre de 2024, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7363/24, que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. La ley, muy criticada por organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, ha sido denominada como “ley garrote” o “ley anti-ONG” debido a la preocupación por su impacto en la libertad de asociación. Como ya informamos, la ley podría reducir la autonomía y la financiación de las organizaciones de la sociedad civil y convertirse en una herramienta para silenciar la disidencia política.

El artículo 7 de la ley establece un registro nacional obligatorio para todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), mientras que los artículos 15-18 obligan a las organizaciones a presentar informes más rigurosos sobre sus actividades y sus finanzas. Estas disposiciones se suman a un marco regulatorio ya de por sí complejo. La Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (TEDIC), una organización paraguaya que promueve los derechos humanos en entornos digitales, ha explicado que las ONG presentes en el país ya estaban obligadas a inscribirse en más de trece registros obligatorios. Además, la nueva ley impone sanciones considerables en caso de incumplimiento y establece requisitos excesivos que aumentan la carga administrativa.

Si bien el Gobierno asegura que la ley busca fomentar la transparencia y mejorar la coordinación con el Estado, sus detractores arguyen que facilita la injerencia y la intimidación estatales. La ambigüedad y la amplitud de las disposiciones de la ley suponen un riesgo para las organizaciones que documentan violaciones de los derechos humanos o cuestionan el discurso oficial.

Aunque todavía no se ha desarrollado el reglamento de la ley, ya se empiezan a vislumbrar sus implicaciones políticas. El 19 de noviembre de 2024, poco después de la promulgación de la ley, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), conocida popularmente como la “Comisión Garrote”, prorrogó durante sesenta días su mandato para investigar a OSFL críticas. La CBI, a la que inicialmente se le encargó investigar el presunto blanqueo de activos a través de OSFL en agosto de 2024, ha recibido criticada por fomentar un entorno hostil para la sociedad civil.

Durante la última sesión de 2024 de la Comisión, el senador Gustavo Leite afirmó que el país “podría estar ante la mayor dilapidación de fondos innecesarios de la historia de las organizaciones sin fines de lucro de Paraguay”. Denunció que 67 millones de dólares de USAID y la Unión Europea destinados a educación y consolidación de la democracia se habían gastado en su mayor parte en salarios sin producir resultados cuantificables. Pese a que ninguna auditoría oficial ni investigación independiente han corroborado estas afirmaciones, sus declaraciones han exacerbado aún más los discursos políticos contra las ONG.

Los medios de comunicación informaron que Sergio Godoy Codas, el asesor jurídico de la Comisión, había emprendido acciones legales para obtener documentos que varias OSFL se habían negado a entregar. Por otra parte, observadores de los derechos humanos han alertado de que estas maniobras judiciales pueden utilizarse para intimidar y deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil con el pretexto del control financiero.

El Sistema de la Unión Europea para un Entorno Habilitante para la Sociedad Civil (EU SEE), un consorcio formado por organizaciones internacionales de la sociedad civil y miembros de la red de 86 países, señaló que, en febrero de 2025, miembros de la CBI solicitaron documentación a USAID para investigar las actividades de las organizaciones beneficiarias, en medio de un discurso creciente que vincula la cooperación internacional con la injerencia extranjera. También cabe destacar que los llamamientos de los legisladores paraguayos para congelar los fondos de USAID, presentados como una medida a favor de la transparencia, han interrumpido programas de la sociedad civil de vital importancia.

Reunión pacífica

La policía disuelve una protesta en memoria de Rodrigo Quintana y las personas manifestantes son acusadas penalmente

El 31 de marzo de 2025, una treintena de personas se congregó a las puertas del Palacio de Justicia de Asunción con el propósito de llevar a cabo una representación teatral en memoria de Rodrigo Quintana, un joven activista político abatido por la policía en 2017. Con este acto, querían demostrar que seguían esperando a que se hiciera justicia y se rindieran cuentas por el asesinato de Quintana, ocurrido hace ocho años. Agentes de policía cortaron inmediatamente el paso a las personas manifestantes e interrumpieron la acción, alegando que perturbaban el orden público.

El 7 de abril de 2025, el abogado Felino Amarilla denunció los hechos por la vía penal ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. En el escrito, presentado en nombre de las personas manifestantes, se acusa a los comisarios de policía Mario Ovelar y Gustavo Errecarte, y a otros agentes de haber infligido lesiones graves a las víctimas durante la respuesta policial. Cabe señalar que la misma fiscalía ya había abierto diligencias contra las personas manifestantes basándose en un informe policial previo en el que se las acusaba de perturbación de la paz pública y de resistencia a la autoridad.

Amenazan a comunidades campesinas que protestan por el derecho a la tierra

El 9 de mayo de 2025, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y Tierra (INDERT) publicó un comunicado en el que amenazó a personas campesinas con privarlas de su derecho a obtener títulos de propiedad si participaban en protestas o cortes de carreteras. En el mensaje, dirigido a las personas residentes de colonias rurales en proceso de regularización de tierras, la entidad advirtió que quienes se enfrenten a procesos judiciales por participar en protestas podrían ser excluidos del programa de titularización.

La Codehupy criticó el comunicado, señalando que su contenido podría asimilarse a un acto de intimidación y coacción. Criminalizar o desalentar la participación en protestas pacíficas mediante amenazas con consecuencias legales o con la denegación del derecho a la tierra constituye una violación de los derechos fundamentales. La coalición política de izquierdas Frente Guasu también rechazó el comunicado del INDERT y subrayó que las demandas de acceso a la tierra y a una vida digna son la consecuencia de décadas de desigualdad y exclusión.

Históricamente, las comunidades campesinas e indígenas paraguayas se han enfrentado a obstáculos sistémicos para acceder a la propiedad de la tierra, como la concentración de grandes extensiones en manos de unos pocos terratenientes y las limitadas iniciativas estatales para poner en marcha una reforma agraria integral.

Miles de personas se movilizan pacíficamente contra la corrupción, la austeridad y las reformas laborales

Del 25 al 27 de marzo de 2025, miles de personas manifestantes se movilizaron pacíficamente en todo el país. Las manifestaciones, que se centraron en Asunción y se extendieron a varios departamentos, congregaron al estudiantado, sindicatos, comunidades indígenas y campesinas, personas de la tercera edad y organizaciones de la sociedad civil que reclamaban colectivamente mejores servicios públicos, condiciones de vida dignas y el fin de la delincuencia organizada y la corrupción en las instituciones estatales.

Las protestas comenzaron con la movilización de grupos de pensionistas, yerbateros y estudiantes universitarios que pedían una distribución justa de los recursos y un mejor acceso a la sanidad, la educación y el empleo. El 26 de marzo, partidos políticos de la oposición se sumaron a las manifestaciones contra medidas de austeridad y políticas que consideran perjudiciales para el bienestar de la ciudadanía y la rendición de cuentas democrática.

La manifestación de mayor envergadura tuvo lugar el 27 de marzo con motivo de la 31.ª edición de la Marcha Campesina, Indígena y Popular anual, convocada por la Federación Nacional Campesina (FNC). Las personas manifestantes hicieron oír reivindicaciones de larga data, como la aplicación de una reforma agraria, el acceso a la tierra y la protección de los medios de subsistencia de las comunidades rurales. También expresaron su rechazo a proyectos legislativos que consideran lesivos para los derechos laborales, en particular la ley sobre el Registro Unificado Nacional (RUN) y las reformas del sistema de pensiones.

Movilización masiva contra la corrupción

El 11 de febrero de 2025, miles de personas manifestantes llenaron las calles del centro de Asunción en el marco de una amplia movilización contra la corrupción endémica del sistema judicial. Frente a la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), las personas manifestantes exigieron que se reformara la institución y que se pusiera fin a lo que muchos califican como un control mafioso de la judicatura. La protesta estuvo encabezada por grupos políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que reclamaban explicaciones exhaustivas y más transparencia a una de las instituciones más poderosas del país.

Enarbolando banderas paraguayas y pancartas con lemas audaces como “La mafia y los narcopolíticos son dueños del poder” y “Jurado de encubrimiento de magistrados mafiosos”, las personas manifestantes denunciaron la presunta connivencia entre las élites políticas y elementos del poder judicial (ver Contexto). Muchas de ellas también condenaron la actuación de la Fiscalía General, a la que acusaron de ser cómplice de la impunidad. Entre la multitud se oyeron llamamientos a favor de un cambio estructural y cánticos que instaban a la destitución de todos los funcionarios implicados y al restablecimiento del equilibrio democrático de poderes.

Esta protesta se inscribe en el marco de una oleada nacional de movilizaciones ciudadanas motivadas por el descontento con el modelo de gobierno imperante y las demandas de justicia, así como por la exigencia de más transparencia y una mayor responsabilidad institucional.

Comunidades indígenas reclaman que se atiendan sus necesidades básicas

El 10 de enero de 2025, decenas de integrantes de comunidades indígenas del departamento de Caaguazú recorrieron las calles de Asunción, la capital, para protestar contra la vulneración de sus derechos básicos por parte del Estado. Las personas manifestantes, muchas de las cuales acamparon en distintos puntos de la ciudad, denunciaron la persistente falta de servicios esenciales como el acceso al agua potable y a la educación, que afecta tanto a la población adulta como infantil.

Bloquearon una de las principales avenidas de la ciudad y se concentraron frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), donde exigieron la dimisión del presidente de la entidad, el general retirado Juan Ramón Benegas, que ocupa el cargo desde 2016.

Wilson Aquino, portavoz de las personas manifestantes, reconoció las molestias causadas a la ciudadanía y reiteró las reivindicaciones que las comunidades vienen formulando desde hace tiempo. También recordó que en 2023 las autoridades se comprometieron a dividir 486 hectáreas en 14 parcelas que se atribuirían a familias indígenas de Caaguazú, una promesa que aún no se ha cumplido. Las personas manifestantes explicaron que se sentían frustradas por el abandono institucional constante y la ausencia de políticas públicas concretas para mejorar sus condiciones de vida.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, la población indígena asciende a unas 140 039 personas y sigue siendo el grupo más marginado del país tanto a nivel social como económico.

Libertad de expresión

Ataques e intimidaciones contra la prensa

Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, las organizaciones de prensa documentaron múltiples casos de agresiones, amenazas y actos de censura o de intimidación contra profesionales del periodismo. Estos son algunos de ellos:

• El 17 de enero de 2025, el periodista César Candia, de Radio Tricolor, se vio atrapado en un fuego cruzado durante un desalojo en el asentamiento Edilson Mercado de Colonia Tacuapy, cuando individuos armados, apostados en una zona boscosa cercana, abrieron fuego contra un grupo de agentes de las fuerzas del orden, lo que provocó un intercambio de disparos.
• El 25 de febrero de 2025, la senadora Norma Aquino amenazó a la periodista Fiona Aquino en respuesta a un reportaje sobre un presunto caso de nepotismo y malversación de recursos públicos. El incidente, denunciado por el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), es un ejemplo del preocupante patrón de ataques verbales perpetrados por funcionarios públicos y de los intentos para deslegitimar las investigaciones periodísticas.

• El 18 de marzo de 2025, el periodista Cristian Bianciotto, director de Oviedo Press Multimedios, denunció haber recibido amenazas por artículos que había publicado en dicho portal digital de noticias. Bianciotto presentó una denuncia contra Gerardo Melgarejo por amenazarlo a través de mensajes en Facebook desde el perfil “Mood Disco”. “Cristian, mba’e la ne problema. Te toma conmigo, me va a encontrar muy pronto, nos encontraremos. Me persegui sin piedad y me tenes casado, no tengo miedo, hasta ahí te puedo decir (sic)”, rezaba el mensaje. El Ministerio Público le concedió medidas cautelares de protección de conformidad con los protocolos nacionales.
• El 16 de diciembre de 2024, una jueza otorgó medidas cautelares a la senadora Lilian Samaniego, a raíz de una denuncia que había presentado en el marco de la Ley N.º 5777 de protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia. En su escrito, la magistrada prohibió a los periodistas Eduardo Dios Kostianovsky, Maricel Thomen, Nelson Valenzuela y Laura Martino proferir improperios o calificativos humillantes o denigrantes contra la legisladora. También les prohibió realizar actos de persecución, intimidación o acoso con el fin de menoscabar su dignidad o de atacarla por su condición de mujer, so pena de apercibimiento por desacato. Actualmente, se siguen empleando órdenes judiciales restrictivas para impedir que los medios cubran temas delicados; de hecho, en el CIVICUS Monitor se documentaron casos similares en agosto y abril de 2024 .

En su informe anual de 2024, la Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay documentó 33 casos de amenazas, actos de censura, agresiones físicas, discursos estigmatizantes, acoso judicial y detenciones arbitrarias que vulneraron la libertad de prensa. Si bien no se registraron asesinatos de profesionales del periodismo en 2024, la impunidad permanece profundamente arraigada en Paraguay, donde alrededor del 90 % de las agresiones contra el gremio siguen sin resolverse. Esta incapacidad para garantizar la depuración de responsabilidades mina la confianza de la ciudadanía en el poder judicial y perpetúa un clima de miedo.

La bancada oficialista intenta restringir la labor de los medios tras la publicación de un reportaje sobre el presidente Peña

El diputado colorado Rodrigo Gamarra, del partido del Gobierno, pidió públicamente que se aprobara una ley de prensa para “regular” la actividad periodística, tras la publicación, el 27 de enero de 2025, de un reportaje de investigación de ABC Color sobre el uso de fondos públicos para gastos de lujo por parte del presidente Santiago Peña. Otros miembros de la bancada oficialista se hicieron eco de la iniciativa, que estuvo acompañada de propuestas para promover restricciones a la libertad de expresión con el fin de garantizar el “respeto”.

Organizaciones de prensa y de la sociedad civil como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Codehupy criticaron la iniciativa y advirtieron que la propuesta podría dar lugar a restricciones indebidas a la libertad de prensa que serían contrarias a las obligaciones internacionales del Estado paraguayo. Además, la Codehupy también señaló que toda legislación de esta naturaleza debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y ser sometida al control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La declaración del diputado busca desacreditar y deslegitimar el periodismo independiente y aviva la preocupación por la libertad de expresión, y podría ejercer un efecto disuasorio sobre la investigación periodística sobre asuntos de interés público.