Contexto
En mayo de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluó la situación de los derechos humanos en Uruguay en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Mediante este proceso, la organización examina el historial de todos los Estados miembros en materia de derechos humanos. Uruguay recibió varias recomendaciones sobre las libertades del espacio cívico en las que se enfatizó la importancia de proteger a los profesionales del periodismo y de defender y fomentar la libertad de expresión.
Varios Estados pidieron que se adopten medidas urgentes y perennes contra las amenazas y las restricciones a la libertad de los medios de comunicación para, de esta manera, garantizar la seguridad de los profesionales del periodismo y para que se investigue de forma imparcial e independiente todo acto de intimidación o de violencia contra el gremio. Además de las recomendaciones sobre la libertad de expresión, un país sugirió que se prestará especial atención a los problemas medioambientales, haciendo hincapié en la necesidad de priorizar la protección del medioambiente mediante la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú.
Libertad de expresión
El nuevo proyecto de ley de medios en el punto de mira por su posible impacto en la libertad de expresión
El 14 de mayo de 2024, el Senado aprobó el proyecto de ley de medios de comunicación 1194/2023, una norma que podría modificar sustancialmente el marco regulatorio de los medios de comunicación. El proyecto de ley fue adoptado mediante un trámite “grave y urgente”, eludiendo el proceso legislativo ordinario, sin haber sido revisado por una comisión ni debatido públicamente.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes de la ley es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, ya que un mismo grupo de medios podría obtener hasta ocho licencias. De ser aprobado por la Cámara de Representantes, el proyecto de ley también reforzaría la posición de cuatro grupos uruguayos que ya poseen más licencias que las que autoriza la legislación vigente.
Además, abriría las puertas a una mayor influencia extranjera en el panorama mediático uruguayo. Actualmente rige la ley n.º 19.307, que establece que las personas físicas o morales extranjeras no pueden poseer más del 49% de un medio audiovisual. Sin embargo, el proyecto de ley eliminaría esta restricción, allanando el camino a un aumento de los contenidos extranjeros. También eliminaría el pago del canon por las licencias de frecuencia, favoreciendo así a los conglomerados mediáticos. La pluralidad y la independencia de los medios de comunicación también suscitan preocupación, ya que podrían verse mermadas aún más bajo la nueva normativa, pues esta se ajustaría a los intereses de los grandes grupos mediáticos nacionales y extranjeros.
El 22 de mayo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su preocupación por un artículo del proyecto de ley que establece que todos los medios de comunicación deben “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos”. La INDDHH subrayó que esta disposición supone una amenaza para la libertad de expresión, ya que impone restricciones indebidas a los contenidos de los medios de comunicación.
La legislación también ha sido duramente criticada por varias organizaciones internacionales que han señalado su posible impacto en la libertad de expresión, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
#Uruguay 🇺🇾 | La @RELE_CIDH externa su preocupación por la aprobación del proyecto de Ley de Medios de Comunicación por parte del Senado de la República el pasado 14 de mayo.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) May 29, 2024
Un informe Cainfo revela un aumento de las agresiones a los profesionales del periodismo y de los abusos de poder por parte del Estado
En su décimo informe anual titulado Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay, Cainfo contabilizó cincuenta y nueve casos de violaciones de la libertad de prensa entre abril de 2023 y marzo de 2024. Si bien esta cifra supone un descenso con respecto a los sesenta y seis casos de 2023 y los sesenta y nueve de 2022, también han aumentado de forma preocupante las agresiones y los ataques.
Este tipo de incidentes se ha duplicado, pasando de seis casos en 2023 a trece en 2024, la cifra más alta desde que la organización comenzó a registrar estos hechos hace diez años. Buena parte de estos casos corresponden a amenazas formuladas por personas no identificadas mediante medios electrónicos, lo que ha dificultado las investigaciones y contribuido a crear una sensación de impunidad. Las organizaciones delictivas estuvieron implicadas en varios casos, lo que pone de relieve la necesidad imperiosa de un mecanismo sólido para proteger a los profesionales del periodismo, similar a los aplicados en otros países de la región.
Los profesionales del periodismo —sobre todo aquellos que cubren casos de corrupción o relacionados con la delincuencia organizada— se encuentran en una situación vulnerable debido a la intensificación de las amenazas y de los actos de intimidación. Por ejemplo, el 23 de marzo de 2024, miembros de las Fuerzas Armadas enviaron un mensaje intimidatorio a Ricardo Pose, periodista y miembro de la Asociación de la Prensa Uruguaya, en el que expresaron su descontento con la manera en la que estaba cubriendo algunos asuntos militares. “Ya lo tienen monitoreado, vos me entendés”, escribieron los autores, con la clara intención de intimidarlo.
La organización también documentó dieciocho casos de denegación de acceso a la información. Por ejemplo, el 31 de marzo de 2024, Fabricio Álvarez, director de TV Florida, denunció ante Cainfo que Andrea Herrera, directora departamental de Salud de Florida, obstruyó el acceso a información esencial en materia de salud pública, puesto que se negó a responder a las solicitudes de FM Florida 89.3, TV Florida y del portal de noticias floridanoticias.com.uy sobre cuestiones sanitarias que afectan a las comunidades locales.
El proyecto de ley sobre contenidos engañosos se enfrenta a la oposición de la sociedad civil
El 9 de abril de 2024, miembros del partido del Gobierno, entre ellos los diputados Rodrigo Goñi, Sebastián Cal y Felipe Schipani, presentaron un proyecto de ley que penaliza la creación y la difusión de contenidos engañosos que busquen desinformar o perjudicar a candidaturas durante la campaña electoral de 2024. La iniciativa legislativa se centra en la divulgación de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial (deepfake), para la que propone penas de entre seis meses y dos años de prisión. Se aplicaría a todos los contenidos difundidos tres meses antes y un mes después de las elecciones, con excepciones para los contenidos paródicos o satíricos. No obstante, los medios de comunicación y las plataformas digitales quedarían exentos de responsabilidad.
Cainfo, Observacom y otras OSC criticaron el proyecto de ley, argumentando que la penalización de la difusión de contenidos falsos no se ajusta a las normas internacionales sobre la libertad de expresión. Advirtieron de que la ambigüedad de las disposiciones del proyecto legislativo podrían conducir a la autocensura y limitar el debate público durante el periodo electoral. Las críticas también se centraron en el carácter desproporcionado de las penas de prisión, ya que en Uruguay la desinformación no tiene la magnitud que presuponen los promotores de la iniciativa.
La Fiscalía archiva una denuncia por antisemitismo contra las manifestantes del Día de la Mujer
Como ya informamos, el 11 de marzo de 2024, el Comité Central Israelita de Uruguay presentó una denuncia penal contra el colectivo artístico Our Voice, por exhibir una figura presuntamente antisemita durante la marcha del Día de la Mujer. El 26 de julio de 2024, medios de comunicación señalaron que la Fiscalía archivó la denuncia y determinó que la performance del colectivo no era constitutiva de un delito de “incitación al odio”.
Our Voice celebró la decisión, que acogió como una victoria, y aseguró que algunos movimientos políticos uruguayos, incluidos los grupos feministas y estudiantiles que apoyan a Palestina, se enfrentan a una persecución creciente.
Un tribunal rechaza una demanda SLAPP contra La Diaria
El 16 de abril de 2024, un juzgado de lo civil de Montevideo desestimó una demanda por difamación contra el periódico uruguayo La Diaria por valor de 450 000 USD. La demanda fue presentada por una ex alta funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, que acusó al medio de publicar contenidos engañosos sobre su papel en un programa respaldado por el Gobierno. En diciembre de 2020, La Diaria publicó una investigación en la que reveló que dicho programa había sido objeto de una investigación penal, sobre todo por varios casos de menores que fueron adoptados por familias adineradas que apoyaban la iniciativa.
La jueza a cargo del caso dictaminó que la investigación de La Diaria trataba de un asunto de interés público y que no constituía un acto ilícito. También subrayó que los funcionarios públicos no gozan de una protección jurídica especial frente a las críticas y que sus acciones están sujetas a examen.
Columbia Global Freedom of Expression aseguró que se trata de una sentencia histórica, ya que es la primera vez que en Uruguay se abordan cuestiones relacionadas con las demandas SLAPP y que se ofrecen garantías sustanciales, a pesar de la ausencia de una legislación específica:
“En este fallo histórico se determinan por primera vez varios aspectos de una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP) y se proponen soluciones. A pesar de que la legislación uruguaya no ofrece ninguna garantía particular contra este tipo de demandas y de que la jueza no empleó el término SLAPP, la sentencia establece varias salvaguardas pertinentes contra ellas. Las demandas civiles como la de este caso constituyen una amenaza y pueden tener un efecto disuasorio sobre los medios de comunicación independientes y los profesionales que se dedican al periodismo de investigación”.
Reunión pacífica
Enfrentamientos entre policías y el sector pesquero durante una protesta sindical en Montevideo
El 5 de junio de 2024, miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la capital. La protesta había sido convocada para denunciar una restricción que les impide trabajar durante seis meses debido a acciones atribuidas a empresas privadas; sin embargo, degeneró en un enfrentamiento con la policía.
Si bien al principio solo un grupo reducido de policías vigilaba la protesta, más tarde, a medida que aumentaba la tensión, empezaron a llegar refuerzos, incluidas cuatro furgonetas con más agentes. La situación se agravó y la policía disparó balas de goma para dispersar a las personas manifestantes. Mandos policiales aseguraron que su objetivo era garantizar la libre circulación, tal y como exige la ley. Al menos un manifestante resultó herido.
En respuesta, el Secretariado Ejecutivo del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) —la mayor confederación sindical del país— publicó un comunicado en el que condenó la respuesta policial. El sindicato sostuvo que el uso de balas de goma y de perdigones constituye una violación grave del derecho de reunión pacífica, un derecho fundamental protegido por la Constitución uruguaya.
La 29.ª edición de la Marcha del Silencio pide justicia para los desaparecidos
El 20 de mayo de 2024 tuvo lugar la 29.ª edición de la Marcha del Silencio, convocada por la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Una multitud silenciosa marchó por las calles de Montevideo reclamando justicia bajo el lema “Ellos saben dónde están. Exigimos respuestas”.
En la marcha de este año participaron personas de distintas generaciones y de diversos orígenes que se reunieron para honrar la memoria de las 197 personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1985). Las personas manifestantes portaban imágenes de las personas desaparecidas que recordaban a la nación su incesante búsqueda de verdad y justicia.
La Marcha del Silencio se celebra cada año el 20 de mayo, en conmemoración del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo en Argentina, en 1976. La marcha no solo destaca por la participación masiva de la ciudadanía, sino también por su repercusión posterior. Profesionales del mundo del cine, la música, el deporte y la fotografía apoyan la causa y usan su posición como altavoz para fomentar la memoria y denunciar el terrorismo de Estado.