El 13 de marzo de 2020 el gobierno uruguayo promulgó el decreto 93/020 declarando el estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia de COVID-19. Entre otras medidas, este decreto suspendió todas las reuniones públicas y estableció la cuarentena obligatoria para cualquier persona que diera positivo para COVID-19 o que presentara síntomas, así como para aquellos que hayan visitado recientemente zonas de alto riesgo.
Reunión pacífica y expresión
Paquete legislativo preocupa a los defensores de los DD. HH.
El jueves pasado participamos de una audiencia, en la cual manifestamos nuestra preocupación por el impacto negativo de la #LUC en los #derechoshumanos y de su regresividad en los estándares internacionales y regionales en derechos humanos.
— AI Uruguay (@amnistiauruguay) May 25, 2020
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El 23 de abril de 2020, el recién elegido presidente Luis Lacalle Pou y los legisladores de su partido, el Partido Nacional (PN), presentaron un paquete legislativo para que fuera sometido a la consideración de los parlamentarios de forma urgente. A dicho paquete legislativo se lo conoce como la Ley de Urgente Consideración (LUC). El documento incluye más de 500 artículos sobre saneamiento, educación, vivienda y medidas de seguridad, entre otros temas. La Constitución de Uruguay permite al presidente proponer leyes urgentes que se aprobarán de forma automática de no ser rechazadas o remplazadas tras un debate parlamentario de no más de 90 días.
Los políticos de los partidos de oposición y la sociedad civil han enfatizado que la urgencia impuesta a un paquete legislativo tan amplio restringe el debate democrático. Representantes del Frente Amplio declararon que "resulta a todas luces una afectación a las garantías democráticas pretender discutir más de 500 artículos que abarcan los temas más diversos en apenas 75 días". El 25 de mayo de 2020 Amnistía Internacional publicó un comunicado instando a los legisladores a suprimir el carácter de urgente de la propuesta y a crear comisiones que permitan el debate completo del proyecto.
El grupo por la libertad de expresión Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) advirtió que la aprobación de esta ley tal como está redactada "implicaría un claro retroceso en materia de derechos humanos para el país y una violación de convenios internacionales a los que Uruguay adhirió a través de su ratificación parlamentaria". El 8 de mayo de 2020 CAinfo presentó un extenso informe a la comisión parlamentaria encargada de analizar el proyecto de ley y destacó los artículos que podrían limitar la libertad de expresión, de reunión pacífica y al acceso a la información.
Los críticos dicen que la LUC podría limitar los derechos laborales y las protestas sociales. Según el informe de CAinfo, algunos artículos permitirían a los empleadores disolver las huelgas en las que se ocupen los lugares de trabajo y ofrecerían a las fuerzas de seguridad un amplio margen en el uso de la fuerza para impedir, intervenir y reprimir las protestas. A este respecto, CAinfo afirmó que "los artículos cuestionados son el 11,14, 45, 491, 492 y 493 porque implican una violación de la obligación del Estado de garantizar la protesta pacífica y, además de implicar una limitación a su ejercicio legítimo, incurre en una penalización que incumple los estándares universales e interamericanos de los derechos humanos".
En la misma línea, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH) analizó el tema y destacó que algunos de los artículos de la LUC podrían restringir derechos que son fundamentales para la participación cívica. Por ejemplo, esta legislación permitiría a las fuerzas de seguridad detener a los manifestantes y disolver las protestas que afecten a la circulación en espacios públicos o privados, como bloqueos de carreteras o piquetes. La INDDHH considera que las definiciones inscritas en dichos artículos son demasiado amplias y ambiguas, y que otorgan a las fuerzas de seguridad un amplio margen para decidir qué constituiría una protesta "ilegítima". Esto, dijo la institución, no cumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad necesarios para justificar tal limitación de los derechos cívicos. Además, la INDDHH expresó su preocupación por la extensión de los supuestos bajo los cuales los agentes de seguridad podrían recurrir al uso de la fuerza.
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su preocupación por las posibles limitaciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica en la propuesta legislativa. En particular, destacó los artículos que afectan a los derechos digitales, al acceso a la información y a la protesta social. Lanza afirmó que, de aprobarse, esta ley otorgaría "una amplísima discrecionalidad a la Policía para declarar ilegales manifestaciones y otras formas de protesta de la más diversa índole en cualquier espacio". El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también instó a los legisladores a rechazar el artículo 11 de la LUC, ya que según el CPJ, criminalizaría todo comportamiento que "menosprecie, agravie, menoscabe o insulte" a un funcionario policial e impondría penas de prisión de 3 a 18 meses a los condenados.
El 21 de mayo de 2020 un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también comunicó sus inquietudes ante el Senado uruguayo y afirmó que varios artículos podrían constituir una regresión para los derechos humanos en el país.
Protesta contra la LUC
El 14 de mayo de 2020 los grupos de la oposición protestaron contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) frente al Parlamento a pesar de las recomendaciones de distanciamiento social en el contexto de la COVID-19. Las personas en la manifestanción argumentaron que la LUC es regresiva en materia de derechos laborales y de otro tipo, y que los asuntos claves que abarca requieren una mayor discusión que la que permiten los procedimientos de urgente consideración.