Honduras: la criminalización de los DDH y los cambios en el sistema de protección generan preocupación

Reunión pacífica

Criminalizan a personas defensoras de los derechos humanos

El 9 de agosto de 2022, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) organizó una marcha en Tegucigalpa hasta la sede del Ministerio Público en la que participaron unos trescientos manifestantes indígenas y garífunas. Exigieron que se tomen medidas para localizar a los jóvenes garífunas que fueron víctimas de desaparición forzada en Triunfo de la Cruz en julio de 2020. Durante la manifestación, algunos de los participantes accedieron de forma pacífica a las oficinas de la Fiscalía, donde permanecieron durante unas dos horas. Solicitaron reunirse con un representante de la institución pública, pero su petición fue rechazada.

El 17 de agosto de 2022, el Ministerio Público anunció que había abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, y el abogado de derechos humanos Edy Tábora, cofundador de Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos y miembro de SUNLA, un comité de la sociedad civil que investiga las desapariciones en Triunfo de la Cruz. Miranda y Tábora fueron acusados de los delitos de "perturbación del orden público" y "privación ilegal de libertad", las cuales pueden conllevar penas de prisión de hasta tres y siete años respectivamente, según las disposiciones del Código Penal. OFRANEH afirmó que también se está investigando a otros dirigentes que participaron en la protesta.

El 19 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por las acusaciones contra Miranda y Tábora. También recordó que la labor de las personas defensoras de los derechos humanos es fundamental en una democracia e instó al Estado hondureño a abstenerse de criminalizarlas por su trabajo. El 24 de agosto de 2022, miembros de OFRANEH organizaron una protesta frente a la Corte Suprema y presentaron un recurso de amparo contra el fiscal general Óscar Chinchilla y su adjunto Daniel Sibrián. Miranda explicó: "Hoy estamos interponiendo este escrito por el incumplimiento de los deberes de los funcionarios, quienes sí proceden contra nosotros rápidamente, no así en el caso de los compañeros desaparecidos".

Expresión

El 22 de mayo de 2022, un propietario de terrenos del municipio de San José, La Paz, hizo una denuncia penal contra la periodista Sonia Pérez López, a quien acusa de usurpación agravada y daños a la propiedad privada. Pérez trabaja como corresponsal para la emisora Radio Progreso. En la denuncia, a la que tuvo acceso el Comité para la Protección de los Periodistas, el hacendado declaró que Pérez invadió su propiedad a principios de mayo de 2022, cuando cubrió el desalojo de decenas de moradores indígenas de la comunidad de Nueva Palestina. También formuló acusaciones contra treinta miembros de la comunidad y afirmó que Pérez era miembro del Consejo Indígena de Nueva Palestina. En la audiencia inicial, un tribunal prohibió a Pérez salir del país y le ordenó presentarse ante la justicia cada treinta días mientras el caso permanezca abierto. El 29 de julio de 2022, Radio Progreso informó de que un tribunal local había sobreseído la causa contra la periodista y los miembros de Nueva Palestina.

El 8 de junio de 2022, el alcalde de Danlí, departamento de El Paraíso, ordenó la suspensión de seis canales de televisión que no habían pagado los impuestos y tasas locales o cuyas licencias de explotación habían expirado. Por consiguiente, Aviva TV fue retirada del aire. Según el grupo defensor de la libertad de expresión C-Libre, el medio de comunicación es propiedad del periodista Jaime Nery Díaz y ha mantenido una línea editorial independiente, ha cubierto las denuncias de mala gestión de fondos públicos en el municipio y las quejas por el aumento de los impuestos y tasas. C-Libre y la red de periodistas Rapcos condenaron las acciones del Gobierno local y recalcaron que los municipios careen de autoridad para cerrar medios de comunicación y que pueden recurrir a la justicia para el cobro de impuestos. El grupo pidió a la alcaldía que suspenda la orden de cierre y que resarza los daños causados a la población y a las empresas perjudicadas.

Los cambios en el sistema de protección suscitan preocupación

En agosto de 2022, grupos de prensa nacionales e internacionales advirtieron que los despidos estaban poniendo en peligro el funcionamiento del mecanismo nacional de protección de periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), en pocos meses fueron despedidos más de dos tercios del personal técnico del Sistema de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, lo que condujo a una parálisis casi total de la aplicación de los dispositivos de protección. José Antonio Velásquez, jefe de la unidad de prevención del mecanismo, y Danilo Morales, director de la entidad desde 2018, fueron despedidos el 22 de abril de 2022 tras haber sido objeto de presuntas "agresiones reiteradas". Otros catorce empleados fueron despedidos el 12 de agosto de 2022, entre ellos, Cristóbal Martínez, director en funciones del mecanismo, y numerosos altos cargos.

En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) anunció que había abierto una investigación sobre presuntos abusos de poder en la gestión del Sistema Nacional de Protección. La CONADEH señaló que las decisiones de la administración pública en cuanto a procedimientos, escogencia de personal y garantías laborales adecuadas para los empleados deben ser acordes a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En respuesta a las críticas, Natalie Roque, la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), aseguró que el mecanismo estaba siendo reestructurado debido a denuncias de irregularidades, entre ellas, la violación de la confidencialidad por parte de funcionarios, la sustracción de documentos y el tratamiento indebido de la información de personas bajo medidas de protección.

El 18 de agosto de 2022, RSF publicó un tuit en el que hizo saber que Dina Meza, su corresponsal en Honduras, estaba siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y vigilancia por hablar del sistema de protección. El 23 de agosto de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Gobierno hondureño que revisara estos cambios en el mecanismo. El grupo aseguró haber seguido de cerca las decisiones que se habían tomado y estimó que los despidos podrían estar motivados por cuestiones políticas y no por consideraciones profesionales o técnicas, una situación que agravaría la deficiencia del sistema de protección para los periodistas.

Asociación

El 14 de julio de 2022, un grupo de individuos que se presentaron como agentes de policía intentaron confiscar materiales del grupo de la sociedad civil Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) en Tegucigalpa. Iban vestidos de civiles, no presentaron una orden judicial ni documentos que los identificasen como agentes de policía, y exigieron a la organización que les entregara los videos de las cámaras de seguridad. El personal se negó e impidió que los presuntos agentes accedieran a las oficinas. A continuación se retiraron, pero permanecieron en los alrededores durante una hora aproximadamente. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos expresó su preocupación por el suceso y señaló que ACI Participa y sus miembros han sido sometidos a ataques, amenazas, actos de intimidación y allanamientos de forma sistemática.