LOS TRABAJADORES URUGUAYOS VAN AL PARO CONTRA LA REFORMA JUBILATORIA

Reunión pacífica

Durante los primeros meses de 2023, miles de trabajadores se movilizaron y llevaron a cabo por lo menos tres paros contra la ley de reforma de la Seguridad Social promovida por el Gobierno de Luis Lacalle Pou. Dichas movilizaciones fueron convocadas por el sindicato Pit-Cnt.

A pesar de esas manifestaciones populares y del gran debate sobre el tema, el 28 de abril, el Parlamento aprobó la reforma solo con los votos del partido del Gobierno, ya que la oposición no apoyó la propuesta. La reforma eleva la edad de jubilación, que pasa de 60 a 65 años, elimina las jubilaciones anticipadas y reduce las pensiones por viudedad y discapacidad.

Vigésima octava Marcha del Silencio

El 20 de mayo volvió a celebrarse la Marcha del Silencio bajo el lema “¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado”. La movilización fue convocada por el movimiento de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos con el fin de generar presión social para que se esclarezcan las desapariciones y los asesinatos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar que aún siguen impunes. Hasta ahora, se ha confirmado de forma oficial la desaparición de 192 personas.

La primera marcha tuvo lugar el 20 de mayo de 1996; desde entonces, se celebra todos los años el mismo día. Entre las organizaciones que participaron en la marcha se encontraban Jóvenes por la Memoria, grupos políticos ahora integrados en el partido de izquierda Frente Amplio y Crysol, una asociación de expresos políticos y militantes.

Libertad de expresión

Clasificación de la libertad de prensa

Uruguay descendió del puesto 44.º al 52.º en el informe de 2023 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Si bien el país bajó ocho puestos, la caída fue menos marcada que en 2022, cuando el país pasó de 18.º al 44.º puesto.

Según el informe de RSF, “Uruguay tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país” y un panorama mediático “bastante pluralista”. La organización también señala que “la despenalización de los delitos de prensa, la regulación de la radiodifusión comunitaria y el acceso a la información pública crean un entorno de trabajo favorable para los periodistas uruguayos”. A pesar de esto, es evidente que tres grandes grupos siguen concentrando buena parte de los medios de comunicación.

La OSC Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentó su informe anual en mayo de 2023. En él se documentan 66 casos de amenazas a la libertad de prensa que se produjeron entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. En tres años, es la primera vez que no aumentan los casos de amenazas contra la libertad de expresión ni las restricciones al trabajo de los periodistas.

No obstante, Cainfo expresó su preocupación por la “creciente tendencia a la estigmatización del periodismo por parte de voceros gubernamentales”. En 51 casos el Estado fue el responsable de las restricciones y agresiones, lo que lo convierte en el principal perpetrador.

Funcionarios y algunos políticos pusieron en duda estos datos. Por ejemplo, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti cuestionó las conclusiones de ambos informes, argumentando que no se corresponden con la realidad uruguaya y que son producto de la desinformación. En un comunicado, Sanguinetti aseveró: “No creo que en el mundo haya más libertad de prensa que en Uruguay. Reconozco que puede haber países iguales que nosotros, pero más que nosotros, ninguno. Esa es la verdad”.

En relación con este tema y en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 9 de mayo, líderes de la sociedad civil debatieron sobre los retos a los que se enfrenta la libertad de expresión en el país y sobre cómo seguir protegiendo este derecho fundamental. La reunión fue organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática. Además de la concentración de los medios de comunicación, también se mencionaron otros desafíos como la moderación de contenidos por parte de las grandes plataformas digitales, la importancia de reforzar los medios alternativos y la pertinencia de proteger la actual ley de medios.

Observacom informó que varios referentes de la sociedad civil destacaron la relevancia de defender la ley de medios para garantizar los derechos de sectores específicos de la población como los niños y jóvenes, por ejemplo. Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, el Gobierno intentó derogar la ley de medios, pero no lo consiguió.

Libertad de asociación

La sociedad civil exige al Gobierno información sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial

En 2021, preocupado por el aumento de la vigilancia automatizada por parte de la policía uruguaya, Datysoc, un grupo de la sociedad civil formado por expertos, inició una investigación para analizar cómo el Ministerio del Interior estaba usando o planeaba usar un programa de reconocimiento facial automatizado (RFA) adquirido en 2020. También examinó cómo se iba a gestionar la nueva base de datos de identificación facial creada a partir de las fotografías de las cédulas de identidad y pasaportes de toda la población. A raíz de esa investigación, el grupo publicó en marzo de 2022 el informe Fuera de control: uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay.

El Ministerio del Interior no cooperó con la investigación y, de forma ilegal, clasificó como reservada la información pública que había solicitado Datysoc. Tras esto, la organización decidió demandar al Ministerio del Interior para obligarle a facilitar el acceso a la información sobre el programa informático de reconocimiento facial y el uso de los datos biométricos de toda la población. Por consiguiente, solo se facilitó información parcial, lo que demostró que el Ministerio no había cumplido con su obligación de designar a un delegado para la protección de los datos personales ni había llevado a cabo una evaluación de impacto ni había creado protocolos para el uso del RFA. Así pues, en dicho informe, el grupo concluye que el Ministerio gastó casi un millón de dólares, pero afirma ignorar por qué adquirió dicha tecnología. Finalmente, todos estos elementos sirvieron de base para la apertura de un proceso judicial, cuya sentencia todavía está pendiente.