México: continúan las agresiones a periodistas

Libertad de expresión

En julio fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Martín Sánchez, veterano corresponsal del diario La Jornada, cuya desaparición había sido denunciada. Martín contaba con más de treinta años de experiencia y cubría la actualidad política regional. Antes de su muerte, publicó un reportaje sobre actos de corrupción perpetrados por un destacado político local. Su cuerpo apareció acompañado de dos notas, lo que sugiere que podría haber sido asesinado por su labor periodística. La Jornada ya había perdido a dos de sus corresponsales más conocidos: Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua en marzo de 2017, y Javier Valdez, asesinado en Sinaloa en mayo del mismo año.

El 15 de julio fue asesinado a tiros en Acapulco el periodista y director del medio Lo Real de Guerrero Nelson Matus. Los hechos se produjeron en un estacionamiento cuando el informador estaba por subirse a su automóvil, después de salir de un comercio. Matus trabajó como periodista durante quince años y se había especializado en crónicas policiacas. La fiscalía del estado de Guerrero informó que había abierto una investigación.

En julio desaparecieron dos periodistas del medio Crítica ADN, de Nayarit; las autoridades los encontraron con vida por separado. Jonathan Lora Ramírez relató que hombres armados irrumpieron en su domicilio y lo secuestraron el 7 de julio. Apareció ileso al día siguiente. Al parecer, Osiris Maldonado estuvo desaparecido durante casi una semana, pero posteriormente fue hallado con vida. Article19 pidió a las autoridades locales que tomaran medidas para mejorar la protección de los periodistas en la región de Nayarit.

Claudia Guerrero Martínez, periodista y editora en Guerrero, hizo saber que la Fiscalía del estado de Veracruz la está investigando bajo falsas acusaciones debido a sus reportajes sobre delitos perpetrados en dicha localidad. Asegura que la investigación está relacionada probablemente con una publicación sobre una persona llamada «N», vinculada a presuntos actos de corrupción. Los cargos que se le imputan dificultan su labor periodística.

Libertad de asociación

En junio dos militantes ecologistas fueron asesinados en sendos ataques. Amistades y personas del entorno profesional afirman que ambos homicidios podrían haber sido premeditados. Álvaro Arvizu habría sido asesinado con un hacha, al parecer en represalia por su trabajo en defensa de los bosques y los recursos hídricos de unas montañas cercanas a Ciudad de México. También fueron agredidos dos compañeros de Arvizu durante el ataque. Sus amigos rechazan la versión de las autoridades, quienes aseguran que se trata de un robo frustrado, ya que los agresores no se llevaron la mayor parte del costoso equipo científico que llevaban con ellos. Un día antes del asesinato de Arvizu, también fue asesinado Cuauhtémoc Márquez, un apicultor y ecologista que había participado activamente en campañas contra la contaminación del agua y contra actividades extractivas. Cuauhtémoc había denunciado que había recibido amenazas.

Reunión pacífica

El 25 de junio, miles de personas acudieron al llamado de organizaciones animalistas y se manifestaron en Ciudad de México y otras localidades para exigir el fin de la violencia contra los animales y para reclamar penas más severas en los casos de abusos y de crueldad. Los manifestantes se reunieron en el Zócalo capitalino y enarbolaron pancartas y carteles en los que se podía leer: «No más maltrato animal», «Cárcel para los asesinos de animales» o «Penas más duras para los maltratadores». Entre otras reivindicaciones, los manifestantes reclamaron la modificación del artículo 73 de la Constitución, que trata de la protección y preservación del medioambiente, para que el Congreso pueda legislar sobre el bienestar animal.

Un grupo independiente de expertos que investigaba la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio en 2014 anunció que se retiraba de la investigación porque el Gobierno no les facilitó informaciones esenciales. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está formado por profesionales de medicina y de la abogacía, quienes investigan la desaparición de los estudiantes. A principios de julio, tras presentar su informe final sobre la investigación, los expertos afirmaron que se enfrentaban a una serie de obstáculos por parte del Gobierno federal. «Para que se haga justicia, la Fiscalía debe denunciar la denegación del acceso a informaciones existentes para la investigación de hechos atroces como estos», destacó el GIEI.