Reunión pacífica
Huelga del Colegio Médico Dominicano
El 31 de julio, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Sociedades Médicas Especializadas comenzaron un paro de doce horas en respuesta a la falta de acuerdo tras las reuniones con las instituciones sanitarias gubernamentales. Entre otras reformas sanitarias, ambas asociaciones reclamaron la creación de un plan básico de salud universal y de un sistema de tarifa única para una gestión más democrática de los recursos sanitarios del país.
En la huelga, participaron tanto instituciones públicas como privadas, ya que a ambos sectores les interesa la creación de una ley de seguridad social que garantice la calidad de los servicios sanitarios y la convierta en un derecho.
HUELGA DE NUEVE DÍAS DEL PERSONAL DEL METRO DE SANTO DOMINGO
El 20 de junio, la plantilla del metro de Santo Domingo comenzó una huelga de nueve días en protesta por el despido de decenas de compañeras y compañeros, y para exigir mejores condiciones laborales.
Más de ciento cincuenta conductores y conductoras se sumaron a una huelga pacífica de “brazos caídos”.
El 28 de junio, la plantilla del metro marchó desde la estación Juan Pablo Duarte, en la avenida Máximo Gómez, hasta el Palacio Nacional con el fin de presentar sus reivindicaciones. Una vez allí, una comisión seleccionada por el personal se reunió con Benny Metz, viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del Ministerio de la Presidencia. Al final de la reunión, se acordó la suspensión de la huelga durante una semana. El Gobierno prometió que prepararía una respuesta a sus demandas durante esos días.
Manifestaciones por la falta de agua potable
El 20 de junio, organizaciones comunitarias y el Comité Pro-Mejoras del barrio capitalino Los Girasoles marcharon en protesta por la falta de agua y los cortes de electricidad.
Según informaciones publicadas en la presa, José Abreu, coordinador del movimiento comunitario, denunció que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo no estaba suministrando agua potable a través de la red de tuberías de la comunidad. La presidenta de la Junta de Vecinos de Los Girasoles pidió al presidente Luis Abinader que apoyara a quienes residen en esa zona, donde todos los servicios sociales están colapsados.
Olivos Ramírez, presidente de la Junta de Vecinos de Los Palmares, acusó a las autoridades de incumplir su promesa de construir dos pozos y aseguró que, a pesar de las lluvias, representantes de la institución estatal habían afirmado que el nivel de agua de las presas seguía siendo bajo.
El 4 de julio, manifestantes de Bonao incendiaron neumáticos y bloquearon las calles en los sectores de Los Transformadores y la calle Eugenio María de Hostos para exigir agua potable y el fin de los cortes de electricidad.
Según informaciones publicadas en la prensa, algunas de las personas que se manifestaron dijeron que las protestas continuarían porque los cortes de electricidad eran prolongados y que, pese a esto, quienes residen en los sectores afectados deben pagar sus facturas de todas formas o les cortan el servicio.
Protestas y enfrentamientos en Navarrete
El 15 de mayo, una manifestación paralizó durante varias horas el tráfico y las actividades comerciales en el municipio de Navarrete, al norte de Santiago. La movilización fue convocada por Conalucha, el Frente Popular de Navarrete (FPN) y el Movimiento 14 de Junio para exigir la revisión obligatoria de la pena de prisión de uno de sus dirigentes, acusado de disparar a un policía en 2022. Se trata de Armando García, quien se encuentra en prisión tras ser detenido por disparar al sargento de policía José Joel Torres en febrero de 2022.
Durante la movilización, se produjo un enfrentamiento entre la policía y quienes se manifestaban, pero no se registraron personas heridas.
El tráfico, las actividades comerciales, industriales y de otra índole se normalizaron tras la retirada de escombros de la vía pública por parte de la policía y de voluntarios y voluntarias.
Manifestación del profesorado
El 11 de mayo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció la segunda fase del plan de movilización para mejorar las condiciones sanitarias del personal docente jubilado y pensionado.
El plan incluía la organización de asambleas municipales el 19 de mayo, una concentración frente al Ministerio de Educación el 26 de mayo y, finalmente, una manifestación nacional frente al Palacio Nacional el 7 de junio. Este último encuentro se pospuso después de que se confirmara una reunión con el presidente Luis Abinader el 20 de junio.
Al final de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Educación y parte de la cúpula de la ADP firmaron un acuerdo para conseguir una educación de mayor calidad mediante el respeto de las horas lectivas, mejoras salariales, el aumento de las pensiones y el acceso a servicios sanitarios para el personal docente.
Libertad de expresión
Una investigación de Amnistía Internacional reveló que las comunicaciones de la periodista de investigación Nuria Piera estaban siendo vigiladas de forma ilegítima. El Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional analizó el teléfono de la periodista y descubrió que sus comunicaciones habían sido vigiladas en por lo menos tres ocasiones, entre 2020 y 2021, mediante el programa informático Pegasus de NSO Group.
Cuando su dispositivo fue infectado, Piera trabajaba en investigaciones delicadas sobre presuntos actos de corrupción perpetrados por integrantes del Gobierno de alto rango e integrantes de la familia de un expresidente.
“Como periodistas de investigación, siempre somos conscientes de que estamos sometidos a un escrutinio constante, pero gracias a Amnistía Internacional es la primera vez que tengo pruebas de que me habían pinchado el teléfono. En nuestro país, no ha habido ni un solo caso en el que oficiales del Gobierno hayan sido procesados por una intervención ilegal, lo que demuestra la debilidad de nuestro sistema”, afirmó Piera en un reportaje de The Guardian.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación al respecto y pidieron una investigación.
Según informó la CIDH, el Estado aseguró que respeta el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión, y que condena todo intento de vigilancia selectiva e ilegal a cualquier ciudadano o ciudadana, especialmente si se trata de una periodista. También subrayó que las escuchas solo pueden llevarse a cabo con autorización judicial y que los requisitos para obtenerla son rigurosos y requieren pruebas sólidas que justifiquen su necesidad. Añadió que el actual Gobierno, que entró en funciones el 16 de agosto de 2020, no ha contratado los servicios de NSO Group ni de ninguna otra empresa que opere en ese ámbito.
Según The Guardian, este caso es la primera confirmación de que el programa espía de carácter militar Pegasus de NSO Group se ha usado para atacar a periodistas en República Dominicana, lo que la convierte en el tercer país de América Latina —después de México y El Salvador— en el que se descubre una violación de este tipo.
La periodista dominicana Nuria Piera fue objetivo del malware #Pegasus mientras investigaba posibles actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno y familiares del expresidente de la República Dominicana, reveló Amnistía Internacional. https://t.co/95seaMH1NT
— R3D (@R3Dmx) May 5, 2023
Libertad de asociación
La población dominicana de ascendencia haitiana lucha por su identidad nacional
Hace nueve años, el Gobierno promulgó la Ley N.º 169-14 con el fin de solventar la situación de la población dominicana afectada por las políticas de desnacionalización, como la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Desde entonces, dominicanas y dominicanos con padres y madres nacidos en el extranjero lo han tenido más difícil para preservar su identidad nacional.
Según Reconoci.do, una red cívica nacional e independiente compuesta principalmente por personas dominicanas de origen haitiano, en realidad esa Ley buscaba desmovilizar las protestas y neutralizar las críticas nacionales e internacionales, privando de la nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Durante esos nueve años, el Gobierno dejó a esas personas en un limbo jurídico, excluidas del registro civil, con la documentación caducada y sin la nacionalidad dominicana, la cual les garantizaba el acceso a derechos económicos, políticos y sociales en el país.
La Ley N.º 169-14 pretendía limitar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que amenazaba el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas con ascendencia extranjera nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. Dicha sentencia ratificó el artículo 18 de la Constitución, que establece que “solo son dominicanos los hijos de madre o padre dominicanos”, privando así del derecho a la nacionalidad a las personas descendientes de personas extranjeras nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2010. Más de 250 000 dominicanas y dominicanos de padres y madres extranjeros, en su mayoría de origen haitiano, perdieron la nacionalidad debido al carácter retroactivo de la sentencia de 2013, la cual se aplicaría a las personas nacidas entre 1929 y 2010.
Reconoci.do organizó una manifestación frente al Congreso el 23 de mayo. El grupo exigió al Gobierno que tome medidas concretas para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y garantizar que las personas nacidas en el país tengan acceso, sin restricciones, a los derechos inherentes a la nacionalidad dominicana. Reconoci.do ha documentado cómo la falta de documentos de identidad obstaculiza la movilidad de las dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, y ha constatado decenas de detenciones arbitrarias durante operativos de control migratorio.
Es fundamental que el Estado tome medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un ejercicio efectivo de nacionalidad, libre de apatridia y de discriminaciones que les impiden aportar al desarrollo del país pic.twitter.com/WDRsYlpPjX
— reconoci.do (@reconoci_do) June 5, 2023
Denuncian abusos contra personas migrantes haitianas
El 13 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunció los abusos perpetrados por las autoridades migratorias contra personas migrantes haitianas durante sus operativos.
La CNDH-RD denunció prácticas ilegales, como las deportaciones de personas menores de edad y personas embarazadas por parte de agentes de inmigración, así como los allanamientos habituales de los domicilios de personas inmigrantes de origen haitiano.
La CNDH-RD condenó estas prácticas que, además de ser ilegales, violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de la República y la Ley de Migración.
En un comunicado, la CNDH-RD condenó los allanamientos y reclamó el fin de la deportación masiva de niñas, niños, adolescentes y personas embarazadas. También exigió que se sancione y aparte del servicio a los agentes de migración que incurran a esta práctica ilegal.