En esta actualización se analizan los acontecimientos relacionados con las libertades de expresión, asociación y reunión ocurridos en Bolivia entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
Libertad de asociación
Las personas defensoras del medioambiente de Tariquía se enfrentan a cargos penales
El 14 de enero de 2026, la Fiscalía del municipio de Entre Ríos (departamento de Tarija), en el sur de Bolivia, presentó cargos contra doce miembros de la comunidad de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, un área protegida que alberga una gran biodiversidad, por obstrucción de funciones y atentados contra la libertad de trabajo. Estas acusaciones se derivan de las protestas pacíficas contra las operaciones de exploración de hidrocarburos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la brasileña Petrobras.
Juan Mendoza, miembro de la organización comunitaria Comité de Defensa de Chiquiacá, y otros representantes locales señalaron que las personas acusadas vienen enfrentándose a procesos judiciales desde hace más de un año. Según fuentes, se han abierto otras causas contra varias de las personas defensoras por los mismos hechos, todas ellas relacionadas con intentos para impedir el ingreso de empresas petroleras a la reserva.
En 2025, YPFB presentó una denuncia que dio lugar a la apertura de investigaciones preliminares que desembocaron en la formalización de los cargos, una medida que supone un nuevo paso en la escalada judicial. Aunque en casos anteriores se permitió, por ejemplo, que las personas acusadas permanecieran en libertad, o que participaran en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades han seguido adelante con los procesos penales. A principios de enero de 2026, la Fiscalía también admitió a trámite una denuncia de Petrobras contra 17 personas (16 comunarios y un concejal) por varios delitos, entre ellos asociación delictuosa.
El uso del derecho penal en este contexto ha suscitado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil, que temen que se utilice para acosar por la vía judicial a las personas defensoras del medioambiente. Han advertido que estas actuaciones podrían generar un efecto disuasorio para el ejercicio de los derechos de asociación, reunión pacífica y participación en asuntos medioambientales, especialmente en zonas que concentran intereses económicos estratégicos.
🟩Fiscalía de Entre Ríos presenta acusación formal contra 12 defensores de Tariquíahttps://t.co/IGR5VgyBlo#Tariquía #DefensoresAmbientales
— Sumando Voces (@SumandoVocesBo) January 13, 2026
Reunión pacífica
Las protestas por la supresión de los subsidios a los combustibles desembocan en movilizaciones nacionales
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, una ola de protestas recorrió el país tras la imposición de medidas de austeridad, la profundización de la dependencia de las industrias extractivas mediante el Decreto Supremo n.º 5503 y la eliminación de los subsidios históricos a los combustibles decretada por el Gobierno, que provocó un aumento del precio de la gasolina del 86 % y del diésel del 162 %.
Las movilizaciones se intensificaron en enero. Según la organización ACLED, ese mes se registraron alrededor de 270 protestas, la segunda cifra más alta desde 2018, año en que comenzó a monitorear la situación en Bolivia. Encabezadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) —la mayor organización sindical del país—, sindicatos docentes y algunos grupos indígenas, las manifestaciones se desarrollaron mayoritariamente de forma pacífica en ocho departamentos y casi la mitad de ellas se concentraron en La Paz. Las protestas se redujeron tras un acuerdo entre el Gobierno y la COB para derogar el Decreto Supremo n.º 5503 y promulgar uno nuevo el 12 de enero de 2026; no obstante, el Ejecutivo mantendría la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Las protestas comenzaron el 19 de diciembre con huelgas en las principales ciudades encabezadas por transportistas y rápidamente desembocaron en manifestaciones de mayor envergadura. Para el 22 y 23 de diciembre, cientos de personas manifestantes ya habían cortado carreteras en varios departamentos. Los medios de comunicación informaron que la tensión se exacerbó el 23 de diciembre, cuando la policía utilizó gases lacrimógenos después de que las personas manifestantes intentaran entrar en las zonas restringidas próximas a la plaza Murillo, donde se encuentra la sede del Gobierno. Algunas personas manifestantes habrían detonado petardos, fuegos artificiales y, presuntamente, dinamita. Según informes preliminares, al menos cuatro policías resultaron heridos y doce personas manifestantes fueron detenidas.
El 30 de diciembre, durante el octavo día consecutivo de protestas en La Paz, grupos de mineros presuntamente habrían empleado dinamita y fuegos artificiales contra las fuerzas policiales cuando intentaban romper las barreras de seguridad que rodeaban la Asamblea. En respuesta, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma para dispersar a cientos de manifestantes. Según los informes oficiales, no se produjeron detenciones tras los enfrentamientos.
Nuestra protesta no es solo contra la eliminación del subsidio (a los combustibles), sino también contra este maldito decreto que endeudará al país y a las nuevas generaciones.
- Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana.
El 5 de enero de 2026, una movilización multitudinaria organizada por la COB y grupos aliados congregó a miles de personas en el centro de la capital. Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía utilizó gases lacrimógenos. La Defensoría del Pueblo confirmó que al menos doce personas manifestantes resultaron detenidas. Además, un docente universitario de la tercera edad resultó herido tras ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno. También se registraron múltiples actos de violencia contra periodistas durante la manifestación (ver Libertad de expresión). Las autoridades informaron de daños materiales en propiedades públicas y privadas, y la policía se disculpó parcialmente con los vecinos afectados por el uso de gases lacrimógenos para disolver la manifestación.
Tras la ruptura del diálogo, el 6 de enero la COB convocó un bloqueo indefinido en todo el país que aumentó la presión sobre las autoridades. Estas últimas documentaron 50 puntos de bloqueo el 10 de enero y 69 al día siguiente, principalmente en el departamento de La Paz. Estos cercos parciales en torno a las ciudades de La Paz, Potosí, Cochabamba y El Alto restringieron la circulación por las principales vías de comunicación y perturbaron el transporte de mercancías, el suministro de alimentos y el turismo.
El 12 de enero de 2026, tras una movilización constante y negociaciones, el Gobierno acordó derogar el Decreto Supremo n.º 5503 y sustituirlo por otro. Pese a esto, otras medidas económicas clave, incluida la retirada del subsidio a los combustibles, se mantuvieron en su mayoría.
El proyecto de ley “antibloqueo” suscita preocupación por la libertad de reunión pacífica
El 15 de diciembre de 2025, el diputado Carlos Alarcón, miembro de la coalición Comunidad Ciudadana, presentó el proyecto de ley “antibloqueo” (PL-094/2025) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los partidarios de la iniciativa afirmaron que la propuesta busca proteger la libertad de circulación y reducir las perturbaciones económicas, aunque reconocieron que los cortes de carreteras son una forma de protesta habitual en el país.
El proyecto de ley tipifica como delito todos los bloqueos de carreteras y establece penas de entre tres y seis años de prisión para los infractores, que se agravarían con penas de entre cinco y ocho años para los organizadores y con entre diez y veinte años en caso de que se produzcan actos violentos. Además, estas penas podrán acumularse hasta alcanzar un máximo de treinta años (artículo 2).
Otro aspecto crucial: el proyecto de ley establece explícitamente que el bloqueo “no está legal ni legítimamente reconocido como medio o instrumento para el ejercicio de derechos constitucionales” (artículo 5). La severidad de las penas parece desproporcionada para una acción que, en muchos casos, puede constituir un acto de protesta pacífica. Además, los bloqueos de carreteras son frecuentes durante las protestas sociales y al criminalizarlos a todos, sin distinción, existe el riesgo de que el proyecto de ley imponga restricciones sustanciales al derecho de reunión pacífica.
Organizaciones de la sociedad civil y juristas han expresado su preocupación por la posible incompatibilidad de la propuesta con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Han advertido que el texto adopta un enfoque punitivo, con definiciones amplias y penas severas, que podría dar lugar a una aplicación arbitraria y perjudicar a los movimientos sociales y a las voces disidentes. También les preocupa la protección adicional que se otorga a las fuerzas de seguridad y las amplias disposiciones sobre la responsabilidad civil, ya que podrían limitar la rendición de cuentas en contextos de protesta.
Libertad de expresión
Agreden a profesionales del periodismo mientras cubrían protestas en La Paz
El 5 de enero de 2026, periodistas de varios medios de comunicación sufrieron agresiones físicas y verbales mientras cubrían protestas y bloqueos de carreteras en la capital. Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), manifestantes atacaron a los profesionales del periodismo y al personal de canales de televisión y de la prensa escrita, mientras gritaban “¡Prensa vendida!” e intentaban expulsarlos de los lugares donde se desarrollaban las protestas. También agredieron al cámara de Red Uno, a quien propinaron varios latigazos.
Se registraron incidentes en la plaza San Francisco y en la avenida Mariscal Santa Cruz, en el centro de La Paz. La situación derivó en enfrentamientos de mayor magnitud y, según informes, una manifestante golpeó a un ciudadano por expresar su oposición a los bloqueos. Algunos profesionales del periodismo tuvieron que buscar refugio para evitar que los volvieran a agredir.
La ANP condenó estos actos y expresó su preocupación por la falta de protección efectiva para el personal de los medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad.
Limitan el acceso de la prensa a la toma de posesión del presidente Rodrigo Paz
El 8 de noviembre de 2025, los profesionales del periodismo que cubrían la investidura del presidente Rodrigo Paz en la plaza Murillo, en La Paz, denunciaron restricciones, condiciones de trabajo inseguras y obstrucciones a su labor. La ANP informó que las autoridades confinaron a los trabajadores de los medios de comunicación en espacios reducidos con visibilidad limitada, por lo que no pudieron captar imágenes ni hacer entrevistas. Presuntamente, las fuerzas de seguridad habrían recibido la orden de bloquear el acceso a los medios y de formar barreras físicas que acabarían dificultando aún más la cobertura periodística.
También se exigió a los profesionales del periodismo que permanecieran en las zonas designadas durante más de diez horas bajo una intensa lluvia, sin la protección necesaria. Como consecuencia, los medios de comunicación estatales fueron prácticamente los únicos que pudieron cubrir los momentos clave de la ceremonia, mientras que los medios independientes tuvieron dificultades para obtener material utilizable.
Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa criticaron la situación y afirmaron que hubo una falta de coordinación y que se impusieron restricciones indebidas a la labor de la prensa.