Semanas de manifestaciones contra la subida de impuestos en Costa Rica

La propuesta del gobierno para solicitar un préstamo de 1 700 millones de USD al Fondo Monetario Internacional (FMI) desató una ola de manifestaciones de varias semanas a finales de septiembre de 2020, ya que el acceso a dicho monto requeriría la imposición de nuevas medidas tributarias. En un principio, el Movimiento Rescate Nacional (MRN), uno de los grupos que han liderado las manifestaciones, llamó al bloqueo de carreteras para protestar contra las negociaciones con FMI el 30 de septiembre de 2020. Durante la tercera jornada de manifestaciones se registraron 33 cortes de carreteras en en todo el país y miles de manifestantes participaron en esas acciones. Aunque el gobierno anunció el 4 de octubre de 2020 que retiraría la propuesta, las manifestaciones se sucedieron durante el mes de octubre de 2020 y los manifestantes siguieron reclamando garantías al gobierno de que no subiría los impuestos.

Además de los bloqueos también se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes y varios vehículos fueron incendiados. Según los medios de comunicación, hasta el 7 de octubre de 2020 al menos sesenta personas habían sido detenidas y cien policías habían resultado heridos durante las manifestaciones. El 12 de octubre de 2020 se produjeron enfrentamientos durante una marcha en San José: algunos manifestantes lanzaron piedras a los policías antidisturbios y a los agentes que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. El mismo día, otros manifestantes habrían prendieron fuego a una patrulla de la policía con dos oficiales en su interior en San Carlos, Alajuela.

José Miguel Corrales y otros líderes del MRN afirmaron que grupos violentos se infiltraron en las manifestaciones. Por su parte, el ministro de Seguridad de Costa Rica reconoció que las manifestaciones contaron con la presencia de policías vestidos de civil, pero rechazó que los agentes hubieran contribuido al aumento de la violencia. El 16 de octubre de 2020, el gobierno denunció por la vía penal a seis líderes del MRN por presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de vías públicas, obstrucción de servicios públicos e instigación pública. La Fiscalía General también solicitó medidas cautelares contra los líderes de las manifestaciones para evitar que convoquen o participen en manifestaciones mientras se lleva a cabo una investigación. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por un tribunal el 20 de octubre de 2020.

El gobierno costarricense intentó iniciar un diálogo multisectorial para abordar los problemas fiscales del país, pero tuvo que posponer la iniciativa ya que varios líderes del sector se negaron a participar.

Asociación

Impunidad‼️ El archivo y desestimación de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz
defensor de sus derechos y de los de su pueblo y territorio, es un sintoma de la negligencia y desprotección por parte del. Gobierno de #CostaRica‼️https://t.co/0a3MDYOurR

— La Ruta del Clima (@larutadelclima) September 25, 2020

El Ministerio Público de Costa Rica anunció el 24 de septiembre de 2020 que desestimaría y archivaría la causa penal por el asesinato del líder bribri Serio Rojas Ortiz en marzo de 2019, tal y como informamos en el CIVICUS Monitor en su momento. Organizaciones indígenas y de los derechos humanos condenaron la decisión y expresaron su indignación por la justificación del fiscal, según el cual "el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación".

Osvaldo Durán Castro, representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), en sus declaraciones al medio de comunicación Delfino afirmó:

"Esto es una burla. Es un chiste decirle al país que no se pudieron localizar a los testigos. Al puro principio, antes de que a Sergio lo asesinaran, él fue a la Fiscalía a denunciar que lo estaban persiguiendo y que lo tenían amenazado de muerte y nunca le hicieron caso".

El 25 de septiembre de 2020, expertos de las Naciones Unidas pidieron al Estado de Costa Rica que continuara con la investigación del caso y que evitara que este crimen quede impune. El 8 de octubre de 2020, 46 organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado en el que expresaron su preocupación por la impunidad estructural que impera en Costa Rica en los casos de agresiones contra militantes y comunidades indígenas, sobre todo aquellas perpetradas contra los miembros de las comunidades bribri y brörán. La impunidad, dice el comunicado, sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios a los que actualmente se enfrentan los líderes indígenas y las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Por otro lado, el 15 de octubre de 2020 un grupo de ocho organizaciones de los derechos humanos publicó un informe titulado Defending rights in the age of COVID: challenges for Mexico and Central America. Según su investigación, Costa Rica fue uno de los países en los que las empresas y el gobierno utilizaron la crisis sanitaria y la consiguiente depresión económica para socavar los derechos laborales. Además, la violencia contra las mujeres ha aumentado en el país y las agresiones contra las comunidades que defienden sus territorios, como los pueblos indígenas, han continuado durante la pandemia.

Reunión pacífica