Honduras: continúan los ataques contra los defensores de los derechos humanos garífunas

Asociación

En octubre de 2022, el defensor de los derechos humanos garífuna y miembro del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz Alfredo López Álvarez fue blanco de amenazas durante el Foro Centroamericano de Donantes 2022. En declaraciones a Criterio.hn, López reveló que le advirtieron que tenía “veinticuatro horas para abandonar su comunidad”. Al parecer, la amenaza estaría relacionada con una disputa de tierras entre la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y los residentes del condominio privado Playa Escondida. El defensor ganó un juicio contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2006 por la vulneración de sus derechos, a raíz de una detención arbitraria que provocó que permaneciera privado de libertad durante 6 años y 4 meses en un centro de reclusión.

El 7 de noviembre de 2022, agentes de policía y de las fuerzas armadas expulsaron con gran violencia a los habitantes de Punta Gorda de sus tierras ancestrales en Roatán, Islas de la Bahía. Fundada en 1797, Punta Gorda fue la primera comunidad garífuna del país. Durante el desalojo, los agentes de policía prendieron fuego a las construcciones de la comunidad y habrían golpeado a varias personas y provocado heridas graves a quince. Seis personas resultaron detenidas, entre ellas Melisa Martínez, representante local de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quienes fueron acusadas de usurpación agravada y puestas en libertad condicional a la espera de una audiencia inicial.

Expresión

El 10 de octubre de 2022, individuos no identificados vestidos de policía secuestraron al periodista Edwin Josué Andino cuando se encontraba en su domicilio de Tegucigalpa y más tarde lo mataron a tiros. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que el cuerpo de Andino fue hallado en una calle cerca de su vivienda, con la boca cerrada con cinta adhesiva y heridas de bala en la cara. Su padre también fue secuestrado y asesinado a tiros; su cuerpo apareció en otro barrio de la capital. Andino tenía 23 años, se había graduado en periodismo en 2021 y trabajaba como productor de programas vespertinos en el canal nacional La Tribuna TV (LTV).

Según informaciones publicadas en la prensa, la Policía Nacional de Honduras sostuvo que las circunstancias en las que se produjeron ambos asesinatos indicaban que habrían sido perpetrados por miembros del crimen organizado. Informes preliminares concluyeron que existe un patrón en este tipo de ejecuciones: los asaltantes penetran en la vivienda de las víctimas y las secuestran sin alertar a los vecinos. Más tarde ese mismo mes, la policía detuvo a varias personas presuntamente vinculadas a la banda Barrio 18 y relacionadas con el asesinato de Andino y de su padre.

Nuevo organismo gubernamental suscita preocupación

El 19 de septiembre de 2022, el Gobierno promulgó el Decreto Ejecutivo Número PCM 023-2022, que establece la creación de la Dirección General de Información y Prensa, la cual estará bajo la dirección de la Secretaría de Planificación Estratégica. En el texto se definen las funciones que desempeñará el nuevo organismo, entre otras: "realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país" y "realizar diariamente un monitoreo y análisis de las diferentes noticias referidas a las acciones del Gobierno de la República".

El Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre) expresó su preocupación por el decreto y aseguró que fue aprobado mediante un proceso carente de transparencia y sin la participación de la sociedad civil ni de los grupos de medios de comunicación ni de otras organizaciones pertinentes. La organización pidió al Gobierno que derogara el decreto y afirmó que dicho organismo tendrá un impacto directo en el derecho a recibir información oportuna, fidedigna y sin sesgos políticos. C-Libre expresó su inquietud por las funciones que desempeñará dicha entidad y arguyó que algunas de sus atribuciones, como la “vigilancia”, están definidas de manera imprecisa en la legislación y pueden favorecer el control gubernamental sobre la información y generar un clima de censura. Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) pidió permanecer alerta ante las posibles restricciones a la libertad de expresión que deriven del decreto.

Informe sobre la libertad de expresión

C-Libre publicó su informe anual sobre la libertad de expresión en Honduras el 30 de agosto de 2022. La organización registró 96 denuncias de violaciones y restricciones a la libertad de expresión en 2021, lo que supone una reducción del 32,4 % respecto al año anterior. Las violaciones que se documentaron con mayor frecuencia en 2021 fueron las agresiones a periodistas, personal de los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos, las cuales supusieron casi el 60 % de todas las denuncias. También fueron frecuentes las restricciones al acceso a información pública, lo cual, según C-Libre, contribuyó a generar un clima marcado por la desinformación y el control gubernamental sobre la información a disposición de la población.