El Gobierno presenta actualización de la ley sobre la libertad de expresión mientras crece la preocupación por el impacto negativo de la Ley los servicios de inteligencia

Contexto

El presidente reafirma su política fronteriza durante la crisis en Haití

En respuesta al agravamiento de la crisis que vive Haití, el presidente dominicano Luis Abinader ha fortalecido su compromiso con la seguridad nacional. En septiembre de 2023, cerró las fronteras con el país vecino y desde entonces ha reforzado los controles fronterizos. Abinader reveló que hace aproximadamente año y medio, miembros del Gobierno estadounidense le plantearon la posibilidad de establecer un campo para personas refugiadas haitianas en suelo dominicano, pero que él descartó la idea y que no se ha retomado el tema. También ha dejado claro que, mientras él esté en el cargo, no permitirá que se abran campos para personas refugiadas en territorio dominicano, y ha defendido el derecho de su país a deportar a quienes se encuentren en el país “de manera ilegal”.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha instado al Gobierno dominicano a que acoja de inmediato a la población haitiana que huye de su país. En un informe, la ACNUR criticó la política de repatriación de la República Dominicana por no tener en cuenta los derechos humanos y aseguró que a la población haitiana se le debería conceder el estatus de personas refugiadas y no devolverlas a un país donde las bandas aterrorizan a la ciudadanía.

Libertad de expresión

El presidente presenta una actualización de la legislación sobre libertad de expresión y los medios de comunicación

El 8 de abril de 2024, el presidente Luis Abinader presentó ante la prensa nacional el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, que pretende modernizar la legislación vigente en materia de libertad de expresión.

La Comisión Consultiva (CCLEXRD), creada mediante el Decreto 333-22 y compuesta por juristas y profesionales de los medios de comunicación, elaboró el proyecto de Ley de Libertad de Expresión. Según fuentes oficiales, con esta iniciativa legislativa se busca actualizar la Ley de Libertad de Expresión de 1962, que ya no se ajusta al marco constitucional vigente ni a las necesidades actuales. Entre los puntos claves de la propuesta, figura garantizar la libertad de expresión sin censura previa, proteger el derecho de acceso a la información y regular las plataformas digitales respetando la transparencia y los derechos humanos. También se propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que funcionará como un organismo regulador autónomo.

Además de estas novedades, el proyecto de ley incluye disposiciones sobre la rendición de cuentas por parte de los medios de comunicación, la protección de la infancia y de grupos vulnerabilizados, y establece el derecho de réplica y el de rectificación de publicaciones, entre otros. También deroga leyes obsoletas, como la Ley 6132 sobre la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento de 1962 y la Ley 1951 de 1949, que creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que será remplazada por la Inacom como nueva autoridad reguladora.

En el Índice Chapultepec de 2023, publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la República Dominicana obtuvo 81,08 puntos y figuró por primera vez en el puesto número uno en el desarrollo de las libertades en las Américas, incluida la libertad de expresión y de prensa. Le siguieron Chile y Jamaica con 78,85 y 76,78 puntos respectivamente.

Preocupación por la nueva ley de inteligencia y su impacto en la libertad de prensa

El 15 de enero de 2024, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley N.º 1-24, que establece el Sistema Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La ley, aprobada por el Senado en dos sesiones consecutivas el 11 de enero, crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, con el fin de garantizar la seguridad nacional y coordinar todo lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.

La nueva legislación ha suscitado temores en cuanto a la autocensura y la erosión de los derechos constitucionales, ya que el artículo 11 obliga a todos los organismos estatales, instituciones privadas y particulares a facilitar al DNI toda información que les sea requerida si está relacionada con la seguridad nacional, obviando la protección de la vida privada. Las organizaciones dominicanas de medios de comunicación, entre ellas el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios, criticaron la ambigüedad de algunos artículos de la ley y advirtieron de sus posibles impactos negativos en el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del portal mexicano La Silla Rota Roberto Rock reconoció la necesidad de velar por la seguridad nacional, pero advirtió que una normativa tan amplia podría poner en peligro la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a la intimidad. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) expresaron su profunda preocupación por las implicaciones que tendrá la ley para la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos. El 22 de enero, instaron a las autoridades a revisar y modificar la ley para evitar abusos relacionados con la vigilancia y la persecución.

Reunión pacífica

Pensionistas de la Policía Nacional exigen indemnizaciones y seguro médico en una protesta cargada de tensión

El 13 de febrero de 2024, pensionistas de la Policía Nacional marcharon por las calles de la capital para reclamar indemnizaciones, aumentos salariales, seguro médico y otras prestaciones. Los medios de comunicación informaron que agentes de la Policía Nacional usaron gases lacrimógenos para dispersar la protesta, lo que provocó cuatro heridos entre las personas manifestantes. Las fuerzas de seguridad habrían respondido enérgicamente y, presuntamente, habrían disparado gases lacrimógenos y balas de goma.

La manifestación prosiguió su recorrido hasta el Ministerio de Finanzas, donde algunos policías jubilados se encadenaron a las puertas de la institución estatal y aseguraron que no se marcharían hasta que se atendieran sus reivindicaciones. Más tarde, una delegación de las personas manifestantes accedió al edificio del Ministerio para mediar en la situación.

El Gobierno acusó a sectores políticos de la oposición de organizar esta y otras protestas, que considera “injustificadas”, y afirmó que estaba cumpliendo con sus promesas. También informó que en diciembre de 2023 se había abonado a 3.300 policías las pensiones correspondientes al periodo 2016-2021 y que el Ministerio de Hacienda estaba trabajando en el pago de las pensiones del periodo 2022-2023 a unos 2.500 pensionistas.

Marcha de profesionales de la abogacía contra la nueva Ley de Inteligencia Nacional

El 9 de febrero de 2024, juristas del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), junto con organizaciones de la sociedad civil, marcharon hasta el Palacio Nacional, en Santo Domingo, para protestar contra la Ley N.º 1-24 (ver Libertad de expresión). Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, sostuvo que la legislación autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, e impone sanciones a quienes no faciliten información al DNI.

Surun Hernández subrayó que la ley supone una amenaza considerable para la libertad de expresión, el acceso a la información, la intimidad, el secreto profesional y la transparencia del Estado, entre otras libertades fundamentales. También destacó que la legislación socava la separación de poderes y vulnera varios artículos de la Constitución. El artículo 26 resulta particularmente preocupante, ya que impone penas de dos a tres años de prisión a quienes no faciliten las informaciones que les sean requeridas, incluidos los profesionales de la abogacía, de la medicina y del periodismo, bancos y empresas de telecomunicaciones. Hernández también advirtió que la ley legitima las escuchas telefónicas y la vigilancia electrónica contra la prensa y la oposición política.

La coalición de organizaciones populares del Cibao se declara en huelga por la subida del coste de la vida

El 13 de noviembre de 2023, el segundo paro regional del año organizado por la Coalición del Cibao paralizó parcialmente el norte del país durante 24 horas. Las personas manifestantes protestaron contra el elevado coste de la vida, el alza de los combustibles, la subida de la luz y la escasez de medicamentos y servicios básicos.

Según informaciones publicadas por la prensa, Osvaldo Brito, vocero del Colectivo de Organizaciones Populares del Cibao, declaró: “Bajo el Gobierno actual, la calidad de vida se ha deteriorado y los servicios básicos se han vuelto cada vez más precarios con el alza de los precios. La escalada del coste de la canasta básica, los combustibles y la electricidad son las principales preocupaciones de los ciudadanos. Además, los salarios bajos y la inflación galopante reflejan claramente el abandono que sufren las poblaciones vulnerabilizadas y los sectores productivos pequeños y medianos por par parte del Gobierno”.