LISTA DE VIGILANCIA DE CIVICUS MONITOR ACTUALIZADA EL 18 DE FEBRERO DE 2021

Última actualización: 18 de febrero de 2021 — La nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor destaca profundas preocupaciones sobre ejercicio de las libertades cívicas en Myanmar, Nicaragua, Polonia, Rusia y Togo. La Lista de Vigilancia busca llamar la atención sobre los países en los que se ha producido una reducción grave y rápida del espacio cívico según una evaluación realizada por CIVICUS Monitor, sus socios de investigación y consultas con activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos necesarios para garantizar una mayor presión sobre los gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin de inmediato a las actuales medidas represivas y para garantizar que los responsables rindan cuentas.

A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre elespacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.

 Abierto Estrecho Obstruido  Represivo Cerrado

Myanmar

Calificación de su espacio cívico: Represivo

El 1 de febrero de 2021 el régimen militar birmano tomó el poder mediante un golpe de Estado, arrestó a los líderes civiles del gobierno nacional y de los estados, y anunció la instauración de un «estado de emergencia» durante un año. Los militares arrestaron a la líder de facto, la consejera de estado Aung San Suu Kyi, y a otras figuras importantes de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido gobernante, durante redadas matutinas en la capital, Naipyidó. Los militares también detuvieron a dirigentes de la LND y a activistas de la sociedad civil en otras localidades de Myanmar, y cortaron las telecomunicaciones en varios puntos del país.

Militantes prodemocracia lanzaron una campaña de protesta denominada Movimiento de desobediencia civil. Reclaman la liberación de Aung San Suu Kyi y de otros líderes detenidos, y exigen que el ejército respete los resultados de las elecciones nacionales de noviembre de 2020.

Durante el desarrollo del golpe militar se señalaron cortes de Internet y de telefonía en varias localidades del país, incluida la capital, Naipyidó; la ciudad de mayor tamaño, Rangún; así como en los estados de Shan y Kachin; y las regiones de Mandalay y Sagaing. Desde ese momento el ejército ordenó a los operadores de telecomunicaciones que bloquearan el acceso a Facebook, Twitter e Instagram y que cortaran por completo los servicios de Internet y de 4G. El 7 de febrero se restablecido de forma parcial el acceso a Internet. También se han propuesto nuevas leyes de ciberseguridad que podrían violar los derechos a la libertad de expresión, la protección de datos y la privacidad.

Tras el golpe de Estado se produjeron detenciones de activistas de la sociedad civil y de políticos. Hasta el 15 de febrero de 2021 habían sido detenidas unas 400 personas, incluidos militantes, dirigentes de la LND y legisladores, según la asociación para presos políticos Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Según grupos de derechos humanos, periodistas en el país también han denunciado una mayor vigilancia de la labor periodística, amenazas verosímiles y temer por su seguridad. De hecho, algunos periodistas birmanos han sido detenidos o se habrían escondido.

El 9 de febrero de 2021 las autoridades militares impusieron un toque de queda y restricciones excesivas a las reuniones en 36 municipios, convirtiendo así en ilegales todas las reuniones pacíficas en la práctica. A pesar de las restricciones cientos de miles de personas se manifestaron en actos de protesta mayoritariamente pacíficos en todo el país. Ante esto la policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y munición real.

Nicaragua

Calificación de su espacio cívico: Represivo

En abril de 2018 las manifestaciones generalizadas para exigir derechos sociales desencadenaron una crisis en Nicaragua que perdura hasta la fecha. La represión sistemática de las manifestaciones ha supuesto la erradicación de las movilizaciones multitudinarias en la práctica. Incluso los actos de protesta alternativos, como la distribución de volantes y las representaciones satíricas, han sido castigados con rapidez. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los presuntos opositores políticos se enfrentan a reiterados ataques, a la criminalización y al hostigamiento de agentes de seguridad y de grupos civiles progubernamentales. En 2019 el gobierno promulgó una ley de amnistía que condujo a la liberación de cientos de presos políticos, pero blindó a los violadores de derechos humanos contra toda investigación. Desde entonces han aumentado los casos de defensores de los derechos humanos acusados de delitos comunes, como posesión de drogas y armas, de los cuales se sirven las autoridades para condenarlos, desacreditarlos y negarles la condición de presos políticos. Las comunidades indígenas nicaragüenses también han denunciado un recrudecimiento de las agresiones: al menos diez indígenas fueron asesinados en 2020.

Además, las autoridades nicaragüenses han intentado silenciar a la prensa independiente, incluso mediante la detención de periodistas, el estrangulamiento financiero, la incautación de activos y el bloqueo aduanero de las importaciones de papel y tinta de los principales medios de comunicación.

Desde finales de 2020 los legisladores progubernamentales han redoblado sus ataques contra la sociedad civil mediante la aprobación de una serie de leyes diseñadas para reducir el espacio para las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión. Estos ataques incluyen la aprobación de una legislación que obliga a las organizaciones a registrarse como « agentes extranjeros», un creciente control gubernamental sobre la sociedad civil y leyes que facilitan la criminalización de actividades legítimas en Internet, así como una mayor persecución de manifestantes y adversarios políticos. En enero de 2021 se aprobó una ley que excluye del servicio público a los «traidores» y que también podría usarse para prohibir la participación de los candidatos de la oposición en las próximas elecciones.

Polonia

Calificación de su espacio cívico: Estrecho

El espacio cívico en Polonia ha estado en declive desde la llegada al poder del partido gobernante Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) en 2015. El gobierno ha aprobado más de quince leyes y reformas que han socavado la independencia judicial, el estado de derecho y, por consiguiente, el espacio cívico.

El 22 de octubre de 2020 el Tribunal Constitucional falló imponer una prohibición casi total del aborto. Las organizaciones de derechos humanos consideran este fallo como ilegítimo, ya que la independencia y la imparcialidad del Tribunal se han visto gravemente socavadas debido a las reformas judiciales del PiS. Esta decisión provocó continuas manifestaciones durante varios meses.

Las autoridades emplearon una fuerza excesiva contra los manifestantes que incluyó el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, tácticas de acorralamiento y violencia física. Los grupos de extrema derecha también han agredido físicamente a manifestantes. A pesar de haberse identificado como miembros de los medios de comunicación, las autoridades y grupos de extrema derecha detuvieron y agredieron físicamente a los periodistas que cubrieron las manifestaciones. Se ha intimidado, detenido y perseguido judicialmente a manifestantes de todas las edades, incluidos menores y personas de avanzada edad, por participar o por expresar su apoyo a las manifestaciones. Hasta el momento han sido detenidas al menos 150 personas. Las autoridades han utilizado métodos de detención injustificables y, en algunos casos, los detenidos han tenido poco o ningún acceso a representación legal y han sido sometidos a cacheos sin ropa o a violencia física durante la detención.

Las personas LGBTQI+ han sido blanco de ataques del gobierno de forma ininterrumpida. Varios activistas LGBTQI + se enfrentan actualmente a diversas acusaciones por protestar contra la detención de la activista no binaria Margot S y otros son perseguidos por «ofender los sentimientos religiosos». En la actualidad el parlamento polaco está examinando el «proyecto de ley Stop LGBT» , el cual busca prohibir las reuniones que promuevan «orientaciones sexuales distintas de la heterosexualidad».

El gobierno también ha amenazado la independencia de los medios de comunicación en repetidas ocasiones; de hecho los medios de comunicación independientes se enfrentan a decenas de causas judiciales y el gobierno está presionando a favor de un impuesto a la publicidad, el cual restringirá aún más la libertad de la prensa. Hace poco la empresa PKN Orlena, cuyo director ejecutivo tiene vínculos estrechos con el líder del PiS Jarosław Kaczyński, compró Polska Press, uno de los mayores grupos editoriales del país con una audiencia de 17,4 millones de usuarios en Internet.

Rusia

Calificación de su espacio cívico: Represivo

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny regresó a Moscú el 17 de enero de 2021 tras pasar varios meses en un hospital en Alemania. Fue trasladado hasta allí en avión para recibir un tratamiento después de haber sido envenenado en agosto de 2020. Navalny fue detenido inmediatamente a su llegada al aeropuerto Sheremétievo de Moscú y a continuación agentes de policía lo trasladaron hasta a una estación de policía cercana. Desde su arresto y detención sus partidarios, incluidos sus compañeros de la Fundación Anticorrupción, han organizado constantes manifestaciones de solidaridad a las que las autoridades, en especial las fuerzas de seguridad, han reaccionado intensificando la represión de los derechos de manifestantes, activistas y periodistas.

Durante las últimas semanas las autoridades han respondido a las manifestaciones multitudinarias con una represión brutal que desembocó en el arresto y la detención de más de 10 000 manifestantes desde el 23 de enero de 2021. Es más, los detenidos han denunciado haber recibido un trato inhumano. Hasta ahora las autoridades han abierto al menos noventa causas penales relacionadas con las manifestaciones.

Las fuerzas de seguridad han empleado una fuerza excesiva y desproporcionada para disolver las manifestaciones: los agentes de policía golpearon, pisotearon, arrastraron e incluso electrocutaron a los manifestantes. El 23 de enero la policía aporreó a los manifestantes; obligó a los detenidos a tumbarse en el suelo boca abajo, sobre la nieve y a temperaturas bajo cero; los pisoteó y los arrastró hasta los vehículos policiales. El 31 de enero la policía mantuvo en el frío, encerró en autobuses y maltrató a varios detenidos durante días debido a la falta de espacio en los centros de detención temporal; de hecho algunos tienen aún muy presente cómo fueron torturados. El 2 de febrero de 2021 agentes de seguridad apalearon y electrocutaron a los manifestantes.

Los periodistas tampoco se han librado de los excesos policiales ni de las detenciones mientras cubrían las manifestaciones: se han denunciado cientos agresiones y detenciones en todo el país. Solo el 31 de enero se impidió trabajar, se aporreó o detuvo a al menos 120 periodistas en 32 ciudades mientras cubrían las manifestaciones.

Togo

Calificación de su espacio cívico: Represivo

La detención de un periodista y de sindicalistas, así como la suspensión de un periódico constituyen ejemplos recientes de las violaciones del espacio cívico que se producen en Togo, la cuales ponen de relieve el deterioro del respeto de las libertades cívicas en el país.

El espacio cívico se viene degradado en Togo desde la represión de las manifestaciones de la oposición antigubernamental de 2017 y de 2018 que exigían que se recuperan las disposiciones de la Constitución de 1992, las cuales incluían un límite de dos mandatos para los presidentes. Las violaciones contra el espacio cívico que se han cometido desde 2017 incluyen el asesinato de manifestantes; la detención y el enjuiciamiento de defensores de los derechos humanos, periodistas y militantes a favor de la democracia; la prohibición de las manifestaciones de la sociedad civil y de la oposición; la suspensión de los medios de comunicación; la interrupción periódica y los cortes del acceso a Internet y a redes sociales; la adopción de legislación restrictiva, como la Ley de Ciberseguridad de 2018 o la modificación de 2019 de la ley sobre las condiciones de ejercicio de reuniones y manifestaciones pacíficas.

El 29 de diciembre de 2020 fue arrestadoCarlos Ketohou, el editor de L'Indépendant Express, y permaneció detenido durante cuatro días por acusaciones de difamación. En enero de 2021 la HAAC, el regulador nacional de los medios de comunicación de Togo, ordenó al periódico L'Indépendant Express que cesara todas sus actividades, tanto impresas como digitales, y solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Lomé que retirara el permiso de funcionamiento del periódico después de haber acusado a su editor de difamación y de vulneración del Código Deontológico.

En enero de 2021 ocho miembros del sindicato de profesores Syndicat des Enseignants du Togo (SET) fueron detenidos tras convocar una huelga de profesores. El 20 de enero de 2021 agentes de policía del Servicio Central de Investigaciones Criminales (SCRIC) ingresaron en las oficinas del sindicato de trabajadores Synergie des Travailleurs du Togo (STT), interrumpieron una reunión y detuvieron a cuatro sindicalistas sin mandato judicial, incluidos tres dirigentes del SET. Los ocho sindicalistas fueron puestos en libertad, pero siguen bajo control judicial.