Las agresiones a periodistas revelan un ambiente hostil durante el periodo electoral

Contexto

Las elecciones ponen fin a dos décadas de gobierno del MAS y dibujan un nuevo panorama político

En octubre de 2025, la victoria de Rodrigo Paz, líder del Partido Demócrata Cristiano, quien obtuvo el 54,5 % de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, puso punto final a casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Su triunfo se produjo en medio de la peor crisis económica del país en una generación, marcada por una inflación cercana al 25 %, la escasez de dólares y combustibles, y largas colas para adquirir productos básicos. El programa de Paz incluye programas sociales y medidas para liberalizar mercados, y refleja una visión conservadora en cuestiones de género que genera inquietud dentro del movimiento de defensa de los derechos de la mujer. No obstante, su falta de mayoría en el Congreso complicará todo intento de reforma.

Es probable que el veredicto de las urnas cierre una etapa política importante para Evo Morales, que gobernó el país de 2006 a 2019 y se convirtió en una de las figuras de la izquierda más reconocidas de Latinoamérica. Durante su mandato, aumentó el gasto social y se redujo la pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas. Sin embargo, sus detractores afirman que debilitó las instituciones democráticas al colocar a aliados políticos en tribunales de justicia y organismos electorales.

Libertad de expresión

Agreden e intimidan a profesionales del periodismo durante las elecciones

Las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 estuvieron marcadas por los actos violentos contra la prensa. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció al menos veinte agresiones a profesionales del gremio. En Entre Ríos, una ciudad de la región central de Cochabamba, una turba atacó al candidato presidencial de Alianza Popular Andrónico Rodríguez, cuando salía del colegio electoral José Carrasco, así como a los miembros de la prensa que cubrían la votación. Varias personas no identificadas apedrearon al fotoperiodista de la agencia EFE Claudio Abrego, causándole cortes en la barbilla y la mandíbula y contusiones en el cuello. Posteriormente, el medio local IN Noticias publicó imágenes de las heridas que había sufrido.

La muchedumbre también golpeó a su compañero Jorge Abrego, que acabó con un hematoma considerable en el brazo derecho. En el mismo lugar, varias personas propinaron puñetazos a la periodista de Fem Media Carmen Challapa y le tiraron del pelo, en medio de la confusión que se produjo tras la salida de Rodríguez del recinto electoral. La Asociación de Corresponsales Internacionales de Prensa señaló que un agente de policía siguió y acosó a la periodista radiofónica Emma Bustamante mientras cubría la votación en un colegio de La Paz.

El 16 de septiembre de 2025, personas partidarias del candidato a la vicepresidencia Edman Lara agredieron al menos a cuatro profesionales del periodismo que intentaban obtener declaraciones del aspirante durante un mitin electoral en el mercado Abasto de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande de Bolivia. Miembros del entorno de Lara impidieron que los miembros de la prensa se le acercaran y los empujaron con fuerza. La periodista de DTV Alejandra Quintela informó que los acompañantes de Lara la agarraron del brazo y la empujaron para impedir que le preguntara si firmaría un acuerdo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre respeto mutuo de cara a una posible segunda vuelta electoral. Al cámara de DTV también lo empujaron en repetidas ocasiones. María Ninavia, de Cadena A, denunció una agresión similar, mientras que el periodista Yerko Guevara, de Unitel, fue víctima de un codazo en el estómago por parte de un simpatizante. Testigos aseguraron que varios parientes de Lara participaron en las agresiones.

El candidato se negó a hablar con la prensa, acusó a los periodistas de “distorsionar todo” y denunció una “guerra sucia” promovida por los medios de comunicación. A continuación, animó a la multitud a corear “prensa vendida”, un calificativo en boga en Bolivia para deslegitimar al periodismo independiente. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz condenó las agresiones y advirtió que impedir que se hagan preguntas por la fuerza restringe el debate democrático y permite que las personas candidatas eludan el escrutinio durante un proceso electoral.

Quienes se encargan de verificar datos también estuvieron sometidos a una mayor presión durante las semanas previas a la segunda vuelta de las elecciones de 2025. El Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable para la Sociedad Civil (UE SEE) informó que las plataformas Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, al igual que el periodista independiente Joaquín Martela, fueron objeto de actos de intimidación y de difamación en internet entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2025.

El consorcio internacional registró un aumento de los ataques coordinados en línea después de que las plataformas verificaran tuits racistas publicados en 2010, atribuidos a Juan Pablo Velasco, el candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre. Los equipos de verificación de datos confirmaron que los mensajes procedían de una cuenta registrada por el partido de Velasco, hecho que desencadenó campañas de difamación, actos de intimidación y amenazas de acciones judiciales.

Irrumpen en las instalaciones de Radio Lasser

El 20 de agosto de 2025, varias personas no identificadas irrumpieron en la caseta de transmisión de Radio Lasser, una emisora del municipio de Camargo, en el sur de Bolivia, y provocaron un cortocircuito que interrumpió brevemente las emisiones del medio. Los intrusos forzaron los candados, se introdujeron en las instalaciones situadas en la cima de un cerro y desenchufaron cables, lo que provocó una explosión que manchó la pared de negro y dañó los equipos. Radio Lasser reanudó sus emisiones más tarde ese mismo día.

Juvenal Serrano, director de la emisora, aseguró que se trataba de un atentado contra la libertad de expresión y que los hechos podrían estar relacionados con una publicación reciente en Facebook en la que se criticaba la presencia de militantes del MAS en las celebraciones por la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en las elecciones generales de agosto.

Un cargo público denuncia a un periodista por informar sobre un presunto fraude

El 25 de septiembre de 2025, un funcionario del RUAT (el sistema municipal de registro de vehículos) del municipio de Porongo interpuso una acción judicial contra el periodista de Santa Cruz Elvin Herrera, reportero del medio de investigación El Ojo Ciudadano. El escrito fue presentado después de que Herrera informara en directo sobre supuestas irregularidades en el cambio de la titularidad de vehículos. Los medios de comunicación señalaron que el trabajo periodístico de Herrera ayudó a destapar una trama de fraude más amplia que incluía la concesión de créditos ficticios mediante el uso de vehículos como garantía.

El Ojo Ciudadano condenó la demanda, alegando que buscaba restringir no solo su labor, sino también la de la prensa en general. En un comunicado, el medio señaló que la labor periodística de Herrera y sus denuncias de posibles irregularidades demuestran su compromiso con la ciudadanía.

Libertad de asociación

Minería ilegal en Viacha: ecologistas se enfrentan a amenazas, campañas de difamación e intentos de incendio

El 18 de septiembre de 2025, personas defensoras del medioambiente de la comunidad Sek’e Jahuira y del colectivo Qhana Pukara Kurmi presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo en la que solicitaron medidas de protección en virtud del Acuerdo de Escazú, debido a las amenazas, intimidaciones e intentos de agresión que habían sufrido por denunciar la minería ilegal en Viacha, un municipio cercano a La Paz. Ese mismo día, personas no identificadas intentaron prender fuego a la vivienda de la autoridad indígena Pastor Carvajal, quien posteriormente se vio obligado a pasar a la clandestinidad.

El caso refleja un aumento más general de los riesgos. Desde mayo de 2024, los liderazgos comunitarios han denunciado actividades mineras no autorizadas en las que se utiliza cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Según sus estimaciones, al menos 25 plantas de lixiviación operan sin ningún tipo de supervisión medioambiental. En mayo, las autoridades indígenas interceptaron dos camiones cisterna que transportaban ácido sulfúrico sin la debida autorización, lo que aumentó los temores respecto a las actividades ilegales en curso. Pese a las clausuras temporales decretadas por las autoridades locales, las comunidades denuncian que las empresas siguen explotando impunemente las minas por la noche.

Además, las personas defensoras se han enfrentado a represalias desde que las comunidades multiplicaron sus denuncias públicas, incluida la intervención de Carvajal en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a finales de abril de 2025. Beatriz Bautista, miembro de Qhana Pukara Kurmi, y otros liderazgos han denunciado amenazas de muerte anónimas y campañas difamatorias en redes sociales, y han sido acusados de ser “agitadores financiados desde el extranjero”.

La sociedad civil denuncia la falta de independencia del nuevo comité para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos

El 22 de octubre de 2025, el Gobierno saliente aprobó el Decreto Supremo N.º 5478, que crea el Comité de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos (CPROTEGE-DDHH). El Gobierno enmarcó la medida dentro del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales y la fundamentó en el artículo 256 de la Constitución, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y los informes de 2011 y de 2025 de la Comisión Interamericana. El decreto otorga reconocimiento a las personas defensoras sin necesidad de cumplir condiciones preestablecidas, establece principios rectores y faculta a CPROTEGE-DDHH para evaluar riesgos y dictar medidas administrativas de protección.

El 5 de noviembre de 2025, 41 organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo al decreto, ya que consideraban que vulnera el principio de participación recogido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, que no precisa los recursos que se asignarían al organismo y que carece de mecanismos de rendición de cuentas y de garantías para salvaguardar la independencia de la entidad. Señalaron que el mecanismo no contempla medidas de prevención, análisis de riesgos ni garantías de confidencialidad, a pesar de que las Naciones Unidas y los organismos interamericanos llevan una década instando al Estado boliviano a adoptar una política de protección eficaz. UNITAS subrayó que solo un modelo autónomo, integral y participativo, acorde con las normas internacionales, puede garantizar una prevención, protección, reparación y rendición de cuentas efectiva.

Reunión pacífica

Manifestantes impugnan el resultado electoral mientras circulan por Internet denuncias de fraude sin verificar

El 19 de octubre de 2025, la difusión de denuncias no contrastadas de fraude electoral desencadenó movilizaciones en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre, tras conocerse los resultados preliminares que otorgaban la victoria a Rodrigo Paz en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (ver Contexto). Medios de comunicación locales informaron de al menos diez detenciones, si bien la policía no había publicado ningún comunicado oficial cuando se redactó esta actualización.

En Santa Cruz de la Sierra, las personas manifestantes se concentraron en la rotonda del Cristo Redentor, donde encendieron pequeñas fogatas y bloquearon vías mientras reclamaban una auditoría internacional del recuento de votos. En Cochabamba, grupos autoconvocados marcharon hacia Cala Cala coreando “fraude”. En Oruro, la tensión aumentó cuando simpatizantes de ambos bandos políticos se enfrentaron en la plaza Castro de Padilla, lo que derivó en empujones y el lanzamiento de objetos. En Sucre, las personas manifestantes marcharon hacia el Tribunal Electoral Departamental para exigir la revisión de los resultados preliminares.

Al día siguiente, cientos de personas salieron a las calles de La Paz a impugnar el resultado de las elecciones presidenciales. Si bien Jorge Quiroga felicitó públicamente a Rodrigo Paz (su rival), también anunció que se revisarían las actas electorales, en respuesta a las denuncias de irregularidades sin contrastar difundidas por las redes sociales. Las personas manifestantes, en su mayoría jóvenes, portaban banderas de Bolivia y coreaban “¡fraude!” mientras intentaban acceder a la plaza de Armas, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso. La policía les cortó el paso y las dispersó, tras lo cual se dirigieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para reclamar una auditoría.

Las personas participantes también expresaron su rechazo a las propuestas electorales de Paz y de su compañero de lista Edman Lara: “¡No queremos bonos, queremos trabajo!”, exclamaban. Aclararon que no se trataba de una movilización a favor de Quiroga. Algunas personas citaron supuestas pruebas difundidas en Internet, aunque ninguna ha sido corroborada de forma independiente. En respuesta, el presidente del TSE Óscar Hassenteufel instó a la ciudadanía a que no dieran crédito a acusaciones infundadas y afirmó que “la palabra fraude debería ser desterrada de Bolivia”.

Una manifestación del profesorado en La Paz se intensifica; la policía utiliza gas pimienta y hace retroceder a las personas manifestantes

El 1 de agosto de 2025, miembros del cuerpo docente urbano se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Educación en La Paz para protestar contra presuntas irregularidades en el examen nacional de ascenso de categoría, una prueba que determina la evolución profesional dentro del sistema educativo público. Los miembros del profesorado de varios centros de enseñanza reclamaban una explicación inmediata por parte de las autoridades. La tensión aumentó cuando varios docentes se crucificaron en las rejas de la sede ministerial como medida de protesta simbólica.

Agentes de policía emplearon la fuerza, apartaron a las personas manifestantes de la entrada a empujones y rociaron con gas pimienta a quienes se resistían a abandonar la zona. Miembros del profesorado denunciaron una escalada de agresiones y aseguraron que los agentes los golpearon y les rociaron la cara con gas pimienta, a pesar de que, según ellos, se trataba de una vigilia pacífica. Un profesor mostró su mano ensangrentada a la prensa e hizo un llamamiento a la movilización nacional en respuesta a la actuación de la policía.

Antes de que se produjera la intervención policial, el dirigente sindical cruceño Osmar Cabrera había reiterado las demandas del sector: el esclarecimiento de las supuestas irregularidades en los exámenes, la aplicación de los ascensos automáticos y el cumplimiento de los acuerdos pactados.

Miles de mineros estatales marchan por las calles de La Paz

El 18 de septiembre de 2025, varios miles de mineros empleados por el Estado marcharon por el centro de la capital para exigir al Gobierno que tomara medidas contra la ocupación ilegal de yacimientos estatales por parte de grupos privados. Trabajadores procedentes de las regiones mineras de Oruro y Potosí se desplazaron hasta la capital para denunciar el aumento de los avasallamientos (apropiaciones forzosas de yacimientos de plata, zinc y estaño) y para pedir que se desalojen de inmediato las zonas ocupadas.

La movilización, convocada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), avanzó a lo largo de seis cuadras al grito de “¡basta de avasallamientos!”, “¡basta a los juqueos!” (robo de minerales). Los mineros también detonaron cartuchos recortados de dinamita, una práctica de protesta habitual en el sector minero boliviano, pero no se registraron heridos ni enfrentamientos.

Los trabajadores aseguraron que las cooperativas privadas no cesan de invadir las explotaciones estatales, a pesar de que la ley lo prohíbe. Un representante de COMIBOL, la empresa minera estatal de Bolivia, afirmó que las cooperativas “no respetan los campos que son operados por el Estado”, mientras que el Ministerio de Minería reiteró su política de “tolerancia cero” frente al robo de minerales. Las autoridades no han publicado cifras actualizadas sobre las zonas que permanecen ocupadas.