Honduras: Un comienzo de año violento para las personas defensoras

A principios de diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro declaró el estado de excepción en varias regiones hondureñas para hacer frente a la violencia de las pandillas. El Decreto Ejecutivo N.º PCM 29-2022 suspendió garantías fundamentales como la libertad de asociación y reunión. El 6 de diciembre, cientos de agentes de seguridad fueron desplegados en zonas urbanas especialmente afectadas por el crimen organizado.

El estado de excepción fue prorrogado en dos ocasiones: primero en enero 2023 y luego en febrero de ese mismo año.

Asociación

El 7 de enero de 2023, los defensores del medioambiente Jairo Bonilla y Aly Domínguez fueron asesinados a tiros a plena luz del día por individuos armados no identificados. Ambos vivían en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, departamento de Colón, donde decenas de personas han padecido actos de acoso, criminalización y violencia por su oposición a un proyecto minero. La policía hondureña afirmó que Domínguez y Bonilla perdieron la vida en un atraco, pero sus familiares rechazaron esa versión y aseguraron que los agresores no se llevaron ni sus motocicletas ni efectos personales. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Mary Lawlor afirmó que debe llevarse a cabo una investigación independiente que tenga en cuenta la posibilidad de que ambos homicidios fueran un acto de represalia por la labor militante de los defensores.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa señaló que a pesar de las múltiples advertencias sobre las amenazas constantes contra los defensores de Guapinol y los riesgos crecientes que corren, las autoridades estatales se han negado a tomar medidas para garantizar su integridad y poner fin a la contaminación medioambiental provocada por la minería. El 23 de febrero de 2023, Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que sostuvo que un mes después de ambos asesinatos, continúan los ataques contra los defensores del agua de Guapinol. La organización señaló que a seis personas defensoras las siguen amenazando con abrirles una causa penal por su oposición a un proyecto minero.

Por otro lado, el 18 de enero de 2023, en Tocoa, fue asesinado a tiros en su vivienda el defensor del derecho a la tierra Omar Cruz Tomé y su suegro. Cruz era presidente de la asociación campesina Cooperativa Los Laureles, desde donde luchó contra los desalojos de tierras. Días antes de los asesinatos, Cruz habría acusado a un dirigente de la empresa agroindustrial Dinant de estar implicado en actividades delictivas en la región. Cabe destacar que en el pasado ya había recibido amenazas por su militantismo. De igual manera, varias formaciones campesinas de la región de Aguán también denunciaron las amenazas y los ataques constantes de la empresa de seguridad contratada por Dinant y de grupos armados irregulares que presuntamente trabajarían en coordinación con varias empresas.

El 12 de febrero de 2023 fue asesinado en Trujillo el defensor del derecho a la tierra Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier. Rivas obtuvo medidas cautelares en 2019, pero no fueron aplicadas de forma apropiada por el mecanismo nacional de protección. Sus vecinos relataron que un grupo paramilitar había amenazado a Rivas y otras personas defensoras del derecho a tierra de la región durante años.

Grupos de derechos humanos han advertido de la escalada de ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y las formaciones campesinas en la región del Bajo Aguán. Además de estos asesinatos, varias cooperativas campesinas regionales fueron objeto de amenazas y de ataques armados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por la situación en el Bajo Aguán y pidió a Honduras tomar medidas urgentes para proteger a los líderes locales.

Hallado muerto a un defensor garífuna

El 28 de enero de 2023 fue hallado en la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, el cuerpo sin vida del defensor garífuna del derecho a la tierra Ricardo Arnaúl Montero, miembro del Comité de Defensa de Tierra. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció el asesinato y aseguró que Montero fue sido enterrado sin que se le practicara una autopsia. En un principio, la policía declaró que el defensor se había ahogado; pese a esto, en febrero de 2023, las autoridades ordenaron la exhumación del cadáver para investigar la causa de la muerte. La OACNUDH expresó su solidaridad con la comunidad de Triunfo de la Cruz y la OFRANEH, y pidió a las autoridades que abrieran una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte de Montero.

Expresión

En febrero de 2023, Article 19 publicó su análisis trimestral sobre la libertad de expresión en Centroamérica y Cuba. El informe, que abarca el periodo octubre-diciembre de 2022, describe la persistencia de los ataques contra la libertad de expresión, en particular contra los periodistas. La organización afirmó que los Gobiernos de Honduras no se han esforzado en construir alianzas coherentes con la sociedad civil y sentar nuevas bases para una administración pública abierta y transparente. En el documento, la organización también expresó su preocupación por la creación de nuevo organismo gubernamental que, entre otras funciones, hará un seguimiento de las noticias sobre el Gobierno.