Las acusaciones contra los sindicatos suscitan preocupación y la suspensión del decreto sobre medios augura cambios positivos

Uruguay invistió a su nuevo presidente

El 24 de noviembre de 2024, el candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi fue elegido presidente del país tras vencer en la segunda vuelta a Álvaro Delgado, de la formación conservadora Coalición Republicana, el partido del Gobierno saliente. La victoria de Orsi marcó el regreso de la coalición de centroizquierda al poder tras el paréntesis de cinco años que supuso la presidencia de Luis Lacalle Pou.

Este resultado se debió a que ninguno de los candidatos obtuvo una mayoría suficiente en la primera vuelta el 27 de octubre de 2024, por lo cual se convocó una segunda vuelta, tal y como establece la legislación uruguaya. La participación en la contienda electoral fue especialmente alta, rozando casi el 90 % en ambas votaciones. En paralelo a las elecciones presidenciales, la ciudadanía uruguaya también votó en dos referendos constitucionales: uno sobre la reforma del sistema de seguridad social y otro para autorizar los allanamientos policiales nocturnos en domicilios particulares, con el fin de dar respuesta a la creciente preocupación por el crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Según explicó Alicia Lissidini, profesora e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), el electorado rechazó ambas propuestas, en línea con la aversión histórica del pueblo hacia las prácticas policiales autoritarias, arraigada en la memoria colectiva de la dictadura cívico-militar de 1973-1984.

Estos resultados reafirman la singularidad uruguaya en un contexto regional marcado por el deterioro democrático y la polarización política. En el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit, el país obtuvo una puntuación de 8,67, que le valió el 15.º puesto a nivel mundial y el 1.º en Amércia Latina, siendo el único de la región en ser calificado como una democracia plena. Además, según el Latinobarómetro, Uruguay es el país de América Latina que más confía en sus instituciones electorales (60 %), en contraste con lo que sucede en Argentina (30 %) y Bolivia (18 %).

Orsi fue investido presidente de Uruguay el 1 de marzo de 2025 y ejercerá el cargo hasta 2030.

Libertad de asociación

Destituyen a dirigentes sindicales

El 28 de noviembre de 2024, la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) despidió a nueve personas trabajadoras, todas ellas miembros activos de la Unión de Obreros y Empleados de Coleme (UOEC), cuatro de las cuales ocupaban cargos directivos en el sindicato. Pablo Jorge, presidente de la UOEC, sostiene que estas cesantías constituyen actos de represalia y buscan socavar la labor sindical dentro de la empresa.

Los despidos habrían perturbado las operaciones de Coleme. Según Jorge, la reducción de la plantilla, que pasó de unas cincuenta personas a menos de cuarenta, ha provocado un descenso notable tanto en la calidad como en la cantidad de los productos lácteos que elabora la empresa. Actualmente, la planta de Melo de Coleme procesa unos 3000 litros de leche al día, muy por debajo de los 5000-6000 litros habituales en esta época del año. También se ha señalado que el deterioro de diversos productos y la aparición de moho en quesos han impedido que Coleme abasteciera a todos los comercios locales en leche líquida.

El 3 de febrero de 2025, la plantilla instaló un campamento de protesta frente a la planta de Coleme. Poco después, la cooperativa habría suspendido y enviado al paro a otros ocho miembros del personal. Enrique Méndez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), denunció el carácter unilateral de la medida y aseguró que era un fiel reflejo de las constantes prácticas antisindicales de la empresa. También destacó las consecuencias socioeconómicas y señaló que algunas de las personas trabajadoras afectadas ahora tienen que sobrevivir con unos 10 000 pesos al mes (unos 230 USD) y deben recurrir a las ollas populares para cubrir sus necesidades básicas.

Reunión pacífica

Una huelga parcial pone de manifiesto la inquietud por los derechos laborales y las acusaciones antisindicales

El 20 de febrero de 2025, miles de personas trabajadores participaron en la huelga nacional parcial convocada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) contra presuntos casos de discriminación antisindical y en defensa de los derechos laborales, salarios adecuados y la seguridad en el empleo. La movilización, celebrada en el centro de Montevideo, fue una de las primeras manifestaciones sindicales de gran envergadura desde la elección de Yamandú Orsi.

“Este paro es en solidaridad con los sindicatos en conflicto, en defensa del trabajo, el salario, los derechos y contra la represión sindical y el modelo de la desigualdad”, declaró Enrique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT. Durante la manifestación se desplegaron pancartas, hubo actuaciones de grupos de percusión y se pidió la reanudación del diálogo social y mayores garantías estatales para el ejercicio del derecho de sindicación.

La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) han desempeñado un papel destacado en las movilizaciones más recientes. Por ejemplo, el establecimiento de un campamento de protesta frente a la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia, para denunciar los despidos masivos en el sector industrial y medidas que los representantes sindicales califican de prácticas antisindicales sistemáticas.

Según fuentes sindicales, unas 4000 personas trabajadoras han sido despedidas en los últimos meses. Liderazgos sindicales aseguran que una porción significativa de los despidos fueron pronunciados contra personas que participaban en actividades sindicales o en procesos de negociación colectiva. También se han denunciado casos de acoso laboral y de represalias contra organizadores sindicales.

Al día siguiente, representantes del Gobierno entrante visitaron el campamento de protesta. Los liderazgos sindicales acogieron la visita como un gesto constructivo y expresaron un cauto optimismo tras las palabras de la delegación, que se comprometió a iniciar un diálogo nacional.

Mujeres exigen medidas contra la desigualdad y la violencia de género

El 8 de marzo de 2025, en una demostración contundente de poder colectivo, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Montevideo contra la violencia de género, la desigualdad y el abandono estatal. La manifestación, encabezada por la Plataforma 8M y apoyada por casi medio centenar de organizaciones, culminó en la Universidad de la República. Participantes de todas las edades, muchas de ellas vestidas de violeta y con la cara pintada, portaron pancartas y mensajes en los que exigían justicia e igualdad y que se reconociera la violencia estructural a la que se enfrentan. Por las calles resonaron lemas como “No más abusos” y “Te creemos”, reflejo del sufrimiento individual y de la resistencia colectiva.

Las manifestantes denunciaron la erosión de las políticas públicas de apoyo a las mujeres, especialmente de las ayudas para la vivienda y de los servicios de apoyo para las supervivientes de violencias. Las activistas criticaron la ampliación de la legislación sobre la gestación subrogada, el programa de reformas sociales del Gobierno y el impacto de los proyectos extractivos de empresas multinacionales. También reclamaron fondos suficientes para aplicar la legislación sobre la violencia de género y la implementación de juzgados multimateria. Las manifestantes también destacaron los casos incesantes de feminicidio en el país y la falta de una estrategia estatal coherente para abordarlos.

Libertad de expresión

Problemas jurídicos suscitan la suspensión del decreto sobre los medios de comunicación

El 13 de febrero de 2025, el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó el Decreto N.º 31/025, que reglamenta la ley sobre la actividad de los servicios de difusión de contenido audiovisual (ley de medios), promulgada en octubre de 2024. El decreto, refrendado durante las últimas semanas de su Gobierno, generó gran inquietud entre los miembros de la sociedad civil y el sector mediático, especialmente por el momento en el que se aprobó, por su alcance y por cuestiones de fondo.

El decreto, de 57 artículos, introduce nuevos procedimientos aplicables a las licencias de radiodifusión, incluidas disposiciones sobre la transferencia de la propiedad de las mismas. Tanto juristas como profesionales de los medios de comunicación expresaron su preocupación por la transparencia durante el proceso de redacción de la norma y la posibilidad de que excediera el ámbito de aplicación de la ley habilitante. Por ejemplo, varias disposiciones parecen entrar en conflicto con las garantías existentes para el pluralismo en los medios y la libertad de expresión.

Además, pese a las salvaguardias explícitas del artículo 16 de la ley de medios, el artículo 13 del decreto omite toda referencia a la regulación de la concentración de medios de comunicación por parte de grupos económicos. Se ha señalado que se trata de una falencia significativa, sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de consolidación indebida de los medios de comunicación y sus implicaciones para el debate democrático.

El 1 de abril de 2025, poco después de asumir el cargo, el presidente Yamandú Orsi promulgó un decreto por el que suspendió la aplicación del Decreto N.º 31/025. El Ejecutivo expresó su preocupación por aspectos constitucionales y legales del decreto, señalando que la normativa contenía disposiciones que podrían no ajustarse al marco normativo nacional.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) informó que la suspensión se fundamentó en un análisis jurídico del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). En dicho informe, el Ministerio detectó numerosas irregularidades jurídicas, entre ellas el artículo 18, que establecía un plazo de treinta días, a partir de la aprobación del decreto, para regularizar las transferencias de licencias no autorizadas. Según el MIEM, esas transferencias son nulas de pleno derecho en virtud de la Ley N.º 19.307 y de la Ley N.º 20.383, ya que ninguna de las dos permite la regularización retroactiva de transferencias no autorizadas.

Además, el artículo 31 eximía a los servicios de televisión por suscripción de la obligación de conservar durante 30 días los contenidos de producción nacional. Esta exigencia se limitaba a la televisión en abierto, a pesar de que la ley obligaba a todos los proveedores de servicios por cable —en abierto o por suscripción— a cumplir dicha disposición.