Libertad de expresión y pandemia de COVID-19: panorama de restricciones y ataques

Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de pandemia el brote de COVID-19. A lo largo de 2020 el CIVICUS Monitor documentó la imposición de una serie de restricciones de ciertos derechos por parte de los gobiernos con el pretexto de proteger la salud y la vida de las personas. El CIVICUS Monitor es una plataforma digital de CIVICUS que hace un seguimiento de las libertades cívicas en países de todo el mundo.

Si bien el derecho internacional permite limitar derechos en respuesta a emergencias de salud pública, también deja claro que dichas limitaciones han de ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias. Sin embargo, tal y como se destaca en el informe «El poder ciudadano bajo ataque» de CIVICUS de 2020, algunos gobiernos aprovecharon la pandemia para introducir o aplicar restricciones adicionales a las libertades cívicas.

Las investigaciones de CIVICUS han demostrado sistemáticamente que la censura, las agresiones contra periodistas y su detención se encuentran entre las violaciones más frecuentes del espacio cívico. Este reporte busca ofrecer una perspectiva general de las tendencias más comunes registradas hasta ahora en el marco de la pandemia y que han tenido repercusiones negativas en el derecho a la libertad de expresión.

Las actualizaciones sobre el espacio cívico de nuestros socios de investigación constituyen la base de este análisis y abarca un período que va de enero de 2020 a febrero de 2021. El equipo de CIVICUS triangula, verifica y etiqueta la información de estas actualizaciones sobre el espacio cívico. Además, a efectos de este informe, el equipo de CIVICUS desglosó y sistematizó los datos para analizar las violaciones de la libertad de expresión que se perpetraron como respuesta directa a la pandemia.

La libertad de expresión es indispensable para el pleno desarrollo de una persona y es esencial para cualquier sociedad democrática. El derecho a buscar, obtener y difundir información es fundamental durante una emergencia de salud pública. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite restringir la libertad de expresión, esto solo es posible si se cumplen ciertas condiciones. Dichas restricciones deben estar previstas por la ley, perseguir un objetivo legítimo y ser estrictamente necesarias y proporcionadas para la consecución de dicho objetivo.

Estos principios deben respetarse incluso durante la batalla contra la pandemia. A pesar de esto, Estados de todo el mundo han aprovechado la pandemia para imponer restricciones injustificables a la libertad de expresión, para censurar a quienes se manifiestan y critican a los gobiernos y para promulgar leyes que les permiten reprimir a la oposición. Además, los Estados también han hecho la vista gorda cuando se ha agredido a periodistas por su labor.

El CIVICUS Monitor identificó las siguientes tendencias:

  • El uso de legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante la proposición, la promulgación y la modificación de leyes destinadas a frenar la desinformación.
  • Censura y restricciones al acceso a la información, incluso mediante la eliminación o la imposición de contenidos relacionados con la COVID-19 y la suspensión de medios de comunicación por su cobertura de COVID-19.
  • Ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, ya sea bajo la forma de agresiones físicas, actos de acoso, acciones de intimidación o detenciones arbitrarias.
  ABIERTO ESTRECHO
OBSTRUIDO REPRESIVO CERRADO

Uso de leyes restrictivas para silenciar voces críticas 

Durante la crisis la población se apresuró a consultar los medios de comunicación convencionales y digitales con el fin de obtener información sobre la pandemia para protegerse mejor. Los países se enfrentaron a una serie de retos, no solo a la pandemia en sí, sino también a la rápida propagación de la desinformación sobre la COVID-19. Los Estados adoptaron medidas que defendieron como necesarias para frenar la desinformación.

El CIVICUS Monitor documentó que al menos 37 países promulgaron o modificaron una ley con el fin de frenar la difusión de desinformación, o bien detuvieron o acusaron a personas por la presunta difusión de desinformación sobre la pandemia [1]. Desde Europa hasta África, pasando por Oriente Medio, el Norte de África, Asia-Pacífico y América, estas restricciones que acabaron por limitar la libertad de expresión apuntan a una aparente tendencia mundial.

Aunque es importante hacer frente a la desinformación sobre la pandemia, es evidente que muchos gobiernos están usando la amenaza de la desinformación como pretexto para restringir aún más el espacio cívico. De todos los casos en los que se aprobaron leyes restrictivas, más de la mitad se concentraron en los países cuyo espacio cívico ha sido clasificado como obstruido o represivo por el CIVICUS Monitor [2].

En la mayoría de los países en los que se documentó esta tendencia, la legislación se aprobó o se modificó como consecuencia directa de la pandemia. Más de la mitad de estos Estados aprobaron leyes o decretos de emergencia que incluían disposiciones con el objetivo declarado de combatir la desinformación, pero a menudo, en lugar de adoptar medidas adecuadas y de garantizar el acceso de la población a la información, los Estados introdujeron leyes que afectaron de forma desproporcionada al derecho a la libertad de expresión.

Por ejemplo, en Botsuana y Suazilandia se promulgaron nuevas normas para penalizar la publicación de información destinada a inducir en error a la población en cuanto a la pandemia. En Botsuana la Ley de Poderes de Emergencia introdujo delitos con fuertes sanciones, entre ellas, penas de prisión de hasta cinco años o una multa de 10 000 USD para cualquiera que publique información con «la intención de inducir en error» a la población en cuanto a la COVID-19 o a las medidas gubernamentales para combatir la pandemia.

En Asia en Tailandia el gobierno recurrió a los poderes de emergencia en marzo de 2020 y gracias a ellos pudo prohibir la difusión de «noticias falsas» o de información relacionada con la COVID-19, y pudo otorgar a las autoridades la capacidad de censurar este tipo de comunicaciones y de perseguir a las personas acusadas de este delito. Ese mismo mes Filipinas aprobó una nueva ley de emergencia, la Ley Bayanihan para sanar todos juntos, que incluía disposiciones que penalizaban la difusión de «información falsa» en las redes sociales y en otras plataformas. También se introdujeron disposiciones similares en Bosnia y Herzegovina, Palestina y Serbia, entre otros países.

Por otra parte, se introdujeron modificaciones en la legislación vigente para penalizar la desinformación o la difusión de «noticias falsas» que hacen temer que sigan en vigor mucho tiempo después de la pandemia y que, de ser así, produzcan un efecto disuasorio duradero entre los periodistas y los militantes críticos con los gobiernos. En Tayikistán se modificó el Código Administrativo para castigar a las personas que difundan información «inexacta» o «falaz» sobre la COVID-19 en la prensa y en redes sociales o digitales. Del mismo modo, en Azerbaiyán las autoridades modificaron la ley sobre la información para obligar a las plataformas digitales a impedir la publicación de «información falsa» en Internet. Dichas modificaciones también prohíben la publicación de información susceptible de provocar situaciones que pongan en peligro a la población.

En Bolivia el Gobierno interino publicó un decreto en marzo de 2020 que sanciona a quienes «desinformen o provoquen incertidumbre» entre la población durante la pandemia. Otro decreto de mayo de 2020 amplió la legislación original y autorizó la aplicación de sanciones penales. Ese mismo mes, ambos decretos fueron revocados tras las críticas de organizaciones nacionales e internacionales. En Brasil el Senado presentó en abril de 2020 una proposición de ley para combatir las «noticias falsas», mientras que en Nicaragua los legisladores aprobaron la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual define y establece penas para una serie de infracciones, entre ellas la «difusión de noticias falsas» mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

En algunos países que ya contaban con leyes sobre la desinformación, estas se aplicaron en un contexto marcado por la COVID-19. En Etiopía, por ejemplo, la Ley sobre los Discursos de Odio y la Desinformación, que se aprobó en febrero de 2020, solo unas semanas antes de que se declarara la pandemia de COVID-19, se usó para procesar a los acusados de propagar desinformación sobre la pandemia. Yayesaw Shimelis, periodista y productor de un programa político del canal Tigray TV, propiedad del gobierno regional, fue detenido y acusado en virtud de esta ley a finales de marzo de 2020 por sus comentarios sobre la respuesta gubernamental contra la COVID-19. En Indonesia las autoridades utilizaron las leyes contra la difamación para reprimir las críticas públicas contra la respuesta gubernamental frente a los brotes de COVID-19. A principios de abril de 2020 los informes indicaban que al menos 51 personas habían sido acusadas en virtud de las leyes contra la difamación penal por la supuesta difusión de «noticias falsas» sobre la COVID-19. Del mismo modo, en Malasia, antes de la adopción de la nueva ordenanza de emergencia sobre las «noticias falsas» en marzo de 2021, las autoridades aplicaban la Ley sobre la Comunicación y los Medios, y el Código Penal para investigar los casos de «noticias falsas» y de «uso indebido de las instalaciones en red». En Argelia el Parlamento aprobó en abril de 2020 varias enmiendas del Código Penal que incluían disposiciones contra la «difusión de noticias falsas y el menoscabo de la unidad nacional y del orden público».

Reacciones de las organizaciones de la sociedad civil ante la aplicación de leyes sobre la desinformación y similares durante la pandemia de COVID-19

Aunque reconocen la importancia de hacer frente a la desinformación sobre la pandemia, la sociedad civil y los expertos en derechos humanos de todo el mundo expresaron su preocupación por las repercusiones que podrían tener sobre el derecho a la libertad de expresión las leyes excesivamente restrictivas sobre la desinformación relacionadas con la COVID-19. En las Américas los expertos de Brasil consideraron problemático el proyecto de ley para combatir las «noticias falsas» por sus efectos en la libertad de expresión y la privacidad en Internet, mientras que en Nicaragua los expertos calificaron la Ley sobre Ciberdelitos de amenaza para la libertad de expresión. En Bolivia, antes de que el Gobierno revocara dos decretos sobre la desinformación, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación criticaron dicha legislación y alertaron de que podrían usarse para perseguir a cualquiera que criticara las políticas de emergencia.

Ciertas normativas también suscitaron preocupación en Asia-Pacífico, como en  Malasia, donde las organizaciones de la sociedad civil criticaron la ordenanza de emergencia sobre las «noticias falsas» por sus disposiciones amplias y ambiguas que permitirían al Estado atacar indiscriminadamente a sus detractores y a los defensores de los derechos humanos. En Europa, partidos de la oposición, juristas y expertos en libertad de expresión cuestionaron la proposición de España para prohibir la incitación al odio en las redes sociales. En Kirguistán una proposición de ley del Parlamento se enfrentó a serias objeciones de los organismos de control de los medios de comunicación y condujo a una campaña de la sociedad civil para que el presidente vetara la legislación. A principios de agosto de 2020 el presidente devolvió la proposición de ley al Parlamento para que la revisara y tuviera en cuenta las cuestiones que afectan a los derechos humanos, entre otros.

Censura y restricciones al acceso a la información

Los datos del CIVICUS Monitor muestran que entre enero de 2020 y febrero de 2021 se dieron casos de censura relacionados con la pandemia de COVID-19 en 28 países de todo el mundo. La mayoría de las violaciones se denunciaron al principio de la pandemia y se produjeron en países cuyo espacio cívico ha sido calificado como cerrado, represivo u obstruido, como China y Turkmenistán, pero algunas violaciones también fueron perpetradas en algunos países cuyo espacio cívico ha sido calificado como reducido, como Botsuana.

La censura y la vulneración del derecho al acceso a la información adoptaron diferentes formas, como la eliminación o la imposición de contenidos relacionados con la COVID-19, la suspensión de medios de comunicación debido a su cobertura de la COVID-19 y la adopción de legislación restrictiva sobre el acceso a la información relacionada con la pandemia.

En Tanzania, cuyo difunto presidente John Magufuli afirmó que el país estaba libre del COVID-19, las autoridades silenciaron a las personas que hablaban de la COVID-19 y aplicaron un estricto control sobre la información pública acerca de la pandemia. Se prohibieron ciertos medios de comunicación o se les impuso multas, y se les ordenó pedir disculpas por la «transmisión de información falsa y engañosa» sobre la gestión gubernamental de la pandemia. En julio de 2020 el regulador nacional de los medios de comunicación suspendió Kwanza Online TV por haber publicado una alerta sanitaria de la embajada estadounidense que advertía de un «riesgo elevado» de contraer la COVID-19.

En China se adoptó un enfoque similar al principio del brote, allí las autoridades ocultaron información a la población y censuraron numerosos artículos y publicaciones en las redes sociales, incluso aquellas de las familias de los infectados que buscaban ayuda. Cientos de personas fueron sancionadas por la «difusión de rumores» sobre la emergencia en Internet, mientras que varios defensores de los derechos humanos recibieron la visita de la policía, que los amenazó con sanciones penales si no dejaban de difundir noticias del extranjero o de tuitear sobre el brote. El Partido Comunista Chino continuó con su censura de la información sobre la COVID-19, incluidas las investigaciones científicas relacionadas con el virus, y persiguió a periodistas, médicos, militantes, académicos y detractores.

El Gobierno de Turkmenistán afirmó que el país estaba libre de COVID-19 y las autoridades presionaron a los médicos para que contribuyeran al encubrimiento del brote e intimidaron a los profesionales sanitarios que expresaron su preocupación por la falta de recursos para el diagnóstico y el tratamiento de las personas con afecciones respiratorias agudas. Al mismo tiempo las autoridades obstruyeron la labor de los medios de comunicación con sede en el extranjero mediante el bloqueo de sus páginas web y la difusión de propaganda para desacreditarlos, mientras que los medios de comunicación nacionales y controlados por el Estado solo emitían los mensajes sobre la COVID-19 aprobados por el Gobierno. La Iniciativa Turcomana por los Derechos Humanos (TIHR, por sus siglas en inglés) denunció nuevos intentos de manipulación de su página web que serían la obra de los servicios de seguridad en respuesta a la cobertura de la TIHR de los acontecimientos relacionados con la COVID-19 y con otros asuntos.

En Bangladesh los ataques se centraron en la libertad académica, ya que las autoridades habrían presionado a los investigadores académicos para que se desdigan de sus investigaciones sobre la pandemia. Un estudio aplicó un modelo epidemiológico utilizado por los investigadores del Imperial College de Londres y concluyó que alrededor de medio millón de personas morirían de COVID-19 en Bangladesh en ausencia de una respuesta gubernamental. La Universidad de BRAC negó haber publicado investigaciones sobre la COVID-19 y los medios de comunicación nacionales no publicaron ni difundieron proyecciones nacionales o extranjeras. Posteriormente la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de Bangladesh bloqueó Netra News, un portal digital de noticias con sede en Suecia que publicó el estudio, por haber «publicado rumores e información falsa».

También se dieron casos en los que los agentes de seguridad obligaron a los periodistas a borrar material sobre la COVID-19. A esta situación se enfrentó un periodista de Radio Segundo Montes en El Salvador y Luis López, periodista de La Verdad de Vargas, en Venezuela. En Chile el colectivo de artistas visuales Delight Lab  denunció amenazas a sus miembros en mayo de 2020 tras proyectar la palabra «hambre» en uno de los principales edificios de Santiago, la capital, en un acto que contó con una amplia difusión en las redes sociales. Al día siguiente la policía encendió varias luces para evitar una segunda proyección. Al parecer se publicaron fotos e información privada de los miembros del colectivo y el legislador Diego Schalper pidió que se investigara al colectivo de artistas.

La erradicación de la expresión en Internet se documentó en países como Rumanía, Singapur y Vietnam, entre otros. Las autoridades vietnamitas reprimieron a los usuarios de Facebook que intentaron ofrecer información oportuna y valiosa sobre la pandemia de COVID-19 frente a la fuerte censura de los medios de comunicación controlados por el Estado. Cientos de personas fueron citadas en comisarías e interrogadas sobre sus publicaciones en Facebook.

En julio de 2020 la oficina encargada de la aplicación de la Ley para la Protección contra las Falsedades y la Manipulación en Internet de Singapur (POFMA por sus siglas en inglés)  impuso medidas correctivas a cuatro organizaciones que publicaron las declaraciones del doctor Paul Tambyah, médico y presidente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas con sede en Estados Unidos, sobre el brote de COVID-19 en los dormitorios de trabajadores extranjeros. Anteriormente, en enero de 2020, Facebook había expresado su preocupación tras recibir la orden de las autoridades de bloquear la página web antigubernamental Times Review por «difundir falsedades de forma reiterada», después de que esta página web afirmara que Singapur se estaba quedando sin mascarillas. En virtud de la restrictiva ley POFMA, Facebook habría sido declarada culpable de no haber acatado las órdenes del Gobierno y se habría enfrentado a multa de entre 20 000 y 1 000 000 de SGD (entre 14 400 y 730 000 USD aproximadamente).

En Rumanía la unidad de crisis del Gobierno clausuró al menos doce páginas web sin supervisión judicial con el fin de combatir la difusión de «noticias falsas» sobre la COVID-19. Según fuentes locales en estos casos no se detectaron infracciones manifiestas. Algo similar ocurrió en Argelia, donde seis portales digitales de noticias que habían informado sobre la COVID-19 y sobre el movimiento contestatario Hirak dejaron de estar disponibles en abril y mayo de 2020. En el marco del estado de emergencia sanitaria para combatir la propagación de la COVID-19, las autoridades de Jordania y Marruecos suspendieron la publicación e impresión de periódicos al considerar que podrían contribuir a la trasmisión del virus.

Las actividades de la Agencia Reuters en Irak fueron suspendidas temporalmenteel 2 de abril de 2020 tras la publicación del artículo titulado «Fuentes: el número real de casos de coronavirus en Irak supera en miles al anunciado». La licencia de la agencia de prensa fue suspendida durante tres meses. Además se le impuso una multa de veinticinco millones de dinares iraquíes (unos 21 000 USD) y se le ordenó presentar una disculpa oficial.

En Azerbaiyán fue detenido el 13 de abril de 2020 Ibrahim Vazirov, periodista de la cadena de televisión por Internet Kanal24,y se le obligó a eliminar reportajes digitales en los que se criticaba las medidas de cuarentena del Gobierno. El periodista de Reportyor.info Mirsahib Rahiloglu vivió una experiencia similar debido a las entrevistas que publicó de personas que se quejaban de la falta de apoyo financiero durante la cuarentena del país.

En Serbia y en Reino Unido se restringió el acceso a la información mediante la limitación de las fuentes de información pública sobre la COVID-19, la difamación de los medios de comunicación y su acceso limitado a las autoridades gubernamentales y a las reuniones informativas sobre la COVID-19. A finales de marzo de 2020el Gobierno serbio prohibió que cualquier fuente informara de la pandemia, salvo el personal de crisis del Gobierno. Además, dicha prohibición estipula que se podrá exigir responsabilidades a toda persona que difunda información sobre las medidas sanitarias en virtud de la «normativa que regula la rendición de cuentas y las consecuencias legales de la difusión de desinformación durante el estado de emergencia». En Reino Unido autoridades gubernamentales difamaron a varios medios de comunicación y los acusaron de difundir «errores y falsedades». Los periodistas de Reino Unido también se enfrentaron a limitaciones para participar en las reuniones informativas sobre la COVID-19 del primer ministro Boris Johnson y de otras autoridades gubernamentales. Por ejemplo, a un periodista de Open Democracy se le prohibió hacer preguntas durante las sesiones informativas sobre la COVID-19, ya que las autoridades gubernamentales acusaron a ese medio de comunicación de ser una organización militante. En Grecia el Gobierno prohibió al personal hospitalario hablar con los medios de comunicación y obligó a los periodistas a solicitar un permiso para informar desde los hospitales.

Ataques contra periodistas

Los periodistas han desempeñado un papel fundamental durante la pandemia gracias a su cobertura del estado de las instalaciones sanitarias, a la difusión de información sobre nuevas restricciones y a la exigencia de cuentas a las autoridades por sus decisiones en materia de salud pública, entre otros. En tiempos de incertidumbre los medios de comunicación demostraron ser esenciales para la difusión de información fiable sobre el virus y su transmisión, en algunos casos frente a la ausencia de información oficial de los gobiernos. Sin embargo, la investigación del CIVICUS Monitor reveló que esta importante labor a menudo conlleva un elevado riesgo personal.

Entre enero de 2020 y febrero de 2021 el CIVICUS Monitor registró casos de agresiones físicas contra periodistas por informar sobre la pandemia en 24 países. Aunque se documentaron casos de este tipo en todo el mundo, la mayoría se produjeron en África, las Américas, Europa y Asia Central. Los periodistas que viven en países cuyo espacio cívico ha sido calificado como obstruido son los que tienen más probabilidades de sufrir este tipo de agresiones, ya que estos países acumulan la mitad de los casos registrados. Sin embargo también se produjeron agresiones físicas en países con otras calificaciones.

Los más afectados por dichas agresiones fueron aquellos que cubrieron la aplicación de las políticas de salud pública y la adhesión de la población a estas medidas. En Senegal, por ejemplo, un agente de policía agredió a un equipo de medios de comunicación que informaba sobre la aplicación del toque de queda en la ciudad de Touba. En Kosovo varios periodistas fueron agredidos mientras intentaban hacer entrevistas en un mercado sobre un brote de COVID-19 en la ciudad de Kosovska Mitrovica. En Guatemala miembros del ejército agredieron a un periodista comunitario después de que los grabara patrullando sin mascarillas. En Sierra Leona varios soldados golpearon al periodista Fayia Amara Fayia por fotografiar un centro de cuarentena. Más tarde fue acusado de agresión y alteración del orden público. Por su parte el periodista denunció que durante la agresión al menos diez soldados lo golpearon con sus armas, le dieron patadas y le arrebataron su teléfono. También se registraron otras agresiones de este tipo en ChadGhana, LiberiaParaguay, Tayikistán y Uganda.

En algunos casos los periodistas se enfrentaron a agresiones físicas en represalia por su labor de investigación sobre acusaciones de corrupción o sobre la mala gestión de la respuesta contra la pandemia. En Nepal cinco agresores atacaron a periodistas del periódico Janakpur Today y de la página web Khoj Kendra, que habían solicitado un comentario a una autoridad local sobre las condiciones de un centro de cuarentena en el municipio de Sahid Nagar. En Bangladesh un representante del Gobierno local agredió a tres periodistas por informar sobre irregularidades en la distribución de ayuda. Uno de los periodistas sufrió heridas de gran gravedad y tuvo que ser hospitalizado. En Haiti presuntos empleados gubernamentales agredieron a ocho periodistas que investigaban denuncias sobre la violación de las medidas contra la COVID-19 por parte de un departamento del Gobierno. En Ecuador un presentador de noticias que criticó la gestión de la pandemia de un alcalde fue agredido por varios allegados del regidor.

Mientras los manifestantes ocupaban las calles en numerosas localidades para exigir un mayor apoyo de los Estados y para expresar su descontento con las restricciones, los periodistas que cubrieron sus manifestaciones también fueron objeto de agresiones. Dichas manifestaciones, así como las agresiones contra periodistas relacionadas con ellas, fueron especialmente frecuentes en países europeos. En Eslovenia un periodista fue hospitalizado después de que varios manifestantes lo agredieran y dejaran inconsciente durante una concentración contra las medidas sanitarias del Gobierno en Liubliana, la capital. En Italia un fotoperiodista que cubría las manifestaciones contra el confinamiento fue hospitalizado con un traumatismo craneal tras un ataque similar. En Croacia dos mujeres periodistas fueron agredidas por manifestantes que apoyaban a una congregación religiosa que celebró una misa de Pascua a pesar de la prohibición de las reuniones. En Alemania al menos doce periodistas denunciaron haber sufrido agresiones mientras cubrían manifestaciones en la ciudad de Leipzig en noviembre de 2020. En uno de estos casos la policía agredió físicamente a un periodista y amenazó con detenerle y retirarle su acreditación de prensa.

El CIVICUS Monitor también documentó sucesos similares en las Américas. En Estados Unidos un periodista fue agredido mientras cubría una manifestación organizada por las comunidades judías ortodoxas contra las restricciones en zonas de Nueva York con una elevada incidencia de infecciones. En Canadá varios periodistas denunciaron haber sido agredidos y amenazados mientras cubrían eventos contra las mascarillas. En Panamá la policía agredió a un periodista y le rompió dos costillas mientras cubría las manifestaciones de estudiantes que reclamaban ayudas por la pandemia. Mientras tanto en la región de Oriente Medio y Norte de África las fuerzas de seguridad controladas por Hamás, el partido gobernante, agredieron a un cámara que grababa una sentada pacífica en Gaza, Palestina.

Intimidación y acoso

Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación de al menos 32 países también se enfrentaron a actos de intimidación o acoso por su cobertura de la pandemia. Estos casos se produjeron con una notable frecuencia en Europa, Asia Central y Asia-Pacífico. Estos ataques a menudo adoptaron la forma de amenazas, campañas de desprestigio en Internet y agresiones verbales contra los periodistas que cubrían la aplicación de las restricciones o las manifestaciones contra esas medidas. En Países Bajos las agresiones verbales contra los periodistas que cubrían las manifestaciones contra las restricciones de circulación se volvieron tan frecuentes que la cadena estatal de noticias holandesa NOS decidió retirar su logotipo de sus furgonetas con el fin de proteger a sus periodistas. En Alemania un equipo del canal de televisión público ZDF dejó de informar desde una manifestación en Berlín por razones de seguridad, después de que los periodistas fueron objeto de insultos y de actos de acoso.

Aunque las amenazas contra los profesionales de los medios de comunicación a menudo proceden de usuarios anónimos de Internet, el CIVICUS Monitor también registró numerosos casos en los que representantes y autoridades públicas amenazaron o intimidaron directamente a los periodistas. En Nepal dos trabajadores de la sanidad pública amenazaron a un periodista de la página web Onlinekhabar tras informar sobre el contrabando de material médico de la unidad de coronavirus de un hospital local. En Chad el director de una emisora de radio habría recibido amenazas de muerte del prefecto de la ciudad de Gagal en respuesta a un reportaje sobre la COVID-19. En Brasil los empleados municipales de Río de Janeiro se organizaron para bloquear a los equipos de noticias que pretendían cubrir la pandemia de COVID-19 mediante la realización de guardias frente a los hospitales de la ciudad. Al parecer los empleados intentaron impedir las grabaciones mediante la intimidación de periodistas y de los entrevistados, y la elusión de las críticas a la gestión municipal de la pandemia.

En los casos más extremos los actos de intimidación estuvieron acompañados de represalias por reportajes críticos. En Malasia, por ejemplo, los periodistas de Al Jazeera fueron objeto de una investigación por sedición, difamación y otras acusaciones por su documental «Locked up in Malaysia's Lockdown» (Encerrados en Malasia), el cual se centra en la difícil situación de los inmigrantes indocumentados detenidos durante las redadas en zonas sometidas a un férreo confinamiento. Varios miembros del personal fueron interrogados y denunciaron haber recibido amenazas y haber sido acosados en Internet. La policía irrumpió en las oficinas de Al Jazeera en Kuala Lumpur, la capital del país, y uno de los denunciantes que intervinieron en el documental fue deportado. En Irán la policía citó a varios periodistas y miembros de la sociedad civil por haber dado una imagen negativa del país con sus comentarios sobre la gestión de la pandemia.

Detención

El CIVICUS Monitor registró casos de detención de periodistas y comunicadores en 34 países en sucesos relacionados con su cobertura de la pandemia o en los que se usaron las restricciones contra la pandemia para justificar dichas detenciones. Estas detenciones se produjeron en diez países de África, siete de América, seis de Europa y Asia Central, cinco de Asia-Pacífico y cinco del Norte de África y Oriente Medio. En algunos casos los periodistas fueron detenidos por acusaciones de difusión de «noticias falsas» en el marco de su cobertura de la pandemia. En países como ChileColombiaKosovo, Perú y Ruanda los periodistas fueron detenidos por una presunta violación de las restricciones, a pesar de que disponían de acreditaciones de prensa o de que contaban con la autorización para ejercer su labor.

En otros casos los periodistas fueron detenidos cuando intentaban informar sobre temas de interés durante la pandemia. En Gambia, por ejemplo, agentes de policía detuvieron a un cámara que fotografiaba y grababa vídeos en los que se veía a los agentes detener a los conductores que se manifestaban contra el confinamiento. En China la policía detuvo brevemente a varios periodistas para obligarlos a borrar las imágenes de un hospital de Wuhan. En Kazajistán la policía detuvo a un equipo de televisión y lo puso en cuarentena cuando intentaba grabar en el interior de un hospital, a pesar de haberlo autorizado previamente a entrar en las instalaciones. En Paraguay un periodista fue detenido y acusado de proporcionar información a grupos criminales cuando intentaba cubrir la aplicación de las restricciones de circulación en la frontera con Brasil. En Jordania los directivos de Roya TV fueron detenidos por un reportaje sobre el impacto económico del confinamiento en el país.

Recomendaciones:

  • Verificar que toda legislación que se promulgue o medida que se implemente sea necesaria y proporcional a las necesidades en materia de salud pública; que no sea discriminatoria de ninguna manera, incluso por motivos de raza, etnia, sexo, identidad sexual, idioma, religión y origen social; que tenga una duración limitada; y que esté sujeta a una supervisión suficiente, tanto por parte del Parlamento como de los tribunales.
  • Salvaguardar la libertad de expresión en todas sus formas mediante la armonización de toda la legislación nacional para que se ajuste al derecho y las normas internacionales, y abstenerse de censurar las redes sociales y los medios de comunicación convencionales. Toda restricción debe establecerse en cumplimiento de una orden procedente de una autoridad judicial independiente e imparcial y en conformidad con las debidas garantías procesales y con los estándares de legalidad, necesidad y legitimidad. Las empresas privadas tampoco deben ceder a las solicitudes de censura que no se ajusten a las normas internacionales en materia de derechos humanos.
  • Mantener un acceso constante y sin restricciones a Internet y poner fin a todos los cortes de Internet que impiden que la población acceda a información y servicios básicos durante la crisis. Las restricciones al acceso a Internet no pueden justificarse invocando motivos de orden público o de seguridad nacional.
  • Derogar toda legislación que penalice expresiones basadas en conceptos ambiguos, como «noticias falsas» o «desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19», por ser incompatibles con los requisitos de legalidad y proporcionalidad.
  • Proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, adoptar medidas para combatir la impunidad de la que gozan las violaciones en su contra y asegurarse de que estas violaciones sean investigadas de manera independiente y rápida, y de que sus autores sean llevados ante la justicia.

1 El CIVICUS Monitor no recoge todos los sucesos denunciados; en su lugar pretende servir de barómetro de la naturaleza y de la extensión geográfica de estos casos.

2 El CIVICUS Monitor evalúa información procedente de diversas fuentes para clasificar a los países en una de las cinco categorías en función del estado de su espacio cívico: abierto, estrecho, obstruido, represivo o cerrado.