Enfrentamientos entre manifestantes en medio de una polarización creciente por las elecciones de 2025

Contexto

Crecen las amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos y los profesionales del periodismo

El 5 de agosto de 2024, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) publicó un informe en el que detalló los graves problemas a los que se enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos en Bolivia, en particular aquellas que defienden la libertad de expresión, los derechos medioambientales y los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de las salvaguardias constitucionales y del compromiso explícito del país con las normas internacionales en materia de derechos humanos, sigue existiendo una brecha considerable entre estos marcos oficiales y la realidad a la que se enfrentan las personas defensoras.

En la práctica, el control gubernamental sobre la publicidad institucional coarta la labor de los medios de comunicación independientes y hace que crezcan las amenazas contra la libertad de expresión. Las mujeres periodistas sufren actos de acoso adicionales por su género que a menudo son ignorados por las autoridades, lo que crea un clima de impunidad. Asimismo, las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas se enfrentan a mayores riesgos, derivados de su labor reivindicativa y de su marginación, que los exponen a la discriminación, la estigmatización y al desamparo legislativo.

Esta situación precaria está estrechamente vinculada a las políticas económicas extractivistas, que aumentan los riesgos para quienes defienden el medioambiente, el derecho a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas. Estas políticas, que priorizan la extracción de recursos naturales por encima de los derechos humanos y medioambientales, agravan la situación de vulnerabilidad a la que se exponen las personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra.

Reunión pacífica

La marcha encabezada por Evo Morales exacerba las tensiones y provoca enfrentamientos

La Marcha para Salvar Bolivia encabezada por el expresidente Evo Morales llegó a La Paz el 23 de septiembre de 2024, tras un periplo de una semana desde Caracollo, Oruro. Morales y miles de sus partidarios, entre ellos mineros, grupos indígenas y comunidades agrícolas, exigieron soluciones para la crisis económica que atraviesa el país y promovieron la candidatura del exmandatario a las elecciones de 2025, a pesar de que la Constitución le prohíbe presentarse nuevamente.

La marcha provocó un aumento de las protestas en todo el departamento de La Paz y se llegaron a registrar más de ochenta manifestaciones en septiembre de 2024, la mayor cifra desde 2018, cuando la organización ACLED comenzó a monitorear la situación en Bolivia. Si bien la mayoría de las protestas se desarrollaron de forma pacífica, también se documentaron enfrentamientos con la policía y entre partidarios de Morales y de Arce.

El 17 de septiembre, los seguidores de Arce montaron una barricada para impedir que la marcha avanzase y quemaron una efigie de Morales. Mientras tanto, algunos manifestantes permanecieron en las montañas a la espera de que llegaran refuerzos para frenar a la comitiva. A pesar de la oposición, los simpatizantes de Morales —más numerosos que los contramanifestantes—, consiguieron avanzar tras una tensa discusión durante la que se lanzaron piedras y gases lacrimógenos. Veintiséis personas manifestantes resultaron heridas, entre ellas profesionales del periodismo (ver Libertad de expresión), al igual que tres policías, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado.

El 22 y el 23 de septiembre, a medida que la marcha se adentraba en capital, los contramanifestantes se fueron concentrando en la plaza Murillo, cerca de los edificios gubernamentales, pidiendo diálogo. Durante el encuentro entre ambos grupos, los partidarios de Arce fueron blanco de piedras y de explosivos de dinamita.

Según el Ministerio del Interior, durante el recorrido de la marcha se produjo una serie de conflictos que dejaron más de ochenta y siete personas heridas, diez detenidas y cuatro vehículos averiados. Manifestantes robaron equipos de televisión y destruyeron espacios públicos e infraestructuras de cuatro entidades públicas y privadas. El ministro del Interior Carlos Del Castillo aseguró que la situación estuvo marcada por “la violencia y la destrucción” y achacó los disturbios a la campaña de Morales.

Las protestas son un reflejo de la fractura del panorama político de Bolivia y ponen de manifiesto las profundas divisiones en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del Gobierno.

Protesta de ecologistas en La Paz

El 11 de septiembre de 2024, alrededor de medio centenar de manifestantes intentaron ingresar en la plaza Murillo, una zona restringida de la capital. Condenaron la actual crisis medioambiental provocada por incendios forestales de grandes proporciones, que las personas activistas atribuyen a “quemas controladas” autorizadas por la legislación vigente. Convocadas principalmente a través de redes sociales, las protestas se dirigían contra las leyes aprobadas en 2013 durante el mandato del expresidente Evo Morales. Dicha legislación autoriza la expansión agrícola y el desmonte de tierras, que, según las personas manifestantes, agravan la degradación del medioambiente.

Los intentos para acceder a la zona provocaron enfrentamientos con la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Las personas manifestantes expresaron su frustración por lo que consideraron como un trato discriminatorio, señalando que el día anterior las autoridades habían permitido que una manifestación progubernamental, afín al presidente Luis Arce, accediera al mismo lugar. El activista medioambiental Juan Giacoman resultó detenido, si bien fue puesto en libertad sin cargos al cabo de dos días.

En respuesta a unos incendios forestales sin precedentes, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional mediante un decreto supremo aprobado el 30 de septiembre de 2024. El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz advirtió que, desde enero de 2024, los incendios habían devastado siete millones de hectáreas en el departamento, en lo que miembros del funcionariado describieron como el “mayor desastre ambiental que haya vivido Santa Cruz”. Cabe destacar que las pérdidas registradas este año superan ya a las registradas en el 2019, cuando se quemaron 5,3 millones de hectáreas en todo el país.

Manifestantes piden garantías medioambientales contra la contaminación minera en Potosí

El 1 de agosto de 2024, poblaciones de distritos rurales del municipio de Tupiza, Potosí, protagonizaron una marcha contra la presunta extracción y exportación ilegal de oro por parte de empresas mineras en la cuenca del río San Juan del Oro. Las personas manifestantes hicieron hincapié en los efectos nocivos de la minería en la calidad del agua del afluyente, la biodiversidad local y la salud pública. Instaron a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a aplicar una regulación más estricta para proteger el medioambiente y el bienestar de la ciudadanía.

Informaciones publicadas por la prensa señalan que las actividades mineras se concentran en la zona alta de Tupiza, afectan a toda la cuenca y se extienden hasta las comunidades del municipio vecino de Tarija. Las personas manifestantes criticaron la inacción de las autoridades y exigieron un control más exhaustivo para mitigar los riesgos sanitarios y medioambientales.

Libertad de asociación

Criminalización de líderes comunitarios

El 22 de octubre de 2024, la Fiscalía acusó formalmente a la dirigencia del cantón Chiquiacá por “atentados contra la libertad de trabajo” e “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”. La denuncia fue presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra veinte miembros de la comunidad que se oponen al ingreso programado de la empresa en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía para llevar a cabo labores de prospección petrolíferas.

Marcos Carlos Navarro Morales, representante legal de YPFB, alegó que miembros de la comunidad obstruyeron el acceso al pozo exploratorio Domo Oso X3 el 1 y el 2 de octubre de 2024. Pese a que el personal de YPFB y de Petrobras contaba con las “autorizaciones respectivas”, Navarro afirmó que miembros de la comunidad impidieron su entrada, lo que provocó retrasos logísticos y pérdidas económicas. En la denuncia se comunicó a los miembros de la dirigencia que se celebraría una audiencia en un plazo de 24 horas tras la notificación y que serían detenidos en caso de que no se presentasen.

Como ya informamos, la comunidad de Chiquiacá se ha mantenido movilizada y en alerta desde mayo de 2024 para impedir el ingreso de empresas petroleras a la reserva de Tariquía.

La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) condenó las acciones de YPFB y de Petrobras y las acusó de recurrir al acoso, la intimidación y la entrega de incentivos para que la comunidad apoye las labores de exploración petrolífera. También denunció que el empleo de estas tácticas entre junio y agosto habían creado divisiones internas y desatado conflictos, incluso dentro de las familias.

En Bolivia se está produciendo un aumento de la criminalización de activistas de los derechos humanos, especialmente de aquellos que defienden los derechos laborales, medioambientales y de acceso a la tierra. Los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas revelan que, entre enero y septiembre de este año, se produjeron 54 ataques, 27 de ellos contra personas defensoras del territorio y del derecho a la tierra. Esta cifra supone un aumento significativo con respecto a los 18 casos registrados en 2023.

Acosan a la comunidad Seke Jahuira

El 9 de septiembre de 2024, el liderazgo de la comunidad Seke Jahuira informó de un aumento de las amenazas y de los actos de intimidación desde que denunció la contaminación causada por la actividad minera.

La dirigente comunaria Emilia Chuquimia aseguró que ella y otras personas han sido amenazadas por personas que blandían palos y petardos, sobre todo cuando han llevado a sus animales a pastar en tierras comunales. Miembros de la comunidad arguyeron que estas tácticas intimidatorias silencian a quienes se oponen a las operaciones mineras en curso y disuaden a los miembros de la comunidad que defienden sus derechos y el medioambiente.

El 26 de agosto, la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos de la Alcaldía de Viacha publicó un informe en el que reveló la existencia de niveles elevados de cianuro en el acuífero de Sarh, principal fuente de agua de la comunidad Seke Jahuira y de otras comunidades vecinas. La contaminación de las aguas fue constatada en julio 2024 y llevó a las autoridades a sellar el pozo de Sarh ―operado por la Empresa Procesadora de Minerales Jacha Kollo―, en virtud de la Resolución Administrativa AAPS 227/2024 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).

Liderazgos de la comunidad precisaron que actualmente operan en la zona unas veintitrés empresas mineras que utilizan métodos de extracción química relacionados directamente con la contaminación del acuífero. La comunidad indicó que se seguían otorgando licencias a empresas mineras sin una supervisión medioambiental efectiva, lo que ha suscitado dudas en cuanto al compromiso de las autoridades con la protección del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.

Amenazan de muerte a un líder indígena

El 18 de agosto de 2024, el terrateniente brasileño José Carvalho amenazó presuntamente con un arma de fuego a O.R.C.P., cacique de la comunidad indígena Ascensión de Macoñó. El suceso se produjo cuando O.R.C.P. y dos comunarios atravesaron parte de la propiedad que posee Carvalho en Tacuaral para conseguir apoyo logístico para sofocar un incendio que ponía en peligro a las comunidades aledañas, entre ellas Ascensión de Macoñó, y un asentamiento campesino vecino. Las tierras de Tacuaral se encuentra dentro del Área Natural de Manejo Integrado Municipal Laguna Marfil.

Libertad de expresión

Agreden a profesionales del periodismo mientras cubrían protestas

El 17 de septiembre de 2024, los enfrentamientos durante las manifestaciones de partidarios del expresidente Evo Morales y del actual presidente Luis Arce (ver Reunión pacífica) en Vila Vila desembocaron en agresiones hacia dos profesionales del periodismo. Manifestantes agredieron a Irene Torrez, reportera de Cadena A de Oruro: la apalearon, la patearon y la empujaron mientras cubría el acto. También obligaron a un periodista de SEO TV a interrumpir su emisión en directo.

En respuesta, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) publicaron una declaración conjunta en la que pidieron que se respetasen y protegiesen la libertad de expresión, de prensa y de información.

Estos hechos se produjeron en un contexto marcado por los crecientes actos violencia contra los profesionales de periodismo del país. La sociedad civil documentó 82 casos de violación de la libertad de prensa entre enero y septiembre de 2024. La infracción más frecuente fue la restricción al acceso a la información, con 22 casos, seguida de las amenazas y de los actos de intimidación (16 casos) y de las agresiones físicas o psicológicas a profesionales del periodismo (12 casos). Los principales autores de estas violaciones fueron la ciudadanía (18 casos), el Ministerio Público (10 casos) y la Policía Nacional (10 casos).

Secuestran a profesionales del periodismo

El 26 de agosto de 2024, dos equipos de televisión fueron secuestrados durante dos días por grupos de ocupantes de tierras y de comunarios que se resistían a una operación policial para recuperar una propiedad privada en la comunidad de Caranda, municipio de Bella Vista, departamento de Santa Cruz.

Según fuentes de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), se trata de los equipos formados por el periodista Joel Orellana y el chofer Miguel Ángel Rivero, de UNITEL, y por el periodista Fabricio Escalante y el chofer Mauricio Sandóval, de Red Uno.

A la llegada de las fuerzas policiales, miembros de la comunidad se reunieron, encendieron fuegos artificiales, derribaron árboles para cortar un camino de tierra y organizaron una vigilia que impidió que policías, periodistas y cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) regresaran a Santa Cruz de la Sierra. El bloqueo se produjo tras el despliegue de más de 200 agentes de policía para recuperar 33 de las 128 hectáreas que corresponden a la propiedad agrícola Causal de Caranda.

Mientras estuvieron secuestrados, los profesionales del periodismo se refugiaron temporalmente en un campamento de la policía, donde prepararon, con escasos recursos, los alimentos que se habían procurado en un comercio local. Debido a las bajas temperaturas, que descendieron hasta los 14 °C durante la noche, tuvieron que dormir en los vehículos que habían alquilado para llegar hasta el lugar. Denunciaron que fueron intimidados por miembros de la comunidad que, presuntamente, habrían intentado impedirles grabar imágenes y los habrían acusado de difundir información engañosa.

Por otro lado, el 1 de agosto de 2024, la policía detuvo arbitrariamente al periodista Juan Pérez Munguía mientras tomaba fotos y grababa videos frente al Banco Central. Munguía relató que los agentes intentaron obligarlo a borrar sus grabaciones y a firmar un documento en el que admitía haber cometido un delito, sin que se especificara cuál. Se negó y fue puesto en libertad al cabo de dos horas.

En respuesta, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la ANPB publicaron una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación por lo que consideran como intentos de las autoridades para limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. Ambas asociaciones subrayaron la importancia de respetar la libertad de la prensa y el derecho de los profesionales de periodismo a informar sin injerencias, de conformidad con lo establecido por las normas internacionales.

El Senado aprueba el proyecto de ley de acceso a la información pública

El 23 de octubre de 2024, el Senado aprobó el Proyecto de Ley núm. 160/2023-2024, que defiende el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública. La nueva norma, que incluye treinta y ocho artículos, disposiciones adicionales y cláusulas transitorias, será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

El artículo veinte establece que las instituciones públicas disponen de un plazo máximo de quince días hábiles para responder a una solicitud de información, si bien podría ampliarse de cinco días hábiles previa justificación y notificación a la persona solicitante. Además, dicho plazo se calculará a partir del momento en que la entidad requerida toma conocimiento de la solicitud de forma verbal, escrita o por vía electrónica. El proyecto de ley también autoriza a las entidades a denegar o a facilitar solo una parte de la información solicitada, pero tendrán que justificar su decisión en ese caso.

También crea la Comisión de Acceso a la Información y Documentación Pública, bajo dependencia funcional de la Defensoría del Pueblo. Esta entidad tratará las quejas y los recursos de la ciudadanía que no hayan sido atendidos o cuya respuesta no haya resultado satisfactoria.

La senadora Silvia Salame, del partido Comunidad Ciudadana (CC), presentó el proyecto de ley, destacando que se ajusta a los marcos de transparencia latinoamericanos. Asimismo, señaló que las principales partes interesadas, incluida la sociedad civil, participaron en la redacción del proyecto para garantizar que se aplique un enfoque global al acceso público a la información.

La propuesta legislativa fue concebida a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Flores Bedregal y otras, a quienes el Estado boliviano denegó información sobre el paradero de los restos mortales de un familiar.