Reunión pacífica
Continúan las manifestaciones de grupos LGBTQIA+ y feministas contra el Código Penal
El Colectivo de organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales y queers de República Dominicana realizaron este domingo la décima tercera Caravana Nacional del Orgullo LGBTIQ.#NoticiasRNN #LGBT @Yimbort pic.twitter.com/fmhnrEZGEQ
— Noticias RNN (@NoticiasRNN) August 30, 2021
Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el nuevo Código Penal que debaten los legisladores suscitó preocupación entre los grupos de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. La nueva legislación seguirá penalizando el aborto en la mayoría de las situaciones y no establece protecciones contra la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género.
El 29 de agosto de 2021, las comunidades LGBTQIA+ de la República Dominicana celebraron su desfile anual del Orgullo. El evento reunió a cientos de personas que recorrieron las principales avenidas de Santo Domingo ondeando banderas arcoíris. Si bien el ambiente fue festivo, los asistentes advirtieron del peligro que puede suponer el nuevo Código Penal si se aprueba en el estado actual. La directora ejecutiva de Diversidad Dominicana Rosana Marsán alertó de que el nuevo Código Penal «legalizará la situación actual, caracterizada por la violencia y la discriminación que sufrimos todos los días».
El 13 de octubre de 2021, organizaciones feministas y de personas LGBTQIA+ convocaron una rueda de prensa para pedir a los legisladores que modifiquen el texto del Código Penal. Aseguraron que el nuevo Código, que seguirá prohibiendo el aborto en todos los casos, excepto cuando la vida de la gestante esté en peligro, tendrá «graves consecuencias» para la vida, la salud y la dignidad de las mujeres en República Dominicana.
En noviembre de 2021, los senadores aprobaron el borrador del nuevo Código Penal en dos lecturas, sin incorporar ninguno de los cambios que habían reclamado los susodichos grupos de la sociedad civil. El texto volverá a la Cámara de Diputados, donde deberá analizarse y confirmarse nuevamente.
El 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos defensores de los derechos de la mujer marcharon hasta la sede del Congreso Nacional para reivindicar la despenalización del aborto, entre otras demandas clave. Reclamaron una vida libre de todo tipo de violencia para mujeres y niñas.
Manifestación contra la construcción de una presa de cola
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— Ciudadanía RD Media (@CiudadaniaRD20) September 19, 2021
El 19 de septiembre de 2021, más de 4 000 personas participaron en una marcha en defensa de los derechos medioambientales en Santo Domingo. Los manifestantes protestaron contra la construcción de un dique de residuos en el municipio de Yamasá y contra la expansión de la minera Barrick Gold en la provincia de Monte Plata. Los organizadores de la Coordinadora Popular Nacional afirmaron que las aguas residuales de la presa de cola, cargadas de sustancias tóxicas, podrían contaminar las cabeceras de los ríos Ozama e Isabela.
Organizaciones feministas, sindicatos, militantes contra la minería y otros movimientos y grupos sociales se sumaron a la marcha. También estuvieron presentes miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En agosto de 2021, varias organizaciones firmaron una carta abierta en la que pidieron al Gobierno que protegiera las aguas del río Ozama. También denunciaron que la actividad minera de Barrick Gold había contaminado aguas en Cotuí y que la Gobernación había distribuido agua embotellada a la población de esa localidad debido a la contaminación del agua potable de la región. Los habitantes de Monte Plata también se manifestaron contra el proyecto para la construcción del dique de residuos.
Manifestaciones por los derechos de los inmigrantes haitianos
La Policía Nacional interceptó arbitrariamente este lunes 8 de noviembre una movilización de más de 300 trabajadores cañeros que se preparaban para salir de la Av. Ovando con Gómez hacia el Palacio Nacional, en defensa de los derechos humanos pic.twitter.com/RhOLdZL1i0
— reconoci.do (@reconoci_do) November 8, 2021
El 22 de noviembre de 2021, los miembros de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) se manifestaron contra las medidas del Gobierno que restringen los derechos de los inmigrantes haitianos y de sus descendientes. En particular, condenaron las deportaciones de mujeres embarazadas por parte de las autoridades dominicanas. También exigieron el pago de pensiones para los cañeros, muchos de los cuales proceden de Haití o tienen ascendencia haitiana. Según los medios de comunicación, la policía impidió que los manifestantes pudieran marchar hasta el Palacio Nacional. A principios de noviembre de 2021, grupos nacionalistas armados amenazaron con agredir a los manifestantes de UTC en Santo Domingo. La policía impidió que se llevaran a cabo por lo menos otras dos manifestaciones de cañeros por el riesgo de que se produjeran ataques de grupos violentos.
Las autoridades han adoptado duras medidas contra la población haitiana que reside en República Dominicana debido al aumento de la inmigración proveniente del país vecino, consecuencia de los disturbios. El 2 de noviembre de 2021, el Gobierno anunció una serie de medidas,como la suspensión de un programa de visados para estudiantes universitarios haitianos y la limitación del acceso de los inmigrantes a los servicios sanitarios y al empleo. En noviembre de 2021, más de 1 500 personas fueron deportadas a Haití mediante procedimientos que, según las Naciones Unidas, incumplieron los protocolos nacionales y los convenios internacionales, y vulneraron los derechos humanos de los inmigrantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación por las informaciones sobre la deportación de mujeres embarazadas por parte de las autoridades migratorias dominicanas.
Más de veinte organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado en el que denunciaron que las medidas de la República Dominicana contra la comunidad haitiana constituyen una violación de los derechos humanos. El 25 de noviembre de 2021, durante las manifestaciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los grupos de defensa de los derechos de la mujer también destacaron los abusos que sufren las mujeres inmigrantes en el país y afirmaron que las medidas del Gobierno de Abinader son racistas y deshumanizadoras.