Aumentan las amenazas a periodistas

El 16 de octubre, el Gobierno de Gustavo Petro firmó un alto el fuego de tres meses con el Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo de disidentes de las FARC. En un acto que se desarrolló en el municipio de Tibú, cerca de la frontera con Venezuela, ambas partes acordaron el cese de los ataques contra civiles y la creación de un grupo formado por personal de Naciones Unidas, la OEA y la Iglesia católica que se encargará de supervisar el alto el fuego. El acuerdo entre ambas partes entrará en vigor el 17 de octubre de 2023 y permanecerá vigente hasta 15 de enero de 2024. El documento también estipula que se respetarán los derechos y libertades de la población civil y que se crearán las condiciones necesarias para la celebración de las elecciones municipales y provinciales el 29 de octubre.

El EMC, que no suscribió el histórico acuerdo de paz de 2016, está formado por unos 3530 efectivos, de los cuales 2180 son combatientes. El pacto con el EMC se enmarca en la estrategia de paz total de Gustavo Petro, que prevé la negociación con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Como ya señalamos, el 31 de diciembre del año pasado, Gustavo Petro ordenó al Ejército que cesara los ataques contra el EMC; sin embargo, el alto el fuego llegó a su fin en mayo de 2023, después de que el grupo rebelde asesinara a tres adolescentes de una comunidad indígena que habían sido reclutados por la fuerza. En julio de 2023, Gustavo Petro anunció un alto al fuego temporal y bilateral con el ELN desde el 3 de agosto de 2023 hasta el 29 de enero de 2024.

Libertad de asociación

Sindicalistas, activistas LGBTQI+, autoridades indígenas, personas defensoras de los derechos humanos y exintegrantes de la guerrilla que firmaron el Acuerdo de Paz siguen siendo víctimas de la violencia, mientras continúa la prolongada crisis de inseguridad que azota a numerosas localidades colombianas. En el departamento del Cauca, se registraron 22 casos de asesinato en 2023, lo que la convierte en una de las regiones más afectadas. Organizaciones internacionales publicaron un comunicado en el que hicieron un llamamiento al Gobierno colombiano y a los grupos armados ilegales del Cauca para que inicien un proceso que permita encontrar soluciones al conflicto armado y para que cesen los enfrentamientos violentos en la región.

La organización de los derechos humanos INDEPAZ señaló que más de cuarenta líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en Colombia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023. Estos son algunos de ellos:

Ocho líderes sociales y comunitarios fueron asesinados en los primeros seis días de julio. Personas no identificadas mataron a tiros a José Hernán Tenorio Mestizo y a Albán Mestizo Yosando, dos líderes sociales miembros de la Asociación Indígena Avelino Ul del municipio de Toribío, al norte del Cauca. El 4 de julio fue asesinado César Tapias, líder comunitario responsable del Comité de Trabajo de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Medio en el municipio de Ituango, Antioquia.

El 5 de julio fueron asesinados Ludis Esther García Jaramillo, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Capote del corregimiento La Granja, municipio de Ituango, Antioquia; Helmer Luligo Restrepo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del municipio de Jamundí, Valle del Cauca; y Jhonis Orfelio García, un reconocido líder indígena miembro de la Guardia, exgobernador y hermano del gobernador del resguardo El Palmar de Ricaurte, Nariño.

El 6 de julio fue asesinado en Buenaventura Hever Gamboa, líder indígena y guardia mayor del cabildo Nonam Dur, miembro de la red Comunidad Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL), que agrupa a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

El 13 de julio fue secuestrado y asesinado Alex Germán García Guanga, un joven miembro de la Guardia Indígena del Resguardo Palmar Imbi de Ricaurte, Nariño. Ese día también fue asesinado en Malambo, Atlántico, el líder LGBTQI Franklin Pabón Camacho. Al día siguiente fue asesinado el líder comunitario Salomón Durán después de que lo secuestraran mientras cruzaba el río Arauca.

Entre el 22 y el 26 de julio se produjeron seis asesinatos: Ilder Díaz, líder social y comunitario del corregimiento de Altamira y candidato al concejo de Policarpa, Nariño; Tiberio Chepe Zeti, líder, médico tradicional y mayor del pueblo indígena nasa del resguardo Kwe'sx Yu Kiwe de Florida, Valle del Cauca; Benito Segundo Castillo Gutiérrez, líder indígena wayúu de Maicao, La Guajira; Fredy Bomba Campo, líder indígena de Santander de Quilichao, Cauca, y Yesid Pechené Musicué y Carlos Mario Roldán Díaz, asesinados el mismo día en Cauca y Antioquia respectivamente. Bomba era presidente municipal de Caldono y miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

El 9 de agosto fue asesinado en Tunja, Boyacá, el docente José Armando Sánchez Ávila, miembro del comité municipal del sindicato SINDIMAESTROS de Boyacá. El 11 de agosto fue asesinado en La Jagua del Pilar, departamento de La Guajira, el líder comunitario José Luis Arzuaga. Al día siguiente fue asesinado en la ciudad de Cartagena, Bolívar, Ronald Gómez, miembro de la formación progresista Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Su asesinato se produjo en un contexto marcado por la violencia constante contra candidaturas y organizaciones políticas. El ataque tuvo lugar mientras estaba con su familia. También sufrió heridas graves el activista social Luis Carlos Meléndez.

El 13 de agosto fue asesinado en Caldono, Cauca, el líder social José Rubiel Guetia. Ese mismo día fue hallado en Montecristo, Bolívar, el cuerpo del activista político Herney Arrieta Meza, después de que tres hombres armados lo secuestraran la noche anterior cuando se hallaba en su domicilio. El 16 de agosto fue asesinado en Zona Bananera, Magdalena, el activista comunitario y presidente de la Asociación Campesina Zona Bananera, Martín Darys Escobar Barón. En 2020, tras sobrevivir a un atentado, solicitó medidas de protección, pero en el momento de su muerte todavía no se habían puesto en marcha. Ese mismo día, agresores armados mataron a tiros al activista social Wilinton Tovar Gil en el distrito de San Zenón, donde se presentaba como candidato a las próximas elecciones municipales.

El 21 de agosto fue secuestrado y asesinado en Segovia, Antioquia, Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, líder social y dirigente campesino de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, un territorio con reconocimiento legal. El 23 de agosto se produjeron dos asesinatos. La secretaria general del Consejo Comunitario de la JAC del barrio de la Comunidad de Sabana Verde, Cúcuta, Yorladis Ayala Moreno fue agredida y asesinada cuando se encontraba en su domicilio. En Florencia, Caquetá, fue asesinado Ferley Fernández Rojas, presidente de la Asociación de la Zona de Reserva Campesina La Victoria (AZORCAVI). El 24 de agosto fue asesinado en Tumaco, Nariño, el activista social Jhon Kevin Taicus Guanga, miembro de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de La Guayacana.

El 26 de agosto, asaltantes armados asesinaron a la líder comunitaria Claudia Ordoñez e hirieron a su marido cuando efectuaban trabajos comunitarios frente a la prisión de Jamundí, Valle del Cauca. Ejercía de coordinadora en el corregimiento El Guabal y era candidata al concejo de Jamundí. Otros dos líderes fueron asesinados el mismo día. El activista social Edwin Tapia fue asesinado en Tierralta, Córdoba. Ejercía de representante de las víctimas de desplazamientos forzosos en litigios por tierras. El abogado de los derechos humanos y sindicalista Willian Alberto Álvarez Domínguez fue asesinado en Puerto Libertador, Córdoba. Era funcionario del departamento regional de la Defensoría del Pueblo y miembro del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP).

El 6 de septiembre fue asesinado a tiros el abogado y funcionario de la Defensoría del Pueblo Freddy Renhals delante de su domicilio en el barrio Rojas Pinilla de Maicao, La Guajira. Fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Tres días después fue asesinado Silvio Rosero Arteaga, presidente del Concejo de Taminango, Nariño. Dos desconocidos penetraron en la sede del Consejo y dispararon varias veces al político, matándolo de inmediato.

El 17 de septiembre fueron asesinados a tiros el líder indígena José Arley Cruz Chocue de la comunidad Granates Kwe’sx Yu Kiwe del municipio de Florida, Valle del Cauca, y el ecologista Pedro Juan Acosta Zabaleta en Majagual, Sucre.

Reunión pacífica

Marchas contra Gustavo Petro

El 16 de agosto, una bandera colombiana de grandes dimensiones encabezó una manifestación contra el Gobierno de Gustavo Petro en Bogotá. Manifestantes corearon diversos eslóganes, entre ellos “No más Petro, no más corrupción” y “Petro, chao”. También criticaron la política energética del Gobierno y protestaron contra la inseguridad. Caminaron desde el Parque Nacional hasta la plaza Simón Bolívar, en el centro de la capital colombiana. A la protesta también asistió el senador Miguel Uribe, uno de los líderes del partido Centro Democrático. En Medellín y Cali, la ciudadanía también se echó a las calles para expresar su descontento con el Gobierno de Gustavo Petro.

El 18 de octubre tuvo lugar una manifestación antigubernamental convocada por el Foro Ampliado de Reserva Organizada (Reserva Moral de Colombia) y otras agrupaciones. En lo que va de año, es la tercera vez que militares retirados se manifestan contra Gustavo Petro por lo que consideran un mal trato hacia la fuerza pública. También expresaron su desacuerdo con la postura del jefe del Estado sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Oriente Próximo. Durante la marcha, dos mujeres jóvenes fueron agredidas física y verbalmente por un grupo de personas que portaba elementos alusivos a la campaña del candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano. Ambas pedían apoyos para las víctimas del conflicto armado.

Marcha indígena multitudinaria

Entre el 25 y el 27 de septiembre, más de 15 000 personas indígenas procedentes de una decena de departamentos colombianos llegaron a Bogotá para alertar al Gobierno central de la crisis humanitaria que viven las comunidades indígenas en sus territorios debido a la violencia paramilitar. El 27 de septiembre protagonizaron una marcha multitudinaria desde la calle 60 con carrera séptima hasta la plaza de Bolívar para exigir al Gobierno de Gustavo Petro que aplique de inmediato medidas para poner fin a la violencia en sus territorios y detener el asesinato de autoridades comunitarias y líderes sociales. También exigieron que se respete el derecho al territorio y a la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La marcha fue organizada en el marco de la Minga social por la defensa de la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz, convocada por más de cincuenta organizaciones indígenas, campesinas y sociales del sudoeste colombiano.

Las personas manifestantes también expresaron su apoyo a las diferentes reformas sociales presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso para transformar la realidad social del país. La movilización contó con el apoyo del Gobierno central, que dio instrucciones a la policía y la Alcaldía de Bogotá para que garanticen la seguridad de las comunidades y les ofrezcan espacios para cocinar, ya que se habían instalado temporalmente en tiendas de campaña en el parque Tercer Milenio.

La Corte Constitucional limitó el uso de inhibidores de señal durante las protestas sociales

En abril de 2021, cuando se puso de manifiesto la oposición social a la reforma fiscal del entonces presidente Iván Duque, Internet se convirtió en la principal herramienta para la difusión de información y la expresión de ideas. Sin embargo, durante una manifestación, se detectaron problemas de conexión en Aguablanca y Siloé, en Santiago de Cali, y en otras localidades, así como fallos en dispositivos móviles que impidieron que la ciudadanía pudiera informarse.

Recientemente, la Corte Constitucional publicó un fallo en el que analizó los hechos y estimó que “existe un derecho de acceso a Internet […] que implica que el Estado está obligado a garantizar el acceso y a evitar interrupciones que limiten intencionalmente la difusión de información en línea”. También señaló que “el servicio a Internet no puede ser restringido por motivos de orden público y en los casos que se invoque la seguridad nacional como justificación para una restricción de acceso, la ley debe definir previamente su alcance”.

Libertad de expresión

Aumentan las amenazas a periodistas

En los últimos meses se han producido numerosos casos de acoso y violencia contra la prensa que dificultan su labor, fomentan la autocensura y, en algunos casos, obligan a las víctimas y a sus familiares a exiliarse. Estos son algunos ellos:

El 10 de julio, Sebastián Nohra, uno de los periodistas de Blu Radio que participó en una investigación sobre la malversación de fondos destinados al Acuerdo de Paz, denunció que lo amenazaron por teléfono dos veces. Pese a esto, aseguró que no iba a poner una denuncia porque no tenía esperanzas de que sirviera para algo. La Fiscalía publicó un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación para dar con las personas responsables y que Nohra sería citado a declarar.

Las caras de cinco periodistas aparecieron en panfletos a principios de agosto, en Barrancas, un municipio del departamento de La Guajira. Se trata de Bonato Solano, Astor Alarcón Fonseca, Reinaldo Gómez, Alex Sierra Parodi y Jorge Extrada, quienes figuraban como “objetivos militares” de un grupo autodenominado “Nuestro grupo armado de La Guajira”. Medios de comunicación informaron que los periodistas eran miembros del equipo de campaña de Vicente Francisco Berardinelli, candidato a la alcaldía del municipio del movimiento Vamos Barrancas y del Partido Conservador.

En agosto, en el mismo departamento, el periodista radial del municipio de Uribia Manuel Mejía Ramírez denunció haber recibido amenazas por WhatsApp y mensajes de texto. El Heraldo señaló que el periodista considera que las amenazas podrían estar motivadas por su labor periodística, ya que ha visibilizado problemáticas sociales que aquejan a la población y ha dado a conocer la insatisfacción popular con el pésimo servicio de energía que recibe la localidad. Mejía recordó que fue agredido física y verbalmente en septiembre de 2022 y que aquella vez también denunció los hechos ante las autoridades.

Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), seis periodistas de la región de Córdoba denunciaron amenazas y dos tuvieron que exiliarse. Yamir Jhan Pico, director del medio digital Caribe Noticias 24/7, vinculó los actos de acoso que ha sufrido con la publicación de investigaciones sobre casos de minería ilegal en San Jorge que afectaron a los intereses del Clan del Golfo. Tuvo que abandonar el país junto a su familia después de que varios hombres lo amenazaran cuando se encontraba en su domicilio. En la misma subregión de San Jorge, los periodistas Organis Cuadrado y Wálter Alvarez denunciaron actos de acoso; sin embargo, las investigaciones han sido infructuosas hasta el momento.

El 6 de septiembre, Estefanía Colmenares, directora del periódico independiente La Opinión de la ciudad norteña de Cúcuta, recibió amenazas desde un número no identificado mediante una aplicación de mensajería. Según una publicación del CPJ, el mensaje decía: “Usted es objetivo militar. […] su cabeza tiene precio”. En declaraciones al CPJ, Colmenares aseguró que creía que la amenaza de muerte se debía a la reciente cobertura periodística de La Opinión sobre el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, quien cumple una condena de 27 años por homicidio. El periódico informó que Suárez llevaba más de un mes ingresado en un hospital local —desde donde coordinaba de forma ilegal campañas políticas de cara a las elecciones locales—, que se habían encontrado grandes sumas de dinero en su habitación y que había recibido visitas no autorizadas. Colmenares relató que la popular emisora W Radio la entrevisto el 1 de septiembre a propósito de esos reportajes.

En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa afirmó que había documentado por lo menos diez amenazas o agresiones contra La Opinión y sus periodistas en la última década.

En octubre, el director del portal Entre Ceja y Ceja de Rionegro Antioquia, Julián Dávila, denunció que autoridades locales habían difamado al medio de comunicación. El 5 de octubre, durante una rueda de prensa, el alcalde Hernández Alzate amenazó con llevar ante los tribunales a los medios de comunicación que difundan noticias falsas. Posteriormente, el bufete de abogados Víctor Mosquera Marín, que asumió la representación legal del alcalde, anunció su intención de emprender acciones legales contra el medio Entre Ceja y Ceja, al que acusa de posicionarse a favor de partidos políticos opositores al alcalde y de difundir alrededor de nueve noticias falsas en los últimos meses.

Mujeres periodistas víctimas de ciberacoso

Un informe de la delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo reveló que el ciberacoso que padecen las mujeres periodistas es otra vertiente del acoso que padece el resto del gremio. La organización analizó los comentarios de varias publicaciones hechas por 19 periodistas Colombianas en distintos medios, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, y descubrió que las comunicadoras habían sido objeto de 1084 ataques. Según Infobae, el defensor del pueblo Carlos Camargo Assis declaró: “Hemos evidenciado la permanente y lamentable vulneración de derechos a la que se enfrentan las periodistas en su ejercicio profesional. Reiteramos que el acoso en línea a mujeres periodistas socava la libertad de expresión y afecta el funcionamiento de una prensa libre e independiente, vital para la democracia”.

Dos emisoras de radio del Valle del Cauca tuvieron que cancelar sus noticieros debido a amenazas. Las emisoras locales Mundo 89 FM y La Voz de los Robles 14.90 AM de la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, cancelaron sus informativos debido a la violencia que asola la localidad. Un grupo de bandas criminales dedicadas al narcotráfico ha intimidado a periodistas mediante el envío de panfletos amenazantes y también les ha prohibido dar cobertura a los candidatos a la alcaldía de la ciudad en el marco de las elecciones locales el 29 de octubre de 2023.

La cobertura electoral desata ataques contra la prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró un aumento de las agresiones a periodistas a medida que se acercaban las elecciones del 29 de octubre. Hasta el 27 de octubre, había documentado 42 agresiones a la prensa relacionadas con la cobertura electoral. La organización también señaló que ante los ataques e intimidaciones de cargos políticos, grupos armados y desconocidos, los periodistas optan por la autocensura y deciden no informar sobre asuntos de interés público, como cuestiones políticas o relacionadas con campañas o candidaturas en sus regiones. Por consiguiente, la ciudadanía no puede informarse directamente de qué está pasando y, por lo tanto, no puede tomar decisiones con conocimiento de causa.