Reunión pacífica
A un mes de campamento decidimos ¡GRACIAS! Por toda la solidaridad expresada. El apoyo recibido nos motiva a seguir adelante. Estamos firmes y no vamos a parar: ¡nos queremos vivas y en salud! #LasCausalesVan pic.twitter.com/3tLPf4ByfJ
— Natalia Mármol (@natmarmol) April 11, 2021
En marzo de 2021 se manifestaron varias defensoras de los derechos reproductivos para exigir que se modifiquen las leyes punitivas de República Dominicana que rigen la interrupción del embarazo. El país es uno de los pocos de América Latina y el Caribe donde el aborto está penalizado y prohibido en cualquier circunstancia. Los abortos inseguros son una de las principales causas de mortalidad materna en República Dominicana y alrededor del 22 % de todos los abortos se practican a adolescentes.
El debate sobre este tema se reavivó en toda la región después de que Argentina legalizara el aborto en diciembre de 2020, tras décadas de movilización de los movimientos de mujeres del país. En febrero de 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana solicitó al presidente Abinader que cumpliera su promesa electoral y reformara el Código Penal dominicano para suavizar la legislación sobre el aborto. El 16 de marzo de 2021 un grupo asesor de la presidencia recomendó que se llevara a cabo una reforma del Código Penal con el fin de despenalizar el aborto en tres causales: en casos de violación o incesto, cuando exista un riesgo para la vida de la madre o cuando el embarazo no fuera viable. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que propuso en su lugar que el aborto se permitiera solo cuando el embarazo supusiera una amenaza para la vida de la madre.
Activistas feministas llevan acampadas desde el 11 de marzo de 2021 frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para mostrar su apoyo a una ley que reconozca las tres causales para el aborto legal. El acto de protesta corrió a cuenta de varias organizaciones de mujeres, que exigieron un mayor liderazgo de Abinader en el debate sobre la reforma del Código Penal. En declaraciones a Pledge Times, la militante dominicana por los derechos de la mujer Sergia Galván argumentó: "Consideramos que es el momento oportuno porque contamos con el compromiso del presidente".
Los grupos feministas convocaron una concentración el 11 de abril de 2021 para celebrar un mes de movilización ininterrumpida. El movimiento #LasCausalesVan también se granjeó la solidaridad del resto de los movimientos internacionales de mujeres y de la diáspora dominicana en Estados Unidos.
Mientras tanto, los grupos religiosos se movilizaron contra las propuestas de reforma y organizaron una caravana el 27 de marzo de 2021 en Santo Domingo.
Padres y madres exigen la vuelta a las clases
El 24 de febrero de 2021 decenas de padres y madres se manifestaron frente al Ministerio de Educación para exigir la participación de la sociedad civil en una reunión del Consejo Nacional de Educación que debía revisar las políticas educativas en el marco de la pandemia de COVID-19. Los progenitores argumentaron que la falta de clases presenciales estaba teniendo un efecto negativo en los niños y jóvenes del país. Durante dicha reunión el Consejo aprobó la apertura progresiva y voluntaria de las escuelas.
Expresión
#DOMINICANA La cronista Dulce García Robles acusada de "atacar un destacamento policial". Exigimos junto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa su sobreseimiento. Lxs periodistas sólo trabajan perseguidxs donde no se respeta la democracia.https://t.co/rVkUMZWCD6
— FIP — América Latina y El Caribe (@FIP_AL) December 18, 2020
El 18 de diciembre de 2021 la policía dominicana acusó a la periodista Dulce García Robles, de la emisora La Kalle, de intentar "asaltar un destacamento". Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el 18 de octubre de 2020 Robles participó en una manifestación frente a la comisaría de San Pedro de Macorís para exigir la liberación de otro periodista que había sido detenido por una supuesta violación del toque de queda para combatir la epidemia de COVID-19. Un agente de policía agredió a Robles durante dicha manifestación.
Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en lugar de proteger a la reportera, la policía presentó una denuncia en su contra que condujo a la formalización de una acusación en diciembre de 2020. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) y la FIP condenaron esta acusación, al parecer infundada, ya que consideran que se trata de un intento para intimidar la periodista. Otras asociaciones de prensa también expresaron su solidaridad con Robles.