LISTA DE VIGILANCIA DE CIVICUS MONITOR ACTUALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2021

Última actualización: 23 de septiembre de 2021 — La nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas inquietudes sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Afganistán, Bielorrusia, Nicaragua y el Reino Unido. La Lista de Vigilancia busca destacar los países en los que se ha producido un deterioro grave y rápido del espacio cívico según la evaluación de CIVICUS Monitor y de sus socios de investigación, y con el asesoramiento de activistas sobre el terreno.

En las próximas semanas y meses, CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de los esfuerzos necesarios para garantizar una mayor presión sobre los Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin de inmediato a las actuales medidas represivas y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.

A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de cualquiera de estos países, por favor, escribanos a  monitor@civicus.org.

  Abierto Estrecho Obstruido  Represivo Cerrado

Afganistán

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Los talibanes  tomaron el poder el 15 de agosto de 2021 tras el colapso del Gobierno y la retirada de las tropas estadounidenses del país. Mientras que algunos militantes, periodistas y otras personas que corrían el riesgo de sufrir las represalias de los talibanes por su labor pudieron abandonar el país, otros se escondieron. Desde entonces, se ha venido informado de la intimidación sistemática que padecen los militantes en todo el país. Los talibanes llevan a cabo registros casa por casa en búsqueda de militantes y periodistas, sobre todo mujeres, los interrogan a ellos y a sus familias, y exigen que les muestren su trabajo. Esto ha creado un clima de miedo considerable.

Miles de personas han salido a las calles y organizado manifestaciones para reivindicar sus derechos y para protestar contra los talibanes; muchas de estas últimas estuvieron encabezadas por mujeres. Los talibanes respondieron con una fuerza excesiva y se valieron de disparos y palizas para dispersar a la multitud; estas acciones provocaron muertos y heridos entre los manifestantes pacíficos. El 10 de septiembre de 2021, los talibanes anunciaron la prohibición de todas las manifestaciones sin autorización previa, tanto en Kabul como en otras provincias afganas. Los periodistas han estado expuestos a un mayor peligro debido a la cobertura de la situación sobre el terreno. Algunas de las personas que cubrían las manifestaciones fueron detenidas de forma arbitraria, torturadas o maltratadas con impunidad.

Aunque la comunidad internacional haya pedido que se protejan los derechos humanos, todavía no se han satisfecho las demandas urgentes de la sociedad civil para que se establezca un mecanismo internacional para la supervisión y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos.

Bielorrusia

Calificación de su espacio cívico: Represivo

CIVICUS Monitor ha documentado la incesante represión de la sociedad civil bielorrusa desde el estallido de las manifestaciones multitudinarias, tanto antes como justo después de las controvertidas elecciones presidenciales de agosto de 2020 y hasta hoy. En julio de 2021 se intensificaron los ataques contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes. Las autoridades organizaron redadas y detuvieron a decenas de personas en varias ciudades del país tras acusarlas de apoyar las manifestaciones multitudinarias del verano de 2020 o de proteger a personas implicadas en esas movilizaciones. La policía siguió deteniendo a participantes de manifestaciones pacíficas y a ciudadanos ordinarios por exhibir símbolos con colores blanco y rojo, incluso en sus domicilios. En junio de 2021, el excandidato presidencial en las elecciones de 2020 Viktar Babaryka fue condenado a catorce años de prisión en una colonia penitenciaria de alta seguridad. Para el 29 de julio de 2021 el número de presos políticos había alcanzado las589 personas.

Además, las autoridades disolvieron por lo menos cuarenta ONG en julio de 2021, en la mayoría de los casos sin previo aviso, en el marco de una « operación de limpieza» contra «bandidos y agentes extranjeros», en palabras del propio Lukashenko.

Estos ataques contra la sociedad civil se producen tras la aprobación de las recientes modificaciones draconianas de la ley sobre medios de comunicación y la ley sobre eventos multitudinarios en mayo de 2021. En la práctica, estas enmiendas prohíben las críticas contra el Gobierno, habilitan a las autoridades a despojar a los periodistas de su acreditación sin orden judicial, prohíben cualquier forma de protesta pública contra las autoridades, al igual que la cobertura informativa en tiempo real de acontecimientos masivos y la recaudación y el uso de fondos para pagar multas por la participación en concentraciones de protesta, entre otras restricciones.

Nicaragua

Calificación de su espacio cívico: Represivo

Desde finales de mayo de 2021 las autoridades nicaragüenses han emprendido una campaña de represión sin precedentes contra la sociedad civil y la oposición. Decenas de dirigentes políticos y defensores de los derechos humanos fueron detenidos y procesados a medida que el Gobierno maniobraba para silenciar a críticos y opositores antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En muchos casos, estas detenciones equivalían a desapariciones forzadas, ya que los detenidos estuvieron incomunicados, sin poder contactar con sus familias ni con sus representantes legales durante varias semanas y sin que las autoridades informaran sobre su paradero ni sobre los cargos que les imputaban. Desde julio de 2021 hasta hoy también se ha revocado la personalidad jurídica de por lo menos cuarenta y cinco organizaciones de la sociedad civil. Esta campaña represiva se centró en organizaciones humanitarias que prestan servicios médicos a comunidades vulnerables, grupos feministas, centros de investigación, coaliciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales, entre otras.

El Gobierno ha recurrido a un amplio abanico de instrumentos jurídicos represivos para criminalizar a la sociedad civil y perseguir a los defensores de derechos gracias a las leyes aprobadas en 2020 sobre «agentes extranjeros», «ciberdelitos» y delitos contra la soberanía. Además, las autoridades allanaron las oficinas de los medios de comunicación independientes La Prensa y Confidencial, prohibieron la entrada al país a los corresponsales de los principales periódicos internacionales e interrogaron a varios periodistas en el marco de una investigación sobre grupos de la sociedad civil. Si bien en los últimos meses el Gobierno nicaragüense ha intensificado la represión, la situación del espacio cívico en el país ha empeorado de forma sistemática desde abril de 2018, cuando manifestaciones generalizadas por derechos sociales desencadenaron una crisis sociopolítica duradera.

Reino Unido

Calificación de su espacio cívico: Estrecho

El espacio cívico británico se está deteriorando y el derecho a la libertad de reunión pacífica es objeto de ataques reiterados. El proyecto de ley sobre vigilancia policial, delincuencia, sentencias y tribunales, el cual propone dar más poder a la policía para reprimir manifestaciones, ha suscitado gran preocupación y tendrá graves consecuencias para los grupos minoritarios, como las comunidades gitanas y nómadas, y las personas no blancas. La Cámara de los Lores (la cámara alta del Parlamento) finalizó la segunda lectura del proyecto de ley en un contexto marcado por las repetidas restricciones a las manifestaciones organizadas por grupos antirracistas y defensores del medioambiente, las cuales han sido reprimidas mediante detenciones y un uso desproporcionado de la fuerza.

Otras novedades legislativas, como los cambios propuestos a la ley de derechos humanos, el proyecto de ley sobre nuevas elecciones y el proyecto de ley sobre la supervisión judicial y los tribunales, amenazan los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes, cuyo objetivo es que el Gobierno rinda cuentas.

Los militantes contra el cambio climático en Reino Unido han sufrido ataques en repetidas ocasiones durante los últimos años y el Gobierno conservador los ha difamado públicamente al calificarlos de «extremistas». Más de doscientos manifestantes fueron detenidos durante las acciones que el grupo ecologista Extinction Rebellion organizó recientemente antes de la COP26. El grupo señaló que desde abril de 2019 se ha juzgado a unas dos mil personas por las acciones de protestas del grupo y que alrededor de mil causas todavía siguen abiertas.

La ley sobre la libertad a la información (FOI, por sus siglas en inglés) es motivo de preocupación después de que se revelara que algunos periodistas han sido inscritos en una lista negra y que las solicitudes formuladas en el marco de la FOI son tramitadas por una oficina «oculta» de información de un departamento gubernamental (el Cabinet Office). Los sistemas de la policía londinense también han catalogado como de «alto riesgo» las solicitudes de documentos formuladas en virtud de la FOI sobre las manifestaciones de Black Lives Matter y de Extinction Rebellion.