ONU y organizaciones de DD.HH. expresan su preocupación tras la intervención militar ilegal de EE.UU. y la declaración del estado de emergencia

En esta actualización se analizan los acontecimientos relacionados con las libertades de expresión, asociación y reunión ocurridos en Venezuela desde mediados de octubre de 2025 hasta mediados de enero de 2026.

Contexto

La intervención militar ilegal de EE.UU. y la declaración del estado de emergencia suscitan preocupación entre expertas y expertos de las Naciones Unidas y organizaciones de DD.HH.

A principios de enero de 2026, personas expertas de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, CEJIL, CIVICUS, DPLF, ICJ, ISHR, GCR2P, HRW, OMCT, WOLA y otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras el uso ilegal de la fuerza militar por parte de los Estados Unidos (EE. UU.) y la posterior declaración del estado de emergencia por parte de las autoridades venezolanas. Advirtieron que los acontecimientos recientes podrían reforzar aún más la represión y la militarización en un país que ya estaba inmerso en una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos.

El 3 de enero de 2026, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo operaciones en Caracas y en los estados norteños de Miranda, Aragua y La Guaira. Los medios de comunicación informaron que alrededor de 50 militares venezolanos fueron asesinados y más de 112 personas resultaron heridas. Además, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados de manera forzada en territorio venezolano por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, una acción que vulnera la Carta de las Naciones Unidas y que podría constituir un acto de agresión según el derecho internacional. Al cabo de dos días, Delcy Rodríguez fue investida presidenta encargada de Venezuela, después de que el Tribunal Supremo invocara el artículo 234 de la Constitución para hacer frente a la “ausencia temporal” del presidente. Rodríguez había ejercido el cargo de vicepresidenta desde 2018 hasta principios de enero de 2026.

Estos acontecimientos sobrevinieron tras meses de acciones armadas ilegales y decenas de ataques aéreos letales del Gobierno estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que se saldaron con al menos 115 ejecuciones extrajudiciales. Especialistas en política aseguran que estos ataques encajan de lleno con la larga tradición estadounidense de diplomacia coercitiva e intervenciones en la región, y evidencian que el Gobierno de Donald Trump tiene objetivos más ambiciosos en materia de política exterior. De hecho, este enfoque ya quedó claramente reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, que prioriza la dominación y la promoción de los intereses estadounidenses por encima de la protección de la democracia y los derechos humanos.

En enero, el mismo día en el que se produjeron los ataques, las autoridades venezolanas declararon el estado de conmoción exterior (estado de excepción) en todo el país. Mediante un decreto, el Ejecutivo asumió amplias prerrogativas sobre las operaciones de seguridad y la gestión de infraestructuras críticas, y restringió la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica. En el documento, las autoridades ordenan a la policía “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América”. La medida, que permanecerá en vigor durante un periodo de 90 días prorrogable, se enmarca en el nivel de emergencia más elevado previsto en la Constitución.

Personas expertas de las Naciones Unidas han advertido que el ejercicio de facultades extraordinarias podría derivar en la imposición de restricciones excesivas a los derechos fundamentales. Asimismo, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas afirmó que las medidas se enmarcan dentro de un patrón histórico de serias violaciones de derechos humanos: “La Misión expresa su profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad, que incluye la afirmación del Gobierno de los Estados Unidos de que tiene la intención de ‘administrar’ el país en el futuro previsible, al mismo tiempo que las autoridades venezolanas han declarado un estado de emergencia”.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que las fuerzas de seguridad y las milicias armadas progubernamentales, conocidas como “colectivos”, portan armas de asalto y han llevado a cabo detenciones arbitrarias, patrullado espacios públicos, detenido vehículos y registrado a personas y revisado sus teléfonos. La militarización creciente de la vida pública ha aumentado la preocupación por una erosión más profunda de los derechos humanos, en una sociedad que ya lidiaba con la represión estatal.

Estos hechos se producen en el marco de una crisis política prolongada, una emergencia humanitaria compleja y una ofensiva constante contra el espacio cívico. Las violaciones graves de los derechos humanos, debidamente documentadas, y la represión sistemática del Estado han restringido considerablemente las libertades cívicas.

CIVICUS Monitor ha documentado cómo las autoridades han perseguido a personas defensoras de los derechos humanos, profesionales del periodismo y personas manifestantes mediante la imputación de cargos ambiguos de terrorismo y contra seguridad nacional. Como ya señalamos en nuestro último informe El poder ciudadano bajo ataque 2025, este patrón revela la existencia de una vasta estrategia de represión y criminalización de la sociedad civil independiente tras la crisis electoral de 2024. Actualmente, Venezuela se encuentra en la categoría de “cerrado”, la peor de la clasificación, lo que indica que las personas enfrentan restricciones extremas, tanto en la ley como en la práctica, para el ejercicio de las libertades cívicas.

Según la misión de determinación de los hechos, en Venezuela existe una política de Estado destinada a silenciar y reprimir las voces disidentes o consideradas como opositoras. Desde 2019, la misión ha analizado detalladamente el funcionamiento del aparato represivo del país, los mecanismos en los que se sustenta y los marcos jurídicos que se han utilizado para justificar estas acciones. Esta estructura sigue activa y, según decenas de organizaciones de la sociedad civil, debe desmantelarse en el marco de toda transición democrática creíble y genuina.

Libertad de asociación

PDDH de renombre quedan en libertad con el inicio de la excarcelación de personas presas políticas

La defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel fue puesta en libertad el 8 de enero de 2026, tras permanecer detenida de manera arbitraria durante casi dos años. Su familia aseguró que no goza de plena libertad, ya que aún está sujeta a medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad. San Miguel tiene la nacionalidad venezolana y española, y es abogada y directora de Control Ciudadano, una organización de la sociedad civil que supervisa las políticas de seguridad y el papel de las fuerzas armadas en Venezuela.

Como ya informamos, San Miguel junto con cinco familiares fueron detenidos el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Seis días después, las autoridades confirmaron que se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas. A raíz de una decisión del Juzgado Especial Segundo con competencia en delitos asociados al terrorismo, las autoridades la acusaron de traición, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, y ocultaron información sobre su paradero al principio de su detención.

La liberación de San Miguel se enmarcó en un proceso más amplio de excarcelaciones de personas presas políticas, incluidos profesionales del periodismo (ver Libertad de expresión), que fueron anunciadas en medio de una importante agitación política interna (ver Contexto). Las autoridades también pusieron en libertad a varias figuras políticas, entre ellas Biagio Pilieri, vinculado a la campaña presidencial de María Corina Machado en 2024, y Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato a la presidencia.

Altos cargos venezolanos presentaron las excarcelaciones como un gesto a favor de la paz. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Justicia, Encuentro y Perdón, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y otras organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la falta de transparencia del proceso. También señalaron que las autoridades llevaban a cabo liberaciones esporádicas sin criterios claros, control independiente ni garantías de que las personas beneficiarias podrían disfrutar de una libertad plena sin restricciones judiciales. En muchos casos, las autoridades liberaron a personas detenidas sin que los tribunales hubieran retirado los cargos que pesaban sobre ellas, mientras que familias seguían esperando fuera de los centros de detención sin recibir información alguna.

Según Foro Penal, la principal organización del país que presta asistencia jurídica a personas detenidas por motivos políticos, las autoridades liberaron al menos a 143 personas entre el 8 y el 19 de enero de 2026. Pese a esto, 777 personas, entre ellas 99 mujeres, siguen detenidas por motivos políticos, mientras que más de 11 300 siguen sometidas a medidas restrictivas de libertad, como prohibiciones de viaje o comparecencias obligatorias.

Difaman a una organización de derechos humanos

El 13 de enero de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, acusó públicamente a Foro Penal de cobrar a las familias para conseguir la liberación de sus parientes detenidos. También afirmó que los miembros de la Asamblea Nacional tenían a su disposición las listas con los nombres de las personas presuntamente liberadas. Estas declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la fuerte politización de las detenciones en curso y los anuncios de liberaciones de personas presas políticas (ver más arriba).

Foro Penal rechazó de inmediato estas acusaciones y las calificó de falsas. La organización aseguró que llevaba más de 23 años prestando asistencia jurídica gratuita en Venezuela y otros países, y que había brindado apoyo a más de 15 000 víctimas de violaciones de los derechos humanos sin cobrar por sus servicios. También negó haber solicitado pago alguno para incluir a personas en las listas de presos políticos.

La organización atribuyó la incertidumbre sobre las recientes excarcelaciones a la opacidad estatal y no a los informes de la sociedad civil. Foro Penal afirmó que las autoridades no habían ofrecido información clara ni completa sobre las personas excarceladas ni sobre los criterios aplicados, lo que angustió aún más a las familias de las personas detenidas y a los actores de la sociedad civil. Pidió a la Asamblea Nacional que hiciera públicas las listas verificadas con los nombres de las personas liberadas, ya que se trataba de una cuestión de interés público y humano.

Además, la organización señaló que, si bien las autoridades estatales son las únicas que deciden sobre la detención y liberación de las personas detenidas, ninguna de las excarcelaciones que se han documentado se habría producido sin la labor constante de documentación, registro y denuncia de las organizaciones de la sociedad civil.

Detienen arbitrariamente a un asesor sindical y se teme que haya sido víctima de desaparición forzada

El 26 de noviembre de 2025, alrededor de treinta agentes armados y encapuchados detuvieron de forma arbitraria al asesor laboral sindicalista y activista defensor de los derechos humanos Arnaldo Méndez Silva, en su domicilio. Testigos informaron que los agentes, vestidos de negro a bordo de tres vehículos sin placas, parecían ser miembros del SEBIN, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o de fuerzas paramilitares aliadas. Durante la operación, los agentes se incautaron de todos los teléfonos, extrajeron de forma violenta de la vivienda a Méndez Silva y amenazaron a su familia. Esta última declaró que los agentes golpearon al defensor mientras lo forzaban a subir a un vehículo y que le propinaron patadas en repetidas ocasiones.

Las autoridades no presentaron orden de detención alguna ni facilitaron información sobre investigaciones que le incumbieran. Desde que se llevó a cabo la operación, las autoridades no han revelado el paradero de Méndez Silva. Miembros del funcionariado han negado que estuviera retenido y no han proporcionado detalles sobre su detención. Las autoridades tampoco lo han presentado ante la justicia. Por consiguiente, tanto su familia como organizaciones de la sociedad civil han calificado su caso de desaparición forzada, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. También existe gran preocupación por la vida y el estado de salud de Méndez Silva, ya que los agentes lo agredieron durante la detención y él padece una desviación de la columna que le provoca dolor crónico y dificultades para desplazarse.

A principios de diciembre de 2025, su familia solicitó información e interpuso recursos ante la Fiscalía de Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo (la institución nacional competente en materia de derechos humanos); sin embargo, no obtuvieron respuestas efectivas. También visitaron varios centros de detención, entre ellos El Helicoide, uno de los más importantes de Caracas, calificado como centro de tortura por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las autoridades del centro aseguraron que Méndez Silva no se encontraba detenido en las instalaciones y que carecían de información sobre su caso.

El 21 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 96/2025, por la que se otorgaron medidas cautelares en beneficio de Méndez Silva, ya que consideró que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, puesto que corría el riesgo de que sus derechos a la vida y a la integridad personal sufrieran un daño irreparable.

El deceso de un líder de la oposición bajo la custodia del SEBIN agrava la preocupación por las muertes de las personas detenidas

El opositor y exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Javier Díaz Figueroa falleció el 5 de diciembre de 2025 en El Helicoide, donde se encontraba bajo custodia. Era miembro de Acción Democrática, un partido político histórico de la oposición. Las autoridades lo detuvieron arbitrariamente el 24 de noviembre de 2024 en el marco de la represión que siguió a las elecciones presidenciales de julio de ese año.

Durante los primeros cuatro días de su detención, no revelaron el paradero de Díaz, le negaron el acceso a un profesional de la abogacía de su elección y, posteriormente, lo acusaron de “terrorismo” y de “incitación al odio”, dos cargos que suelen utilizarse contra quienes critican al Gobierno. Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, Díaz permaneció aislado en régimen de incomunicación durante más de un año. Su familia denunció que las autoridades le denegaron atención médica adecuada y la posibilidad de visitarlo periódicamente. Además, las autoridades rechazaron su petición para que pudiera asistir al funeral de su padre y, según algunos informes, las fuerzas de seguridad allanaron el domicilio de miembros de su familia poco después de su detención. Estas circunstancias perduraron hasta su muerte bajo la custodia del SEBIN.

Según la organización venezolana de asistencia legal Foro Penal, 17 personas detenidas por motivos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde 2014. Justicia, Encuentro y Perdón, el Observatorio Venezolano de Prisiones y otras organizaciones informaron de 25 muertes en el mismo periodo, tanto en centros de detención y hospitales como bajo arresto domiciliario, a las que se suman 5 muertes por complicaciones graves de salud tras la puesta en libertad de personas detenidas.

Las organizaciones de la sociedad civil han documentado que al menos 92 personas detenidas por motivos políticos padecen cáncer, alzhéimer, diabetes, hipertensión y otras afecciones que requieren atención médica urgente. Las condiciones en las que se encuentran suscitan preocupación, ya que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos por normas internacionales como las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El 10 de diciembre de 2025, CIVICUS y otras cuatro organizaciones internacionales de la sociedad civil exigieron que se llevaran a cabo investigaciones independientes e imparciales, que se pusiera fin a las detenciones arbitrarias y a las desapariciones forzadas, y que se aplicaran medidas urgentes para evitar más muertes bajo custodia.

Detienen a un líder sindical en régimen de incomunicación

El 29 de noviembre de 2025, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente en Caracas a Elías Torres, secretario general en funciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según informes de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, los agentes allanaron su apartamento y lo detuvieron sin presentar una orden judicial. Desde entonces, las autoridades no han informado de los cargos de los que se le acusa ni han confirmado dónde se encuentra detenido.

Torres tiene 74 años y padece hipertensión, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardiaca, entre otras afecciones crónicas graves. Además, ha sido operado de la columna vertebral y necesita tomar medicamentos a diario. Miembros de su familia denunciaron que las autoridades no les han permitido llevarle medicinas ni comprobar su estado de salud, lo que les hace temer por su vida e integridad física. A lo largo de su dilatada trayectoria como líder sindical, Torres ha defendido los derechos laborales y ha presentado quejas ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Miembros de su familia y de la CTV explicaron que a pesar de las visitas reiteradas a fiscalías, tribunales y centros de detención, no han podido obtener información oficial sobre su paradero. Personas defensoras de los derechos humanos señalaron que los tribunales penales de Caracas se negaron a tramitar una petición de habeas corpus interpuesta en su nombre, por lo que su detención quedó al margen de la tutela judicial.

El Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable para la Sociedad Civil (EU SEE) informó que varias organizaciones sindicales regionales e internacionales habían expresado públicamente su preocupación por este caso y advertido que la detención de Torres vulneraba el derecho a la libertad sindical. La CTV solicitó la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Según un comunicado, la OIT informó a las autoridades venezolanas de la activación de sus mecanismos de apoyo con motivo de la detención de Torres y de otro dirigente sindical del sector de la construcción que también fue detenido a finales de noviembre de 2025. Organizaciones defensoras de los derechos laborales también señalaron que hasta quince liderazgos sindicales permanecen privados de libertad en Venezuela.

Difaman a un defensor de los derechos humanos

El 24 de noviembre de 2025, durante una emisión en directo en la televisión estatal, Nicolás Maduro acusó al cofundador de la organización venezolana de derechos humanos PROVEA Raúl Cubas de haber participado en su presunta detención en 1996, cuando era dirigente sindical. Maduro no solo no presentó pruebas que respaldaran dichas acusaciones, sino que además afirmó que Cubas había trabajado como informante para cuerpos de seguridad argentinos implicados en actos de tortura. Durante la misma intervención, Maduro cuestionó directamente la legitimidad de PROVEA, asegurando que la organización “trabaja para la CIA”.

Raúl Cubas fue víctima de desaparición forzada y de actos de tortura durante la dictadura militar argentina (1976-1983). En 1976, las fuerzas de seguridad de ese país lo secuestraron y lo recluyeron durante dieciocho meses en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un centro de detención y tortura. En 1979 se exilió en Venezuela tras ser liberado. En 1984 regresó a Argentina para declarar como testigo ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y contribuir así a las investigaciones sobre los crímenes perpetrados durante la dictadura.

En los últimos años, tanto PROVEA como sus miembros han sufrido represalias continuas, entre ellas la detención arbitraria de Eduardo Torres, abogado de la organización. PROVEA también ha sido objeto de ataques y amenazas públicas. De hecho, en 2015 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de PROVEA y de sus miembros, las cuales fueron ampliadas en abril de 2025 en respuesta a la persistencia de los riesgos a los que se enfrentaban.

Las amenazas de retirada de la nacionalidad suscitan preocupación

El 2 de diciembre de 2025, durante un debate parlamentario sobre la pérdida de activos de Citgo —una petrolera con sede en Estados Unidos propiedad de la empresa estatal PDVSA—, los miembros de la Asamblea Nacional plantearon la posibilidad de retirar la nacionalidad a varias personas venezolanas acusadas de facilitar dicha merma.

El Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable para la Sociedad Civil (UE SEE) señaló que las amenazas públicas de retirada de la nacionalidad se han multiplicado en los últimos meses. Varios liderazgos políticos también han hecho propuestas similares en público y han pedido que se retire la nacionalidad a varios ciudadanos venezolanos.

Cuando se redactó esta actualización, la información disponible no reflejaba que las autoridades hubieran privado de nacionalidad a las personas amenazadas. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que las amenazas de privación de la nacionalidad reiteradas funcionan como una táctica intimidatoria contra la sociedad civil y la oposición política, y podrían generar un efecto disuasorio susceptible de socavar el espacio cívico.

La CPI conserva sus competencias a pesar de la nueva ley

El 4 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional aprobó en segunda lectura la Ley por Palestina y la Justicia, cuyo objetivo declarado es la derogación de la ley que aprobó la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Los liderazgos de la Asamblea presentaron la medida como un acto de defensa de la soberanía nacional y como una respuesta a lo que calificaron como la instrumentalización política de la CPI, tras una investigación abierta por el organismo por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, conocida como Situación Venezuela I, la cual se encuentra activa formalmente desde noviembre de 2021.

Según la organización de la sociedad civil Acceso a la Justicia, que se dedica a supervisar la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela, la nueva norma deroga la ley aprobatoria nacional del año 2000, pero no implica la retirada de Venezuela de la CPI ni del Estatuto de Roma. Además, el derecho internacional establece que los Estados están obligados a respetar un tratado a menos que sigan el procedimiento de retirada específico previsto en el propio tratado. En el caso del Estatuto de Roma, el artículo 127 dispone que un Estado deberá notificar por escrito su retirada al secretario general de las Naciones Unidas y que esta entrará en vigor al cabo de un año y sin efecto retroactivo. Sin embargo, las autoridades venezolanas no han realizado dicho trámite. A esto se suma que la Constitución otorga la potestad de denunciar tratados al presidente, no a la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, Venezuela aún es un Estado parte del Estatuto de Roma y la CPI sigue siendo competente para juzgar los crímenes que se hubieran cometido mientras el tratado permanecía en vigor. Además, el tribunal internacional podrá perseguir los actos que están siendo investigados desde al menos 2017 en el marco de la investigación Situación Venezuela I. Incluso si en el futuro el Poder Ejecutivo decidiera que el país se retirara oficialmente del tratado, esto no detendría la investigación en curso ni afectaría a los presuntos delitos cometidos antes de que la retirada se hiciera efectiva.

Libertad de expresión

La liberación parcial de periodistas no reduce la presión sobre la libertad de prensa

El 14 de enero de 2026, tras un anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez a principios de ese mes, las autoridades pusieron en libertad a diecinueve personas trabajadoras de la prensa y profesionales del periodismo que habían sido detenidos entre 2022 y 2025. (ver Libertad de asociación).

Las autoridades habían acusado a muchas de ellas de “incitación al odio”, “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “difusión de noticias falsas” y otros delitos penales definidos de manera amplia. Muchas estuvieron detenidas en régimen de incomunicación y fueron objeto de vigilancia digital, restricciones a su libertad de circulación, la confiscación y destrucción de material periodístico, así como de acusaciones formuladas por altos cargos en televisión. También se les negó el acceso a una defensa legal de su elección y fueron procesadas por tribunales especializados, en algunos casos a distancia, hecho que generó serias dudas sobre el respeto de las garantías procesales.

Entre las personas liberadas, varias que se habían visto inmersas en casos con gran repercusión, representativos del patrón de represión que sufre la prensa. Por ejemplo:

• Nicmer Evans, director del medio Punto de Corte, fue detenido arbitrariamente por agentes del SEBIN en diciembre de 2025 tras denunciar públicamente la presencia de agentes de seguridad en su domicilio.
• Nakary Mena Ramos, reportera de Impacto Venezuela, fue detenida arbitrariamente en abril de 2025 y acusada de “delitos de odio” y de “publicación de noticias falsas” tras realizar un reportaje audiovisual. Permaneció detenida durante meses y la separaron de su hija de seis años.
• Roland Carreño, periodista y activista social, fue detenido arbitrariamente en agosto de 2024, a pesar de las medidas cautelares que le había concedido la CIDH. Era la segunda vez que lo encarcelaban desde 2020. Las autoridades no le permitieron reunirse con su defensa legal ni con su familia libremente.
• Carlos Marcano, periodista y profesor universitario, fue detenido arbitrariamente, sin orden judicial, en su domicilio en mayo de 2025, y recluido en régimen de prisión preventiva.
• Carlos Julio Rojas, periodista y líder comunitario, fue secuestrado en abril de 2024 por hombres no identificados y posteriormente acusado por la Fiscalía de estar implicado en un presunto plan de asesinato, a raíz de declaraciones públicas de altos cargos.

A pesar de que el número de profesionales del periodismo detenidos se redujo tras las excarcelaciones de enero de 2026, muchos de ellos siguen enfrentándose a procesos penales o restricciones, por lo que todavía no gozan de plena libertad. Varios profesionales del periodismo siguen detenidos.

A mediados de enero de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que al menos seis profesionales del periodismo y trabajadores de los medios permanecían detenidos, a saber, Marifel Guzmán, Rory Branker, Juan Francisco Alvarado, Deivis Correa, Jonathan Carrillo y Juan Pablo Guanipa. Organizaciones de la sociedad civil explicaron que las excarcelaciones no son sinónimo de libertad plena, ya que si no se sobreseen las causas, estas personas seguirán sometidas a una inseguridad legal constante.

Detienen y vigilan a profesionales del periodismo durante la investidura presidencial

El 5 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a catorce profesionales del periodismo y personas trabajadoras de los medios de comunicación en Caracas, mientras cubrían la toma de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela (ver Contexto). Según el SNTP, las detenciones se produjeron en el interior de la Asamblea Nacional, en las inmediaciones de la sede parlamentaria y en el barrio de Altamira.

Posteriormente, las autoridades pusieron en libertad a trece profesionales del periodismo sin pasar por los tribunales y expulsaron del país a un corresponsal extranjero de CNN International. Mientras estaban detenidos, los agentes de seguridad registraron sus equipos, los obligaron a desbloquear sus teléfonos y revisaron o borraron contenidos de aplicaciones de mensajería y de sus redes sociales.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó las detenciones y aseguró que forman parte de un patrón de intimidación más amplio para obstaculizar la cobertura independiente de acontecimientos de interés público. También pidió a las autoridades que garantizaran que los miembros de la prensa puedan desempeñar su labor sin ser sometidos a vigilancia, intimidación o represalias.

Asimismo, el 4 de enero de 2026, agentes del SEBIN detuvieron arbitrariamente durante dos horas a dos reporteros que cubrían un operativo de seguridad en la frontera con Colombia. Luis Carlos Vélez, de Univision Noticias, relató que los agentes comprobaron sus documentos de identidad, registraron sus teléfonos y borraron material periodístico antes de liberarlos.

El SNTP señaló que estos incidentes se produjeron durante el estado de conmoción exterior decretado a principios de enero de 2026 (ver Contexto) y que su aplicación ha coincidido con el endurecimiento de las restricciones al ejercicio del periodismo, las cuales han afectado especialmente a corresponsales y medios internacionales.

Expulsan al equipo argentino de C5N a su llegada al aeropuerto

El 9 de diciembre de 2025, las autoridades migratorias venezolanas negaron la entrada al país y expulsaron del aeropuerto internacional Simón Bolívar a los periodistas argentinos Nicolás Monafó y Adrián Salonia, y al cámara Sebastián Solís. El equipo del canal de noticias argentino C5N aterrizó alrededor de las dos de la madrugada. A continuación, el personal de inmigración les pidió la documentación, les tomó fotografías y los interrogó.

Al cabo de unas dos horas, las autoridades les informaron que carecían del permiso correspondiente para entrar en el país y los escoltaron a través de la terminal hasta otro avión. No les dieron ninguna explicación oficial ni les entregaron una notificación por escrito. Los expulsaron y los enviaron a Bolivia, donde permanecieron a la espera de poder volver a Buenos Aires.

La organización de defensa de la libertad de expresión Espacio Público explicó que esta expulsión se suma a las restricciones constantes que sufren los medios de comunicación internacionales para acceder a Venezuela, donde en los últimos años se ha negado la entrada, detenido y expulsado a periodistas extranjeros, en el marco de unas presiones más amplias sobre la labor de la prensa independiente.

Clausuran una radio en La Guaira

El 26 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo regulador del sector, ordenó el cierre de la emisora La Radio 93.7 FM de La Guaira, lo que supuso el fin de las emisiones en el municipio de Carlos Soublette, una localidad costera cercana a Caracas, la capital. Cuatro miembros del personal del ente estatal se presentaron en la sede de la estación, levantaron un acta de cierre y confiscaron el equipo de transmisión: una consola, micrófonos y un transmisor. Las autoridades afirmaron que la estación carecía de autorización. Los propietarios de la radio aseguraron que emprenderían acciones legales para recuperar el material incautado.

También explicaron que tenían documentación pendiente y comprobantes de pago de tasas relacionadas con una solicitud para regularizar su licencia de radiodifusión que habían presentado hacía muchos años. Precisaron que la Conatel no les había comunicado una respuesta definitiva. La Radio 93.7 FM llevaba doce años en funcionamiento y empleaba a cuatro personas trabajadoras y catorce productores independientes. La clausura provocó que algunas personas perdieran sus puestos de trabajo de forma inmediata, entre ellas una persona con discapacidad visual y un adulto de avanzada edad con problemas de salud.

La Radio 93.7 FM emitía programas culturales, informativos y de opinión y había difundido contenidos favorables al Gobierno, y ofrecido tiempo de antena para actividades políticas del oficialismo, lo que demuestra que la emisora no se posicionaba como un medio de la oposición. Algunos miembros del personal señalaron que las autoridades habían autorizado a otra radio a emitir en la misma frecuencia en otra zona de la región, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que se estuviera aplicando la normativa de forma desigual.

Un medio de comunicación independiente queda fuera de servicio

El 21 de noviembre de 2025, el medio de comunicación independiente venezolano El Pitazo informó que su web principal estaba fuera de servicio y permanecía inaccesible por razones desconocidas. Afirmó que Contabo, su proveedor de servicios de alojamiento web, le había comunicado que todos los datos almacenados en el servidor de la empresa se habían borrado, sin explicarle cómo ni por qué.

Anteriormente, El Pitazo ya había señalado que su web había sido objeto de bloqueos intermitentes y problemas informáticos en el marco de restricciones más generales al acceso a noticias de fuentes independientes. El Pitazo anunció que lanzaría una web alternativa y un blog para seguir publicando noticias y preservar así el acceso público a la información mientras investigaba lo sucedido con su proveedor de alojamiento.

La caída de este portal de noticias pone de manifiesto la vulnerabilidad digital a la que se enfrentan los medios de comunicación independientes en Venezuela, donde las plataformas digitales suelen ser objeto de interrupciones técnicas o restricciones de acceso.

Reunión pacífica

Familias celebran vigilias frente a centros de detención para exigir la liberación de personas presas políticas

El 20 de enero de 2026, las familias de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela organizaron vigilias de protesta durante varias noches consecutivas frente a los principales centros de detención, entre ellos El Helicoide, en Caracas, y Tocorón, en el estado de Aragua. Explicaron que el objetivo de las vigilias era conseguir la liberación de todas las personas que, a su juicio, habían sido detenidas arbitrariamente. También señalaron que, a pesar de las excarcelaciones limitadas de principios de enero de 2026, cientos de personas aún permanecían detenidas.

A las puertas de la cárcel de Tocorón, decenas de familias denunciaron que al menos 140 personas presas políticas permanecían detenidas en el centro y que solo unas pocas habían sido puestas en libertad. Pidieron a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y a Tarek William Saab, fiscal general, que cumplieran su promesa de liberar a las personas detenidas por motivos políticos. En Caracas, otro grupo de familiares llevó a cabo un acto de protesta frente al Ministerio Público con el fin de obtener información sobre sus parientes que permanecen privados de libertad.

Marcha progubernamental de mujeres en Caracas

El 6 de enero de 2026, Caracas fue escenario de una protesta pacífica liderada por mujeres simpatizantes del partido del Gobierno. Decenas de participantes marcharon por las calles de la capital para expresar su apoyo al Gobierno interino del país y mostrar su rechazo a lo que calificaron de agresión externa. Las manifestantes portaron pancartas, corearon consignas afines al discurso oficialista y plantearon reivindicaciones políticas en lugar de socioeconómicas, lo que diferenció esta movilización de otras protestas más recientes centradas en derechos laborales o sociales.

Las reivindicaciones laborales pendientes fueron el detonante de las protestas de finales de 2025

El 18 de diciembre de 2025, la ciudadanía protagonizó protestas pacíficas en Aragua y Sucre para reclamar soluciones a problemáticas laborales y sociales que seguían sin resolverse, en un contexto marcado por las dificultades económicas constantes.

En Aragua, las personas manifestantes expresaron su preocupación por las condiciones laborales, la seguridad social, el acceso a la atención médica y la disponibilidad de alimentos, reflejo del descontento persistente por el deterioro del nivel de vida y la ausencia de respuestas estatales efectivas a las demandas de las personas trabajadoras.

En Sucre, el personal jubilado de la planta estatal de producción de sal Salinas de Araya continuó con una protesta pacífica que había iniciado siete días antes. Reclamaban el pago de los salarios pendientes por parte de Corposucre, una entidad pública regional. Las personas manifestantes denunciaron que las autoridades no les habían ofrecido soluciones concretas ni un calendario detallado para solventar los retrasos.

El 10 de diciembre de 2025, en el estado de Monagas, al este de Venezuela, más de una treintena de exmiembros del personal de la empresa nacional de venta al por menor Unicasa se concentraron de forma pacífica frente a la Inspectoría de Trabajo, la autoridad pública encargada de hacer cumplir la legislación laboral y resolver los conflictos laborales. Exigían el pago de indemnizaciones por despido tras el cierre de la empresa y afirmaban que seguían sin recibir respuesta a sus reclamaciones, a pesar de las peticiones reiteradas a las autoridades administrativas.