Perú: asesinan a líder Awajún mientras que la comunidad se opone a la minería en su territorio

Reunión pacífica

Awajunes y wampis se oponen a proyecto minero

El 10 y el 11 de febrero de 2020 miembros de las comunidades peruanas awajún y wampis convocaron manifestaciones frente a la sede del gobierno regional de Amazonas para denunciar una supuesta acción del gobierno que facilitaría la licencia para proyectos de minería en sus territorios. Cientos de personas participaron en estas manifestaciones convocadas por seis organizaciones de pueblos indígenas. Afirman que el gobierno regional concedió un reconocimiento oficial a dos comunidades de mineros en territorio awajún. Estas organizaciones afirman que se trata de una maniobra cuyo objetivo es favorecer a la empresa Afrodita SAC. Esta empresa busca obtener un permiso para el desarrollo de un proyecto minero en un área destinada a la creación de un parque nacional. "Necesitan tener una comunidad nativa para implementar mineras con legalidad", explicó un líder indígena a Wayka, un medio independiente. "Esas nuevas comunidades van a tener la autonomía y los derechos de un pueblo indígena, a pesar de que allí están camuflados mineros que quieren avanzar con la consulta previa para la aprobación de la actividad minera".

Según medios locales los manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas del orden, cuya intervención se saldó con al menos ocho heridos, dos de ellos con heridas graves. Tras las manifestaciones, el 12 de febrero de 2020 el gobierno regional anuló el controvertido reconocimiento oficial. El 27 de febrero de 2020 las comunidades indígenas de la Amazonía peruana organizaron otra manifestación en defensa de sus vidas y territorios tras el asesinato del miembro awajún, Américo Entsakua Santiak, tal y como detallamos en la sección Asociación de esta actualización.

Asociación

Torturan y asesinan a líder de la comunidad awajún

El 13 de febrero de 2020, Américo Entsakua Santiak, líder de la comunidad indígena awajún de Pumpshat fue hallado muerto con signos de tortura en Santa María de Nieva, Condorcanqui, departamento de Amazonas. Según informaciones publicadas en los medios, sus asesinos le habían cortado la lengua y los dedos. El asesinato se produjo días después de que las comunidades awajún y wampis organizaran varias manifestaciones en defensa de sus territorios, hecho que hizo sospechar que su muerte podría estar relacionada con los intereses mineros en la región. En la sección Reunión pacífica de esta actualización encontrará más información sobre dichas manifestaciones.

La coalición de la sociedad civil Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también advirtió que otro líder awajún había recibido amenazas tras las manifestaciones.

Defensores de derechos de los humanos en peligro

Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, hizo una visita oficial a Perú entre el 21 de enero y el 3 de febrero de 2020. Forst declaró en su informe de conclusión de misión que se había reunido con más de 475 defensores de los derechos humanos y representantes del gobierno y de la sociedad civil. A partir de estos testimonios Forst concluyó que una gran cantidad de defensores de los derechos humanos en Perú no cuentan con un entorno seguro y favorable en el que puedan llevar a cabo sus actividades. Según el relator, las personas defensoras de los derechos humanos peruanos señalaron que a menudo se enfrentan a amenazas, agresiones físicas y actos de acoso, intimidación y criminalización. Forst también destacó el acoso judicial contra las personas defensoras, en espacial contra aquellas que luchan por causas medioambientales.

En su informe afirma que los ecologistas y activistas del derecho a la tierra, en particular las comunidades indígenas y etnoterritoriales, son las que corren mayor peligro en el país. Estas comunidades se enfrentan "a campañas de desprestigio, a la exclusión de los foros de toma de decisiones, a la criminalización, incluso a juicios basados en falsas acusaciones, a detenciones ilegales, a la vigilancia, a amenazas, a la violencia y a asesinatos". Por último, Forst detalló una serie de medidas claves y propuso siete principios que ayudarían al gobierno peruano a desarrollar sus políticas y estrategias para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. El informe completo se publicará durante el primer semestre de 2020.

Expresión

Amenazan a varios periodistas en Huaraz

Dos periodistas del medio digital Noticiero Libre de la ciudad de Huaraz, departamento de Áncash, denunciaron haber sido objeto de actos de acoso tras informar sobre los presuntos vínculos entre un miembro del Congreso peruano y el crimen organizado. Según informaciones publicadas en los medios, el 30 de enero de 2020 un usuario de Facebook y defensor de una congresista habría amenazado de muerte a Hugo Gonzáles Henestroza. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) buscó la información de contacto de la persona que formuló la amenaza, pero no logró encontrarla. Por su parte, Yldefonso Espinoza, periodista del mismo medio, afirmó que fue testigo en varias ocasiones de cómo un vehículo sin placa vigilaba su domicilio en Huaraz. El 3 de febrero de 2020 ambos comunicadores enviaron sendas cartas al Ministerio del Interior en las que solicitaban protección policial. Un representante del Ministerio del Interior anunció al CPJ que ambos casos estaban siendo evaluados.

Grupo religioso prosigue su acoso judicial contra periodista

La periodista peruana Paola Ugaz se enfrenta a cinco querellas por difamación presentadas por miembros del grupo religioso Sodalitium Christianae Vitae (SVC). Como habíamos señalado anteriormente en el CIVICUS Monitor, personas vinculadas a SVC han acosado a Ugaz durante varios años. En diciembre de 2019 los miembros de SVC le notificaron dos querellas adicionales. La periodista también denunció el continuo acoso al que enfrenta en las redes sociales y sus sospechas de que su correo electrónico y teléfono habían sido pirateados. La labor periodística de Ugaz expuso presuntas prácticas del grupo religioso: abusos físicos, psicológicos y sexuales de menores. En 2015, Ugaz y el periodista Pedro Salinas publicaron conjuntamente el libro titulado Mitad Monjes, Mitad Soldados basado en su investigación periodística de SVC. En 2017, una investigación interna reveló que el fundador del grupo, Luís Fernando Figari, y otros exmiembros de alto rango habían abusado de al menos 36 personas, entre ellas 19 menores.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y las asociaciones nacionales de prensa han expresado su preocupación por las acciones legales contra la periodista y han condenado el uso de querellas como instrumento para intimidar y desalentar a los periodistas a través del acoso judicial sistemático.