NOTA DE INVESTIGACIÓN - LA RESILIENCIA DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE NUESTRO PLANETA FRENTE A LAS RESTRICCIONES

La investigación examina la represión del activismo medioambiental y describe importantes victorias de la sociedad civil en la lucha por la justicia climática. El análisis y los casos estudiados en esta investigación se basan en las actualizaciones de países del CIVICUS Monitor entre enero de 2018 y junio de 2021.

  • Las protestas medioambientales se criminalizan y se reprimen en todos los continentes
  • Las autoridades estatales y las empresas privadas son los autores más comunes de las violaciones de las libertades cívicas
  • A pesar de los riesgos y las restricciones, los grupos de activistas siguen consiguiendo importantes victorias para promover la justicia climática.

Mientras los líderes mundiales se reúnen en Glasgow para las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático (COP26), los activistas medioambientales pacíficos están siendo amenazados, silenciados y criminalizados en todo el mundo. El anfitrión de la reunión de este año es uno de los muchos países donde los activistas se enfrentan regularmente a violaciones de sus derechos.

Una nueva investigación del CIVICUS Monitor examina las tácticas y restricciones habituales que utilizan los gobiernos y las empresas privadas para reprimir los movimientos ecologistas. El informe de investigación "La resiliencia de las personas defensoras de nuestro planeta frente a las restricciones" se centra en tres tendencias preocupantes: las prohibiciones y restricciones a las protestas; el acoso judicial y la persecución legal; y el uso de la violencia, incluidos los asesinatos selectivos.

A medida que se intensifica la crisis climática, los activistas y los grupos de la sociedad civil siguen movilizándose para pedir cuentas a los responsables políticos y empresariales. Desde Brasil hasta Sudáfrica, los activistas están arriesgando sus vidas para proteger las tierras y detener las actividades de las industrias altamente contaminantes. Los abusos más graves contra los derechos los sufren a menudo los grupos de la sociedad civil que se enfrentan a los gigantes de la industria maderera, minera y energética que explotan los recursos naturales y alimentan el calentamiento global.

Mientras la gente sale a la calle, los gobiernos establecen prohibiciones que criminalizan las protestas medioambientales. Recientemente, los gobiernos han utilizado la COVID-19 como pretexto para interrumpir y disolver las manifestaciones. Los datos del CIVICUS Monitor indican que la detención de manifestantes y el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades son cada vez más frecuentes.

En Camboya, en mayo de 2021, tres defensores del medio ambiente fueron condenados a entre 18 y 20 meses de prisión por planear una protesta contra el llenado de un lago en la capital. Mientras que en Finlandia, el pasado mes de junio, más de cien activistas fueron detenidos por participar en una protesta en la que se pedía al gobierno que tomara medidas urgentes contra el cambio climático. Desde los países autoritarios hasta las democracias maduras, la investigación también describe a las personas que han sido encarceladas por protestar pacíficamente.

"Silenciar a los activistas y negarles sus derechos cívicos fundamentales es otra táctica utilizada por los dirigentes para eludir y retrasar la acción contra el cambio climático", ha declarado Marianna Belalba Barreto, responsable de investigación del CIVICUS Monitor. "Criminalizar las protestas no violentas se ha convertido en una señal preocupante de que los gobiernos no se comprometen a salvar el planeta".

El informe muestra que muchas de las medidas que están desplegando los gobiernos para restringir los derechos no son compatibles con el derecho internacional. Los ejemplos de tribunales y órganos legislativos que revierten los intentos de criminalizar las protestas climáticas no violentas son escasos.

A pesar de los mayores riesgos y restricciones a los que se enfrentan los defensores del medio ambiente, el informe también muestra que una amplia variedad de campañas ha conseguido importantes victorias, como el cierre de minas y numerosos proyectos de construcción peligrosos. Igualmente significativo ha sido el aumento de los litigios sobre el clima por parte de grupos de activistas. Irónicamente, mientras las autoridades llevan a los activistas a los tribunales por ejercer su derecho fundamental a la protesta, los grupos de activistas han presentado con éxito demandas contra gobiernos y empresas en más de 25 países por no actuar frente al cambio climático.