EL SALVADOR PRESS RELEASE

El Salvador added to human rights watchlist as President Nayib Bukele consolidates power and targets his critics

10 March 2022

  • Journalists and human rights defenders targeted by Pegasus surveillance software
  • Recent raids of offices of seven civil society organisations and smear campaigns against activists protesting against the government
  • Draft foreign agents law could be used to stifle civil society and independent media

El Salvador has been added to a watchlist of countries that have seen a recent and rapid decline in civic freedoms. President Nayib Bukele has taken drastic steps to target his critics and to consolidate power.

The new watchlist is released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks the latest developments to civic freedoms, including the freedoms of expression, association and peaceful assembly, across 197 countries and territories. Other countries included on the list are India, Kazakhstan, Tunisia, Russia and the United Arab Emirates.

In January, it was discovered that Pegasus spyware was installed on the mobile phones of over 30 journalists and human rights activists. The news outlet, El Faro, was a primary target, with over 20 journalists reporting the snooping software on their devices. Journalists at five other news outlets and four civil society organisations were also targeted.

According to aninvestigation, the devices were infected between July 2020 and November 2021. While the researchers could not conclusively link the hacks to El Salvador’s government, the report said “the strong country-specific focus of the infections suggests that this is very likely.” The NSO Group has repeatedly claimed it only sells Pegasus technology to governments.

The spyware revelations come at a time when there are little to no checks on the President’s power. President Nayib Bukele enjoys a two-thirds majority in the National Assembly, which he has used to undermine the independence of the judiciary. The administration replaced all five judges of the Constitutional Chamber of the Supreme Court in absolute disregard for international human rights standards of due process. In addition, the President has dismissed hundreds of lower-level judges, forcing many into retirement.

"El Salvador is experiencing a severe deterioration in its democratic institutions due to the authoritarian wave promoted by Nayib Bukele”, said César Artiga, President of Asociación Generaciones de Paz (ASDEPAZ). “As part of this deterioration, a series of setbacks in democracy, the rule of law and human rights have taken place, which has had a negative impact on the trust that citizens have in the country's institutions.”

In September 2021, magistrates in the new Constitutional Chamber published a resolution enabling consecutive presidential re-election, which was previously banned by the constitution. Throughout this period, Bukele stigmatised those protesting against this resolution and other authoritarian measures.

President Nayib Bukele is also targeting civil society. On 9th November 2021, President Nayib Bukele’s government presented to the National Assembly a draft Foreign Agents Law that could be used to stifle civil society and independent media. The proposed legislation would limit legitimate activities of organisations and individuals who receive funding or support from abroad. It would require them to register as a ‘foreign agent’ with the Interior Ministry, impose a 40% tax on some groups’ international funding and allow the cancellation of their legal status. Using broad language, the bill banned organisations from carrying out activities “for political or other purposes, with the intent of altering the public order or jeopardising national security or the social or political stability of the country.” Later modifications to the bill included prison sentences for ‘foreign agents’ who “alter the public order.”

Similar legislation and language has been used in countries such as Nicaragua to persecute protesters, rights defenders, journalists and critics. Introduced in the name of increasing accountability, these laws were later used to reduce fundamental freedoms.

El Salvador is currently rated Obstructed by the CIVICUS Monitor. There are a total of 43 countries in the world with this rating (see all). This rating is typically given to countries where civic space is heavily contested by power holders, who impose a combination of legal and practical constraints on the full enjoyment of fundamental rights (see full description of ratings).

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ESPAÑOL

El Salvador se incorpora a la lista de vigilancia de los derechos humanos mientras el presidente Nayib Bukele consolida su poder y ataca a sus detractores

10 Marzo 2022

  • Periodistas y defensores de los derechos humanos en el punto de mira del programa de vigilancia Pegasus
  • Redadas recientes en las oficinas de siete organizaciones de la sociedad civil y campañas de difamación contra los militantes que protestan contra el Gobierno
  • El Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros podría usarse para acallar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes

El Salvador ha sido incluido en la lista de países que han experimentado un deterioro rápido y reciente de las libertades cívicas. El presidente Nayib Bukele ha tomado medidas drásticas para atacar a sus críticos y consolidar su poder.

Esta nueva lista de vigilancia ha sido elaborada por el CIVICUS Monitor, una plataforma digital que rastrea los sucesos más recientes en el ámbito de las libertades cívicas, entre ellas, la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, en 197 países y territorios. En dicha lista también figuran India, Kazajistán, Túnez, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.

En enero se descubrió que el programa espía Pegasus había sido instalado en los teléfonos celulares de más de treinta periodistas y militantes defensores de los derechos humanos. Uno de los objetivos principales fue el medio de comunicación El Faro, ya que más de veinte de sus periodistas denunciaron la presencia del programa espía en sus dispositivos. Los periodistas de otros cinco medios de comunicación y cuatro organizaciones de la sociedad civil también fueron blanco del programa espía.

Según una investigación, los dispositivos fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Aunque los investigadores no pudieron vincular de forma concluyente los jaqueos con el Gobierno de El Salvador, en el informe de la investigación se afirma que «la elevada concentración de las infecciones en este país en concreto sugiere que es muy probable». NSO Group ha afirmado en reiteradas ocasiones que solo vende el programa Pegasus a Gobiernos.

Las revelaciones sobre el uso de programas espía se producen en un momento en el que existe poco o ningún un control sobre el poder del ejecutivo. El presidente Nayib Bukele goza de una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, de la cual se ha servido para socavar la independencia del poder judicial. Su Gobierno sustituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, demostrando así un desprecio total por las normas internacionales en materia de derechos humanos sobre el debido proceso. Además, el presidente ha destituido a cientos de jueces de menor rango obligando a muchos a jubilarse.

«El Salvador vive un severo deterioro de las instituciones democráticas debido a la ola autoritaria que impulsa Nayib Bukele» afirmó César Artiga, Presidente, Asociación Generaciones de Paz (ASDEPAZ). «Como parte de este deterioro se han consumado una serie de retrocesos en democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, situación que repercute de manera negativa en la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones.»

En septiembre de 2021, los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional publicaron una resolución que autoriza la reelección presidencial consecutiva, que antes estaba prohibida por la Constitución. A lo largo de este periodo, Bukele estigmatizó a quienes protestaron contra la resolución y otras medidas autoritarias.

El presidente Nayib Bukele también arremetió contra la sociedad civil. El 9 de noviembre de 2021, el Gobierno del presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Nacional el borrador del Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual podría emplearse para silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. La propuesta legislativa limitará las actividades legítimas de organizaciones e individuos que reciben financiación o apoyo del extranjero, las obligará a inscribirse como «agentes extranjeros» en el Ministerio del Interior, establecerá un impuesto del 40 % sobre los fondos procedentes del extranjero de algunos grupos y permitirá la cancelación de su personería jurídica. Mediante una formulación imprecisa, el proyecto de ley prohíbe a las organizaciones llevar a cabo actividades «para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país». En las modificaciones posteriores al proyecto de ley se incluyeron penas de prisión para los «agentes extranjeros» que «alteren el orden público».

En países como Nicaragua se ha utilizado una legislación y un lenguaje similares para perseguir a defensores de derechos, manifestantes, periodistas y críticos. Si bien se dijo que estas leyes contribuirían a mejorar la rendición de cuentas, posteriormente se usaron para coartar libertades fundamentales.

CIVICUS Monitor acaba de clasificar el espacio cívico de El Salvador como Obstruido. Un total de cuarenta y tres países han obtenido esta calificación (listado completo). Esta calificación se otorga normalmente a los países en los que quienes detienen el poder cuestionan el espacio cívico e imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de derechos fundamentales. Aquí encontrará la descripción completa de las calificaciones.


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