Panamá: manifestaciones generalizadas contra la mayor concesión minera para la explotación de cobre

Reunión pacífica

Manifestaciones contra la renovación del contrato para la explotación de la mayor mina de cobre en Centroamérica

Desde agosto de 2023, se ha producido un aumento significativo de las protestas en oposición al contrato suscrito entre el Gobierno panameño y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals Limited, una multinacional minera canadiense.

Comunidades indígenas, organizaciones campesinas, activistas sindicales, docentes, estudiantes, exdirigentes políticos, constitucionalistas, líderes religiosos y otros grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por las consecuencias sociales y medioambientales del proyecto. También han pedido que se rescinda el nuevo contrato minero y han exigido que se celebre un referéndum nacional sobre este tema.

En marzo de 2023, el Gobierno panameño suscribió un contrato de veinte años, prorrogables, con Minera Panamá para continuar la explotación de una mina de cobre en la provincia de Colón, una región con una gran biodiversidad a 120 kilómetros al oeste de la capital. Es la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica y representa alrededor del 4% del PIB de Panamá.

Asimismo, las preocupaciones por el impacto medioambiental han ido en aumento en los últimos años. El 17 de julio de 2023, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá. El CIAM alegó que la decisión del Gobierno viola el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que Panamá ratificó en 2020.

El 28 de agosto, cientos de personas se congregaron frente a la Asamblea Nacional mientras se celebraba el primero de los tres debates para la aprobación del Proyecto de Ley N.º 1043, que debía validar el contrato de concesión. La agencia de noticias EFE informó que un grupo reducido de manifestantes retiró las barreras de protección que habían sido colocadas alrededor de la sede parlamentaria y lanzó bolas de pintura contra la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos. También se reportaron algunas personas heridas de forma leve.

En septiembre de 2023, tras los debates en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, la sociedad civil se movilizó para instar a las y los legisladores a rechazar el acuerdo. En concreto, miles de personas se manifestaron en Ciudad de Panamá el 5, el 13 y el 16 de septiembre para pedir que se proteja el medioambiente y se limiten los permisos para la expansión de la actividad minera.

El 28 de septiembre, integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), uno de los grupos sindicales más poderosos del país, se manifestaron frente a la Asamblea Nacional. Ese mismo día, la Comisión de la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que solicitaba al Poder Ejecutivo la retirada el Proyecto de Ley N.º 1043, y también recomendó varias modificaciones para dar respuesta a las preocupaciones sobre la expropiación de tierras, el espacio aéreo y la soberanía.

En octubre de 2023, estallaron protestas multitudinarias tras la aprobación de la Ley 406 el 20 de octubre de 2023, que otorga derechos de explotación a Minera Panamá. A raíz de ello, se produjeron grandes manifestaciones en el país para exigir al Gobierno que rescinda el contrato de concesión. El 23 de octubre, manifestantes bloquearon carreteras y profesionales de la sanidad y la educación declararon una huelga general de 48 horas. Al día siguiente, el sector médico prorrogó la huelga general por 72 horas más.

Durante la manifestación en Ciudad de Panamá, CNN en Español informó que manifestantes lanzaron piedras y otros objetos a la policía, quien uso gases lacrimógenos y armas para dispersarlos, y detuvo a treinta personas.

En previsión de una nueva oleada de marchas más multitudinarias, tanto el Ministerio de Educación como la Universidad de Panamá decidieron suspender las clases el 23 y el 24 de octubre, pero más tarde extendieron la medida al resto de la semana.

El 24 de octubre, la agencia de noticias EFE informó sobre enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la provincia de Colón y en Ciudad de Panamá. Los hechos se produjeron después de que las personas manifestantes lanzaran piedras a agentes frente a la sede de la formación gubernamental, el Partido Revolucionario Democrático, y en el recinto de la Asamblea Nacional. Ante estos hechos, la policía respondió con gases lacrimógenos. Según datos de la Policía Nacional, 445 personas fueron detenidas durante los cinco días de protestas.

El 27 de octubre, la sociedad civil afirmó que permanecerá en las calles y seguirá activa en las redes sociales hasta la derogación de la Ley 406. Desde finales de octubre de 2023, se han registrado manifestaciones de solidaridad frente a las oficinas de First Quantum Minerals en Toronto, Canadá, y ante la Embajada de Panamá en Londres, Reino Unido.

Estas protestas constituyen un importante desafío para el actual gobierno del presidente Laurentino Cortizo, quien finalizará su mandato quinquenal en menos de un año, y son consideradas como las manifestaciones de mayor calado desde la movilización masiva en julio de 2022, en las que miles de personas salieron a la calle para expresar su preocupación por la subida del precio de los alimentos y los combustibles.

Libertad de expresión

El Ejecutivo retira un proyecto de ley que podría haber obstaculizado el derecho al acceso a la información

El 14 de septiembre de 2023, el Consejo de Gabinete aprobó la retirada de la Asamblea Nacional del proyecto de ley 1031. Dicho proyecto de ley pretendía sustituir a la Ley 6 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2002, que estaba siendo revisada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La retirada se produjo después de que la Sociedad Interamericana de Prensa y varias organizaciones de la sociedad civil expresaran su preocupación por el proyecto de ley 1031, que, según ellas, imponía limitaciones importantes al derecho de acceso a la información, entre ellas, disposiciones restrictivas a la competencia de los tribunales frente a la ejecución de los recursos de habeas data.