PRESS RELEASE

Criminalisation of human rights defenders, journalists and justice operators places Guatemala on human rights watchlist

22 September 2022

  • Journalist and founder of newspaper, elPeriódico, José Rubén Zamora, was arrested in July 2022
  • Former Attorney General, who oversaw prosecutions of serious human rights abuses, faces criminal charges
  • Over 500 attacks against human rights defenders and restrictions on their work registered in the first six months of 2022

Guatemala has been added to a watchlist of countries that have seen a rapid decline in civic freedoms. Journalists and human rights defenders are operating in an increasingly hostile environment. They have been subject to harassment, criminalisation and detention as the government moves to undermine the rule of law and reverse anti-corruption efforts of recent years.

The new watchlist is released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks the latest developments to civic freedoms, including freedom of expression, association and peaceful assembly, across 197 countries and territories. Other countries included on the list are Guinea, Serbia, Sri Lanka and Zimbabwe.

In June 2022, Guatemala’s authorities filed a complaint against Claudia Paz y Paz, director of human rights organisation CEJIL, in a legal case related to her previous work in the role of Attorney General prosecuting perpetrators of serious human rights violations during Guatemala’s armed conflict. At the end of July 2022, journalist José Rubén Zamora, president and founder of newspaper elPeriódico, was arrested by police as part of an investigation into alleged extortion, money laundering and influence peddling. Authorities raided the newspaper’s offices, froze their bank accounts, and later arrested a member of their financial team. These are only two recent cases in a wave of abusive prosecutions, which have mainly targeted justice operators who investigated corruption and combatted impunity in recent years.

Civil society groups have warned of a climate of hostility, harassment, and persecution against human rights defenders under the Giammattei government. Attacks on HRDs rose sharply in 2020 and 2021, with over a thousand cases documented in each year by human rights organisation UDEFEGUA. This trend has continued in 2022. Between January and June 2022, UDEFEGUA registered 589 attacks on Human Rights Defenders (HRDs) and civil society groups, with several cases of defamation, harassment, intimidation, and criminalisation. Institutional mechanisms to protect and monitor the situation of activists were weakened in recent years.

"The misuse of the criminal justice system to intimidate, harass and prosecute human rights defenders and journalists aggravates Guatemala's democratic backsliding. Increasing criminalisation in a context of attacks on judicial independence reinforces our concern about civic space in the country," said Débora Leão, Americas Civic Space Research Officer, CIVICUS.

The gradual erosion of judicial independence has enabled the reduction of the space for civil society and independent press. In 2021, new magistrates were chosen to the Constitutional Court in a process marred by irregularities. On 12th May 2021, in one of their first major rulings, newly elected members of Guatemala’s Constitutional Court overturned a previous Constitutional Court ruling that had halted the implementation of the “NGO Law” (Decree 4-2020), a set of amendments to Guatemala’s legislation on non-governmental organisations. This reform imposes sweeping controls over civil society and gives government discretion to dissolve organisations and cancel their registration.

Guatemala is currently rated ‘obstructed’ by the CIVICUS Monitor. There are a total of 42 countries in the world with this rating ( see all). This rating is typically given to countries where civic space is heavily contested by power holders, who impose a combination of legal and practical constraints on the full enjoyment of fundamental rights (see the full description of ratings).

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ESPAÑOL

La criminalización de periodistas, personas defensoras de los DD. HH. y miembros del aparato judicial coloca a Guatemala en una lista de vigilancia

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

  • José Rubén Zamora, periodista y fundador del diario elPeriódico, fue detenido en julio de 2022
  • El exfiscal general que supervisó las causas por abusos graves contra los derechos humanos se enfrenta a cargos penales
  • Restricciones y más de 500 agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos en los primeros seis meses de 2022

Guatemala ha sido incluida en la lista de países que han experimentado un deterioro rápido de las libertades cívicas. Los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos desempeñan su labor en un contexto cada vez más hostil. Han sido objeto de actos de acoso, criminalización y detención a medida que el Gobierno prosigue sus empeños para socavar el Estado de derecho y frenar las iniciativas contra la corrupción de los últimos años.

La nueva lista de vigilancia ha sido publicada por CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que hace un seguimiento de los últimos avances en materia de libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, en 197 países y territorios. También han sido incluidos en la lista Guinea, Serbia, Sri Lanka y Zimbabue.

En junio de 2022, las autoridades guatemaltecas presentaron una denuncia contra Claudia Paz y Paz, actual directora de la organización de derechos humanos CEJIL. Los cargos que se le imputan están relacionados con el procesamiento de los autores de violaciones graves de los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala cuando ocupaba el cargo de fiscal general. A finales de julio de 2022, la policía detuvo al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario elPeriódico, en el marco de una investigación por presuntos delitos de chantaje, lavado de capitales y tráfico de influencias. Las autoridades hicieron una redada en las oficinas del diario, congelaron sus cuentas bancarias y posteriormente detuvieron a un miembro de su equipo financiero. Estos son solo dos ejemplos recientes de una oleada de procesamientos abusivos, cuyos objetivos principales han sido los miembros del aparato judicial que investigaron casos de corrupción y lucharon contra la impunidad en los últimos años.

Grupos de la sociedad civil han alertado sobre el clima de hostilidad, acoso y persecución en el que viven las personas defensoras de los derechos humanos bajo el Gobierno de Giammattei. Las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos aumentaron de manera considerable en 2020 y 2021; de hecho, la organización defensora de los derechos humanos UDEFEGUA llegó a documentar más de mil casos ambos años. Esta tendencia se mantuvo en 2022. Entre enero y junio de 2022, UDEFEGUA registró 589 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos y grupos de la sociedad civil, así como varios casos de difamación, acoso, intimidación y criminalización. Los mecanismos institucionales para proteger a los militantes y hacer un seguimiento de su situación se han debilitado durante los últimos años.

La erosión gradual de la independencia judicial ha favorecido la reducción del espacio de la sociedad civil y de la prensa independiente. En 2021 fueron nombrados los nuevos magistrados del Corte de Constitucionalidad mediante un proceso que estuvo empañado de irregularidades. El 12 de mayo de 2021, en una de las primeras sentencias de gran calado, los miembros recién elegidos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declararon sin lugar un recurso presentado ante el mismo tribunal que había paralizado la aplicación del Decreto 4-2020, también conocido como la ley de ONG, un conjunto de enmiendas a las leyes que regulan las organizaciones no gubernamentales. Esta reforma impone amplios controles sobre la sociedad civil y otorga al Gobierno la facultad de disolver organizaciones y de anular su registro oficial.

CIVICUS Monitor acaba de clasificar el espacio cívico de Guatemala como obstruido. Un total de cuarenta y dos países han obtenido esta calificación ( ver listado completo). Este calificativo se suele otorgar a los países en los que los detentadores del poder cuestionan el espacio cívico e imponen una combinación de prácticas y restricciones legales al pleno disfrute de los derechos fundamentales. Aquí encontrará la descripción completa de las calificaciones.

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SOBRE CIVICUS

CIVICUS es una alianza mundial compuesta por más de diez mil organizaciones de la sociedad civil y militantes dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo.


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