Asociación
725 violaciones a las libertades fundamentales en Bolivia, el 2022
— Red UNITAS (@redunitas) March 30, 2023
Es el total de violaciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechoshttps://t.co/4xgxYym67f
En 2022, Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS documentó 725 violaciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; de las instituciones democráticas y del derecho a defender derechos. Esta cifra supone un aumento con respecto a los dos años anteriores. Las libertades que se vulneraron con mayor frecuencia fueron la de expresión y de la prensa (253 casos) y la de reunión pacífica (204 casos). La detención de manifestantes y las agresiones a periodistas también fueron dos de las violaciones más frecuentas. Asimismo, se registraron 59 casos de violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos, quienes fueron víctimas de criminalización y vieron obstruida su labor en muchos casos.
Reunión pacífica
Manifestación de docentes
En marzo de 2023, los educadores organizaron numerosas protestas para expresar su rechazo al nuevo plan de estudios, exigir más profesores en los centros públicos y reclamar un aumento del presupuesto destinado a la educación. Los manifestantes argumentaron que el nuevo plan de estudios añade nuevas materias como inglés y robótica, pero no asigna una partida presupuestaria adecuada para su implementación. “Se enseñará robótica, pero no hay maestros ni laboratorios en las escuelas públicas. Solo se hace maquillaje para ocultar una crisis educativa”, arguyó un dirigente sindical.
Cientos de profesores marcharon por las calles de La Paz el 20 de marzo de 2023 en el marco de la tercera semana de protestas. Los manifestantes paralizaron la circulación de varias vías aledañas a la sede del Ministerio de Educación, donde un contingente policial les impidió entrar en el edificio. Los agentes usaron espráis de pimienta para dispersar a los manifestantes.
Protestas en Potosí contra el nuevo plan para la extracción de litio
En marzo de 2023, manifestantes de la región de Potosí bloquearon una planta clave para el procesamiento de litio para reclamar una legislación que garantice mayores beneficios a las comunidades locales y un incremento de las regalías por la extracción del metal. La protesta se centró en una planta de Llipi, cerca del salar de Uyuni, que alberga uno de los mayores yacimientos mundiales del metal con el que se fabrican las baterías eléctricas.
En diciembre de 2022, el Gobierno anunció un plan para asociarse con un consorcio chino en un proyecto multimillonario para la extracción de litio en la región. Sin embargo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) pidió conocer los detalles del acuerdo y exigió que se establecieran condiciones que favorezcan el desarrollo de la región.
Expresión
Meta elimina un entramado de cuentas en redes sociales
1/ Last Thursday, @Meta reported it had taken down a network of roughly 1,600 fake accounts with links to the government of @LuchoXBolivia. These accounts were used to spread official propaganda and discredit the opposition in #Bolivia. https://t.co/KRfsWFWnge
— Human Rights Foundation (@HRF) February 28, 2023
A finales de febrero de 2023, la empresa tecnológica estadounidense Meta informó que había eliminado miles de cuentas abiertas desde Bolivia que habían difundido “informaciones engañosas de forma coordinada”. La empresa explicó que había borrado 14 grupos, 450 páginas y 1041 cuentas de Facebook, así como 130 cuentas de Instagram por infringir las políticas de estas redes sociales. Detalló que dichas cuentas se dirigía a la población boliviana y que quienes las gestionaban tenían vínculos con el MAS, el partido del Gobierno, e incluso algunos de ellos decían pertenecer a un grupo llamado Guerreros Digitales.
Meta también aseguró que la red usaba cuentas falsas para, entre otras cosas, difundir un gran número de noticias falsas contra medios de comunicación y miembros de la oposición con el objetivo de silenciarlos o de hacerlos desaparecer. La ministra de la Presidencia María Nela Prada replicó que la empresa tendría que haber consultado su decisión con el Gobierno y pidió a Meta mayor “transparencia y claridad” en sus políticas. Prada anunció que el Gobierno solicitará más información sobre la eliminación de dichas cuentas.
Evo Morales, expresidente y miembro del MAS, denunció públicamente que el viceministro de Comunicación del Gobierno actual estaba vinculado a este tipo de actividades y había empleado fondos públicos para apoyarlas. A raíz de estas denuncias, la formación política Otra Bolivia es Posible pidió a la Fiscalía que se investiguen las acusaciones formuladas contra los Guerreros Digitales.
La propuesta para la regulación de redes sociales suscita preocupación
El 1 de marzo de 2023, un legislador del MAS dio una rueda de prensa para anunciar que estaba trabajando en un proyecto de ley para reglamentar las redes sociales en Bolivia. El diputado Juan José Huanca propuso que se tipificara como delito la difusión de noticias falsas, la creación de cuentas falsas y uso de bots. Reveló que la propuesta legislativa fija penas de hasta siete años de prisión para estos delitos. Huanca precisó que el MAS está revisando la propuesta y que estudiará las observaciones que reciba antes de presentar formalmente el proyecto de ley a los legisladores.
El 25 de marzo de 2023, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) rechazó la propuesta, alegando que algunos aspectos del proyecto de ley podrían conducir a la censura y la autocensura. Entre otras cosas, la ANP explicó que el borrador que había recibido incorporará en el Código Penal delitos “contra la dignidad a través de las redes sociales”, entre ellos atentar contra la “dignidad o imagen” de una persona o grupo en Internet. La ANP aseguró que el Código Penal y otras leyes ya contemplan esos delitos.