Última actualización: 21 de junio de 2022. La nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor pone de manifiesto la existencia de serias preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Sri Lanka, Hungría, Kazajistán, México, Kenia y Chad. La Lista de Vigilancia busca llamar la atención sobre los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico según la evaluación del CIVICUS Monitor y de sus socios de investigación, y con asesoramiento de activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para garantizar una mayor presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas en curso y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.

A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.

  Abierto Estrecho Obstruido  Represivo Cerrado

Sri Lanka

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

Los ataques a las libertades cívicas no han dejado de crecer tras las manifestaciones multitudinarias que comenzaron a principios de marzo de 2022 para reclamar la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, debido al empeoramiento de la situación económica del país.

Los grupos de derechos humanos han documentado numerosas violaciones que han quedado impunes y que han sido perpetradas por el Estado y las fuerzas de seguridad. En abril de 2022 se declaró el estado de excepción con el fin acallar las protestas. También permitió a las autoridades arrestar y detener a sospechosos sin orden judicial y restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades también bloquearon el acceso a las redes sociales. En mayo de 2022, con el pretexto de mantener la ley y el orden, el Gobierno volvió a instaurar el estado de excepción, desplegó al ejército e impuso el toque de queda en todo el país.

Varias manifestaciones fueron reprimidas con una fuerza excesiva mediante el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma, entre otros. El 31 de marzo de 2022, cientos de manifestantes que marcharon frente a la residencia privada del presidente Gotabaya Rajapaksa fueron reprimidos con fuerza y sin motivo; por lo menos cincuenta resultaron heridos. Decenas de manifestantes fueron arrestados y algunos sufrieron malos tratos mientras se hallaban detenidos. También hubo actos violentos por parte de los manifestantes; sin embargo, grupos de la sociedad civil creen que pueden haber sido alentados por individuos que se infiltraron en las manifestaciones.

El 19 de abril de 2022, la policía disparó con munición real contra un grupo numeroso de manifestantes en Rambukkana, provocó la muerte de una persona por heridas de bala e hirió a otras doce. El 5 de mayo de 2022, la policía disparó gases lacrimógenos contra los estudiantes que se manifestaban en las inmediaciones del Parlamento. Por lo menos doce manifestantes resultaron detenidos.

Los periodistas y los militantes de las redes sociales también han sido objeto de ataques. Las fuerzas de seguridad habrían agredido a por lo menos ocho periodistas que cubrían las manifestaciones del 31 de marzo y seis periodistas fueron acusados de violar el artículo 120 del Código Penal, que tipifica como delito «suscitar sentimientos de desafección» contra el presidente o el Gobierno. El 1 de abril de 2022 fue detenido en su domicilio Thisara Anuruddha Bandara, un militante juvenil que había promovido de forma activa la campaña #GoHomeGota en redes sociales. Esta iniciativa buscaba destituir al presidente y gozó de una amplia difusión durante las manifestaciones. Aunque su arresto se asemejó a un secuestro y se presentaron cargos contra él, finalmente fue puesto en libertad bajo fianza.

El 9 de mayo de 2022, partidarios del Gobierno atacaron con gran violencia a los manifestantes que protestaban pacíficamente frente a la Secretaría Presidencial desde hacía más de un mes. Al parecer, altos dirigentes del partido gobernante los habrían incitado a la violencia. La turba destruyó tiendas de campaña y atacó con brutalidad a manifestantes desarmados. Los agentes de policía permanecieron como meros espectadores de la violencia la mayoría del tiempo e hicieron poco para proteger de verdad a los manifestantes pacíficos y su campamento.

Hungría

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

Se ha observado un declive rápido del espacio cívico en Hungría, un país en donde los derechos a la libertad de asociación y expresión están amenazados. En mayo de 2022, el primer ministro Viktor Orbán declaró el estado de excepción por segunda vez, aludiendo a la «amenaza constante» que supone para Hungría la guerra de Rusia en Ucrania. Este nuevo régimen otorga al Gobierno el poder de aprobar normas por decreto, una situación que ha suscitado preocupación por los derechos fundamentales. Durante la pandemia de COVID-19, se aplicaron medidas similares mediante la Ley habilitante, la cual otorgó poderes excesivamente amplios al ejecutivo para gobernar por decreto. En abril de 2022, Viktor Orbán y el partido Fidesz se aseguraron un cuarto mandato gracias a una victoria aplastante en las elecciones generales. Poco después de que se conociera el resultado de las elecciones, la Comisión Europea activó por primera vez un mecanismo que condiciona las transferencias de fondos de la UE al respeto del Estado de derecho y que podría privar a Hungría de dichos recursos.

El Gobierno ha proseguido sus ataques contra las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Poco después de las elecciones, la Oficina Nacional de Auditoría comenzó a investigar a miles de ONG financiadas desde el extranjero y «susceptibles de influir en la vida pública». Esta iniciativa se produjo después de que el Gobierno aprobara una nueva ley el año pasado, la cual obliga a la Oficina Nacional de Auditoría a informar anualmente de la situación financiera de las ONG con un presupuesto superior a 55 000 euros (unos 60 288 dólares) y la autoriza a auditarlas de forma selectiva. A esto se añade la creciente difamación pública que padecieron las organizaciones de la sociedad civil antes de las elecciones generales.

El pluralismo de los medios de comunicación sigue disminuyendo a medida que los medios independientes son expulsados por la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y Comunicaciones (NHHH) —bajo control gubernamental— y por el Consejo de Medios de Comunicación, el órgano supremo de supervisión de los medios húngaros. El último ejemplo de esta deriva tuvo lugar en abril de 2022, cuando el Consejo de Medios de Comunicación bloqueó la renovación de la licencia de frecuencia de la emisora independiente Tilos Rádió, que comenzó a emitir en los años noventa y se convirtió en la primera radio independiente sin ánimo de lucro de Hungría. El Consejo declaró que la estación había infringido los requisitos legales en cuatro ocasiones. Sin embargo, los grupos de prensa afirman que la decisión es perjudicial para el pluralismo de los medios de comunicación húngaros.

Además, el Gobierno ha seguido erosionando los derechos del colectivo LGBTQI+ mediante leyes restrictivas. Las últimas restricciones se produjeron en junio de 2021, cuando el Gobierno aprobó una ley contra la «propaganda LGBTQI+», la cual prohíbe la enseñanza y la publicidad que se considere «populariza» o, incluso, muestre a niños, conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo o sobre la afirmación del propio género. En el marco de su campaña contra el colectivo LGBTQI+, el Gobierno celebró un referéndum sobre la ley el mismo día de las elecciones; sin embargo, no obtuvo suficientes votos para ser considerado válido. Desde que se conoció el resultado del referéndum, el Comité Electoral Nacional ha multado a dieciséis organizaciones de la sociedad civil que hicieron campaña para que se invalidara el referéndum contra el colectivo LGBTQI+. Mientras tanto, ya se están documentando las consecuencias de la nueva ley de propaganda contra el colectivo LGBTQI+, lo que viene a confirmar los temores de que conduzca a un aumento de la homofobia.

Kazajistán

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Se ha constatado un rápido deterioro del espacio cívico kazajo, al igual que amenazas a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica. A principios de enero de 2022, miles de personas de todo el país salieron a las calles para pedir un cambio social y político; sin embargo, las movilizaciones se tiñeron de sangre cuando algunos de los asistentes recurrieron a la violencia y las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para acabar con las manifestaciones. Aún no se han esclarecido las circunstancias en las que las manifestaciones se volvieron violentas ni el papel de los diferentes actores en esos acontecimientos. Asimismo, las violaciones de las libertades cívicas han continuado tras los sucesos de enero de 2022, que fue la crisis más grave del país en sus treinta años de independencia.

La forma en que las autoridades respondieron a la crisis de enero ha suscitado gran preocupación. Más de 10 000 manifestantes han sido detenidos y se han publicado varios informes sobre el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos y transeúntes. También ha habido denuncias generalizadas de violaciones de las garantías procesales, así como de casos de tortura y malos tratos, la muerte de ocho detenidos que se hallaban bajo custodia, desapariciones de manifestantes detenidos y el procesamiento de personas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión.

Durante los sucesos, los trabajadores de los medios de comunicación sufrieron ataques y se les impidió llevar a cabo su labor. De igual manera, los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos fueron objeto de campañas de difamación e intimidación tras las manifestaciones. El hecho de que entre las personas detenidas, maltratadas y procesadas por las manifestaciones haya militantes de la sociedad civil y partidarios de la oposición refuerza el temor de que los acontecimientos se usen como pretexto para presionar cada vez más a los detractores del Gobierno. Muchos manifestantes recibieron apercibimientos y multas, y fueron condenados a penas de prisión de corta duración por participar en concentraciones que no habían sido autorizadas por las autoridades. Además, algunos activistas se enfrentan a causas penales relacionadas con las manifestaciones de enero que se cree tendrían una motivación política.

Las autoridades no han investigado de forma independiente los sucesos del «enero sangriento» y la investigación que abrió por el Gobierno carece de imparcialidad. Si bien el presidente Tokayev ha prometido que se investigarán todas las denuncias de malos tratos durante las detenciones, las autoridades tampoco han llevado a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces sobre dichas denuncias ni han protegido de forma adecuada a las víctimas. Además, se han señalado actos de intimidación y acoso a actores de la sociedad civil que se esfuerzan en documentar las violaciones y ayudar a las víctimas.

A pesar de las autoridades han prometido crear «un nuevo Kazajistán» y promover el pluralismo político, siguen reprimiendo los movimientos de la oposición, persiguiendo a los detractores del Gobierno y disolviendo las manifestaciones pacíficas sobre temas que resultan incómodos para los gobernantes.

México

Calificación de su espacio cívico: Represivo

En febrero de 2022, un legislador de Morena, el partido del Gobierno, presentó un proyecto de ley para reformar la legislación fiscal con el fin de restringir la financiación extranjera que reciben los grupos de la sociedad civil que trabajan para influir en los procesos legislativos y que participan en litigios estratégicos. El texto que está estudiando la Cámara de Diputados permitiría al Gobierno retirar el estatus de entidad sin ánimo de lucro a las organizaciones que incumplan la normativa. De ser aprobada, esta reforma podría impedir que los defensores de los derechos humanos debatan políticas públicas, intenten mejorar la protección de derechos e impugnen de leyes restrictivas —un labor esencial—. Esta iniciativa estuvo precedida por otras medidas que se adoptaron bajo el Gobierno actual para restringir la financiación y obstruir el trabajo de la sociedad civil, como la eliminación de los incentivos fiscales para las donaciones a las OSC.

Mientras tanto, la espiral de violencia contra la prensa no cesa en México. Desde hace varios años, el país se encuentra entre los más mortíferos del mundo para los periodistas y este año no ha sido diferente. En los cinco primeros meses de 2022, por lo menos once periodistas fueron asesinados, a veces durante ataques descarados a plena luz del día. La indignación por la oleada de asesinatos ha dado lugar a manifestaciones para pedir justicia y reclamar una mayor intervención gubernamental para garantizar la seguridad de los periodistas amenazados.

A pesar de esta crisis de violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus partidarios muestran una actitud abiertamente hostil hacia los periodistas y contradicen a los defensores de los derechos humanos, los manifestantes y los grupos que critican al Gobierno. A menudo el propio presidente hace declaraciones difamatorias que buscan desprestigiar a estos actores y su trabajo. Por ejemplo, en febrero de 2022, el presidente publicó información privada sobre un periodista y, posteriormente, lo calificó a él y a otros articulistas críticos de «matones, mercenarios y vendidos». Desde que asumió el cargo, AMLO también ha cuestionado la legitimidad de los defensores de los derechos humanos, así como la de las militantes feministas que protestan contra la violencia de género.

Kenia

Calificación de su espacio cívico: Obstruido

Kenia ha sido incluida en la lista de países que han experimentado un deterioro constante de las libertades cívicas. En el periodo previo a las elecciones de agosto de 2022, el espacio cívico sigue deteriorándose: las autoridades usan de forma sistemática una fuerza excesiva y letal contra manifestantes pacíficos, los periodistas se enfrentan a ataques brutales y mortales por su trabajo, y la comunidad LGBTQI+ se enfrenta a ataques y una represión sin precedentes.

A pesar de que la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica, la respuesta de las autoridades kenianas a las manifestaciones se ha caracterizado por uso excesivo de la fuerza. La policía ha seguido disolviendo con brutalidad manifestaciones pacíficas mediante el empleo de porras para agredir a los manifestantes, la imposición de detenciones arbitrarias e ilegales y el empleo de armas letales, como gases lacrimógenos y balas de goma. A medida que se acercan las elecciones, la cultura de la represión salvaje de las manifestaciones por parte de las autoridades sigue siendo preocupante y revela la respuesta previsible del Gobierno ante cualquier manifestación programada relacionada con las elecciones.

A menos de un año de las elecciones, el presidente Uhuru Kenyatta nombró recientementea un nuevo jefe de la Autoridad de Comunicaciones de Kenia, consolidando así, aparentemente, el poder del partido gobernante sobre un organismo de importancia estratégica que se supone no es partidista. De hecho, algunos consideran que, según parece, se trata de una medida destinada a ampliar el control del Gobierno sobre los medios de comunicación. La posible interferencia política socava el mandato del organismo encargado de supervisar los medios de comunicación públicos y de controlar las actividades de la agencia estatal de noticias. En principio, esta autoridad tiene la responsabilidad de garantizar una información objetiva e imparcial de cara a las próximas elecciones. No obstante, existe el riesgo de que se utilice para reducir el espacio de los medios de comunicación independientes.

Los casos de agresiones a periodistas han aumentado notablemente en el país durante el último año y, a medida que el país se acerca a las elecciones de este año, esta tendencia sigue siendo evidente y constituye una violación mayor del espacio cívico. En algunos casos, los funcionarios del Gobierno nacional y de los condados, así como su personal, han sido identificados como los principales infractores.

Los derechos del colectivo LGBTQI+ también han sido objeto de ataques reiterados. Las últimas restricciones impuestas por el Estado incluyen los prolongados esfuerzos de la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales para recurrir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema que autorizan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas a inscribirse como ONG. También sigue siendo muy preocupante que los organismos estatales no investiguen de forma exhaustiva los casos crecientes de agresiones brutales y mortales contra miembros de la comunidad LGBTQI+.

Chad

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Chad ha sido incluido en la lista de países que han experimentado un deterioro constante de las libertades cívicas. El derecho de reunión pacífica, en particular, ha sido objeto de un número alarmante de violaciones. Tras la muerte del expresidente Idriss Déby Itno en abril de 2021, las autoridades militares que tomaron el poder han reprimido las críticas y los actos de protesta que exigen el retorno al gobierno civil. Las violaciones del derecho a protestar se materializaron en la prohibición frecuente de las manifestaciones de la sociedad civil y de la oposición, el uso de fuerza excesiva y letal contra los manifestantes y las detenciones de manifestantes y organizadores de las movilizaciones.

Entre el 14 y el 17 de mayo de 2022, seis miembros y simpatizantes de Wakit Tama, una coalición de actores de la sociedad civil y de la oposición, fueron detenidos por una manifestación que se celebró el 14 de mayo de 2022 contra la presencia de tropas francesas y el supuesto apoyo de Francia a las autoridades militares, y para exigir que se volviera al gobierno civil. Entre los seis detenidos se encuentra el portavoz de Wakit Tama Max Loalngar y los dirigentes sindicales Gounoung Vaima Ganfare y Youssouf Korom. Se los acusa de daños a la propiedad, agresión físicas y reunión para perturbar orden público. Frente a los llamamientos en las redes sociales para protestar contra estas detenciones, el 20 de mayo de 2022, el ministro de Seguridad Pública e Inmigración Idriss Dokony Adiker decretó la prohibición total de todas las manifestaciones en todo país. Las manifestaciones previstas para los días 28, 29 y 30 de mayo de 2022 también fueron prohibidas alegando motivos de orden público.

Las fuerzas de seguridad han hecho un uso excesivo de la fuerza en repetidas ocasiones, por ejemplo, mediante el uso de gases lacrimógenos y munición real para dispersar a manifestantes pacíficos y que resultó en la muerte decenas de personas. Según un informe del movimiento prodemocrático Tournons la Page (TLP), por lo menos 20 personas perdieron la vida, 152 resultaron heridas y 849 fueron detenidas durante las manifestaciones contra un posible sexto mandato del presidente Déby antes de su fallecimiento y contra el golpe militar después de abril de 2021. Además, se han documentado casos de tortura y malos tratos a los detenidos.

A pesar de que se anunció la apertura de investigaciones sobre la muerte de los manifestantes, nadie ha rendido cuentas por ellas. En Chad, los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones quedan impunes.

Los defensores de los derechos humanos (DDH) son víctimas habituales de amenazas y acoso judicial. El 6 de marzo de 2022, el coordinador de la sección chadiana de TLP Jacques Saham Ngarassal recibió una serie de amenazas telefónicas anónimas. Las amenazas se produjeron días después de que el DDH fuera entrevistado en la emisora de radio Liberté FM respecto a la situación de los derechos humanos en Chad, ya que TLP había publicado un informe en el que se documentaron violaciones durante manifestaciones prodemocráticas.

En los últimos años, varios periodistas han sido detenidos y procesados. El 20 de abril de 2022, el periodista de la emisora Radio Oxygène Olivier Memnguidé fue detenido mientras informaba sobre los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Donia, provincia de Logone Occidental. Memnguidé fue trasladado a la ciudad vecina de Moundou, donde permaneció detenido durante cinco días acusado de rebelión.

Las autoridades chadianas recurren periódicamente a las restricciones de Internet. Según Amnistía Internacional, entre las últimas elecciones presidenciales de 2016 y 2021, el acceso a Internet y a las redes sociales estuvo interrumpido durante más de 900 días.