La criminalización de las personas defensoras del medioambiente y la aprobación del proyecto de ley anti-ONG amenazan la libertad de asociación

Libertad de asociación

Personas defensoras del medioambiente se enfrentan a cargos tras una protesta

El 8 de octubre de 2024, las autoridades detuvieron de forma arbitraria al líder comunitario y defensor del medioambiente Mariano Sachelaridi a su llegada a la Comisaría N.º 15 de Guairá, en el sur del país. La detención se produjo a raíz de una orden de detención librada el día anterior por el fiscal Rodrigo Vázquez, de la Fiscalía N.º 5 de Villarrica. Tras enterarse de los hechos, Gerardo Loris, presidente de la Asociación de Defensores de la Casa Común, decidió presentarse voluntariamente en la Fiscalía al día siguiente.

El 9 de octubre, durante las audiencias indagatorias contra ambos defensores, las autoridades les informaron de que se los acusaba de perturbación de la paz pública, coacción grave y amenaza de hecho punible. Estos cargos se derivan de su participación en sendas protestas el 30 de septiembre y el 8 de octubre, en las que presuntamente impidieron la excavación de piletas mineras en una zona sujeta a restricciones medioambientales. El equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay (CODEHUPY) analizó la apertura del proceso judicial y corroboró, a través del abogado de los acusados, que dichas acusaciones carecían de pruebas concretas que vincularan directamente a ambos acusados con los hechos que se les imputaban. La CODEHUPY también constató que la orden de detención carecía de los fundamentos jurídicos pertinentes.

La CODEHUPY expresó su preocupación por estas detenciones y aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia estatal para criminalizar la protesta social en un momento en el que crece la preocupación por las repercusiones negativas de la minería en la región.

Una nueva ley pasa a manos del presidente

El 9 de octubre de 2024, el Senado sancionó el Proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), también conocido como “ley garrote” o “anti-ONG”, que autoriza la imposición de restricciones importantes a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El 22 de octubre de ese mismo año, el Congreso Nacional remitió la propuesta al presidente Santiago Peña para que la ratificase o la vetase en un plazo de doce días.

Como señalamos en nuestra actualización anterior, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, pero fue modificado sustancialmente y sancionado el 1 de octubre de 2024, si bien el marco normativo básico de la versión original no sufrió alteraciones. En la nueva versión, el artículo 2 específica el alcance de la legislación. Las entidades u organismos internacionales, agencias especializadas internacionales, entidades multilaterales, partidos y movimientos políticos, así como las iglesias, no estarán sometidos a esta ley, a menos que reciban o gestionen fondos públicos nacionales o internacionales. Además, el artículo 5 destaca el deber del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociativas. El artículo 7 obliga a las organizaciones a inscribirse en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y en el Registro Administrativo de Beneficiarios Reales, ambos bajo el control del Ministerio de Economía y Finanzas.

El artículo 12 dispone que las entidades estatales no podrán “firmar ni ejecutar acuerdos, convenios de empréstitos, donaciones u otros instrumentos jurídicos” con organizaciones que no estén inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro. También establece que las transferencias de recursos, bienes y servicios deberán estar “consignadas en el Presupuesto General de la Nación” y en el de las municipalidades y otros organismos del Estado. El artículo 15 define como infracciones conductas típicas concretas y el artículo 19 aclara que las disposiciones de la ley no interferirán con las competencias reguladoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y de otros organismos de supervisión del sector.

Voces críticas de la sociedad civil argumentaron que estas obligaciones podrían socavar la autonomía y reducir la financiación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y podrían usarse para silenciar la disidencia política. Aseguraron que las disposiciones estrictas de la nueva norma someten a las organizaciones sin fines de lucro a la supervisión del Ministerio de Economía, imponen procesos rigurosos de reinscripción y establecen numerosas obligaciones de información y cumplimiento. Además, otras estipulaciones limitan las transacciones entre ONG y entidades públicas, regulan las fuentes de financiación y establecen sanciones para dirigentes y representantes de las organizaciones.

Como ya informamos, las disposiciones del proyecto infringen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente aquellas sobre las libertades de asociación y expresión, y sobre el derecho a la participación en asuntos públicos. Además, la extensión y la formulación imprecisa de la legislación crea una ambigüedad considerable que deja margen para interpretaciones restrictivas que podrían menoscabar estas libertades fundamentales.

Amnistía Internacional denunció que la nueva norma impone numerosos requisitos de inscripción y obligaciones a todas las organizaciones de la sociedad civil, sin diferenciar entre las que reciben fondos públicos y las que no. Señaló que la inscripción obligatoria y la supervisión estatal, unidas a las múltiples obligaciones de información, podrían comprometer la independencia, la privacidad y la seguridad de las organizaciones y de sus miembros. También destacó que la ley establece sanciones por incumplimiento, pero no define de forma clara las infracciones, lo que socava la legalidad y podría vulnerar las libertades de asociación y expresión, amenazando así los derechos que pretende regular.

El 10 de octubre, Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la CODEHUPY, instó al presidente Santiago Peña a vetar la ley, ya que “aún contiene deficiencias inconstitucionales” que atentan contra los principios democráticos de la nación. Asimismo, el Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil en Defensa de la Democracia, que representa a más de sesenta OSC, envió una carta al presidente en la que le advirtió del impacto negativo que tendría el proyecto de ley sobre los derechos democráticos y el grado de inversión del país. También recomendó formar una mesa trabajo para elaborar una propuesta legislativa alternativa que actualice la normativa aplicable a las ONG, simplifique el proceso de registro, garantice la transparencia, se ajuste a las normas contra el blanqueo de dinero y proteja al mismo tiempo las libertades constitucionales.

El proyecto de ley anti-ONG ha recibido duras críticas por parte de organizaciones internacionales y del sector empresarial. Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtió de que las elevadas penas que establece la ley son incompatibles con las normas internacionales. En X, la relatora informó que se había dirigido por escrito al presidente:

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación, advirtió que la ley podría restringir las operaciones de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay e instó al Poder Ejecutivo a tener en cuenta los estándares interamericanos de derechos humanos a la hora de decidir si ratificar o vetar el proyecto legislativo.

Asimismo, el Comité para la Protección de los Periodistas instó al presidente a rechazar la ley, ya que podría imponer restricciones onerosas a los medios de comunicación sin ánimo de lucro y amenazar su independencia. “Muchos medios independientes paraguayos son organizaciones sin fines de lucro que dependen de los fondos de donantes extranjeros y esta ley los obligaría a divulgar información y datos sobre personas que trabajan con ellos, lo cual representaría un serio obstáculo para su labor”, explicó la organización.

El Colegio de Abogacía de la Ciudad de Nueva York también expresó su inquietud: “[la ley] pondría en peligro los derechos fundamentales de las organizaciones y las personas en Paraguay, incluidas las que trabajan para promover y defender los derechos humanos”.

Libertad de expresión

Un tribunal restringe el trabajo de un periodista

El 10 de septiembre de 2024, el periodista Juan Alcaráz publicó un reportaje de investigación sobre presuntos actos de corrupción en el hospital Saltos del Guairá en los que estaría implicada la propietaria de una farmacia y estudiante de enfermería Rita Franciele Borgonhoni. En respuesta, esta última presentó una denuncia el 17 de septiembre, a raíz de la cual el juez Lidio Valdéz Cuenca dictó medidas cautelares contra Alcaráz, a quien prohibió llevar a cabo todo acto de coacción, acoso o persecución, directo o indirecto, contra Borgonhoni.

Asimismo, el 9 de agosto de 2024, el juez de paz de Villarrica Arnaldo Miranda Escobar notificó formalmente al medio de comunicación guaireño Noticiero Paraguay la imposición de una medida cautelar que le impide publicar informaciones sobre la demandante Lorena Melgarejo de Torres. La orden, dictada en virtud de la ley de protección integral a la mujer, busca proteger a la denunciante de una cobertura mediática que podría estigmatizarla.

Como ya informamos, en Paraguay, los medios de comunicación han sido amordazados mediante el uso de órdenes judiciales para impedir que informen sobre asuntos delicados.

Aumenta la hostilidad contra los profesionales del periodismo

Entre abril y octubre de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) documentó un aumento de la hostilidad hacia los profesionales del periodismo y los medios de comunicación que investigan presuntos casos de nepotismo, impunidad y tráfico de influencias. Autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR) estuvieron implicadas en numerosos incidentes que buscaban frenar investigaciones de interés público sobre supuestas irregularidades en la gestión gubernamental.

Por ejemplo, el 30 de agosto, un individuo no identificado amenazó por mensaje al periodista Elías Cabral, del departamento de Canindeyú. “Estás alargando el tema, debes cambiar, no entres mal, cuidado”, le advirtió el remitente en guaraní. Esa misma semana, Cabral había publicado varias noticias sobre un homicidio ocurrido en 2023. El 8 de octubre, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, impidió que profesionales del periodismo interrogaran a su homólogo Gustavo Leite y posteriormente solicitó a los guardias de seguridad que los escoltaran hasta la salida.

Por su parte, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) publicó una carta abierta en la que denunció la escalada de hostilidad hacia la prensa en Paraguay. También señaló que los intentos de censura, juicios, filtraciones de información privada de periodistas y comentarios del presidente Santiago Peña y de otras autoridades públicas han socavado la libertad de prensa. La organización pidió la apertura urgente de una investigación y que se llame la atención al Gobierno paraguayo por estos hechos.

Reunión pacífica

Marcha por una vivienda digna

El 9 de septiembre, en Asunción, la coalición de organizaciones sociales, campesinas e indígenas Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis) lideró una marcha para reclamar al Gobierno empleos, viviendas dignas y la distribución de subsidios equitativos. La protesta se intensificó después de que tres miembros del Fonavis se encadenaran frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) e instalaran una carpa de la resistencia.

Al día siguiente, las autoridades del MUVH, representadas por el ministro Juan Carlos Baruja, dialogaron con el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena Juan Benegas Ferreira y llegaron a un acuerdo para la creación de un grupo de trabajo que analizará las demandas y las propuestas del Fonavis en materia de vivienda.

21.ª Marcha TLGBI+

El 29 de septiembre, personas de diversas identidades se reunieron en el centro de Asunción bajo el lema “Ko’ápe roime, por todos los derechos. ¡Peju jabatalla!”, con motivo de la 21.ª Marcha TLGBI+. Durante la manifestación, la Coalición TLGBI+ leyó un manifiesto en el que exigió que las políticas públicas tengan en cuenta la diversidad y denunció la violencia estructural y las prácticas autoritarias perpetuadas por los gobiernos sucesivos, que no se han preocupado por garantizar una buena calidad de vida a toda la ciudadanía.