La nueva ley de medios suscita críticas en vísperas de las elecciones generales

Contexto

Uruguay afronta unas elecciones decisivas

El 27 de octubre de 2024, Uruguay celebrará unas elecciones generales en las que el electorado podrá elegir entre revalidar la coalición de centro-derecha liderada por el presidente Luis Lacalle Pou o dar un giro hacia la centro-izquierda de la mano de Yamandú Orsi, del Frente Amplio. Este último parte como favorito y, probablemente, irá a balotaje frente a Álvaro Delgado, del Partido Nacional ―el partido del Gobierno―, o frente a Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Estas elecciones determinarán el rumbo del país en cuestiones clave, como la reforma de las pensiones y el papel del Estado en la política económica y social.

Además de elegir al nuevo presidente y a los treinta senadores y noventa y nueve diputados que conforman la Asamblea General, el electorado uruguayo se pronunciará en dos referendos de gran calado. El primero fue planteado por el Gobierno y concierne los allanamientos policiales nocturnos, una medida propuesta en respuesta a la preocupación creciente por la inseguridad y la delincuencia organizada. El segundo fue presentado por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y busca anular las recientes reformas de las pensiones que aumentaron la edad de la jubilación y obligan a las personas trabajadoras a cotizar a fondos de pensiones privados.

La CIDH preocupada por las amenazas a la independencia judicial

El 11 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia sobre la independencia del Poder Judicial. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que hay en marcha una estrategia para debilitar la independencia del Ministerio Público mediante presiones políticas, ataques de los medios de comunicación y reformas institucionales, entre ellas la no designación del nuevo fiscal de Corte permanente. Señalaron que estas acciones podrían tener graves consecuencias para la credibilidad del sistema judicial uruguayo, especialmente en las investigaciones sobre casos de corrupción, de violencia de género o de violaciones de los derechos humanos.

Los representantes del Estado insistieron en que el país posee un sólido marco jurídico que garantiza la independencia de los miembros de la Fiscalía y de la Fiscalía General. Arguyeron que las críticas hacia el Poder Judicial son inherentes a las sociedades democráticas y subrayaron que no ha habido ningún impacto directo en el funcionamiento o la independencia de los miembros del Ministerio Público. Asimismo, los representantes del Estado subrayaron que las salvaguardias legales e institucionales necesarias para preservar la independencia judicial siguen activas pese a las restricciones presupuestarias que provocó la pandemia.

Libertad de expresión

Aprobada la ley de medios de comunicación

El 7 de agosto de 2024, la Cámara de Representantes aprobó la nueva Ley de Servicios de Radiodifusión de Contenidos Audiovisuales, conocida como la ley de medios, gracias a los cincuenta votos de la coalición del Gobierno, en un contexto marcado por la fuerte oposición de la sociedad civil y la preocupación por su constitucionalidad y su potencial para socavar la libertad de expresión.

Esto llevó al presidente Luis Lacalle Pou a ejercer el poder de veto que le otorga la Constitución para rechazar el artículo 72 al día siguiente, atenuando así algunas de las amenazas que pesaban sobre la libertad de los medios de comunicación. Como ya informamos, este artículo obligaba a los medios a ofrecer a la ciudadanía información política de manera “completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos”.

Lacalle Pou vetó el artículo por su incompatibilidad con el derecho fundamental a libertad de expresión, aduciendo que podría coartar la independencia de los medios e imponer cargas indebidas a la labor editorial. En el veto también hizo referencia a las obligaciones del país en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, de los principios establecidos por las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, que hacen hincapié en que toda restricción a los medios de comunicación debe ser necesaria y proporcionada, y estar basada en intereses públicos legítimos.

Especialistas en derecho señalaron que la reforma introduce cambios importantes en la normativa sobre los medios de comunicación. En primer lugar, impone nuevas restricciones a los medios y a los profesionales del periodismo a la hora de elegir y de comunicar libremente sus puntos de vista. Las nuevas disposiciones también suavizan las restricciones contra la concentración de los medios de comunicación, lo que supone un riesgo a largo plazo para la diversidad y el pluralismo del paisaje mediático del país. Al mismo tiempo, ciertas facciones de la coalición gobernante intentaron imponer condiciones a la labor de los medios de comunicación, alegando una falta de objetividad en las coberturas periodísticas.

Como informamos en nuestra última actualización, el Senado aprobó estas enmiendas en el marco de una estrategia para simplificar la normativa existente. Los medios de comunicación privados, que se han beneficiado de las medidas económicas y legislativas del Gobierno actual, desempeñaron un papel importante en la concepción de la reforma.

El 25 de septiembre, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión Irene Khan envió un comunicado oficial al Gobierno en el que expresó su preocupación por la compatibilidad de la ley de medios con las normas internacionales en materia de derechos humanos: “Estos cambios legislativos parecen apartarse de los estándares internacionales. Por ejemplo, en su Observación General N.º 34, el Comité de Derechos Humanos destacó la necesidad de adoptar medidas para salvaguardar la diversidad e impedir que se formen monopolios de medios de comunicación”.

Libertad de asociación

Amenazan a un activista que investiga las desapariciones durante la dictadura

El 28 de agosto de 2024, Darío Tassino, sobrino de Óscar Tassino —desaparecido por la dictadura en 1977— recibió una amenaza a la salida de un supermercado en Montevideo. En su vehículo llevaba una bandera de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, una organización defensora de las víctimas de desapariciones forzadas durante el régimen militar.

Tassino aparcó cerca del establecimiento y entró acompañado por su esposa. Al volver, encontró una nota pegada en la puerta del auto en la que se podía leer: “Yo sé dónde están y vos podés terminar igual”. En un vídeo que publicó en redes sociales, relató el incidente y planteó la posibilidad de que la bandera en su vehículo pudiera haber motivado la amenaza. La insignia representa los incesantes esfuerzos de la organización para conocer la verdad sobre las desapariciones forzadas.

Tassino se encontró por casualidad con el ministro del Interior Nicolás Martinelli en el mismo supermercado y le contó lo sucedido. Martinelli aconsejó a Tassino que presentara una denuncia en una comisaría y así lo hizo.

El 30 de agosto de 2024, pocos días después de que se produjeran los hechos, la Suprema Corte de Justicia confirmó en una sentencia histórica la condena de los militares Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas por la desaparición forzada de Óscar Tassino. Era la primera vez que la Suprema Corte reconocía oficialmente una desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad desde la tipificación de esta violación en la legislación nacional en 2006.

El momento en el que se produjo la amenaza hace temer posibles represalias o actos de intimidación contra familiares de personas desaparecidas durante la dictadura, especialmente a la luz de esta sentencia histórica.

Dirigente sindical denuncia actos de vigilancia ilegales

El 6 de junio de 2024, los periódicos Búsqueda y La Diaria publicaron sendos reportajes de investigación que revelaron actos de vigilancia ilegales contra Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, por parte de Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou.

Esta vigilancia presuntamente implicaría el uso indebido de cámaras operadas por el Estado y gestionadas por el ministerio del Interior. Según ambos medios, el incidente remontaría a febrero de 2022, cuando Abdala se vio implicado en un accidente de tráfico. Búsqueda también informó que la Fiscalía estaba investigando el uso indebido de recursos policiales para vigilar a Abdala.

Otras revelaciones indican que Astesiano informó al presidente Lacalle Pou de los movimientos de Abdala a través de WhatsApp, incluidos detalles de una investigación de la Brigada Antidrogas sobre una boca de venta de sustancias ilícitas que Abdala habría visitado presuntamente. Posteriormente se descartó que el establecimiento estuviera implicado en actividades ilegales de narcotráfico.

Especialistas en derecho señalaron que estos actos ilegales pueden suponer una violación del derecho de Abdala a la libertad de asociación, ya que, al parecer, estaría siendo investigado por su labor sindical a nivel nacional y no por algo que él haya hecho.

El 11 de junio de 2024, durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PIT-CNT denunció públicamente las acciones del Gobierno uruguayo y lo acusó de espiar a Abdala. El sindicato arguyó que los actos de vigilancia ilegales vulneran las libertades fundamentales, en particular las relacionadas con la libertad de asociación.

También condenó otras medidas del Gobierno que amenazan los derechos sindicales, como las sanciones impuestas a representantes sindicales de la enseñanza pública por ejercer su derecho a la libertad de expresión o las modificaciones unilaterales de la legislación laboral que han perjudicado a quienes trabajan en el sector público.

Reunión pacífica

Docentes convocaron un paro de cuarenta y ocho horas contra la reforma educativa y los recortes presupuestarios

El 15 de octubre de 2024, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) comenzaron una huelga nacional de cuarenta y ocho horas en respuesta a los importantes recortes en el presupuesto educativo y a una controvertida reforma educativa presentada por el Gobierno.

Las reformas que se han propuesto buscan revisar el plan de estudios y reestructurar los ciclos educacionales. Tanto sindicatos como grupos de estudiantes expresaron su oposición a estos cambios. Sus principales preocupaciones se centran en la reducción del presupuesto para la educación pública y la concentración de alumnado de distintos cursos que, según el profesorado, generará una situación de hacinamiento en las aulas y hará que aumente la carga de trabajo, en detrimento de la calidad de la enseñanza.

El segundo día de huelga, el PIT-CNT y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) se sumaron a la huelga y organizaron una manifestación en la capital. Además de apoyar el paro del profesorado, el PIT-CNT defendió el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social que tendrá lugar el 27 de octubre de 2024 (ver Contexto).

También se ocuparon centros educativos, se realizaron marchas y se celebraron asambleas en las que participaron docentes, familiares y estudiantes. En Montevideo, los actos de protesta culminaron con una marcha a lo largo de la avenida 18 de Julio, reflejo del amplio descontento social con la gestión gubernamental del sistema educativo.

Miles de personas se manifiestan para exigir la aplicación plena de los derechos de las personas LGBTQI+

El 27 de septiembre de 2024 se celebró en Montevideo la Marcha por la Diversidad bajo el lema “Hasta que los derechos sean hechos”. La organización del acto corrió por a cargo de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad y las reivindicaciones se centraron en la aplicación plena de los derechos legales de la comunidad LGBTQI+ y en la brecha entre los avances legislativos y la realidad sobre el terreno. Durante la marcha se hizo hincapié en la necesidad de una mayor igualdad y de una protección efectiva para todos, especialmente para los grupos marginalizados.

Miles de participantes recorrieron las calles desde la plaza Cagancha hasta la plaza 1.º de Mayo cargados de banderas arcoíris y de pancartas a favor de una mayor inclusividad. Hubo discursos, actuaciones musicales y llamamientos a una sociedad más justa e inclusiva. También se condenaron los incesantes delitos de odio, especialmente aquellos contra personas trans, y se criticaron los retrasos en la aplicación de las leyes que protegen los derechos de las personas LGBTQI+.

Protesta contra el presidente por los recortes presupuestarios a la Universidad de la República

El 28 de agosto de 2024, el personal y el estudiantado de la Universidad de la República (Udelar) organizaron una protesta durante la visita del presidente Luis Lacalle Pou a la Facultad de Medicina. La protesta se centró en las reducciones de presupuesto y los recortes salariales que afectan al personal universitario. Los manifestantes criticaron la reducción del 20 % del presupuesto de la Udelar por parte del Gobierno y el impacto que ha tenido tanto en el estudiantado como en el personal de la institución.

“¡Que se vaya!”, “¡Bájate el sueldo, ladrón!”, gritaron los manifestantes mientras el presidente asistía al acto de inauguración del nuevo laboratorio del Programa de Alimentos y Salud Humana, en el marco de una iniciativa para fomentar la innovación en el ámbito de la salud pública. Con estas acciones buscaban expresar su frustración por las continuas dificultades financieras a las que se enfrenta el sistema de educación pública y manifestar su descontento respecto a la gestión de estos asuntos por parte del Gobierno.

La diáspora venezolana reclama libertad y transparencia en las elecciones

El 17 de agosto de 2024, miembros de la comunidad venezolana residente en Uruguay se reunieron en Montevideo para reclamar transparencia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que habrían sido amañadas a favor de Nicolás Maduro, según grupos de la oposición. Los manifestantes pidieron apoyo internacional para exigir responsabilidades al Gobierno y para restablecer los procesos democráticos en Venezuela.

Se congregaron en la plaza de la Independencia, desde donde corearon: “¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad”. Llevaban pancartas en las que se podía leer: “A mi gente la están matando”, “SOS Venezuela” o “Libertad para todos los presos políticos”.

La manifestación formaba parte de la “Gran Protesta Mundial por la Verdad”, que se celebró en más de trescientas ciudades de todo el mundo en apoyo al pueblo venezolano.

Estudiantes participaron en la marcha anual del Día de los Mártires Estudiantiles y reclamaron más fondos para la educación

El 14 de agosto de 2024 Uruguay conmemoró el Día de los Mártires Estudiantiles. En esa fecha, hace cincuenta y seis años, murió Líber Arce, un estudiante asesinado durante una protesta en 1968. Arce pereció a consecuencia de la violencia policial durante una manifestación contra las medidas de seguridad del Gobierno de entonces y su fallecimiento dio lugar a un amplio movimiento estudiantil contra la represión. Aún hoy su muerte y la de otros activistas estudiantiles siguen siendo un referente de la lucha por los derechos humanos y la justicia en Uruguay.

Este año, en el marco de los actos conmemorativos, se organizó una manifestación que estuvo encabezada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y por otras formaciones estudiantiles. Los manifestantes se concentraron en la explanada de la Universidad de la República y recorrieron el centro de la ciudad, reclamando un mayor apoyo financiero para la educación y mostrando su oposición a las reformas actuales. La protesta concluyó en la plaza 1.º de Mayo, donde se pronunciaron discursos sobre las dificultades a las que se enfrenta el sistema educativo, con especial énfasis en la importancia de la financiación pública a largo plazo y en la igualdad de acceso a la educación.