Lista de Vigilancia - 29 Junio, 2020

Última actualización: 29 de junio de 2020. La nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor (Watch List en inglés) pone de relieve profundas preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Filipinas, Azerbaiyán, Hungría, Níger y los Estados Unidos de América. La Lista de Vigilancia llama la atención sobre los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico según una evaluación realizada por CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos necesarios para garantizar una mayor presión sobre los gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin inmediatamente a las actuales medidas represivas y para garantizar que los responsables rindan cuentas.

A continuación, encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.

Filipinas

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

En respuesta a la pandemia de COVID-19 el gobierno declaró el estado de emergencia el 25 de marzo de 2020 y otorgó poderes especiales al presidente Duterte mediante la aprobación de una ley de emergencia. Una de las disposiciones de esta ley penaliza la difusión de «información falsa» en internet y podría usarse para restringir la libertad de expresión y silenciar a los medios de comunicación. Los periodistas y usuarios de redes sociales han sido víctimas de ataques desde entonces.

En mayo de 2020, en lo que fue considerado como otro ataque contra la libertad de los medios de comunicación, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones —el organismo regulador del país— ordenó a ABS-CBN, la mayor red de medios de comunicación, que dejara de emitir después de que expirara la concesión de 25 años otorgada por el Congreso. Esta decisión privó a la ciudadanía de información crítica durante la pandemia. ABS-CBN se ha enfrentado durante mucho tiempo a la ira del presidente Duterte por criticar su «guerra contra las drogas», así como otras políticas. Además, en junio de 2020 la destacada periodista Maria Ressa de Rappler fue condenada por «ciberdifamación» en un caso que los grupos de derechos humanos describieron como un enjuiciamiento con motivos políticos impulsado por el gobierno de Duterte.

A pesar de la pandemia la nueva Ley Antiterrorista de 2020 está a punto de aprobarse. Esta ley ofrece pocas garantías contra los abusos y otorga amplios poderes a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos, la capacidad de ejercer una vigilancia electrónica que podría conducir a detenciones arbitrarias y discriminatorias, susceptibles de desembocar en una detención prolongada sin la imputación de delito alguno. Esta legislación define el terrorismo de manera imprecisa y algunos creen que ha sido diseñada fundamentalmente para atacar a los disidentes y no para perseguir a terroristas.

Los activistas sigue siendo calificados de comunistas o detenidos de forma arbitraria y acusados de tener vínculos con el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés), el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, debido a su activismo y sus críticas contra el gobierno de Duterte. El gobierno también congeló varias cuentas bancarias de ONG a las que sospecha de financiar el terrorismo.

Azerbaiyán

Calificación de su espacio cívico: Cerrado

Inmediatamente después de que se anunciaron los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 9 de febrero de 2020 los representantes de la oposición y la ciudadaníacomenzaron a organizar manifestaciones. A los actos de protesta les siguieron las denuncias de los observadores y de los candidatos de la oposición, y la invalidación de los resultados de varios colegios electorales tras la impugnación de los resultados. El 11 de febrero de 2020 la policía azerbaiyana detuvo a al menos veinte personas en una manifestación en Bakú, donde varios participantes resultaron heridos cuando los manifestantes expresaron su descontento por las infracciones electorales generalizadas.

El 12 de febrero de 2020 OC-Media señaló que la policía había disuelto un acto de protesta espontáneo frente a la Comisión Electoral Central. Algunos periodistas que cubrían el acto de protesta también resultaron heridos.

El 16 de febrero más de cien activistas fueron detenidos antes de que se llevara a cabo una protesta no autorizada en Bakú. Estaba previsto que la protesta se desarrollara frente al edificio de la Comisión Electoral Central (CEC) con el objetivo de denunciar los resultados electorales. Las autoridades fueron a buscar a varios activistas de sus domicilios mientras que otros fueron detenidos en las inmediaciones del edificio de la CEC. Antes de que se produjeran estos sucesos, el partido Musavat, los movimientos ReAl y D18, así como algunos candidatos independientes, habían comunicado a la alcaldía de Bakú su intención de celebrar una manifestación con el objetivo de impugnar los resultados electorales.

Las protestas continuaron durante los siguientes días. El 21 de febrero de 2020 un grupo de candidatos de las elecciones al Parlamento organizó una protesta frente a la Comisión Electoral Central contra el jefe de la CEC, Mazahir Panahov, a quien culpan de los controvertidos resultados electorales.

El 4 de marzo de 2020 Radio Free Europe informó que el periodista Bahruz Aliyev había sido castigado mientras se hallaba en prisión por haberse negado a votar en las elecciones al Parlamento. El periodista habría sido recluido en una celda de castigo especial en la Prisión N.º 13 de Bakú por su negativa a votar; afirmación rechazada por el servicio penitenciario del país.

A principios de marzo la comisaria del Consejo de Europa publicó una carta dirigida al ministro del Interior de Azerbaiyán, Vilayat Eyvazov, en la cual expresó su preocupación por las restricciones impuestas a la libertad de reunión y por la dispersión violenta de manifestantes durante las protestas poselectorales en Bakú. La comisaria exigió que se investiguen las lesiones infligidas a manifestantes y periodistas fruto del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

En las semanas que siguieron a la dispersión violenta y a la detención de los manifestantes por los controvertidos resultados electorales, y a medida que los gobiernos de todo el mundo tomaban medidas e imponían estrictas restricciones para frenar la propagación de la COVID-19, las autoridades azerbaiyanas fueron acusadas de hacer un uso indebido de las restricciones pandémicas para intensificar su régimen de represalias políticas mediante ataques sistemáticos contra partidarios de la oposición y críticos, y para castigar la palabra y la expresión de opiniones.

En marzo de 2020 las autoridades arrestaron y detuvieron a Tofiq Yagublu, una de las principales figuras de la oposición en el país, a quien acusaron de vandalismo, mientras que a mediados de abril de 2020 se informó que al menos seis activistas y un periodista cercano a la oposición fueron condenados a penas de prisión tras haber criticado la gestión gubernamental de la pandemia.

Estas detenciones se produjeron solo días y semanas después de que el presidente Ilham Aliyev aludiera en su discurso a la nación al uso de las restricciones instauradas durante la pandemia para reprimir a la oposición política del país .

Hungría

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

El 11 de marzo de 2020 Hungría declaró el estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19. Si bien otros países europeos también tomaron medidas similares para frenar la pandemia, el gobierno húngaro bajo la dirección de Viktor Orbán fue mucho más lejos. El 30de marzo de 2020 el gobierno aprobó la Ley sobre la Protección contra el Coronavirus o Ley T/ 9790, ahora conocida como la ley de autorización, la cual amplía el poder del gobierno para gobernar por decreto, le permite prolongar las medidas de emergencia y eludir el control parlamentario. Las ONG de derechos humanos han advertido que la ley de autorización ha exacerbado aún más el deterioro del estado de derecho y de la democracia en Hungría. Estas preocupaciones quedaron reflejadas en un reciente informe de Freedom House que concluye que Hungría ya no es una democracia.

Además de otorgar poderes excesivamente amplios sin una fecha de expiración, esta ley también penaliza la difusión de información falsa relacionada con la pandemia y prevé una pena de hasta cinco años de prisión. En su momento preocupabaque la criminalización de las noticias falsas sobre la pandemia condujera a una mayor censura de los medios de comunicación independientes en Hungría y a la erosión de la libertad de los medios de comunicación. Por ejemplo, antes de la entrada en vigor de esta ley el gobierno de Viktor Orbán y los medios de comunicación afines al gobierno acusaron a los medios de comunicación independientes de difundir noticias falsas, como que los médicos y las enfermeras húngaras carecían de los equipos de protección adecuados.

A mediados de mayo el 2020, después de la aprobación de la ley, la policía detuvo a dos personas acusadas de difundir noticias falsas relacionadas con la pandemia. Aunque la fiscalía decidió abandonar las diligencias penales contra estas dos personas, es probable que estas actuaciones tengan un efecto disuasorio en la libertad de expresión. Para el 11 de mayo de 2020 la policía había abierto diligencias contra 85 personas por difundir información falsa y por incitar al miedo a la pandemia. Si bien hasta el momento ningún periodista ha sido detenido, este colectivo sigue enfrentándose a otros desafíos durante la pandemia. El gobierno tiende a ignorar, incluso más que antes, las preguntas críticas planteadas por los medios de comunicación independientes y esto últimos han visto reducido su acceso a la información. Estos acontecimientos son preocupantes ya que la libertad de los medios de comunicación en Hungría ha experimentado un declive continuo. Por ejemplo, en 2018 se creó un conglomerado de medios de comunicación afín al gobierno (KESMA) que más tarde sería calificado de ilegal. Los medios de comunicación públicos de Hungría (MTVA) tienen prohibido dar cobertura a las principales organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes han quedado excluidos de las ruedas de prensa anuales de Viktor Orbán. Ejemplos como estos demuestran que la censura contra los medios de comunicación persiste.

El día después de que se aprobara la ley de autorización, el gobierno de Viktor Orbán presentó un proyecto de ley genérico para enmendar la Ley del Registro Civil con el objetivo de que solo se reconociera el «sexo de nacimiento» y de hacer así legalmente imposible el reconocimiento del género de las personas transgénero e intersexuales. Las enmiendas al artículo 33 de la Ley del Registro Civil condujeron a protestas virtuales durante la pandemia bajo la etiqueta #drop33. El parlamento aprobó dicha ley el 19 de mayo de 2020 y el presidente Janos Ader la ratificó el 28 de mayo de 2020 a pesar de la indignación de las organizaciones nacionales que defienden los derechos de las personas transgénero y de los grupos internacionales de derechos humanos.

El 18 de junio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que las restricciones impuestas por la ley húngara sobre las ONG de 2017 infringen la legislación de la UE. Esta ley exige que las ONG se declaren y registren si reciben financiación del extranjero por un monto superior a los 22 000 €. El tribunal determinó que dicha ley conduce a «restricciones discriminatorias e injustificadas».

Níger

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

En los últimos meses Níger ha vivido una nueva ola de detenciones y acoso contra los defensores de los derechos humanos y contra quienes expresan su desacuerdo. Al menos quince personas, entre ellas ocho líderes y activistas de la sociedad civil, fueron detenidas entre el 15 y 17 de marzo de 2020 en relación con una manifestación contra una presunta malversación en los contratos para la compra de material militar. Tres de esos ocho defensores de los derechos humanos permanecen en prisión. El acoso judicial contra los defensores de los derechos humanos anticorrupción persiste, ya sea mediante el envío de citaciones o detenciones arbitrarias, como en el caso de Ali Idrissa, miembro de la red Network of Organisations for Transparency and the Budgetary Analysis y de Publish What You Pay Niger, quien fue detenido el 9 de abril de 2020, o el de la defensora de los derechos humanos y presidenta de la Bloggers' Association for an Active Citizenry, detenida el 10 de junio de 2020.

Las autoridades han aprobado una legislación represiva entre la que destaca la Ley de Delitos Informáticos de 2019, la cual es utilizada de forma reiterada contra periodistas y defensores de los derechos humanos. El 29 de mayo de 2020 la Asamblea Nacional de Níger aprobó una nueva ley que autoriza la interceptación de las comunicaciones telefónicas en el marco de la «lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional». Esta nueva ley permite la «búsqueda» de información susceptible de constituir una amenaza para la seguridad del Estado o en el «marco de la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional organizado».

las autoridades locales han prohibido de manera casi sistemática las protestas y las reuniones organizadas por organizaciones de la sociedad civil alegando motivos de seguridad o posibles amenazas para el orden público, en referencia al contexto de inseguridad provocado por los ataques terroristas que ha vivido el país. El movimiento prodemocrático Tournons La Page documentó al menos 24 casos en los que se prohibieron protestas y reuniones desde marzo de 2018.

En el contexto de la pandemia de COVID-19 han aumentado las restricciones y las violaciones del espacio cívico, incluida la detención y el enjuiciamiento del periodista Kaka Touda Mamane Goni por publicar en las redes sociales información sobre un posible caso de COVID-19. Al menos otras tres personas fueron detenidas por haber criticado la respuesta gubernamental a la pandemia de COVID-19 en mensajes privados de WhatsApp.

Estos recientes acontecimientos se produjeron mientras el país se prepara para las elecciones legislativas y presidenciales de diciembre de 2020.

Estados Unidos de América

Calificación de su espacio cívico: Estrecho

Tras la muerte de George Floyd—un hombre negro desarmado— a manos de un agente de policía de Minneapolis el 25 de mayo de 2020 se produjeron manifestaciones multitudinarias en numerosas ciudades de los EE. UU. Un video desgarrador grabado por testigos presenciales muestra al agente aplastando el cuello del hombre esposado con su rodilla durante casi nueve minutos mientras que Floyd repite: «No puedo respirar». La indignación por la arraigada injusticia racial y el largo historial de violencia del país contra las personas negras y de piel morena por parte de las fuerzas del orden llevó a las calles a cientos de miles de personas en los cincuenta estados. Los manifestantes bloquearon calles, se congregaron y desfilaron mientras coreaban «no habrá paz sin justicia» y «¿cómo se llama? ¡George Floyd!», a la vez que exigían el fin de la brutalidad policial y que los agentes de la ley rindan cuentas por sus actos.

La presión constante ejercida por las manifestaciones ha producido importantes resultados, incluida la imputación de los agentes involucrados en el homicidio de George Floyd y el compromiso de algunas autoridades para reformar las prácticas policiales. Pero incluso cuando las protestas provocaron importantes debates sobre la reforma de la justicia penal y la retirada de fondos a las instituciones policiales, en muchas ciudades los manifestantes fueron objeto de la brutalidad policial. La policía militarizada equipada con material antidisturbios a menudo recurrió a un uso desproporcionado de la fuerza para controlar las multitudes y utilizó de manera discriminada armas menos letales, como gases lacrimógenos y balas de goma. El 18 de junio de 2020 un informe del New York Times mostró que en al menos en cien ciudades se utilizaron gases lacrimógenos a pesar de que muchos expertos en salud pública cuestionaron el uso de este químico irritante respiratorio durante la pandemia de COVID-19. También se señalaron casos de policías que tienden emboscadas a los manifestantes y emplean una fuerza excesiva durante las detenciones. Seis agentes de policía fueron imputados después de que apareciera un video en el que se los ve disparar varias veces con una pistola eléctrica y arrastrar fuera de su automóvil a dos estudiantes negros.

Las noticias sobre la quema de propiedades, los saqueos y el vandalismo se han generalizado, en especial durante la primera semana de manifestaciones. Numerosas autoridades se han aferrado a una retórica centrada en los disturbios y en las protestas violentas para deslegitimar las manifestaciones y justificar un amplio uso de la fuerza. El presidente Donald Trump amenazó con movilizar a los militares para poner fin a las protestas y culpó a los grupos de Antifa de la violencia, a pesar de la ausencia de pruebas de cualquier acción organizada por dichos activistas. El fiscal general Barr anunció en un comunicado que se utilizarían poderes antiterroristas para combatir los disturbios civiles. Para el 3 de junio de 2020 más de 17 000 miembros de la Guardia Nacional habían sido desplegados en al menos 23 estados. Más de 10 000 personas fueron detenidas durante las protestas, principalmente por violar los toques de queda en vigor en varias ciudades con el objetivo de limitar las manifestaciones. El 1 de junio de 2020 fueron detenidas más de 300 personas en Washington D. C. por varios delitos, entre ellos, violaciones del toque de queda, disturbios y robos. Además, se documentaron al menos once asesinatos durante la ola de protestas.

La sociedad civil registró 430 agresiones contra la prensa durante su cobertura de las protestas, así como la detención de periodistas y agresiones premeditadas. La creciente hostilidad contra la prensa en el país a menudo ha quedado documentada en el CIVICUS Monitor, al igual que la difamación pública de periodistas por parte de las autoridades, las restricciones burocráticas arbitrarias impuestas a la prensa y varios casos de acoso, campañas de difamación y ataques contra periodistas por parte de agentes estatales y no estatales.