A principios de junio de 2020 la fiscal federal encargada de auditar la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI) presentó pruebas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N. ro 11 que indicaban que dicha agencia había llevado a cabo tareas de espionaje ilegales durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
El caso salió a la luz cuando la fiscal federal formalizó una denuncia en la cual acusó al exdirector de la agencia de inteligencia de espionaje interno sin orden judicial. Según los medios de comunicación, la AFI recopiló perfiles de más de 500 personas en una época en que Argentina fue sede de importantes eventos internacionales, como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018 en Buenos Aires. Se habrían elaborado fichas de 403 periodistas que buscaban acreditarse para cubrir estos eventos, así como de decenas de líderes de la sociedad civil, de la academia, de la política y de los negocios. Las fichas presentadas ante el tribunal fueron descubiertas el 24 de enero de 2020 en tres expedientes guardados en una caja fuerte en la oficina del exdirector de contrainteligencia de la agencia.
Según un reportaje del portal El Destape, las fichas incluían nombres, fotos, empleadores y afinidades políticas. Muchas fichas incluían también información que al parecer habría sido recopilada a partir de perfiles y publicaciones en redes sociales, incluidas opiniones sobre temas políticos, creencias religiosas o sobre la participación en ciertos grupos políticos o de la sociedad civil, con un énfasis especial en el apoyo ofrecido a movimientos contra la violencia de género. Dichas fichas fueron clasificadas utilizando un sistema de semáforos —rojo, amarillo y verde— en función de su supuesto posicionamiento frente al gobierno. Entre las personas fichadas había periodistas de medios nacionales, como Infobae, Clarín, Crónica TV, Radio Nacional y La Nación; así como más de sesenta corresponsales de medios internacionales, como The Associated Press, Reuters, Al-Jazeera, Bloomberg, Agence France-Presse y CNN.
A medida que avanzaron las investigaciones sobre las actividades de la AFI durante el mandato de Macri se denunciaron otros casos de vigilancia ilegal y espionaje, incluidos casos de seguimiento y control. El 15 de junio de 2020, un juez presentó pruebas que demuestran que la AFI había vigilado ilegalmente al periodista Hugo Alconada Mon entre marzo y noviembre de 2018. Alconada, periodista de investigación de La Nación, confirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que las labores de seguimiento coincidieron con su cobertura del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. "Hubo un esfuerzo para tratar de identificar mis fuentes periodísticas", afirmó Alconada. Las pruebas que se presentaron incluían mensajes de WhatsApp y archivos de audio entre agentes de inteligencia que coordinaron la vigilancia del periodista, de su casa, de su automóvil y de la casa de sus padres.
El 30 de junio de 2020, veintidós personas resultaron detenidas en el marco de otra investigación sobre labores de espionaje ilegales. Entre los detenidos acusados de constituir un grupo ilegal que se habría encargado del seguimiento de políticos de la oposición y de otro grupos figuran varios miembros del gobierno de Macri, incluido un exasesor del presidente y un exdirector de contrainteligencia de la AFI.
Otros sucesos
#FopeaCalidad
A partir de un relevamiento realizado entre periodistas de todo el país, FOPEA elaboró este documento con 10 peticiones a los gobiernos en temas clave como seguridad sanitaria en las coberturas, conferencias de prensa, federalismo y acceso a la información. (1/4)👇 pic.twitter.com/IQt9259Qcz— FOPEA (@FOPEA) April 6, 2020
En el mes de abril de 2020 el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) solicitó que se reanudaran las ruedas de prensa después de que el gabinete del presidente Alberto Fernández las suspendiera en marzo de 2020 debido a la aplicación de las nuevas medidas sanitarias. Desde entonces las ruedas de prensa han sido reemplazadas por comunicados oficiales durante los cuales los periodistas tienen prohibido hacer preguntas. El FOPEA advirtió que esta prohibición está contribuyendo a la desinformación sobre el coronavirus. El FOPEA también exigió medidas para garantizar la protección de los equipos periodísticos que cubren la pandemia y una mayor transparencia sobre los gastos de emergencia, así como una información detallada sobre los datos del virus y su impacto en el sistema sanitario en las provincias.
El 4 de julio de 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por el acoso y la estigmatización que sufren los y las periodistas por parte de los funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández. Según la organización, la publicación de este comunicado se produjo después de que periodistas de prestigio, entre ellos Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro, sufrieran campañas de desacredito y de que los amenazaran con llevarlos a juicio.
Asociación
Policías agreden a comunidades indígenas
En mayo, la policía de Chaco ingresó con violencia a la casa de una familia Qom. Golpeó y amenazó a toda una familia. Se llevó a varies detenides sin motivo ni orden judicial. Entre ellas, a una chica menor de edad a la que luego torturaron en la comisaría https://t.co/tZASnAnp3r
— CELS (@CELS_Argentina) July 24, 2020
El 31 de mayo de 2020 varios efectivos de policía de Fontana, provincia de Chaco, irrumpieron en la vivienda de una familia qom y agredieron con gran violencia a sus ocupantes. Según el diario Página 12, un grupo de agentes irrumpió en la vivienda sin orden de allanamiento y golpeó e insultó a varios miembros de la familia. También hicieron comentarios discriminatorios sobre la comunidad indígena a la que pertenece la familia. Acto seguido, los agentes se llevaron a cuatro personas a la comisaría, entre ellas una adolescente. Una vez allí continuaron con los insultos, las agresiones y los actos de tortura. Una de las jóvenes también denunció haber sufrido una agresión sexual. Este suceso violento llevó al Comité de Prevención de la Tortura de la provincia a formalizar una denuncia y a solicitar la detención de los policías implicados. Cuatro de los agentes implicados fueron detenidos de forma preventiva durante un breve período de tiempo y permanecen suspendidos debido a que se enfrentan a acusaciones relacionada con el caso.
Durante la cuarentena por la COVID-19 se registraron otros casos de violencia policial contra miembros de comunidades indígenas de la provincia. A principios de abril de 2020 la Guardia Comunitaria Washek del pueblo wichi de Sauzalito denunció otra agresión y afirmó haber sufrido malos tratos.
Reunión pacífica
Multitudinaria manifestación en el Día de la Independencia
'Argentina sin Cristina'
Así coreaban los manifestantes en las multitudinarias protestas en Argentina, dirigidas contra la cuarentena y contra una reforma judicial prevista que, según los manifestantes, está confeccionada para proteger 'a los corruptos en el gobierno'. /e pic.twitter.com/l1yvOYZdmA
— DW Español (@dw_espanol) August 18, 2020
El gobierno argentino declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo de 2020. Las estrictas restricciones impuestas durante la cuarentena del país se mantuvieron hasta el mes de agosto de 2020, esto es, durante más de 150 días.
El 9 de julio de 2020, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades del país para protestar por diversos motivos, incluida la prolongación de las restricciones relacionadas con la pandemia y los recientes fallos judiciales de varios casos de corrupción. Los manifestantes se congregaron frente al emblemático Obelisco de Buenos Aires con el fin de defender las libertades individuales, incluidas las libertades de expresión y de movimiento.
Durante la cuarentena, la población argentina también protestó por la terrible situación de los más desfavorecidos del país durante esta crisis. "Las organizaciones sociales nos enfrentamos no solo la pandemia, sino también al avance del hambre en los barrios populares", lamentó un representante de la sociedad civil que reclamaba el apoyo del gobierno en una marcha el 12 de junio 2020.
Marchas por Facundo Astudillo
#DondeEstaFacundo • Movilización de Plaza de Mayo a la Casa de la Provincia.
En minutos, transmisión en vivo de la lectura del documento del EMVyJ vía nuestro Instagram Live: @correpi_ #AparicionConVidaDeFacundo#FueraBerni#ElEstadoEsReponsable pic.twitter.com/JNGYBXWucQ
— CORREPI (@CORREPI) August 20, 2020
En julio de 2020, la desaparición de Facundo Astudillo, de 22 años, llevó a movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de los derechos humanos en Argentina a exigir verdad y justicia para el joven. Astudillo desapareció el 30 de abril de 2020 mientras viajaba desde su domicilio en Pedro Luro hasta la ciudad de Bahía Blanca para encontrarse allí con su novia. Se sospecha que miembros de la policía provincial de Buenos Aires estuvieron involucrados en su desaparición, ya que Astudillo fue visto por última vez en un puesto de control policial donde fue detenido por violar la cuarentena. Los testimonios de los policías contradicen los de los testigos que afirman haber visto al joven dentro de un vehículo policial. Su cuerpo fue hallado el 2 de septiembre de 2020, después de más de cien días de especulaciones sobre su paradero. La investigación para esclarecer su muerte sigue en curso.
Antes de que aparecieran los restos mortales de Astudillo, integrantes del movimiento Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marcharon en Buenos Aires para conmemorar los tres meses de su desaparición y para exigir su regreso a salvo. Durante la marcha los manifestantes corearon mensajes y enarbolaron carteles en los que se podía leer: "¿Dónde está Facundo?" y "¡El estado es responsable!". También hubo manifestaciones en otras ciudades, como La Plata, Pedro Luro y Carmen de Patagones. Las movilizaciones se sucedieron durante el mes agosto de 2020. El 3 de septiembre de 2020, después de que los medios de comunicación informaran que su cuerpo había sido identificado, cientos de personas se unieron a marchas en todo el país para exigir verdad y justicia para Astudillo.
Desde el inicio de la cuarentena por la COVID-19 en marzo de 2020, se han denunciado doce casos de tiroteos injustificados protagonizados por agentes de policía, también conocidos como casos de "gatillo fácil" en Argentina, y un caso de desaparición forzada mortal.
Authorities in #Argentina should conduct a thorough investigation into the surveillance of journalists under the previous presidential administration, and hold those responsible to account.@halconadahttps://t.co/fFiYUdV3MJ
— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) June 18, 2020
Expresión
El gobierno de Macri espió ilegalmente a periodistas, dirigentes sindicales, políticos y ejecutivos