La criminalización y la vigilancia ilegal de las PDDH hacen saltar las alarmas

Contexto

La reforma constitucional exprés agrava la preocupación por los DD. HH. y el Estado de Derecho

El 29 de enero de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó una reforma constitucional que permitirá modificar cualquier artículo de la Carta Magna en una misma legislatura y, por consiguiente, limitará la rendición de cuentas, la transparencia y la participación en futuros procesos constitucionales. La propuesta no fue sometida a debate, ya que se adoptó mediante un procedimiento de dispensa de trámites, al margen del proceso ordinario.

Mediante la modificación del artículo 248 de la Constitución de 1983, la reforma elimina el proceso de ratificación vigente hasta ahora, que requería que toda modificación fuera ratificada por dos legislaturas sucesivas, y suprime garantías que protegen normas constitucionales fundamentales, entre ellas las que prohíben la reelección presidencial. La medida fue aprobada sin oposición, gracias a los votos de los legisladores aliados al presidente Nayib Bukele, que ocupan 54 de los 60 escaños de la Asamblea. Durante la misma sesión plenaria, el Legislativo también derogó la ley de 2021 que reconocía el bitcóin como moneda de curso legal e introdujo un proyecto de ley anticorrupción que no fue sometido a debate. Las autoridades justificaron la reforma asegurando que formaba parte de un paquete legislativo para cumplir los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por la reciente modificación del artículo 248 y advirtió que la reforma podría reducir drásticamente la protección de los derechos humanos:

“La ratificación de esta reforma constitucional marca un preocupante riesgo de mayor erosión de derechos humanos en El Salvador. Al eliminar la obligación de que los cambios constitucionales sean aprobados por dos Asambleas Legislativas diferentes, el oficialismo se garantiza una vía expedita para modificar la Carta Magna sin procesos deliberativos adecuados ni la participación ciudadana. En un contexto donde la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo han sido sistemáticamente debilitados, esta medida podría allanar el camino para la instauración de reformas que socaven aún más los derechos humanos de la población”, alertó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La adopción de esta reforma constitucional es un ejemplo del retroceso democrático constante que sufre el país. El 11 de noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia titulada “El Salvador: institucionalidad democrática”, a petición de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y con el apoyo de especialistas en derecho constitucional. Las personas participantes expresaron su preocupación por el grave deterioro institucional que se está produciendo, incluida la erosión de la separación de poderes y la concentración de la autoridad en manos del Ejecutivo, que ejerce una influencia significativa sobre el poder legislativo y judicial. También señalaron que durante el proceso de reforma constitucional no se respetaron las garantías democráticas ni se consultó lo suficiente a la ciudadanía.

Pese a que la Constitución prohibía la reelección del presidente saliente en 2024, esta fue posible gracias a una sentencia pronunciada en 2021 por los miembros recién nombrados de la Sala de lo Constitucional, cuya legitimidad ha sido muy cuestionada. Representantes de la sociedad civil afirmaron que estos hechos comprometen la independencia judicial, el Estado de derecho y principios democráticos fundamentales. El Estado de El Salvador no participó en la audiencia, lo que supone su cuarta ausencia en tres años.

Además, bajo el estado de excepción decretado por el Gobierno en marzo de 2022 y aún en vigor, se ha suspendido el derecho a conocer los motivos de una detención, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y otras garantías constitucionales. Según el último informe de Human Rights Watch, las autoridades han vulnerado los derechos humanos de forma generalizada mediante detenciones arbitrarias masivas, violaciones de las garantías procesales, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos a personas detenidas. La violencia relacionada con las pandillas ha disminuido significativamente y el año 2024 concluyó con 114 homicidios, la cifra más baja de la historia.

Sin embargo, especialistas han advertido que la fuerte reducción de la violencia se ha producido a costa de las libertades fundamentales. El estado de excepción se ha convertido en el marco normativo de referencia para la seguridad interior y la aplicación de la ley, ha creado un entorno hostil para la sociedad civil y ha debilitado sustancialmente la protección de los derechos humanos.

La FESPAD destaca los ataques selectivos contra la prensa y la sociedad civil

En su informe de 2024, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) documentó 142 casos en los que se violaron las libertades cívicas en El Salvador. Los colectivos más afectados fueron los sindicatos, los profesionales del periodismo y las organizaciones de la sociedad civil, quienes sufrieron amenazas y fueron sometidos a redadas arbitrarias, restricciones administrativas y despidos por participar en protestas. En el informe, la FESPAD destaca el papel de funcionarios públicos e instituciones estatales en 47 de estos incidentes, especialmente el de la Policía Nacional Civil (PNC), que es citada en la mayoría de esos casos.

La FESPAD también constató que estas violaciones se intensificaron durante los periodos electorales y de mayor tensión política, síntoma de un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico. La organización advirtió que los discursos estigmatizantes, la criminalización de la disidencia y la presión institucional contribuyen a la autocensura y erosionan las garantías democráticas. También instó al Gobierno salvadoreño a que cumpliera con sus obligaciones constitucionales e internacionales, subrayando que la protección de los derechos fundamentales es esencial para preservar las instituciones democráticas.

Libertad de asociación

Ataques contra miembros de la UNIDEHC y líderes comunitarios de La Floresta

El 25 de febrero de 2025, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de El Salvador llevaron a cabo operaciones conjuntas en San Juan Opico que desembocaron en la detención arbitraria de al menos veintiuna personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, entre ellas Fidel Zavala, portavoz de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC). La operación estaba dirigida contra liderazgos de la comunidad de Hacienda La Floresta, donde viven unas 250 familias desde hace más de una década.

Días antes, Zavala y los residentes de La Floresta José Alberto Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco habían presentado una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Los tres fueron detenidos por agentes de policía poco después. Esa misma noche, las fuerzas del orden detuvieron a varios liderazgos comunitarios y allanaron el domicilio de Zavala, las oficinas de la UNIDEHC y la vivienda de su directora, Ivania Cruz, y se incautaron de documentos legales relacionados con un litigio por la propiedad de unas tierras.

La Fiscalía acusó a las personas detenidas de estafa agravada, pertenencia a una asociación ilícita y ejercicio ilegal de profesión. Alegó que la UNIDEHC actuaba sin estar inscrita oficialmente como ONG y facilitaba la ocupación ilegal de tierras. Estas estas afirmaciones fueron rechazadas por la vecindad y sus representantes legales, que aclararon que los fondos recaudados se destinarían a financiar servicios técnicos y jurídicos relacionados con la medición de terrenos y la representación legal.

Zavala ha desempeñado un papel central en la documentación y la denuncia de estas violaciones. En 2024, presentó una denuncia contra el director general de prisiones Osiris Luna y otras autoridades penitenciarias por actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el estado de excepción aún vigente. Zavala, quien había estado detenido durante trece meses anteriormente, denunció haber presenciado tratos inhumanos, casos de denegación de alimentos y atención médica, y el traslado de cadáveres de personas que habían fallecido en centros penitenciarios.

La comunidad de Hacienda La Floresta, en San Juan Opico (La Libertad), ha resistido múltiples intentos de desalojo forzoso que han puesto en peligro a más de un centenar de familias. En este contexto, el 9 de febrero de 2025, varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron la detención arbitraria de los líderes comunitarios Medarlo Arnoldo y Alejandra Jeannette Cañas.

Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y otras organizaciones de derechos humanos han condenado las acciones de las autoridades contra las personas defensoras de los derechos humanos y liderazgos comunitarios. Según Amnistía Internacional, desde la declaración del estado de excepción en marzo de 2022, las autoridades han adoptado medidas que reflejan la existencia de un patrón de violaciones de los derechos humanos generalizado, que incluye la banalización de las detenciones arbitrarias, la institucionalización de la tortura y los malos tratos en centros de detención, y cientos de muertes bajo custodia estatal.

Nuevas acusaciones contra personas defensoras del medioambiente hacen saltar las alarmas

El 11 de febrero de 2025, la Fiscalía General de la República solicitó que se volviera a detener y se declarara en rebeldía a cinco liderazgos comunitarios y personas defensoras del medioambiente de Santa Marta. Esta reciente petición coincidió con la reorientación de la política del Gobierno, que busca favorecer el desarrollo de las industrias extractivas, especialmente en regiones que históricamente se han opuesto a este tipo de actividades, como Cabañas, donde se ubica Santa Marta.

Como ya informamos, los dirigentes Antonio Pacheco, Pedro Rivas, Miguel Gámez, Alejandro Laínez y Saúl Rivas fueron detenidos por primera vez en enero de 2023 y acusados de delitos graves que presuntamente habrían cometido en los años ochenta durante el conflicto armado. Todos ellos fueron absueltos por un tribunal en octubre de 2024, tras pasar ocho meses en prisión preventiva y después múltiples de retrasos. No obstante, el 25 de noviembre de 2024, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión alegando irregularidades procesales y ordenó que se reabriera el caso y se celebrara un nuevo juicio.

Según los medios de comunicación, el tribunal convocó una audiencia el 3 de febrero de 2025 a la que no se presentaron los defensores. Ese mismo día, los cinco dirigentes publicaron una carta abierta en la que explicaron que no comparecieron ante el tribunal porque no contaban con garantías de que tendrían un juicio justo. Aseguraron que su decisión era un acto de resistencia pacífica. Posteriormente, las autoridades judiciales les notificaron que dictarían órdenes de detención en su contra.

Poco después de que expirara el plazo fijado por el tribunal, se informó que el domicilio de uno de los defensores estaba siendo vigilado, avivando así los temores de una detención inminente. Tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial no han respondido a las múltiples peticiones formales de información sobre el caso.

Organizaciones de la sociedad civil afirmaron que con el nuevo juicio se busca criminalizar el liderazgo medioambiental. Este caso es un buen ejemplo de la tendencia a criminalizar a personas defensoras del medioambiente y liderazgos comunitarios por oponerse a proyectos mineros y defender el derecho al agua en El Salvador.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Mary Lawlor advirtió del creciente uso de los sistemas judiciales para acosar y deslegitimar a liderazgos ecologistas. También afirmó que “parece ser un caso de represalias por su activismo a favor de los derechos humanos”.

En El Salvador, Santa Marta ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la resistencia ciudadana a la minería. La comunidad desempeñó un papel crucial en la campaña que condujo a la prohibición de la minería metálica en todo el país en 2017, una restricción pionera a nivel mundial.

Documentos filtrados revelan vigilancia policial ilegal

El 27 de noviembre de 2024, la organización de derechos humanos Cristosal denunció que miembros de su personal habían sido víctimas de actos arbitrarios e ilegales por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, presuntamente en represalia por prestar asistencia a víctimas de violaciones de los derechos humanos en El Salvador. La entidad también señaló que había sufrido ataques informáticos y que en 2024 había sufrido más de un centenar de intentos de intrusión en sus redes digitales.

En noviembre de 2024, los medios de comunicación informaron que documentos filtrados por el grupo de hackers Ciberinteligencia SV revelaron que la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador (SIPOL) había vigilado ilegalmente a miembros de la sociedad civil entre finales de 2021 y 2022. Entre las personas afectadas se encontraba Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal. La SIPOL la habría declarado sujeto de interés debido a sus declaraciones públicas en medios de comunicación independientes y a su labor en defensa de los derechos humanos. En la ficha elaborada por el servicio de inteligencia figuraban datos personales de López, entre ellos su fotografía, la dirección de su domicilio, su formación académica y su lugar de trabajo.

Los documentos filtrados, que abarcan el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022, detallan las apariciones de López en medios de comunicación y su participación en acciones legales contra el uso no autorizado de datos personales en la aplicación gubernamental Chivo Wallet. Otros documentos de principios de 2022 indicaban que la SIPOL también vigilaba a dirigentes sindicales, activistas feministas, veteranos de guerra y personas catalogadas como “ciberactivistas” por manifestar discrepancias en Internet. Además, en un informe de inteligencia de abril de 2022 se mencionaba a diez dirigentes empresariales que habían sido elegidos como miembros directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Rechazan la inscripción de la APES

El 18 de diciembre de 2024, el Ministerio de Gobernación rechazó oficialmente la inscripción de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), elegida en agosto de ese año. La APES explicó que había presentado toda la documentación necesaria hacía cuatro meses. A pesar de que la organización siguió de cerca el proceso de solicitud y de que acudió a las oficinas del Registro del Ministerio de Gobernación el 11 de diciembre de 2024, este último demoró el trámite y más tarde alegó supuestos defectos de forma para justificar su negativa. Esta denegación de inscripción impide que la asociación pueda desempeñar su labor dentro de la legalidad.

La decisión del Ministerio se produjo poco después de que la APES anunciara que presentaría el caso del periodista Víctor Barahona, detenido en virtud del estado de excepción en vigor, ante una relatoría especial de las Naciones Unidas. Estos acontecimientos generan preocupación por las posibles represalias y el uso indebido de procesos administrativos para obstaculizar la actividad cívica y periodística legítima. La APES aseguró que presentaría un recurso contra la decisión y pidió a la comunidad internacional que siguiera de cerca la situación.

La denegación de inscripción de la junta directiva de la organización es un buen ejemplo de las medidas que se están utilizando para limitar la labor de los medios de comunicación independientes en El Salvador (ver Libertad de expresión).

Un tribunal ordena juzgar a militares y a un expresidente por la masacre de jesuitas de 1989

El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), al exdiputado Rodolfo Parker y a nueve militares retirados por su presunta implicación en la masacre de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, y de la trabajadora de la Universidad Centroamericana (UCA) Elba Ramos y de su hija Celina.

Las víctimas fueron asesinadas por un comando de élite del Ejército en el campus de la UCA, propiedad de los jesuitas, el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil que acabó con la vida de 75 000 civiles y que oficialmente finalizó en 1992. El tribunal imputó a los once por la presunta autoría intelectual de los asesinatos y los acusó de encubrimiento, fraude procesal y asesinato.

Actualmente el coronel Guillermo Benavides es el único de los acusados que permanece encarcelado en El Salvador por estos asesinatos, mientras que el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano fue condenado en España en 2020 a más de 133 años de prisión. La condena de Benavides se hizo efectiva tras la anulación en 2016 de la ley de amnistía de 1993. La sentencia histórica de la Sala de lo Constitucional consideró que la ley era incompatible con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, consagrados en las normas internacionales en materia de derechos humanos.

Los procedimientos judiciales de este caso han sufrido múltiples retrasos a lo largo de los años. La investigación inicial se estancó al amparo de la legislación de amnistía, que protegía a los excombatientes y a los agentes estatales y evitaba que fueran procesados. No fue hasta 2022 que la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa, allanando así el camino para la reciente imputación de los acusados.

Libertad de expresión

Las amenazas y las redadas ilegales indican una intensificación de la intimidación estatal contra la prensa

El 4 de diciembre de 2024, cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron el domicilio de la periodista Mónica Rodríguez, y también sede de Bálsamo Radio TV, presuntamente a raíz de una denuncia por estafa. Sin embargo, las autoridades no ofrecieron más información y alegaron que el proceso se encontraba bajo reserva, lo que impidió que la periodista ejerciera su derecho a comprender o impugnar los motivos del registro.

En un vídeo difundido por la Red Informativa de ARPAS, Rodríguez, una figura destacada de los medios de comunicación comunitarios, relató que los agentes de policía se incautaron de discos duros y dispositivos USB que contenían información personal y profesional. Los agentes no le mostraron ninguna orden de allanamiento ni le dieron una justificación judicial clara.

Article 19 condenó los hechos y aseguró que se trataba de un caso de uso ilegítimo del poder del Estado que se inscribe en un patrón de acoso y hostigamiento contra los profesionales del periodismo y sus familias. Este incidente guarda similitud con casos anteriores en los que las fuerzas policiales se valieron de acusaciones ambiguas o no verificadas como pretexto para atacar a personas que trabajan en los medios de comunicación.

Por ejemplo, el 30 de octubre de 2024, agentes del Estado se presentaron en el domicilio de la familia del periodista de investigación Ricardo Vaquerano, según ellos, en respuesta a una llamada de emergencia por violencia intrafamiliar que resultó ser falsa. Una vez allí, los agentes intentaron entrar en la vivienda, pese a que no mostraron una orden judicial y a que quienes se encontraban en el inmueble les informaron que no se había producido tal llamada. Tomaron una foto del DUI de un miembro de la familia e interrogaron a las personas presentes sobre los nombres y el paradero de los hombres que vivían en la casa. Una patrulla habría permanecido aparcada frente a la vivienda durante dos días seguidos.

Más tarde, ese mismo día, elementos de la PNC se presentaron nuevamente en el domicilio, asegurando que contaban con una orden judicial para detener a un familiar. Cuando un miembro de la familia les pidió que mostraran la orden, los agentes le enseñaron un documento a varios metros de distancia, por lo que le resultó imposible leerlo. Después de que les negaron la entrada, los agentes amenazaron con volver con una orden de allanamiento y advirtieron que, si el individuo que buscaban vivía allí, también se llevarían detenido a otro miembro de la familia.

Nuevas leyes restrictivas amenazan la libertad de expresión

El 12 de noviembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por Nuevas Ideas, el partido del Gobierno, aprobó dos leyes sobre la ciberseguridad y la protección de datos. Ambas normas han suscitado gran preocupación, ya que podrían socavar el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. Por ejemplo, la ley de ciberseguridad establece la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), que estará bajo el mando de una dirección general nombrada por la Presidencia. Este organismo se encargará de formular la política nacional de ciberseguridad y de hacer cumplir la normativa de protección de datos, dos competencias que concentrarán un poder considerable en manos del Ejecutivo.

Por otro lado, la ley de protección de datos define de manera imprecisa el “derecho al olvido” y autoriza a la ACE a ordenar la eliminación de información personal de plataformas digitales. Aunque la ley prevé una excepción para el ejercicio de la libertad de expresión, esta salvaguarda está supeditada a la exactitud de los datos, una circunstancia que puede conducir a la supresión de noticias legítimas de interés público. Además, los medios de comunicación y los motores de búsqueda que no cumplan la normativa podrían enfrentarse a multas de hasta cuarenta salarios mínimos mensuales.

Human Rights Watch sostiene que este marco legal faculta a las autoridades gubernamentales para presionar a las organizaciones de medios a través del envío de solicitudes para que supriman contenidos que consideren “inexactos” o “incompletos”. La ley de protección de datos también excluye de su ámbito de aplicación los datos o actividades relacionados con la seguridad pública, la defensa nacional o la prevención de delitos, dejando un margen considerable al Estado para manejar datos personales sin la debida supervisión.

Aunque en principio la ley exige que se respete el debido proceso y los derechos humanos, la extensión y falta de precisión de estas excepciones abren la puerta a interferencias arbitrarias o desproporcionadas en la intimidad.

En un contexto marcado por la opacidad y la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, estas leyes suscitan gran preocupación por la posibilidad de que se utilicen como herramientas para restringir el escrutinio legítimo y silenciar la disidencia. En 2024, la APES registró 466 casos de agresiones contra profesionales del periodismo, lo que supone un aumento considerable en comparación con los 311 casos de 2023 y los 187 de 2022. Tanto funcionarios públicos como instituciones estatales estuvieron implicados en la mayoría de estos incidentes, con 131 y 128 casos respectivamente.

Reunión pacífica

Aumentan las protestas en todo el país contra la nueva ley de minería metálica

Desde la aprobación por vía rápida de la Ley General de Minería Metálica el 23 de diciembre de 2024, la oposición no ha cesado de crecer en todo el país. El 19 de enero de 2025, alrededor de mil personas se concentraron frente a la Biblioteca Nacional de San Salvador para exigir la derogación de la norma. La protesta, organizada en gran medida a través de las redes sociales, congregó a estudiantes, ecologistas, organizaciones religiosas, personas de edad avanzada y grupos feministas y LGBTIQ+.

Las personas activistas hicieron circular peticiones de apoyo a un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, así como un llamamiento nacional de la Iglesia Católica para reunir un millón de firmas. Francisco Pineda, de Cabañas, y otros liderazgos ecologistas expresaron su preocupación por el posible impacto de la ley en las fuentes de agua y la salud pública. Una encuesta realizada en diciembre por la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que el 59 % de la población salvadoreña considera que el país no es apropiado para la minería metálica.

Para finales de enero, las protestas se habían extendido a varios departamentos, entre ellos San Miguel, Morazán y Cabañas, zonas que históricamente se han visto afectadas por la minería. Las poblaciones de estos territorios denunciaron la contaminación de las fuentes de agua y el aumento de las enfermedades renales, que atribuyeron a la actividad minera del pasado. En Cabañas, las personas manifestantes también recordaron el asesinato de cuatro personas activistas ecologistas en 2009. Liderazgos comunitarios denunciaron que empresas vinculadas al sector minero habían adquirido terrenos recientemente.

Con la nueva ley de minería, el Gobierno obtiene el control de cuantiosas reservas de oro que permanecen sin explotar desde la prohibición de las actividades extractivas en 2017. Las organizaciones de la sociedad civil temen que esta legislación provoque un fuerte retroceso para los derechos medioambientales.

Personas manifestantes reclaman el fin de las detenciones arbitrarias y mejores servicios públicos

El 23 de noviembre de 2024, cientos de personas marcharon por el centro histórico de San Salvador para pedir la liberación de personas que presuntamente habrían sido detenidas sin las debidas garantías procesales, en el marco de la actual campaña de represión contra las pandillas del presidente Nayib Bukele. La protesta, encabezada por el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), también congregó a docentes, profesionales de la medicina y representaciones sindicales que exigieron mejoras en los servicios públicos y rechazaron los recortes propuestos para el presupuesto de 2025.

Las personas manifestantes, que portaban pancartas con lemas como “Libertad ya”, protestaron contra el mantenimiento del estado de excepción declarado en marzo de 2022, que autoriza las detenciones sin orden judicial ni cargos. Organizaciones humanitarias como Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Movir estiman que alrededor de 30 000 de las 83 000 personas encarceladas bajo este régimen jurídico son inocentes.

“El estado de excepción se ha vuelto permanente. Ha traído detenciones arbitrarias, restringido el acceso a la justicia y roto familias”, afirmó un portavoz de Movir. Desde octubre de 2024, los grupos de la sociedad civil también han exigido una partida presupuestaria nacional para apoyar a las víctimas de encarcelamiento ilegal y a sus familias.

Los profesionales de la medicina que participaron en la protesta destacaron la presión creciente sobre el sistema sanitario público. Carlos Hinds, representante de la Asociación Médica Salvadoreña, criticó los recortes que figuran en la propuesta de presupuesto para 2025 y advirtió que la reducción de fondos agravaría la crisis en clínicas y hospitales. “Hay escasez de medicamentos básicos, las citas van con mucho retraso y los profesionales especialistas están sobrecargados de trabajo. Recortar el presupuesto ahora es irresponsable y pone vidas en peligro”, aseguró.

Docentes y personal del sector educativo también expresaron su frustración por las medidas de austeridad y la precariedad laboral. Al menos 107 personas trabajadoras han sido despedidas desde mediados de octubre de 2024. “Nos castigan por denunciar la situación. El sistema educativo está colapsado y, en lugar de reformarlo, silencian a quienes exigen cambios”, explicó Idalia Zúniga, una dirigente sindical despedida recientemente que se sumó a la protesta contra los despidos iniciados por el Gobierno.

Si bien la protesta fue pacífica en su mayor parte, algunas personas manifestantes se enfrentaron a pequeñas dificultades y llegaron con retraso a la capital debido a un retén policial instalado por la policía de tráfico en el bulevar Monseñor Romero.

Estas reivindicaciones se repitieron el 9 y 10 de diciembre de 2024 en sendas manifestaciones. Familias de las personas detenidas del Bajo Lempa se manifestaron bajo el lema “Por una Navidad sin presos ni presas inocentes”. La marcha fue convocada por CEBES y COFAPPE con el fin de sensibilizar sobre la situación de los miles de personas detenidas arbitrariamente bajo el estado de excepción. Las personas manifestantes instaron a las autoridades a respetar los derechos humanos y velar por que todas las personas detenidas tengan derecho a un juicio con todas las garantías legales.

Exmiembros de la plantilla de la Procuraduría para la Defensa de los DD. HH protestan contra los despidos arbitrarios

El 20 de febrero de 2025, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Despedidos y de la PDDH y antiguos miembros del personal denunciaron públicamente más de un centenar de despidos arbitrarios e ilegales. También anunciaron que denunciarían a la actual procuradora ante organismos internacionales.

En un comunicado, el movimiento acusó a la procuradora de vulnerar los derechos laborales y de socavar la integridad institucional al proceder a despidos masivos sin las debidas garantías legales. También explicó que, en un primer momento, sus miembros habían intentado presentar una denuncia en la propia institución el 10 de febrero de 2025, pero fue declarada inadmisible y rechazada.

Desde entonces, el movimiento se ha reservado el derecho de obtener justicia ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Otros sucesos

Un tribunal regional de derechos humanos considera al Estado salvadoreño responsable de negar el acceso al aborto

El 22 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso Beatriz y otros contra El Salvador, en la que declaró al Estado responsable internacionalmente de graves deficiencias en la protección de los derechos reproductivos y de la violación del derecho a la protección judicial. En su resolución, la Corte destacó las graves consecuencias de la prohibición total del aborto para los derechos humanos, así como las barreras sistémicas a las que se enfrentan las mujeres que necesitan atención médica vital.

Beatriz, una joven salvadoreña de una zona rural, padecía varias enfermedades crónicas, entre ellas lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide. En 2013, durante su segundo embarazo, profesionales médicos determinaron que el feto tenía anencefalia, una anomalía incompatible con la vida extrauterina. Aunque su salud corría grave peligro, Beatriz se vio obligada a continuar con el embarazo debido a la ausencia de seguridad jurídica y de protocolos que permitieran una intervención médica oportuna. A las veintiséis semanas le practicaron una cesárea y el feto falleció cinco horas después.

El Tribunal consideró que Beatriz fue sometida a un proceso judicial largo e ineficaz que retrasó la actuación médica y la expuso a violencia obstétrica que, en su caso, se materializó en el trato deshumanizante que recibió, en un contexto marcado por la pasividad de las instituciones y el temor de los profesionales sanitarios a las consecuencias penales. El trato que le dispensaron vulneró sus derechos a la integridad personal, la salud, la vida privada y a vivir sin sufrir violencia y recibir una protección judicial efectiva, tal y como establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.

Pese a que el Estado reconoció el alto riesgo del embarazo, no actuó con la diligencia debida. La Corte subrayó que la opacidad jurídica y la ausencia de protocolos claros desembocaron en la judicialización de la atención médica que requería Beatriz. Además, el personal sanitario, que trabaja en un contexto marcado por la criminalización y la incertidumbre, fue disuadido de tomar decisiones médicas urgentes. La sentencia de la Corte refleja la preocupación que desde hace tiempo vienen manifestando los organismos de la ONU y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos por la penalización total del aborto en El Salvador.

Según informaciones recogidas por el Centro de Derechos Reproductivos, la ley salvadoreña sobre el aborto es una de más restrictivas del mundo. Desde 1998, la legislación penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Se ha procesado a mujeres por homicidio y se las ha condenado a penas de hasta cincuenta años de prisión a raíz de urgencias obstétricas, abortos espontáneos o muertes fetales.

Resulta preocupante el nuevo caso denunciado por organizaciones feministas en noviembre de 2024, en el que una mujer de diecinueve años sufrió una urgencia obstétrica y solicitó asistencia médica. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Colectiva Feminista y Asamblea Feminista explicaron que fue esposada a la cama de un hospital y posteriormente fue trasladada a una prisión. También informaron que las autoridades aplicaron las disposiciones del régimen de excepción para dilatar las diligencias judiciales y limitar su acceso a la protección legal y a la atención médica. Este caso ilustra la manera en que el Estado criminaliza a las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo.