EL ESPACIO CÍVICO SIGUE AMENAZADO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

  • El activismo de la sociedad civil continúa durante la pandemia de COVID-19 y la población sigue movilizándose para exigir sus derechos.
  • Se han documentado violaciones del derecho a la protesta: los Estados detienen a manifestantes, interrumpen manifestaciones y hacen uso excesivo de la fuerza.
  • Continúan las restricciones del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
  • Los Estados promulgan legislación de excepción excesivamente amplia y legislación que limita los derechos humanos.

En abril de 2020, apenas un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase que el brote de coronavirus (COVID-19) se había convertido en pandemia, llamamos la atención sobre una serie de situaciones alarmantes de vulneración del espacio cívico por parte de los Estados. Como señalamos en nuestro informe especial anterior, en muchos países las medidas de emergencia adoptadas para abordar la pandemia han tenido efectos preocupantes sobre los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil. Más de seis meses después del inicio de la pandemia, las violaciones de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico continúan.

Desde 2016, CIVICUS Monitor ha documentado y analizado el estado del espacio cívico en 196 países. El espacio cívico es la base de cualquier sociedad abierta y democrática y tiene su origen en las libertades fundamentales de las personas para asociarse, reunirse de forma pacífica y expresar libremente sus puntos de vista y opiniones. El presente informe abarca los acontecimientos que se han producido en el espacio cívico en relación con la COVID-19 entre el 11 de abril y el 31 de agosto. Se basa en los datos de nuestras actualizaciones sobre el espacio cívico, elaboradas por activistas y colaboradores sobre el terreno.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que en el marco de las emergencias públicas declaradas de forma oficial, incluidas aquellas relacionadas con la salud pública que pongan en peligro la vida de un país, la restricción de algunos derechos puede estar justificada. Como se explicó en nuestro informe especial anterior, esas limitaciones deben ajustarse a las normas internacionales. Pero, pese a que el derecho internacional es claro, algunos Estados han tomado medidas que exceden las restricciones justificables y que han tenido consecuencias negativas en el espacio cívico y los derechos humanos, además de crear nuevos obstáculos para grupos que ya sufren exclusión.

Pese a las restricciones de las reuniones públicas multitudinarias impuestas por los Estados durante la pandemia, la gente ha continuado movilizándose a través de diversas formas de protesta. No obstante, en esas protestas se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas la detención de manifestantes, la interrupción de las protestas y el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Además, se ha seguido vulnerando el derecho a la libertad de expresión —al que dedicamos un lugar destacado en nuestro primer informe especial sobre la COVID-19— con prácticas como la censura de la libertad de expresión, los ataques selectivos contra medios de comunicación y la detención de periodistas. Los Estados también han seguido aprobando legislación restrictiva, como leyes de excepción excesivamente amplias, bajo el pretexto de luchar contra la pandemia. Ciudadanos y ciudadanas, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido hostigamiento e intimidación. Durante la pandemia, numerosos grupos excluidos han afrontado peligros y violaciones de derechos humanos adicionales.

Estas restricciones se están imponiendo en una gran variedad de países con diversas clasificaciones de su espacio cívico. Cuando hagamos referencia a un país, también mostraremos el color correspondiente a su calificación, de acuerdo con la siguiente leyenda:

 ABIERTO ESTRECHO
OBSTRUIDO REPRESIVO CERRADO

Las protestas en tiempos

2019 fue un año histórico para los movimientos de protesta, tal como se documentó en nuestro informe anual El poder ciudadano bajo ataque. Miles de personas salieron a la calle en Chile, Hong Kong (China), y Líbano, entre otros muchos países, y muchas de esas movilizaciones continuaron en 2020. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 supuso el fin de numerosas protestas multitudinarias a raíz de la adopción por los Estados de medidas de excepción, entre ellas restricciones de las reuniones públicas destinadas a frenar la propagación de la pandemia. Pese a las restricciones, durante los meses que abarca este informe muchas personas se movilizaron empleando formas de protesta creativas y alternativas, como manifestaciones con distancia social y en Internet.

En Palestina, en abril el movimiento feminista organizó protestas en los balcones contra al aumento de la violencia de género durante la pandemia. Hay vídeos en los que se ve a mujeres palestinas aporreando cacerolas y sartenes y colgando carteles en los balcones en señal de solidaridad con las víctimas de violencia.

En Países Bajos, grupos de activistas climáticos hicieron una recolecta de zapatos en todo el país y colocaron 1.000 pares de zapatos en la plaza de la Cámara de Representantes de La Haya en señal de protesta contra la crisis climática. En Singapur, jóvenes activistas climáticos del movimiento global de huelgas estudiantiles por el clima Viernes por el Futuro (Fridays For Future) celebraron protestas individuales en abril a consecuencia de la restrictiva legislación nacional sobre la reunión pacífica.

En Brasil, grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis de la COVID-19 en junio. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en jardines de edificios gubernamentales clave en homenaje a las víctimas de la COVID-19 para denunciar al presidente Jair Bolsonaro y su reiterada negación de la gravedad de la pandemia.

Además, el personal sanitario ha organizado protestas con distancia social en todo el mundo para llamar la atención sobre las dificultades que afrontan y que se han visto agravadas por la pandemia.

Estos ejemplos de protestas celebradas durante la pandemia de COVID-19 son una muestra de resiliencia cívica. Incluso en mitad de una crisis sanitaria mundial la gente ha continuado saliendo a la calle para exigir que se respeten sus derechos fundamentales.

Sin embargo, las autoridades han respondido a las manifestaciones con numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas la detención de manifestantes y la interrupción de protestas. Estas respuestas de las autoridades vulneran el derecho y las normas internacionales, y no se ajustan a las recomendaciones de los mecanismos internacionales, que hacen hincapié en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza y de detener arbitrariamente a manifestantes durante la dispersión de manifestaciones pacíficas.

Durante la pandemia se celebraron numerosas protestas contra la injusticia racial. El asesinato de George Floyd, un hombre negro, por la policía de Minneapolis el 25 de mayo desató protestas multitudinarias contra la brutalidad policial en Estados Unidos bajo el lema “Black Lives Matter” (La vida de las personas negras importa). No obstante, en varios estados del país estas protestas fueron reprimidas por agentes militarizados dotados de equipos antidisturbios que, en muchos casos, emplearon fuerza excesiva, lo que incluyó el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y balas de goma. En junio, las protestas de Black Lives Matter se propagaron a todos los rincones del globo.

Miles de personas se concentraron en múltiples protestas celebradas en distintas ciudades de Reino Unido, coreando “No Justice, No Peace” (Sin justicia no habrá paz). Estas protestas también fueron reprimidas con fuerza policial excesiva. En Senegal, numerosas personas entre las que se encontraban conocidos activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos celebraron una protesta simbólica en el monumento conmemorativo del comercio de esclavos de Gorea-Almadies. Se arrodillaron durante ocho minutos y 46 segundos, tiempo durante el que George Floyd permaneció inmovilizado contra el suelo por agentes de policía.

En junio, grupos de manifestantes se reunieron en la embajada de Estados Unidos en Colombo, Sri Lanka, sosteniendo pancartas con el eslogan “Racism is a deadly virus” (El racismo es un virus mortífero). Pese a llevar puestas mascarillas en cumplimiento de las directrices sanitarias emitidas por el gobierno, la policía practicó detenciones arbitrarias antes de que comenzaran a manifestarse. En Brasil se celebraron manifestaciones bajo el lema “Vidas Negras Importam” (La vida de las personas negras importa) en Río de Janeiro y otras ciudades para denunciar la violencia policial contra la población negra de Brasil y exigir el final de las operaciones policiales en las favelas. La policía dispersó la protesta pacífica contra el racismo utilizando balas de goma y gas lacrimógeno.

Otras protestas se centraron en el impacto de la pandemia y las medidas de excepción. Seis personas, entre ellas una mujer embarazada, fueron asesinadas en Guinea en mayodurante protestas contra puestos de control de COVID-19 y controles de carretera policiales que limitaban la circulación durante la pandemia.

En Serbia, miles de personas salieron a la calle para protestar contra la nueva imposición por el gobierno de un toque de queda relacionado con la COVID-19 en julio. Durante dos días, las autoridades respondieron a las manifestaciones con uso excesivo de la fuerza, y más de 30 personas denunciaron ante el Centro de Derechos Humanos de Belgrado que habían sido torturadas por la policía.

En Hong Kong (China) las protestas continuaron durante la pandemia, especialmente contra la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno chino que socava el derecho a un juicio justo, confiere amplias y nuevas facultades a la policía, aumenta las restricciones de la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita la supervisión judicial. Decenas de activistas en favor de la democracia han sido detenidos, y se han conocido informes de tortura o trato cruel, inhumano o degradante de manifestantes a manos de la policía.

En Chile, decenas de personas que llevaban mascarilla y guardaban la distancia de seguridad se movilizaron en abril para denunciar la brutalidad policial en el 93º aniversario de la fundación del cuerpo policial militarizado de los Carabineros. No obstante,se respondió a las manifestaciones con gas lacrimógeno y un cañón de agua, y se detuvo a más de 60 personas alegando que habían infringido las medidas de salud pública.

Amenazas a la libertad expresión

Durante la pandemia, la libertad de expresión ha sufrido ataques reiterados: desde la censura de ciudadanos y ciudadanas por la presunta difusión de “noticias falsas” sobre la pandemia hasta ataques contra medios de comunicación y la detención de periodistas. Esta situación es especialmente preocupante teniendo en cuenta la importancia de tener acceso a información precisa y el papel fundamental del periodismo y los medios informativos durante la pandemia.

En Zimbabue, el destacado periodista Hopewell Chin’ono, conocido por denunciar la corrupción gubernamental, fue detenido en junio tras hacer pública una información sobre corrupción en la adquisición de suministros relacionados con la COVID-19 que condujo a la destitución del ministro de Salud Obadiah Moyo. Fue acusado de “incitación a participar en violencia pública”, lo que desató la indignación internacional. Organizaciones internacionales de observación de los medios de comunicación han pedido que se retiren todos los cargos que pesan contra Chin’ono, que quedó en libertad bajo fianza en septiembre.

En Filipinas continuaron los ataques contra la libertad de expresión y de los medios de comunicación. La importante cadena de televisión ABS-CBN fue obligada a dejar de emitir en mayo después de que el Congreso filipino le denegase la renovación de la licencia, mientras que la destacada periodista Maria Ressa fue declarada culpable de “difamación en Internet”. Las autoridades también persiguieron a periodistas que habían expresado críticas contra la gestión gubernamental de la pandemia.

En Turkmenistán, donde el gobierno continúa negando la existencia de la COVID-19 en el país, las autoridades han detenido e intimidado a personas, entre ellas profesionales de la medicina, por pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la COVID-19 en espacios públicos. El gobierno también acusó a medios de comunicación independientes que informan sobre la pandemia de difundir “noticias falsas” y “difamar”.

En Turquía, el gobierno ha utilizado la pandemia para reprimir aún más a periodistas y a la ciudadanía. Durante la pandemia se encarceló a periodistas a los que se acusó de “sembrar el pánico en la opinión pública y publicar informes sobre el coronavirus que no están en conocimiento de las autoridades”. Además, las plataformas de medios sociales están siendo sometidas a una vigilancia creciente, lo que ha dado lugar a varias detenciones de personas acusadas de realizar publicaciones “sin fundamento y provocadoras” que “causan preocupación en la población, siembran el miedo y el pánico y atacan a personas e instituciones”. En total, el Ministerio del Interior ha inspeccionado aproximadamente 6.000 cuentas de redes sociales.

En Azerbaiyán se ha acusado a las autoridades de utilizar las medidas relacionadas con la COVID-19 para silenciar a activistas de la sociedad civil, dirigentes de la oposición y periodistas.Justo un día antes de imponer un régimen de cuarentena especial, las autoridades reformaron la ley de información, que obliga a los propietarios de recursos informativos en Internet a impedir la publicación de información falsa en Internet y prohíbe la publicación de información que pueda poner en peligro a la población. Se teme que esta reforma de lugar a la represión de periodistas y otras personas críticas con el gobierno.

En Nicaragua, muchas personas y medios de comunicación críticos han cuestionado la gestión gubernamental de la pandemia y las cifras oficiales de COVID-19, lo que los ha convertido en blanco de ataques.Por ejemplo, durante una rueda de prensa, un coronel del ejército acusó a una periodista de manipular información y amenazó con que “tenía que hacerse algo al respecto”. Altos cargos gubernamentales han acusado a periodistas y a medios de comunicación independientes de crear “pandemias de miedo” con noticias falsas durante la crisis.

En Niger se ha detenido y acusado a tres personas en aplicación de la Ley sobre Ciberdelincuencia de 2019 por criticar en las redes sociales y en mensajes privados de WhatsApp las medidas gubernamentales para luchar contra la COVID-19.

Adopción de legislación restrictiva durante la pandemia

Durante el curso de la pandemia los Estados han seguido promulgando legislación de excepción excesivamente amplia e imprecisa y aprobando leyes restrictivas sin llevar a cabo consultas previas adecuadas con la sociedad civil. Muchos Estados han utilizado esa legislación para reprimir las “noticias falsas” sobre la pandemia, lo que ha repercutido negativamente en la libertad de los medios de comunicación.

En Botsuana, el gobierno aprobó la Ley de Poderes de Excepción, que otorga al presidente el poder de gobernar por decreto durante seis meses. La Ley también prevé castigos duros —como penas de hasta cinco años de prisión o el pago de multas de hasta 10.000 dólares estadounidenses— a cualquier persona que publique información, con “intención engañosa”, sobre la COVID-19 o las medidas tomadas por el gobierno para abordar la pandemia. También dispone que al informar sobre la COVID-19 los periodistas sólo pueden citar al director de servicios de salud del país o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Camboya se aprobó una Ley sobre el Estado de Excepción que otorga al ejecutivo poderes ilimitados, entre ellos el de prohibir y restringir las reuniones y cerrar espacios públicos y privados. También faculta al gobierno para establecer los medios necesarios para observar todos los sistemas de telecomunicaciones y prohibir o restringir las noticias y las publicaciones en redes sociales que se considere que “generen alarma pública o miedo, provoquen inestabilidad u ocasionen daños a la seguridad nacional, o que puedan crear confusión en relación con el estado de excepción”. La Ley sobre el Estado de Excepción no contiene cláusula de suspensión; sólo puede anularse por Decreto Real, lo que podría posibilitar que continuase usándose tras el fin de la pandemia actual.

Amparándose en las restricciones por la COVID-19, en Kirguistán se permitió realizar una consulta limitada a la sociedad civil sobre un nuevo proyecto de ley de reforma de la legislación que regula las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).La ley, adoptada en segunda lectura, ha sido criticada por la sociedad civil como un intento injustificado de “desacreditar y demonizar” a las OSC. La asistencia a la audiencia pública sobre el proyecto de ley, celebrada en mayo, se limitó a 60 personas. En ella participaron principalmente organizaciones progubernamentales, en detrimento de muchos activistas independientes que quedaron relegados, lo que limitó gravemente la consulta.

A consecuencia de la pandemia Egipto renovó en mayo el estado de excepción vigente desde 2017. No obstante, la renovación ratificó nuevas reformas que otorgan más poderes al presidente. La Ley de Excepción (Ley 162 de 1958) aprovecha la COVID-19 para socavar la independencia judicial y ampliar la jurisdicción de la fiscalía militar para investigar a la ciudadanía, y otorga al presidente el poder de autorizar a la fiscalía militar a investigar los delitos tipificados en la Ley de Excepción (artículo 4). También contiene nuevos artículos que otorgan al presidente el poder de prohibir las reuniones públicas y privadas, las manifestaciones, procesiones, celebraciones y otras formas de reunión.

El 30 de marzo se adoptó en Hungría la Ley de Autorización, que otorga al gobierno poderes excesivamente amplios para gobernar por decreto, lo que lo sustrae del control parlamentario. En junio, el gobierno anunció el final del “estado de peligro”, pero inmediatamente después declaró un “estado de crisis médica” que el parlamento no puede levantar. Se teme que el gobierno utilice esta nueva situación jurídica como pantalla de humo para mantener poderes excesivos no sujetos al control parlamentario.

Los grupos excluidos, en una situación de de aún mas

Aunque las restricciones por la COVID-19 impuestas por los Estados han afectado a todas las personas, han tenido consecuencias desproporcionadas en los grupos excluidos que ya corrían peligro antes de la pandemia. Durante este tiempo, muchos Estados han socavado aún más los derechos humanos de las personas LGBTQI+, migrantes, refugiadas y de otros grupos excluidos.

En Uganda se ha acusado a la policía de abusar de las medidas de confinamiento tras realizar una redada en un refugio en el que vivían 23 personas LGBTQI+. Los agentes practicaron detenciones alegando presunto incumplimiento de las reglas de distanciamiento social y riesgo de propagación la COVID-19. No obstante, las personas activistas creen que se atacó al grupo intencionadamente por su orientación sexual y su identidad de género. También ha habido informes en los medios que culpan a grupos LGBTQI+ de propagar la COVID-19, lo que ha atizado aún más la homofobia en el país.

El anuncio repentino por el gobierno de un confinamiento nacional inmediato en marzo en India afectó gravemente a los trabajadores y trabajadoras migrantes informales. El gobierno cerró los servicios de transporte ferroviario y de autobús interurbano para frenar la propagación del virus. Muchos trabajadores y trabajadoras migrantes que habían perdido su trabajo decidieron regresar a su hogar familiar, enfrentándose en algunos casos a travesías de cientos de kilómetros a pie. Esta situación provocó caos, hambre y muertes, y llevó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a pedir que se dispensase un trato humanitario a los grupos de migrantes.

Las autoridades de Myanmar utilizaron las medidas de respuesta a la COVID-19 como pretexto para hostigar y extorsionar a personas de etnia rohinyá, comunidad contra la que el ejército ha perpetrado crímenes graves de derecho internacional en años recientes. Personas rohinyás denuncian que las fuerzas militares y policiales las sometieron con asiduidad a hostigamiento y castigos físicos en puestos de control. A una mujer que no llevaba la mascarilla en un puesto de control se le ordenó hacer sentadillas durante 30 minutos, tras lo cual estaba demasiado exhausta para moverse. Además, pese a la pandemia, las autoridades mantuvieron bloqueado Internet en el estado de Rajine, donde se calcula que viven 600.000 rohinyás, privándolas de acceso a información de la que puede depender su vida.

En Panama, los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar de nuevo en junio, lo que dio lugar a la adopción de nuevas medidas de confinamiento en algunas regiones del país. En algunos casos, las medidas de confinamiento se basaron en un cuestionado criterio de separación por género que asignaba días distintos hombres y mujeres para realizar actividades esenciales. Los grupos de defensa de los derechos de las personas transgénero denuncian que esas medidas han dado pie a una mayor estigmatización de estas personas. Una organización que lucha por los derechos de las personas trans registró más de 40 denuncias de personas transgénero que, durante esas restricciones, habían sufrido acoso mientras compraban alimentos y medicamentos.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos también han sido blanco de ataques. En Honduras, la imposición de toques de queda y restricciones de circulación ha dado pie a un incremento del riesgo de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las mujeres indígenas también han sido sometidas a un mayor hostigamiento por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. De un modo similar, en Colombia las restricciones de circulación durante la pandemia han intensificado el peligro que corren los líderes sociales, quienes por motivos de seguridad deben variar sus recorridos.

Hechos positivos durante la pandemia

Aunque las restricciones impuestas por numerosos Estados dibujan un panorama preocupante, durante la pandemia también ha habido algunas novedades positivas. En Kenia, activistas y organizaciones de la sociedad civil lograron impugnar el uso excesivo de fuerza policial durante la pandemia, lo que dio lugar a la acusación formal de al menos una decena de agentes. En marzo, tras un estallido de indignación de la opinión pública, activistas de derechos humanos salieron a la calle para protestar contra el uso de fuerza excesiva por la policía, que aumentó significativamente durante el toque de queda por la COVID-19. Varias investigaciones del Departamento de Asuntos Internos de la Policía revelaron que más de una decena de personas habían sido asesinadas por agentes de policía al hacer cumplir el toque de queda.

En Bolivia, el gobierno provisional emitió un decreto que sancionaba a quienes “desinform[as]en o gener[as]en incertidumbre” a la población durante la pandemia. La legislación fue ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil y defensores y defensoras de la libertad de los medios de comunicación, que declararon que podía usarse para silenciar la crítica contra las políticas gubernamentales relacionadas con la COVID-19. Además, fue ampliada con un decreto sobre sanciones penales. No obstante, tras las críticas de organizaciones nacionales e internacionales, la presidenta provisional Jeanine Áñez revocó los dos decretos.

En Honduras, el decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura que garantiza la Constitución del país. Las asociaciones de medios de comunicación instaron al gobierno a revocar la restricción, y 21 organizaciones de la sociedad civil condenaron el decreto por considerarlo una medida desproporcionada. A raíz de la presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión, lo que constituyó una victoria para la libertad de los medios de comunicación.

En una iniciativa sin precedentes, el parlamento de Austria aprobó en marzo una ley para combatir la pandemia de COVID-19 en la que, por primera vez en la historia del país, se mencionaba a las OSC. El fondo gubernamental para la emergencia de la COVID-19 tuvo en cuenta las demandas de las OSC y asignó una partida de apoyo de aproximadamente 700 millones de euros (unos 818 millones de dólares estadounidenses) exclusivamente para el trabajo de las OSC durante la pandemia.