Asesinan a un opositor nicaragüense exiliado y atacan a miembros del estudiantado de la UCR a raíz de protestas pacíficas

Contexto

Una medida indédita abre la vía a un juicio contra el presidente Rodrigo Chaves

El 1 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tomó una decisión sin precedentes que permitirá a la Asamblea Legislativa someter a voto el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Los partidos de la oposición, que cuentan con la mayoría de los 57 escaños de la cámara, podrían despojar de inmunidad al presidente.

De ser así, el mandatario podría enfrentarse a un juicio por cargos de corrupción relacionados con la malversación de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Fiscalía General acusa al presidente y al ministro de la Cultura Jorge Rodríguez de abuso de autoridad en beneficio propio o de terceros (“delito de concusión”) por desviar fondos destinados a servicios de comunicación de la Presidencia a favor del asesor Federico Cruz. Asegura que este último recibió indebidamente 32 000 USD procedentes de una donación del BCIE destinada a servicios de comunicación institucional.

El suceso tiene lugar en un momento en el que Chaves, que conserva el apoyo de la mitad de la población, según las encuestas, intensifica sus ataques contra el Poder Judicial y las autoridades electorales antes de las elecciones de 2026.

La sociedad civil advierte del conflicto de intereses en la selección del Tribunal Supremo

Actualmente la Asamblea Legislativa está llevando a cabo el proceso de selección de un nuevo magistrado para la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de juzgar los casos que impliquen a autoridades del Estado de mayor rango. Varios integrantes del Legislativo están siendo investigados por la vía penal y algunos son objeto de procedimientos para privarlos de inmunidad parlamentaria.

Tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como otras organizaciones de la sociedad civil se han mostrado muy preocupadas por la posible existencia de un conflicto de intereses, ya que el magistrado que resulte elegido por la Asamblea podría tener que decidir en el futuro sobre procesos en los que estén implicados miembros de la misma.

El 22 de julio de 2025, las organizaciones pidieron a los integrantes del Legislativo investigados por lo penal —en particular, a aquellos que se enfrentan a solicitudes de suspensión de inmunidad— que se abstuvieran de participar en el proceso de designación y en la posterior votación plenaria. También instaron a la Asamblea a llevar a cabo un proceso de selección transparente e imparcial.

La participación discreta de Costa Rica en las deportaciones de Estados Unidos suscita preocupación por los derechos humanos

En mayo de 2025, el CEJIL, el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y el American Friends Service Committee (AFSC) publicaron un informe en el que revelaron que el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos ha convertido al país centroamericano en un “puente” para la recepción y el tránsito de al menos doscientas personas expulsadas colectivamente de Estados Unidos. Entre ellas había niñas, niños y adolescentes, muchos de los cuales fueron víctimas de múltiples violaciones de los derechos humanos.

En el informe, las organizaciones explican que las autoridades costarricenses mantuvieron detenidas arbitrariamente a las personas migrantes expulsadas de los Estados Unidos durante más de dos meses, no les proporcionaron información en su idioma y les negaron la atención médica, el apoyo psicosocial y la protección internacional que necesitaban. También señalan que se ha vulnerado el principio de no devolución, ya que las autoridades enviaron a algunas personas a países donde su vida o su seguridad corrían peligro sin llevar a cabo las evaluaciones pertinentes.

Asimismo, subrayaron que, aunque el Gobierno introdujo un proceso de regularización temporal en abril de 2025, la medida no subsana los perjuicios causados ni garantiza el acceso a derechos ni a un proceso de integración que respete la dignidad de las personas expulsadas. Por último, instaron al Estado costarricense a que proporcione ayuda humanitaria, permisos de trabajo y una mayor protección a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

A finales de junio de 2024, la Sala Constitucional (Sala IV) adoptó parcialmente un recurso de hábeas corpus interpuesto por organizaciones de la sociedad civil en favor del grupo de personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos y retenidas en el centro de atención migratoria de Corredores. La Sala determinó que, si bien su admisión por razones humanitarias no vulneró derechos, las condiciones de su posterior detención sí lo hicieron, señalando la ausencia de resoluciones individualizadas, las restricciones a la comunicación y la falta de información sobre su estatus migratorio y la posibilidad de solicitar refugio. Asimismo, ordenó a las autoridades liberar a las personas migrantes, definir su situación jurídica en un plazo de 15 días, garantizar el acceso a servicios de salud, educación y vivienda, y condenó al Estado al pago de costas y de indemnización.

Libertad de asociación

Asesinan en San José a un opositor nicaragüense exiliado que había sido amenazado de muerte

El 19 de junio de 2025, un agresor no identificado asesinó a tiros al mayor retirado del Ejército nicaragüense y opositor Roberto Samcam Ruiz en su domicilio de San José. Vivía en Costa Rica desde julio de 2018, tenía el estatus de refugiado y había denunciado amenazas de muerte ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

Desde 2018 venía criticando públicamente el papel del Ejército nicaragüense en casos de violaciones graves de los derechos humanos. En julio de 2023, España le concedió la nacionalidad, después de que el Gobierno de Nicaragua le hubiera retirado la nacionalidad en febrero de ese año.

Organizaciones de derechos humanos afirman que las circunstancias del crimen, el perfil de la víctima y las amenazas que había recibido apuntan claramente a un ataque por motivos políticos. De hecho, este asesinato, así como la vigilancia, las amenazas, los actos de acoso e intentos de asesinato documentados contra personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, forman parte de un patrón. Entre estos casos, cabe destacar los ataques contra Joao Maldonado en 2023, así como los asesinatos de Jaime Luis Ortega en 2024 y de Rodolfo Rojas en 2022.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no se ha pronunciado al respecto. La Asamblea aprobó una moción para exigir al Gobierno que condene el asesinato y que explique por qué las agencias de inteligencia ignoraron las alertas de Samcam. La expresidenta Laura Chinchilla aseguró que era “inadmisible” que sicarios de Nicaragua operaran libremente en Costa Rica.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más y otras dieciocho organizaciones urgieron a la comunidad internacional a que exigiera al Estado nicaragüense el cese inmediato de toda forma de vigilancia, persecución y violencia contra la disidencia en el exilio. También solicitaron un mayor apoyo político, técnico y económico a los mecanismos de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en el exilio. Por último, instaron a las organizaciones internacionales de derechos humanos a que hicieran un seguimiento urgente de estos casos, teniendo en cuenta que forman parte de un patrón sistemático de represión transnacional, y a que garantizaran justicia y verdad para las víctimas.

Un defensor del medioambiente es víctima de acoso judicial

El 31 de julio de 2025, el activista ecologista Juan Bautista Alfaro Rojas denunció que un tribunal había ordenado la congelación de sus cuentas bancarias a raíz de una solicitud de Enjoy Hotels & Resorts S.A., promotora del proyecto turístico Bahía Papagayo en Guanacaste. Según los medios de comunicación, la empresa alegó que Alfaro difundió información falsa que mancilló su reputación. La orden cautelar le impidió acceder a sus prestaciones por desempleo y a sus ahorros personales, privándolo de los recursos de los que dependía para su subsistencia y el sustento de su familia.

Alfaro, que es miembro de la plataforma cívica Salvemos Playa Panamá, aseguró que la medida busca silenciar la oposición al proyecto y restringir su activismo. Su abogado sostuvo que la orden de embargo preventivo era desproporcionada y que parecía más destinada a intimidar a su cliente que a retener bienes.

Por su parte, Enjoy Hotels & Resorts S.A., representada por el bufete de abogados Business Law Partners (BLP), sostiene que las publicaciones de Alfaro causaron un grave perjuicio a su reputación y mermaron la confianza de los inversores. La empresa aportó el depósito en garantía que exige la ley y ahora deberá proceder por la vía civil, ya que, de lo contrario, se arriesgaría a perderlo.

Las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a Alfaro afirmaron que la medida era “un acto vergonzoso de una empresa económicamente poderosa contra una persona trabajadora, que ha señalado públicamente y de manera documentada, los múltiples cuestionamientos de los permisos ambientales otorgados por SETENA al proyecto Bahía Papagayo”. Destacaron que el proyecto podría afectar a bosques que pertenecen a la sociedad costarricense, ya que forman parte del patrimonio natural del Estado:

“No podemos menos que exponer ante la ciudadanía estos actos deplorables y desproporcionados que buscan silenciar las críticas y denuncias válidas por la defensa de nuestros bienes comunes, de los que ellos usufructúan, los bosques de Playa Panamá. Buscan castigos patrimoniales contra personas que defienden lo que por ley nos pertenece a todos los costarricenses”.

Liberan al activista nicaragüense Reynaldo Picado

El 25 de mayo de 2025, las autoridades pusieron en libertad al activista nicaragüense Reynaldo Picado Miranda después de que el Tribunal Administrativo Migratorio le concediera el estatus de refugiado, poniendo así fin a 32 meses de detención. Picado, que participó en protestas contra el presidente Daniel Ortega en 2018, huyó a Costa Rica ese año. A finales de 2022, las autoridades nicaragüenses lo acusaron de asesinato con agravantes, delincuencia organizada y otros delitos graves, y solicitaron oficialmente su extradición.

En un principio, Costa Rica rechazó su solicitud de asilo, a pesar de que había denunciado ser víctima de persecución política. En noviembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Picado e instó al Estado costarricense a que garantizara su vida e integridad personal y a que se abstuviera de extraditarlo, deportarlo o expulsarlo.

El Movimiento Campesino de Nicaragua acogió con satisfacción la decisión, ya que impediría que fuera trasladado a Nicaragua, donde corría el riesgo de sufrir malos tratos y de que se le denegaran las debidas garantías procesales. La organización aseguró que la decisión se ajustaba a las obligaciones del Estado costarricense en virtud del derecho internacional y expresó su gratitud a la ciudadanía, la sociedad civil y los medios de comunicación que apoyaron la liberación de Picado.

Reunión pacífica

Protestas en la principal universidad de Costa Rica acaban en enfrentamientos

El 16 de mayo de 2025, integrantes del movimiento Alianza Estudiantil bloquearon el acceso al campus Rodrigo Facio en el marco de su campaña para exigir la dimisión de la dirigencia de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y la suspensión temporal del rector Carlos Araya por presuntas irregularidades administrativas. Las personas manifestantes relataron que un agente de seguridad de la universidad intentó impedir que cerraran los portones y les dijo que portaba un arma de fuego.

El 30 de mayo se produjo un segundo enfrentamiento en la Escuela de Estudios Generales. Miembros del estudiantado denunciaron que el jefe administrativo de la institución, Minor Agüero Álvarez, que se encontraba en el interior de su vehículo, aceleró deliberadamente en su dirección cuando protestaban pacíficamente con carteles y pancartas. Al menos dos de ellos habrían sufrido lesiones, según un recurso de amparo presentado ante la Sala IV. Agüero aseguró que no había hecho nada indebido, que había dado marcha atrás lentamente y que no había golpeado a nadie. Sin embargo, quienes presenciaron los hechos lo acusaron de volver al lugar visiblemente alterado, arrancar carteles y decir a los estudiantes: “No tengo miedo de nada y mucho menos de ustedes”.

Pocos días después, el 3 de junio, la exdirectora interina de la Escuela de Estudios Generales Marlen Calvo presentó una denuncia disciplinaria contra cinco miembros del estudiantado en la que alegó que habían incurrido en “faltas muy graves” durante una manifestación, entre ellas privación de libertad y daños psicológicos. Según su declaración, el 30 de mayo, un grupo de miembros del estudiantado provistos de megáfonos, tambores y pancartas se concentró frente a su despacho. Calvo sostiene que la protesta fue “ideada y ejecutada con el objetivo de privarme de mi libertad ambulatoria, a la vez, en la vulneración de mi dignidad como mujer, persona adulta mayor y autoridad universitaria”.

El procedimiento disciplinario ha suscitado gran preocupación. El Consejo Superior Estudiantil condenó las medidas y calificó de “inadmisible cualquier intento de represión institucional”. También advirtió que “sientan un precedente sumamente grave que amenaza la libertad de expresión, organización y movilización”. Por su parte, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la universidad afirmó que dichas acciones, así como la creación de enemigos internos y la criminalización de la protesta, entre otras, constituyen un ejemplo de las “estrategias propias del autoritarismo”. El sindicato de trabajadores universitarios Sindeu se hizo eco de esas preocupaciones y alertó de un “grave deterioro de la legitimidad” de la institución.

Libertad de expresión

La Corte Suprema considera que el Gobierno vulneró los derechos de los profesionales del periodismo durante actos presidenciales

El 3 de junio de 2025, la Sala IV dictaminó que el Gobierno violó los derechos de los profesionales del periodismo durante actos de la Presidencia en 2024 en los que altos funcionarios los silenciaron y se burlaron de ellos. El fallo resuelve dos recursos. El primero fue presentado por profesionales del periodismo que denunciaron que escoltas de la Unidad de Protección Presidencial los hicieron callar, que el propio presidente Rodrigo Chaves los interrumpió y que les desconectaron los micrófonos durante ruedas de prensa. El segundo fue interpuesto contra el Ministerio de la Presidencia por no haber respondido a las solicitudes de información relacionadas con la aprobación de jornadas de trabajo excepcionales conocidas como 4×3.

La Corte declaró inconstitucionales los hechos denunciados y ordenó el pago de una indemnización en el primer caso y reafirmó la protección constitucional del acceso a la información pública en el segundo caso. Según el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI), ambos recursos ponen de manifiesto la existencia de una lucha más amplia contra la erosión de la transparencia y el debate público en el país.

La Sala Constitucional confirma que la sátira es una forma de expresión protegida por la ley

El 9 de julio de 2025, la Sala Constitucional dictaminó que la retirada de la publicidad institucional del programa de televisión El Chinamo por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Popular (BP) constituía un acto de censura y una violación de la libertad de expresión.

El tribunal subrayó que, en un régimen democrático, la sátira es una forma de expresión protegida por la ley. Pese a esto, el presidente Rodrigo Chaves criticó duramente la decisión, afirmando que las instituciones públicas tienen derecho a proteger su imagen. La jueza instructora Ingrid Hess señaló que la decisión del BP y del CIE fue el resultado del desacuerdo de ambas entidades con el contenido de tres segmento satíricos conocidos como “chinaokes”, emitidos durante el programa del canal Teletica.

La magistrada enfatizó que esas prácticas son una forma de censura indirecta, tal y como lo han expuesto la propia Sala y tribunales internacionales de derechos humanos en sentencias anteriores. Destacó que los vídeos, concebidos como comentarios humorísticos y críticas sociopolíticas, estaban plenamente protegidos por la legislación sobre la libertad de expresión y que el caso estaba claramente relacionado con el pluralismo, la libertad de expresión y las bases del sistema democrático.

Como ya informamos, tras la emisión del programa, el ICE y el Banco Popular cancelaron los contratos publicitarios con el canal en diciembre de 2024.

Costa Rica obtiene su peor clasificación en materia de libertad de prensa de las dos últimas décadas

El país descendió diez puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando de la posición 26 a la 36, su peor resultado desde 2005. En el informe, la organización destaca el deterioro preocupante del contexto político. Los profesionales del periodismo se han enfrentado a restricciones en el acceso a la información pública y han sido víctimas de agresiones verbales por parte del presidente Rodrigo Chaves y de otras autoridades.

A pesar de que el país sigue beneficiándose de la solidez de su marco jurídico gracias a las garantías constitucionales, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la adopción de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública de 2024, las presiones económicas aún suponen un importante desafío.

Este descenso concuerda con los resultados del informe Monitoreo de las vulneraciones contra la libertad de prensa 2024, publicado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) el 7 de mayo de 2025. La organización documentó 32 incidentes y 40 víctimas de violaciones de la libertad de prensa en 2024, lo que supone un aumento del 14 % con respecto al año anterior. La mayoría de estas vulneraciones fueron perpetradas desde el Poder Ejecutivo y nueve se atribuyen directamente al presidente Rodrigo Chaves.

El Iplex documentó casos de discursos estigmatizantes, agresiones físicas y verbales, y restricciones al acceso a la información, entre otras violaciones. También destacó el surgimiento del acoso judicial mediante procesos civiles y penales infundados, y de iniciativas legislativas incompatibles con las normas internacionales, como el proyecto de ley 24.457, que pretende restringir las llamadas “narconovelas”.