Última actualización: 22 de septiembre de 2022. La nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor pone de manifiesto la existencia de serias preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Sri Lanka, Guatemala, Zimbabue, Guinea y Serbia. La Lista de Vigilancia busca llamar la atención sobre los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico según la evaluación del CIVICUS Monitor y de sus socios de investigación, y con asesoramiento de activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para garantizar una mayor presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas en curso y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.

A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.

  Abierto Estrecho Obstruido  Represivo Cerrado

Sri Lanka

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

Sri Lanka permanece en la Lista de Vigilancia debido a las violaciones graves del espacio cívico que se han documentado en los últimos meses. Ingresó a la lista en junio de 2022 a causa de las detenciones arbitrarias, los ataques a periodistas y el uso de fuerza excesiva, e incluso mortal, por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de la represión de las manifestaciones antigubernamentales tras la peor crisis económica de las últimas décadas.

En julio de 2022, tras protestas continuas, el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa huyó del país y Ranil Wickremesinghe, un estrecho aliado de la familia Rajapaksa, fue elegido presidente durante una votación parlamentaria.

El nuevo presidente declaró el estado de excepción y disposiciones de emergencia otorgaron amplios poderes a la policía y a las fuerzas armadas para proceder a registros y detener a «sospechosos» sin tener en cuenta las garantías procesales. Además, una operación conjunta coordinada por el ejército, la policía y las fuerzas especiales esrilanquesas desalojó por la fuerza algunas zonas de la ubicación que acogía una manifestación pacífica itinerante frente a la Secretaría Presidencial en Colombo. Las fuerzas de seguridad golpearon con gran violencia a manifestantes y abogados, y a algunos también los arrastraron por el suelo.

Tras esto, intentaron acosar, arrestar y detener a militantes y manifestantes que pedían cuentas y reclamaban reformas políticas, entre ellos también había militantes estudiantiles, un destacado dirigente sindical y militantes de las redes sociales, así como otros manifestantes. En agosto de 2022, la policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para disolver una manifestación de la Federación de Estudiantes Interuniversitarios (IUSF, por sus siglas en inglés) en el centro de Colombo. A la represión le siguió la detención de miembros de la IUSF. Entre las personas arrestadas durante las protestas estudiantiles, tres fueron detenidas en virtud de la draconiana Ley para la Prevención del Terrorismo (PTA).

Guatemala

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

Las violaciones graves del espacio cívico se suceden mientras el Gobierno prosigue sus empeños para socavar el Estado de derecho y frenar las iniciativas contra la corrupción de los últimos años. A finales de julio de 2022, la policía detuvo al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario elPeriódico, en el marco de una investigación por presuntos delitos de chantaje, lavado de capitales y tráfico de influencias. Las autoridades hicieron una redada en las oficinas del periódico, congelaron sus cuentas bancarias y más tarde detuvieron a un miembro de su equipo financiero. Muchos consideraron que se trató de un acto de represalia por la cobertura de elPeriódico de las acusaciones de corrupción dentro del Gobierno de Alejandro Giammattei e incluso de la fiscalía.

Este es último ejemplo de una ola de procesamientos y detenciones bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras —reelegida en mayo de 2022 para su segundo mandato de cuatro años— cuyos objetivos principales han sido los miembros del aparato judicial que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2007 y 2019. El 8 de junio de 2022, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora regional de la organización de la sociedad civil Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), fue acusada de los presuntos delitos de «usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y torturas». Estas cargos están relacionados con su labor para llevar ante los tribunales a los autores de las violaciones graves de los derechos humanos que se produjeron durante el conflicto armado de Guatemala.

Los grupos de la sociedad civil también han padecido altos niveles de violencia y de restricciones contra las personas defensoras de los derechos humanos bajo el mandato de Giammattei. Los ataques contra ellos aumentaron de manera considerable en 2020 y 2021, y se llegaron a documentar más de mil casos ambos años. Entre enero y junio de 2022, la organización de derechos humanos UDEFEGUA registró 589 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil, así como varios casos de difamación, acoso, intimidación y criminalización.

Zimbabue

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Mientras Zimbabue se prepara para las elecciones generales del año que viene, el espacio cívico está siendo objeto de ataques graves a medida que el presidente Emmerson Mnangagwa busca defender su mandato. Mnangagwa llegó al poder con el golpe de Estado de noviembre de 2017 y fue confirmado en el cargo en 2018 mediante la celebración de unas elecciones controvertidas. En los últimos meses, se han denunciado restricciones numerosas y crecientes contra la sociedad civil a medida que se acercaban las elecciones. Las enmiendas restrictivas a la ley de OSC, la difamación de estas organizaciones y de las misiones diplomáticas extranjeras, las redadas durante las actividades de las OSC y la suspensión de la inscripción oficial de estas entidades se han convertido en algo habitual.

De ser aprobado, el nuevo Proyecto de Enmienda de la Ley sobre las Organizaciones Voluntarias Privadas (PVO) someterá a las OSC a restricciones aún más estrictas y podría conducir a la persecución indebida y al cierre de algunas OSC destacadas, que antes no estaban obligadas a inscribirse oficialmente en virtud de la ley sobre las PVO. Esta enmienda concede al Gobierno un poder ilimitado para anular la inscripción oficial de una PVO, destituir o sustituir a sus dirigentes por motivos relacionados con el terrorismo e impedir que las PVO apoyen o se opongan a cualquier partido político o candidato durante las elecciones. Sin embargo, incluso antes de la aprobación del proyecto de ley, los registros empezaron a informar de que habían suspendido la inscripción de fundaciones y de PVO hasta nuevo aviso, afirmando que habían recibido «órdenes de arriba».

Para defender la represión injustificada de las OSC y el proyecto de ley restrictivo, el presidente Mnangagwa se embarcó en una campaña de intimidación y difamación contra la sociedad civil y las misiones diplomáticas, y les advirtió de que no debían «sobrepasar sus límites» injiriéndose en la política nacional. En respuesta a las preocupaciones que manifestaron las OSC por el proyecto de ley, los medios de comunicación controlados por el Estado emprendieron una campaña de propaganda y desprestigio, y describieron a la sociedad civil como un vector de agentes extranjeros y actividades criminales, entre otras acusaciones.

También se denunció la interrupción de actividades organizadas por OSC a la que le siguieron arrestos y detenciones de trabajadores de estas formaciones. Al parecer, se trataría de medidas deliberadas del Gobierno para impedir que las OSC participen en los procesos democráticos antes de las próximas elecciones. La oposición tampoco se ha librado, ya que el Gobierno ha emprendido una represión intensa contra los partidarios y los miembros de partidos de la oposición, especialmente contra los de la reciente Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), quienes sufren detenciones constantes, intentos de prohibición de sus mítines y ataques de los partidarios del partido gobernante. Esta tendencia se volvió particularmente evidente antes de las elecciones parciales de marzo de 2022 y podría ser motivo de preocupación a medida que se acercan las elecciones generales.

Guinea

Calificación de su espacio cívico: Represivo

El 5 de septiembre de 2021, las fuerzas especiales de Guinea, bajo la dirección de Mamady Doumbouya, derrocaron al presidente Alpha Condé, suspendieron la Constitución y disolvieron el Gobierno y sus instituciones. Si bien en un principio el Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo(CNRD) —las autoridades militares de la transición— liberó a decenas de presos políticos y lanzó consultas con la oposición y la sociedad civil, se volvió cada vez más intolerante con los disidentes, en particular con aquellos que criticaban su gestión de la transición.

El 13 de mayo de 2022, las autoridades militares de la transición anunciaron la prohibición de todos los actos de protesta públicos «susceptibles de comprometer la paz social y el desarrollo normal de las actividades en las fechas previstas» hasta el inicio de la campaña electoral. En julio y agosto de 2022, las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza excesiva y letal durante las manifestaciones contra la «gestión unilateral de la transición» que dejó varias víctimas y se saldó con la detención de manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.

Tras las manifestaciones del 28 y 29 de julio de 2022, el ministro de la Administración Territorial y la Descentralización del Gobierno militar de la transición Mory Condé decretó la disolución del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), la coalición prodemocracia de partidos políticos, sindicatos y grupos de la sociedad civil que había organizado las manifestaciones.

El coordinador adjunto de Pasemos la página-Guinea (Tournons la page-Guinée) y coordinador del FNDC Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, fue detenido en su domicilio el 30 de julio de 2022 a primera hora de la mañana. Más tarde, ese mismo día, gendarmes encapuchados y fuertemente armados detuvieron a Ibrahima Diallo, coordinador de Pasemos la página-Guinea y militante del FNDC encargado de las operaciones. El 2 de agosto de 2022, ambos militantes del FNDC y el secretario ejecutivo del partido Unión de Fuerzas Republicanas (UFR) —también detenido el 30 de julio de 2022— fueron acusados de «participación en una reunión prohibida, saqueo, destrucción de bienes públicos y privados, incendio y agresión intencionada».

Serbia

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

En Serbia se han observado acontecimientos preocupantes, en particular, los intentos del Gobierno para prohibir la marcha LGBTQI+ del EuroPride y las amenazas continuas hacia los periodistas y las personas defensoras de los derechos medioambientales.

Los observadores señalaron varias irregularidades durante las elecciones de abril de 2022 que dieron la victoria al presidente Aleksandar Vucic. Desde entonces, la presión sobre la sociedad civil y el derecho de reunión pacífica no ha cesado de aumentar. En el informe final de la misión de observación electoral, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE señaló que las elecciones se desarrollaron en un «terreno de juego desigual» y afirmó que los principales medios de comunicación tienen vínculos estrechos con la coalición gobernante, una situación que redujo el pluralismo y socavó la labor de «supervisión de los medios de comunicación».

El Ministerio del Interior confirmó la prohibición de la marcha del EuroPride el 13 de septiembre de 2022. Un mes antes, el presidente Aleksandar Vucic había anunciado la cancelación del evento alegando problemas de seguridad. El EuroPride es un evento LGBTQI+ paneuropeo e internacional que se celebra cada año en una ciudad europea diferente y que incluye una marcha y conferencias, al igual que numerosos actos. Pese a los intentos para prohibir la marcha del EuroPride, en el último momento el Gobierno autorizó la organización de un corto «paseo» el 17 de septiembre de 2022. Sin embargo, esta decisión limita el ejercicio pleno del derecho de reunión pacífica de las personas LGBTQI+. Además, manifestantes anti-LGBTQI+ intentaron interrumpir la marcha y atacaron a policías y periodistas. También suscito preocupación el hecho de que varios militantes LGBTQI+ denunciaran haber sufrido agresiones físicas tras el evento. En vísperas del EuroPride, grupos religiosos y de extrema derecha, entre ellos, la Iglesia Ortodoxa serbia, organizaron manifestaciones contra el colectivo LGBTQI+ y pidieron que se protejan los «valores familiares tradicionales» y que se proscriban los contenidos LGBTQI+ como lo hicieron Rusia y Hungría con la prohibición de la propaganda LGBTQI+. Estos intentos para prohibir la marcha del EuroPride se producen en un momento en el que los derechos del colectivo LGBTQI+ están en peligro; prueba de esto son los ataques que se han documentado contra el Centro de Información del Orgullo de Belgrado en los últimos tres años.

Quienes se manifiestan en defensa de los derechos medioambientales han sido víctimas de actos de represión, en particular, de prácticas de acoso y de Pleitos Estratégicos contra la Participación Pública (SLAPP), destinados a silenciarlos e intimidarlos. Además, los periodistas también se enfrentan a varias restricciones que van desde los SLAPP hasta la intimidación y el acoso.