Reunión pacífica
La población toma las calles tras la suspensión de las elecciones
El 16 de febrero de 2020 la República Dominicana decidió de forma abrupta la suspensión de las elecciones municipales en todo el país cuando ya estaban en curso. Los miembros de la Junta Electoral se habrían dado cuenta de que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico varias horas después del comienzo de la votación. Ante esta situación la Junta Central Electoral de la República Dominicana tomó la decisión de suspender las elecciones.
Esto provocó una crisis de confianza política en todo el país que condujo a que miles de ciudadanos tomaran las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero de 2020 decenas de personas se reunieron frente a la sede de la Junta Central Electoral para exigir la renuncia de toda la Junta y el respeto de la democracia. El 27 de febrero de 2020, día en el que el país celebra su independencia, se produjo una manifestación multitudinaria cuyos manifestantes exigían una investigación sobre lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. Desde Nueva York hasta Praga, los miembros de la diáspora dominicana de todo el mundo organizaron varias manifestaciones solidarias para mostrar su apoyo a la democracia en su país. Según informaciones publicadas en la prensa, numerosos manifestantes expresaron su desconfianza hacia el partido del gobierno, afirmando que trató de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente.
La celebración de las elecciones municipales quedo fijada para el 16 de marzo de 2020 y se llevaron a cabo a pesar de la pandemia por coronavirus que, según los medios, habría afectado a las campañas electorales y a la participación de los votantes. La votación se realizó unicamente mediante el uso de papeletas de voto, en conformidad con lo dispuesto por la Junta Electoral Central. Varios observadores externos estuvieron presentes durante el proceso y la Junta solicitó la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la auditoría del sistema de voto automatizado que había presentado fallos.
Expresión
Periodista se enfrenta a acusaciones de difamación por denunciar actos de corrupción
Authorities in the Dominican Republic should drop criminal charges against Marino Zapete and stop pursuing criminal defamation cases against journalists.
— CPJ Américas (@CPJAmericas) January 23, 2020
Tomorrow, a court is scheduled to try Zapete on charges based on his reporting on alleged corruption.https://t.co/dGVZIcHl8T
El periodista Marino Zapete se enfrenta a acusaciones de difamación debido a su labor periodística sobre presuntos actos de corrupción. Zapete trabajaba como periodista para la televisión local Teleradio America, donde solía presentar el programa de noticias El Jarabe. El 25 de septiembre de 2019, en su programa de noticias, el periodista afirmó tener pruebas de que Maybeth Rodríguez, hermana del fiscal general Jean Rodríguez Sánchez, se había beneficiado ilícitamente de proyectos de infraestructura pública. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Maybeth Rodríguez envió una carta a Zapete negando todas las acusaciones en su contra y el 7 de noviembre de 2019 interpuso una querella por difamación contra Zapete.
Según la legislación dominicana, de ser hallado culpable, Zapete podría enfrentarse a una pena de hasta a seis meses de carcel y a una multa de hasta 20 000 pesos dominicanos (370 USD). Tal y como señalamos anteriormente en el CIVICUS Monitor, en el 2016 el Tribunal Constitucional del país anuló siete artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento (Ley 6132) que imponía sanciones penales por los llamados "delitos de prensa". Sin embargo el país sigue imponiendo sanciones penales por difamación en algunos casos. La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional fijó el juicio de Zapete para el 16 de abril de 2020.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó su apoyo a Zapete y condenó el acoso judicial del que es víctima. La coordinadora de programas para América Central y del Sur del CPJ, Natalie Southwick, afirmó:
"Los periodistas deben poder informar sobre asuntos de interés público sin tener que enfrentarse a sanciones penales y a la posibilidad de cárcel. Las autoridades de la República Dominicana deben suspender el proceso penal contra Marino Zapete y deben reformar las leyes nacionales para derogar las disposiciones penales sobre la difamación de una vez por todas".