Cuba libera a personas encarceladas por motivos políticos, pero sigue reprimiendo las libertades cívicas

Contexto

La CIDH y HRW alertan sobre la represión sistemática de las voces críticas

El 4 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión creciente contra las voces disidentes y las figuras de la oposición en Cuba en medio de la incesante crisis socioeconómica que vive el país. Durante el segundo semestre de 2024, la CIDH registró patrones constantes de represión, especialmente contra activistas, miembros de la oposición y profesionales del periodismo mediante la imposición de multas, interrogatorios, cortes de internet, arrestos domiciliarios, actos de vigilancia, detenciones arbitrarias y la criminalización de personas manifestantes. La CIDH instó al Gobierno a que cesara el uso de tácticas intimidatorias y a que garantizara el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.

Asimismo, en su informe de 2025, Human Rights Watch señaló que las personas que critican al Gobierno corren el riesgo de ser procesadas por la vía penal sin garantías procesales, incluido el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial. “En la práctica, el Poder Judicial está subordinado al Poder Ejecutivo. El Gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y habitualmente censura a críticos y periodistas independientes”, asegura la organización.

Pese a que el acceso a internet se ha vuelto más fácil y ha permitido que las personas activistas se comuniquen, reporten abusos y organicen protestas, las autoridades suelen bloquear numerosos portales de noticias dentro de la isla e imponen restricciones individuales y, en ocasiones, generalizadas al servicio de internet móvil.

Libertad de asociación

Detenciones arbitrarias y actos de intimidación contra activistas

El 8 de noviembre de 2024, fuerzas de seguridad del Estado detuvieron de forma arbitraria a José Gabriel Barrenechea Chávez, a quien acusaron de liderar una protesta la víspera en Encrucijada, Villa Clara. Según los medios, la manifestación para que se restableciera el suministro eléctrico tras varios cortes prolongados en la región transcurrió pacíficamente. Las autoridades prevén procesar a Barrenechea Chávez por sedición por presuntamente haber incitado a la movilización.

Barrenechea Chávez fue trasladado al centro de detención La Pendiente, en Villa Clara, donde su familia lo visitó por segunda vez el 5 de diciembre de 2024. Medios de comunicación señalaron que el deterioro de su salud hace que se tema por su vida.

A mediados de noviembre de 2024, alrededor de doscientos activistas, figuras políticas y profesionales del periodismo publicaron una carta abierta en la que pedían la liberación de Barrenechea Chávez, afirmando que había sido detenido por motivos políticos.

El 2 de diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad del Estado citaron a la novena estación policial del Capri al activista Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y a su familia, donde un agente los encaró en presencia de dos de sus nietas. Durante el interrogatorio, el uniformado le advirtió que no tenía derecho a expresarse en redes sociales y lo amenazó con invocar una ley que restringe las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Tanto él como su familia fueron puestos en libertad tras varias horas de interrogatorios y amenazas.

El 19 de diciembre de 2024, Wilber Aguilar Bravo y su esposa Rosario Rivera fueron informados de las graves violaciones de los derechos humanos que padecía Mackyanis Román Rodríguez, presa política y sobrina de Rosario Rivera. Tras esto, Wilber Aguilar denunció públicamente la falta de atención médica en el centro penitenciario para mujeres Mujeres de Occidente.

Según las informaciones que recibió la CIDH, agentes estatales han vigilado continuamente a Wilber Aguilar Bravo desde 2022 debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos. La frecuencia e intensidad de las amenazas y los actos de intimidación que ha sufrido han aumentado, entre ellos la vigilancia constante de su domicilio familiar, restricciones a su libertad de movimiento y represalias contra miembros de su familia. Entre estas últimas, destacan las multas, los actos de acoso y la retirada de beneficios a su hijo, que permanece privado de libertad en La Habana desde julio de 2021 por su presunta participación en las protestas de ese mes.

En respuesta, el 30 de enero de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Wilber Aguilar Bravo Rivera y su familia por considerar que se encuentra en una situación crítica y que sus derechos corren el riesgo de ser vulnerados de forma inminente e irreversible.

Por otro lado, el 18 de febrero de 2025, la policía convocó a una de sus estaciones a la activista y académica Jenny Pantoja Torres para interrogarla. Poco después, agentes de policía la detuvieron arbitrariamente frente a su domicilio y la liberaron horas después. Según la organización de defensa de la libertad de prensa Artículo 19, las autoridades aseguraron que la detención guardaba relación con una multa impagada que le fue impuesta en noviembre de 2023, tras su detención cuando asistía al juicio de la activista Alina Bárbara López. Pantoja Torres se niega a pagar la multa, ya que considera que hacerlo equivaldría a reconocer su culpabilidad.

Este incidente es un ejemplo más del patrón de actos de intimidación que sufre Pantoja Torres, quien, como ya informamos, fue detenida brevemente en junio de 2024 y, posteriormente, despedida de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Artículo 19 registró 52 agresiones contra 41 activistas tan solo en enero de 2025.

Califican de injusto e incompleto el proceso de excarcelación de personas presas por motivos políticos

El 15 de enero de 2025, las autoridades cubanas anunciaron la liberación de varias personas presas en el marco de las negociaciones con el Vaticano. Según informó France 24, el Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que las liberaciones se llevaron a cabo siguiendo “el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” proclamado por su santidad, en referencia a la tradición vaticana de conceder indultos y promover actos de misericordia cada veinticinco años.

El Gobierno informó al papa Francisco que las autoridades estaban estudiando las “vías legales y humanitarias” necesarias para excarcelar gradualmente a 553 personas condenadas. Medios de comunicación señalaron que las autoridades han otorgado la libertad condicional a personas presas y ha liberado a otras por motivos humanitarios. Para ello, el Gobierno aplicó las figuras judiciales de libertad condicional y licencia extrapenal. La primera se otorga a quienes han cumplido un tercio o la mitad de su condena, o por buena conducta en prisión, y la segunda por motivos humanitarios. Entre las primeras personas liberadas se encontraba Lisdani y Lisdiani Rodríguez, detenidas por participar en las protestas masivas de julio de 2021.

El 16 de enero de 2025, las autoridades pusieron en libertad a José Daniel Ferrer, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lleva años oponiéndose al Gobierno cubano y ha sido detenido y encarcelado en múltiples ocasiones. Fue detenido en julio de 2021 y permanecía en prisión desde hace más de tres años.

Las autoridades interrumpieron las excarcelaciones tras la toma de posesión del presidente de Estados Unidos Donald Trump, pero las retomaron el 27 y 28 de febrero de 2025. Desde entonces, al menos once personas presas políticas obtuvieron la libertad condicional. El País informó que el Gobierno calificó las liberaciones como “beneficios de excarcelación anticipada” y que las personas liberadas no son reconocidas oficialmente como presas políticas y podrían volver a prisión. Entre las condiciones que les han impuesto, destaca la prohibición de participar en protestas o de criticar al Gobierno en la prensa o redes sociales.

Hasta principios de marzo de 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) había documentado la excarcelación de al menos 212 personas presas políticas, cuya liberación ha sido confirmada directamente por ellas o sus familias. El OCDH aseguró que el proceso de excarcelación ha sido injusto e incompleto.

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de todas las personas encarceladas injustamente por ejercer sus derechos en Cuba, en particular aquellas consideradas presas de conciencia. En 2025, más de seiscientas personas permanecen detenidas por participar en las protestas que se han sucedido desde 2021. Aún permanecen privadas de libertad nueve personas consideradas presas de conciencia, a saber: Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo Castillo Pérez, José Daniel Ferrer García, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Félix Navarro, Saylí Navarro y Luis Robles.

Los abusos contra los derechos de las defensoras de los derechos humanos centran todas las miradas sobre Cuba

En octubre de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres. En su noveno informe periódico, el Comité expresó su preocupación por las medidas que restringen la libertad de reunión pacífica, entre ellas la Ley N.º 54/85 Ley de Asociaciones, que impone límites a las organizaciones independientes de mujeres. También destacó las disposiciones del Código Penal que clasifican como delito la obtención de fondos del extranjero y endurecen las penas por “desórdenes públicos”, “desacato” y otros delitos sobre la base de criterios ambiguos.

El Comité también expresó su preocupación por los constantes informes sobre amenazas, detenciones arbitrarias, actos de acoso y de violencia de género, y campañas de difamación contra mujeres activistas y defensoras de los derechos de las personas LGBTQI+. También manifestó su inquietud por los informes sobre la vulneración de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo de las mujeres detenidas por expresar opiniones disidentes, así como por los malos tratos, la imposición de condenas desproporcionadas y las restricciones a las visitas familiares, sobre todo a las mujeres detenidas por motivos políticos.

En respuesta a esta situación, el Comité formuló varias recomendaciones e instó a las autoridades cubanas a que:

• Deroguen la Ley de Asociaciones para permitir la creación de asociaciones independientes de mujeres;
• Se abstengan de utilizar las disposiciones del Código Penal para restringir indebidamente la labor legítima de las mujeres activistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil;
• Garanticen un entorno seguro y favorable para que las periodistas y las defensoras de los derechos humanos desempeñen su labor legítima sin temor a represalias;
• Se aseguren de que todas las mujeres detenidas, en particular las presas políticas, tengan acceso a visitas familiares periódicas, especialmente las que son madres.

Libertad de expresión

Detienen y acosan a profesionales del periodismo

El 13 de enero de 2025, las fuerzas de seguridad del Estado arrestaron arbitrariamente en Guantánamo al periodista Niober García Fournier, colaborador de CubaNet. Su esposa Idilsa Bailli Rodríguez informó que las autoridades lo retuvieron en la Unidad de Operaciones Provinciales, pero que desconocía los motivos de su detención. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó que García Fournier ha sido acusado de “usurpación de capacidad legal”, cargo que el Gobierno suele emplear contra profesionales del periodismo independientes.

El 9 de enero de 2025, pocos días antes de su detención, García Fournier había sido citado verbalmente a comparecer en la Unidad de Operaciones Provinciales de Guantánamo. El mayor Caraballo, que se presentó como segundo jefe de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado en la provincia, junto con otros cinco agentes se presentaron en su domicilio y le ordenaron acudir a la unidad sin darle ninguna explicación.

Mientras estuvo detenido, las autoridades lo interrogaron sobre su labor periodística y le advirtieron que no tenía derecho a desempeñarla. Se le comunicó que había sido acusado de “usurpación de capacidad legal” por no estar registrado como periodista y por carecer de autorización para el ejercicio del periodismo. “Imagino que esto sea por la reclamación que hice sobre mi regulación migratoria y también para hostigarme. No pierden la costumbre de molestar, sembrar cizaña, amenazar y hacer todo lo que ya sabemos”, denunció.

El 30 de diciembre de 2024, García Fournier y su esposa Idilsa Bailli Rodríguez habían acudido a la plaza de la Revolución para presentar una queja en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado por la prohibición de viajar que le habían impuesto hace ocho años y que aún seguía vigente. Cree que las citaciones y su detención son represalias por haber pedido que le retiraran la restricción.

Ese mismo día, la Seguridad del Estado también detuvo al activista Juan Luis Bravo Rodríguez, quien, al igual que García Fournier, había sido citado por el comandante Caraballo y otro agente vestido de civil. García Fournier explicó: “A Juan Luis lo citaron conmigo porque me ayuda en mi trabajo. Nos detuvieron juntos, nos liberaron el mismo día y nos impusieron una multa de siete mil pesos cubanos por el supuesto delito de usurpación de capacidad legal”.

Periodistas forzados al exilio

El 23 de diciembre de 2024, el periodista José Luis Tan Estrada recibió una citación para comparecer ante la 3.ª Unidad de Policía de Camagüey el 9 de enero de 2025, donde sería interrogado sobre presuntas violaciones de la Ley de Comunicación Social. Estrada aseguró que cabía la posibilidad de que fuera detenido y acusado de cargos penales.

Frente a esta situación, su familia decidió comprarle un boleto de avión con destino a Nicaragua para el 25 de diciembre de 2024. Sin embargo, cuando Tan Estrada llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, las autoridades de inmigración le impidieron embarcar porque Nicaragua le había denegado la entrada a su territorio. El ICLEP denunció la medida y aseguró que la decisión era una prueba de la colaboración existente entre los Gobiernos de ambos países.

Para Tan Estrada, su intento frustrado para abandonar la isla le supuso una importante pérdida económica, ya que había pagado 5000 USD por un boleto no reembolsable. En el aeropuerto, agentes de la seguridad del Estado lo interrogaron, lo obligaron a desnudarse, lo cachearon y registraron sus pertenencias. Además, un oficial de alto rango del Ministerio del Interior (MININT) lo habría amenazado: “Si vuelves a Cuba, las consecuencias serán graves”.

Ante la imposibilidad de dirigirse a Nicaragua, Tan Estrada partió de Cuba el 30 de diciembre de 2024 con destino a Guyana, país que no exige visado a las personas con pasaporte cubano. En una publicación en Facebook, aseguró que lo habían forzado al exilio por su labor periodística y sus críticas hacia las políticas del Gobierno.

Su caso es similar al del periodista Enrique Díaz Rodríguez, colaborador de Cubanet, a quien las autoridades cubanas han acosado y amenazado en numerosas ocasiones. Tras sufrir repetidos actos de intimidación, incluidas amenazas contra su hijo, Díaz Rodríguez y su familia intentaron abandonar el país en noviembre de 2024. Sin embargo, cuando hacían escala en Perú les informaron que no les permitirían entrar a Nicaragua.

Ambos incidentes evidencian un nuevo patrón de represión transnacional, obra de regímenes autoritarios que intentan obstaculizar los movimientos de activistas independientes y profesionales del periodismo que buscan refugio en el extranjero.

Un tribunal condena a dos jóvenes por publicaciones en redes sociales

El 9 de enero de 2025, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a los jóvenes Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristhian de Jesús Peña Aguilera a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, por su actividad en redes sociales. Fueron declarados culpables de “propaganda contra el orden constitucional”, cargo que las autoridades suelen utilizar para reprimir a las voces disidentes.

También les impusieron sanciones adicionales: les confiscaron los celulares, los privaron del derecho al voto durante el tiempo que duraran sus condenas, les prohibieron salir del país y les negaron la posibilidad de obtener pasaportes hasta que cumplieran sus penas.

La causa contra ambos tiene su origen en una publicación que hizo Pérez Ruiz en una red social el 7 de mayo de 2023, en la que criticó con duras palabras al Gobierno cubano y llamó a acciones contra las autoridades. Urgió a sus lectores a compartir su mensaje y anunció una protesta en Las Tunas el 14 de mayo de 2023. Según la sentencia, la manifestación no se llevó a cabo debido a la intervención del Ministerio del Interior. Por su parte, Peña Aguilera fue condenado por difundir la convocatoria desde su celular, ya que el tribunal consideró que este acto aumentó el alcance del llamamiento.

El juicio se celebró el 18 de octubre de 2024 en la prisión El Típico de Las Tunas, bajo un fuerte operativo policial. Quienes siguieron el proceso denunciaron múltiples irregularidades. En la misma causa judicial, Jarold Varona Agüero y Ana Ibis Tristá Padilla fueron absueltos por falta de pruebas.

Reunión pacífica

Detienen arbitrariamente a una manifestante tras una protesta por la escasez de alimentos

El 5 de marzo de 2025, las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron de forma arbitraria a Mayelín Carrasco Álvarez, residente de Guamo Viejo, mientras se manifestaba ella sola en la plaza Ángel Fría de Río Cauto, provincia de Granma, para denunciar la escasez de alimentos en su comunidad. Durante su intervención ante un grupo de vecinos, se quejó de la falta de apoyo estatal, en especial para hacer frente a la inseguridad alimentaria. “De la Revolución no queda nada. ¿Dónde está la Revolución que dejó Fidel? ¿Dónde está la Revolución que dejó Raúl? No hay Revolución porque todo se ha caído”, exclamó.

Medios de comunicación informaron que durante la reclamación pacífica, dos policías vestidos de civil la sacaron por la fuerza de la plaza. Pese a que varios transeúntes gritaron “Abusadores”, “Suéltenla”, los agentes hicieron caso omiso y se la llevaron detenida.

Carrasco Álvarez ya había protagonizado protestas similares para llamar la atención sobre la falta de apoyo estatal a su familia y para expresar su descontento por la falta de ayuda del Gobierno para alimentar a sus hijos. Desde su detención, las autoridades no han informado sobre su caso ni sobre su situación legal.