Desde septiembre de 2021, grupos de la sociedad civil panameña se han manifestado de forma pacífica contra las reformas electorales que se debaten en la Asamblea Nacional. El 14 de septiembre de 2021, unas cinco mil personas se manifestaron para mostrar su rechazo a las modificaciones unilaterales que han introducido los legisladores al proyecto de ley 544 sobre la reforma del Código Electoral, el cual se había negociado durante meses en una comisión multisectorial. La controversia que suscitaron dichos cambios sin consulta ya había conducido a los magistrados de la Corte Electoral a abandonar las discusiones sobre el proyecto de ley a principios de septiembre de 2021.
Los manifestantes afirmaron que los legisladores habían actuado de forma autoritaria y opaca. Grupos feministas denunciaron la eliminación de artículos sobre la promoción de la igualdad de género en los partidos políticos y la participación de las mujeres en la política. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la delegación Panameña de Transparencia Internacional, aseguró que los legisladores actuaron de manera oportunista con el fin de promover un proyecto legislativo que reducirá la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las elecciones. También denunciaron que el proyecto de ley contenía artículos que aumentaban el techo de la financiación privada de las campañas y reducían el plazo de prescripción para los delitos electorales, entre otros. A pesar de las críticas, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto sobre la reforma electoral bajo la denominación de ley 247, la cual fue promulgada mediante su publicación en la Gaceta Oficial el 22 de octubre de 2021.
Tras la aprobación de la ley, los manifestantes volvieron a las calles de Ciudad de Panamá con pancartas en las que se podía leer lemas como "¡Basta ya!" y "Quiero un país sin políticos corruptos." La movilización la habían convocado los sindicatos y los allí presentes también criticaron las políticas del Gobierno, ya que no combaten la desigualdad, según ellos.
Expresión
Comunicado ante la imputación de cargos de “supuesta violencia de género” a Mauricio Valenzuela de la plataforma digital @focopanama pic.twitter.com/sqyNZAaFSe
— Fórumdeperiodistas (@fperiodistaspma) September 8, 2021
En octubre de 2021, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó el Índice de Chapultepec 2021, el cual mide las libertades de expresión y de prensa en las Américas. Según sus conclusiones, Panamá se encuentra entre los países de la región que cuentan con "pocas restricciones" a estas libertades y ocupa el noveno puesto de veintidós. Sin embargo, durante la Asamblea General de la SIP de octubre, un informe sobre Panamá suscitó preocupación por el creciente uso de acciones legales para intimidar y fomentar la autocensura entre medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión. Otro problema es la falta de cumplimiento de las leyes de acceso a la información, sobre todo en cuanto al uso de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, la SIP destacó el caso del periodista Mauricio Valenzuela del medio digital Foco Panamá, a quien el Ministerio Público acusó de un presunto delito de violencia de género el 1 de septiembre de 2021. A principios de ese año, la diputada oficialista Zulay Rodríguez se querelló contra él por un reportaje de 2019 en el que un empresario acusaba a Rodríguez de mala praxis. El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas publicaron un comunicado de apoyo a Valenzuela en el que afirmaron que los cargos que se le imputan buscan censurarlo mediante la manipulación de derechos esenciales.
#Panamá 🇵🇦 | Miles de personas marcharon contra la reforma electoral y la corrupción 🔻 https://t.co/JvTqk3sWLg
— Nodal (@InfoNodal) September 15, 2021